jueves, 16 de agosto de 2012
lunes, 13 de agosto de 2012
8 mitos (y mentiras) sobre #inmigración y #Sanidad
El Congreso de los Diputados aprobó el
pasado 17 de mayo con los únicos votos del Partido Popular y de UPN la
convalidación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril llamado de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Entre las muchas y controvertidas medidas que incluía la reforma hay
una que ha concitado un rechazo generalizado, la exclusión de las
personas inmigrantes en situación administrativa irregular de la
atención sanitaria (excepto urgencias y atención a mujeres embarazadas y
menores de 18 años).
Colectivos médicos, ONG y Comunidades
Autónomas rechazan una reforma vía decreto, la consideran injusta,
aseguran que no va a suponer un ahorro de costes al incrementar el uso
de los servicios de urgencias y es contraria a una política de salud
pública.
Para justificar la exclusión de un
colectivo altamente vulnerable se han difundido durante años mitos y
falsas leyendas entorno a la población inmigrante y el sistema
sanitario. Aquí van alguna de estos lugares comunes (y erróneos):
Las personas inmigrantes colapsan los servicios de atención primaria.
Es falso que las personas inmigrantes saturen el sistema sanitario
público; de hecho usan menos el sistema de atención primaria que la
población autóctona. Así lo demuestran varios informes como el realizado
por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC)
en 2008. El informe mostraba que las personas inmigrantes,
representando más del 10% de la población residente en España, pero sólo
suponían el 5% de los pacientes de atención primaria, muy lejos de su
presencia en la sociedad. Sobre el uso de los servicios de Atención
Primaria por parte de inmigrantes en España, el 57,7% de la población
española había acudido al menos una vez en el periodo de un año frente
al 12,7% de la población inmigrante. Uno de los estudios más exhaustivos
fue el elaborado por médicos de Atención Primaria de Zaragoza. En él se
analizaron más de 5 millones de visitas de una población de 473.523
personas (el 11,17% inmigrantes). Según este análisis, los inmigrantes
adultos fueron 4,2 veces a la consulta médica por las 6,7 de los
españoles.
Los inmigrantes = turistas sanitarios.
Las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los
sistemas de cobertura socio-sanitaria y mucho menos son turistas. Según
una encuesta elaborada por Médicos del Mundo entre inmigrantes sin
permiso de residencia en 2009, sólo el 4% de las personas encuestadas
citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que les
habían llevado a emigrar a nuestro país. En todo caso, el debate sobre
la existencia del “turismo sanitario” está referido a otro perfil de
población extranjera procedente de la propia Unión Europea. La
vinculación entre ambas circunstancias no es equiparable, tampoco en
términos de renta (normalmente altas en aquellos que provienen en su
mayoría de Europa y usuarios del llamado “turismo sanitario” y
habitualmente bajas en el caso de los inmigrantes).
El sistema sanitario se financia con las cuotas de la Seguridad Social.
Esta reforma ha vuelto poner de manifiesto la confusión y
desconocimiento entre políticos, medios de comunicación y ciudadanía de
la forma en la que se financia el sistema nacional. El Barómetro Sanitario de 2009,
un estudio de opinión que realiza cada año el Ministerio de Sanidad
Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el Centro de
Investigaciones Sociológicas, el 46,2% de los de las personas que
respondieron a esta pregunta creían que la sanidad pública en España se
financiaba con las cuotas a la Seguridad Social que satisfacen las
personas que trabajan. Tan sólo el 27,2% manifestaron que se financia
mediante los impuestos que pagan toda que paga toda la ciudadanía. Un
15,8% contestaron que se financiaba por ambas vías, por los impuestos y
por las cuotas a la Seguridad Social y el 10,3% no sabía cómo se hacía.
Desde el 1 de enero de 1999, el Estado
asumió totalmente la financiación de la asistencia sanitaria,
suprimiéndose la aportación de cotizaciones sociales y produciéndose la
“desvinculación total de la Sanidad y la Seguridad Social”.
Es, a partir de dicha fecha que culmina
la separación entre atención sanitaria y Seguridad Social, cesando el
aporte de cuotas directas desde ésta y pasando a financiarse aquella
íntegramente con impuestos generales que salen del bolsillo de toda de
la ciudadanía en las más variadas e indistintas formas impositivas con
que el Estado se nutre de los fondos precisos para atender todos los
servicios que ha de prestar (IVA, IRPF, Impuestos Especiales, etc.).
Las personas inmigrantes irregulares no contribuyen al sostenimiento de la Sanidad.
