En este número del Observatorio de Salud que coordina el Grupo de
Investigación sobre Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET) de la
Universidad Pompeu Fabra (www.upf.edu/greds-emconet/), mientras tanto
presenta un interesante trabajo titulado “Deuda, recortes y salud”. La
intención de este artículo es aclarar algunas de las ideas falsas sobre
este tema que vemos repetidas una y otra vez en los medios de
comunicación a la vez que descubrir otros aspectos que habitualmente
quedan ocultos. El artículo plantea la definición de deuda, la irrupción
en Europa de la deuda (tanto en el sector público como en el privado),
su impacto general en la sanidad (tomando como ejemplo Catalunya), así
como la propuesta de realizar una Auditoría Ciudadana de la Deuda.
* * *
¿Qué es la deuda?
El concepto de la deuda es ambiguo, ya que abarca situaciones
distintas que pueden entrar bajo la misma definición. La primera
acepción según la de la Real Academia Española es: “Obligación que
alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por
lo común dinero”. Según algunos autores [1], la razón
por la que la obligación de devolver una deuda es tan clara, se debe a
que no se trata de una declaración económica sino de una declaración
moral, por lo que se preguntan si, finalmente, la moralidad no es otra
cosa que de la devolución de las deudas de las personas. Sin embargo, no
todas las deudas tienen la misma magnitud ni el mismo respaldo legal.
Así como hablamos de la deuda histórica o ecológica, de la deuda con las
mujeres o de las deudas financieras, en realidad las únicas deudas cuya
devolución es imperante, obligatoria y reconocida por todos son las
deudas financieras. La pregunta que nos hacemos es: ¿Deben devolverse
siempre las deudas financieras que alguien ha contraído? La historia y
la antropología nos enseñan numerosos casos en que las deudas no fueron
devueltas, como por ejemplo las investigaciones de Michael Hudson, un
especialista en historia financiera y de la deuda, que muestran las
cancelaciones de deuda periódicas desde la Edad de Bronce en Sumeria [2].
En los años ochenta del siglo pasado la crisis de la deuda en el Sur
mostró con claridad el papel de la deuda como herramienta de “extorsión”
a través de la cual se condicionan las políticas y la soberanía de los
pueblos. La idea de que la justicia social debe estar por delante de las
obligaciones de la deuda ha tomado la forma en las tres últimas décadas
bajo el paraguas de lo que se ha denominado “deuda Ilegítima”, un
concepto que ha sido cada vez utilizado con mayor profusión y precisión.
A partir del año 2000, las organizaciones de la llamada sociedad civil,
junto a buena parte del mundo académico, llegaron a la conclusión de
que la deuda externa de los países del Sur debía cancelarse no sólo
porque es inmoral que se priorice el pago de la deuda por delante del
gasto social básico, sino también porque la deuda se había producido a
través de mecanismos injustos. La definición de deuda Ilegítima que se
consensuó en el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) en la
campaña “¿Quién debe a quién?” destaca aspectos muy relevantes:
considera ilegítima toda aquella deuda acumulada por préstamos que,
directa o indirectamente, comprometa la dignidad de los ciudadanos o
ponga en peligro la coexistencia pacífica entre