Relacionado con el punto anterior, es obvio que las personas
inmigrantes (también las que no tienen permiso de residencia)
contribuyen a la financiación del sistema sanitario. Excepto en el caso
del IRPF (impuesto que no pueden pagar porque carecen de permiso de
trabajo) las personas inmigrantes pagan todos los impuestos que gravan
la compra de bienes o los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y la
gasolina.
Deben pagar por la atención a través de la vía de los convenios-seguros.
El Gobierno central planea crear, bajo el nombre de convenios
especiales para que puedan volver a ser atendidas en el sistema público.
El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas con
pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados. La orden
que se han transmitido a las comunidades autónomas es que las personas
menores de 65 pagarían 710,4 euros al año —59,20 mensuales— y de 65 años
en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al
mes). Distinguir entre grupos de edad y adjudicándoles el supuesto
precio medio de atención sanitaria sigue una lógica de aseguramiento
privado que reparte el riesgo dentro de un grupo particular de la
población, sin considerar la solidaridad intergeneracional. Además, como
hemos explicado, es injusto sugerir que las personas en situación
administrativa irregular no contribuyen ya que están pagando los
impuestos indirectos. Con estas pólizas, las personas sin permiso de
residencia estarían pagando por la atención por dos vías, pagar dos
veces.
La exclusión se hace para “converger” con Europa.
No es cierto que, como argumenta el Ministerio de Sanidad, la exclusión
de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular en
España nos acerque al contexto europeo. Con el decreto España se sitúa
al nivel de Eslovenia, Chipre y Polonia, países donde las personas
extranjeras no regularizadas, salvo menores, sólo pueden ser atendidas
en las urgencias. Con esta reforma, España pasa de estar en la
vanguardia entre los países europeos que garantizaba la universalidad en
la atención sanitaria a la cola en la Unión Europea. En países de
nuestro entorno como Francia, Bélgica, Italia y Portugal las personas
extranjeras sin permiso de residencia tienen derecho a cobertura
sanitaria.
El tratamiento sanitario puede recaer en las ONG.
Los responsables del Ministerio de Sanidad han manifestado que está
previsto firmar convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes
de manera irregular para que también se les pueda atender en atención
primaria. Sin embargo, las ONG no deben ni van a sustituir al Estado.
Médicos del Mundo atendió a más de 19.000 personas inmigrantes el año
pasado pero ni propia Organización ni otras ONG pueden hacerse cargo de
analíticas, especialistas, pruebas, derivaciones y prescripción de
medicamentos que proporciona el sistema sanitario público y, mucho
menos, sustituir y suplir las obligaciones y deberes del Estado. La
respuesta para la atención de los inmigrantes en situación irregular no
es la beneficencia o la generación de estructuras paralelas. Un sistema
paralelo o un acceso a través de una “puerta trasera” conculcarían el
derecho a la salud reconocido en nuestra carta magna además de no ser
viable técnica ni sanitariamente.
Guillermo Algar. Médicos del Mundo
Pobreza Cero
viernes, 10 de agosto de 2012
La privatización del agua. Pedro Arrojo. (Attac TV)
La privatización del agua
Entrevista Pedro Arrojo.
ATTAC TV
Pedro Arrojo, Profesor Titular del Departamento de Análisis Económico de
la Universidad de Zaragoza y miembro del Consejo Científico de Attac,
reflexiona sobre el modelo de privatización del agua más extendido: el
PPP (Partenariado Público-Privado), con el que la clave de privatización
deja de ser la mayoría financiera para situarse en la propia
Información mediante la gestión de todas las decisiones empresariales y
técnicas. Empezamos a confrontar este modelo por todo el mundo bajo el
pretexto de la crisis y utilizando el equívoco de la "austeridad", que
no es otra cosa que "sabotaje social".
Sobre la base del agua como derecho humano con el que no se puede
mercadear, Arrojo recuerda también que la ONU a día de hoy no
contabiliza en sus estadísticas de mortalidad por imposibilidad de
acceso al agua el caso de afecciones tóxicas causadas por la minería a
cielo abierto.
domingo, 5 de agosto de 2012
Deuda municipal en España: el tamaño sí importa (y mucho)
La deuda municipal en España parece haberse convertido en uno de los flancos de batalla para aligerar las cuentas estatales.
No deja de ser curioso puesto que los municipios sólo representaban a finales del 2011 un 3.5% (28k millones €) de la Deuda Estatal Pública (810k millones de €). Si añadiésemos todas las entidades de apoyo local, como las diputaciones o las mancomunidades (+7k millones €), esa deuda local subiría hasta el 4.5% .
Aún así últimamente se escuchan propuestas como la de ‘fusionar los municipios más pequeños’ para ahorrar en servicios duplicados o innecesarios. Antes de embarcarnos quijotescamente en tamaña labor sería razonable verificar quién se está realmente endeudando de forma desproporcional a su tamaño dentro de ese ámbito municipal.
Para los impacientes adelanto ya algo. No son los ayuntamientos pequeños los sospechosos a investigar. (Conste en acta que no vivo en uno)
(Click para agrandar)
En el gráfico superior (treemap) se muestra la distribución porcentual de la deuda municipal según tamaño del municipio.
Alguien podría pensar que es lógico que los municipios de más habitantes tengan más deuda. Cierto. Lo que ocurre es que el mapa codifica en colores si ese % de deuda municipal (sobre la deuda municipal total estatal) está por encima (rojo) de lo que le tocaría a esos municipios dada la población española que vive allí, o si bien ese % de deuda está por debajo (tonos de verde).
En general cuanto más grandes los municipios más se han endeudado en relación a la población a la que dan servicio.
Hay una excepción puntual en los municipios de 250-500k hab. que rompen
en parte esa tendencia. Sería interesante analizarlos en detalle puesto
que es razonable pensar que ofrecen servicios similares a otros grandes
municipios pero se comportan casi como los de menos de 20.000.
Pero vamos paso a paso:
Primero visitamos el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tranquilos de momento no hay que pagar, y nos descargamos el primer fichero de la lista con la deuda de los ayuntamientos a finales del 2011 (28.461M de €).
Ahí están: 8.116 ayuntamientos con sus deudas pendientes.
Antes de pasar a sacar datos de población listemos el Top 10 de
municipios más endeudados y el % que representa su deuda sobre el total:
Ranking deuda municipal
|
Municipio
|
Deuda 2011(e)
|
% s/total deuda municipal
|
1
|
Madrid
|
6.347.900.000
|
22,5%
|
2
|
Barcelona
|
1.090.000.000
|
3,9%
|
3
|
Valencia
|
886.200.000
|
3,1%
|
4
|
Zaragoza
|
757.000.000
|
2,7%
|
5
|
Málaga
|
755.400.000
|
2,7%
|
6
|
Sevilla
|
452.000.000
|
1,6%
|
7
|
Córdoba
|
316.641.000
|
1,1%
|
8
|
Palma de Mallorca
|
225.217.000
|
0,8%
|
9
|
Ceuta
|
207.131.000
|
0,7%
|
10
|
Valladolid
|
204.898.000
|
0,7%
|
Total Top 10
|
11.242.387.000
|
39,9%
|
Entre los 10 primeros municipios (de los más de 8.000) concentran el 40% de la deuda municipal total, y entre esos 10 Madrid se lleva más de la mitad. Llama la atención también que aparezca en ese top10 una ciudad como Ceuta y no cualquier otra como Vigo, Bilbao o Las Palmas de Gran Canaria de un tamaño mucho mayor.
Ahora vamos a agrupar los datos por tamaño poblacional y a ver si es cierto que los municipios pequeños endeudan al país y acumulan una deuda desproporcionada en relación a los habitantes (apunte al margen: con una deuda de 28’5k millones y una población de 47’2M tocan a 603 € de deuda municipal x habitante).
Accedemos a los datos del padrón del INE 2011 http://bit.ly/N6PSNg.
Con un poco de Excel y Google Fusion Tables juntamos los datos de
deuda y población utilizando el código de población como llave de esa
fusión.
El fichero fusionado está aquí (se puede exportar si lo necesitáis File: Download).
Si los municipios con más habitantes ganasen eficiencia gracias a las
recorridas y esquivas ‘sinergias’ tendrían que salir bien en la foto.
Pero no es así. Se mire como se mire. Es justo al revés.
(Doble click en el gráfico para visualizarlo mejor)
Los municipios más pequeños (menos de 1.000 habitantes) representan sólo un 1.2% de la deuda total municipal mientras que dan servicio a un 3.2% de la población española.
No parece que lo más prioritario sea empezar a sanear las cuentas
estatales por los casi 5.000 municipios de menos de 1.000 habitantes que
representan un 1.2% de la deuda municipal que a su vez es un 3.5% de la
Deuda total pública de España (en definitiva en esos municipios radica
un 0.04% de nuestro endeudamiento público).
Por muchos casos concretos y llamativos que pueda haber de
deudaxcápita disparada en esos 5.000 municipios pequeños, la visión de
conjunto es rotunda, siendo su aportación práctica al ‘problema de
endeudamiento municipal, no digamos ya al estatal’ nula).
En cambio, son los 6 municipios de más de 500.000 habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga) los máximos responsables del desequilibrio en deuda x cápita. Y además, con los 4 que aparecen en rojo, ya se acumula más del 30% de la deuda total.
Ahora supongamos que trabajamos (es un decir) en una de las
Diputaciones provinciales y parte de nuestro trabajo fuese identificar y
controlar las arcas de los municipios díscolos dentro de nuestra
provincia.
¿Qué diputaciones deberían estar ahora mismo más atareadas auditando a sus ayuntamientos?
Si agrupamos los municipios por provincias parecería que Madrid, Tarragona, Zaragoza, Girona y Málaga serían unos buenos puntos de partida.
Pero la casuística no es siempre la misma.
A pesar del peso de la capital en cada provincia hay casos como el de Girona donde su capital (con 570€ de deuda) está muy por debajo del promedio de endeudamiento x cápita de la provincia (795€), y son otros municipios de su circunscripción los causantes de la elevada deuda x cápita.
En cambio en las 4 restantes (Madrid, Tarragona, Zaragoza y
Málaga) son las capitales las que elevan la deuda municipal x cápita a
nivel provincial.
Al final no hay recursos ni tiempo para gastar en reformar lo que no
lo necesita y que además carece de peso para impactar en el resultado
final mientras, como dicen los ingleses, hacemos como si los elefantes (más bien mamuts) no estuviesen en la habitación.
Sería bueno dejarnos llevar no sólo por el sentido común, la intuición o incluso por experiencias puntuales sino también por los datos y su visualización (asumiendo que las fuentes los hagan públicos, reflejen correctamente la realidad y no se produzca algún error en su manejo) ya que éstos pueden guiarnos mucho más y con un poco de suerte… hasta en la dirección adecuada.
Bonus Track:
Algunos lectores sugirieron recalcular los datos eliminando al municipio de Madrid (que aporta el 22.5% de la deuda municipal con el 7% de la población) pero dejando el resto de ciudades de más de 500m habitantes.
Se confirmaría que, incluso sin Madrid, las grandes metrópolis en conjunto acumulan una deuda de casi el doble de lo que les tocaría dado su peso sobre el total de población (siempre ex-Madrid).
Puestos a reducir algo la deuda de ayuntamientos (el 3.5% de la deuda pública estatal, 4.5% con diputaciones y mancomunidades)
y mejorar la gestión municipal sería deseable realizar antes una
clarificación de competencias y servicios al ciudadano que permita
precisamente una comparación más precisa entre municipios de tamaño
similar e incluso entre grupos de distintos tamaños teniendo en cuenta
en el análisis los distintos niveles de servicios que provee cada uno.
De lo contrario nos será muy difícil controlar quién está haciendo
buen uso del dinero público en cada nivel y quién no por una ‘simple‘ falta de claridad en el nivel de competencias, de tributos propios y de transferencias, confusión que no beneficia a nadie… (bueno, ésto último no lo tengo tan claro).
Paradox (Xadox)
http://gilbebo.blogspot.com.es/2012/07/deuda-municipal-en-espana-el-tamano-si_30.html
ATTAC España apoya la Huelga de los trabajadores del Ferrocarril RENFE-ADIF
ATTAC España manifiesta su apoyo a la Huelga de los trabajadores del Ferrocarril RENFE-ADIF y denuncia los servicios mínimos abusivos impuestos al objeto de restringir el derecho de Huelga.
En el Reino de España, cada vez hay menos democracia y libertad. Con
este apoyo, Attac España denuncia que la privatización del tren tiene el
objeto de beneficiar a empresas del sector y regalar lo público, para
que los amigos del poder hagan negocio a nuestra costa, que además
acabarán aislando a miles de españoles a lo largo de la geografía en
paradas no rentables.
RENFE-ADIF es de todas y todos y no se debe privatizar.
5 de agosto de 2012
La ideología que se esconde tras las amenazas a FACUA
La organización de consumidores FACUA ha recibido amenazas inconcebibles en un estado democrático. En un oficio que pueden leer aquí se les advierte de que se están “extralimitando”. Pilar Farjas,
presidenta del Instituto Nacional de Consumo (ver más adelante quién es
esta señora) y que depende del Ministerio de Sanidad), les ha
conminado a abandonar todas sus campañas contra los recortes. No sólo
FACUA puede opinar que se trata de un burdo intento de instaurar una
censura y un ataque inadmisible contra las más elementales prácticas de
la democracia.
En la organización FACUA, afortunadamente, no se comparte la opinión
“oficial” de que su labor a favor de los consumidores tenga que
limitarse al ámbito privado, ya que supone que los bienes y servicios
públicos han de quedar exentos de toda crítica: FACUA sí puede, según el
INC, advertir y valorar los servicios de sanidad o educación desde el
sector privado, pero no desde el sector público. Y la pregunta obvia
que debe contestarse es ¿por qué? O hay un transfondo ideológico que
debe ponerse al descubierto, o muy mala opinión deben tener de sí mismos
los RECORTADORES oficiales de los servicios y derechos de la
ciudadanía.
Desde el Ministerio de ANA MATO se acaban de pergeñar unas
investigaciones más propias de los servicios de información inspirados
en la Inquisición o peor, y mientras la disyuntiva es la siguiente: o
FACUA cesa en sus campañas, o. puede verse excluida del registro y
perder “la condición de asociaciones de consumidores y usuarios”.
Traducido en el lenguaje de recortes que tan bien maneja el PP,
supondría dejar de recibir cualquier subvención estatal y no estar
avalada oficialmente como organización de consumidores.
Pero, ¿quién es Pilar Farjas, la firmante de la amenaza?
Pero, ¿quién es Pilar Farjas, la firmante de la amenaza?
Cuando
ocupó la Conselleria de Sanidade de Galiza, Pilar Farjas se comprometió
con la sanidad privada, fue acusada por parte de las organizaciones de
defensa de la sanidad pública y los profesionales del sector por los
despidos y ERE’s del sector, y su lucha contra los derechos de las
mujeres y el derecho al aborto. En un ejemplar de El Pais
del 2009 se nos informaba de las actividades veraniegas de quien era
entonces la conselleira de Sanidade de Galiza. Hoy nos da algunas de las
claves que permiten entender la ideología que se esconde tras las
amenazas hechas a FACUA:
“Pilar Farjas dedicó sus vacaciones a releer Caritas in Veritate
-la tercera encíclica del Papa- y halló argumentos no sólo para reforzar
su fe, sino para reafirmar su oposición a proyectos que centrarán la
vida política a la vuelta del verano, como la reforma del aborto o el
proyecto de ley que prepara el Ejecutivo central para garantizar las
libertades religiosas. “Hay decisiones del Gobierno profundamente
injustas, como aquellas que limitan la defensa de la vida”, aseguró
Farjas, que animó a los cristianos a reflexionar sobre “las
repercusiones morales” de las acciones de los gobernantes y a tenerlas
en cuenta a la hora de afiliarse a un partido, participar “en la vida
pública” o acudir a las urnas.
Invitada
a participar en la Semana de Teología y Pastoral que organiza cada año
la Fundación Hogar Santa Margarita, su parroquia en A Coruña, Pilar
Farjas dedicó a “la defensa de la vida” parte de su conferencia titulada
El compromiso político vivido desde la fe. En ningún momento pronunció
la palabra aborto o interrupción del embarazo. Pero, recogiendo una
argumentación cercana a la de los antiabortistas, la responsable de
Sanidade equiparó “la defensa de la vida” a la conquista que supuso
reconocer la igualdad de sexos o la abolición de la esclavitud, “esa
aberración que suponía negar al negro su humanidad”.
Defender “la vida” es un logro “del avance científico”. “Quien
quiera enfrentar conocimiento científico con la fe tergiversa la defensa
de la vida que hacemos los cristianos, porque la ciencia nos permite
ver la grandeza de quien fue capaz de crear la vida”, remarcó Farjas. Añadió que defiende libertades como la de “organizarse” o la lingüística. “Es pecado limitar el uso de un elemento de comunicación como la lengua (…)”.
Seguir leyendo el artículo de El País aquí
¿Se va entendiendo ya el trasfondo ideológico de la amenaza a FACUA …?Punts de Vista
Angels M Castell
http://puntsdevista.wordpress.com/2012/08/05/la-ideologia-que-se-esconde-tras-las-amenazas-a-facua/
Nota Attac Murcia.
Nuestra solidaridad y apoyo total a FACUA.
Si cae FACUA caemos tod@s y eso, estimad@s lectores y compañer@s, no lo vamos a consentir.
Es un ataque directo al Estado de Derecho y a las Libertades inaceptable.
Salud, Resistencia y Acción!
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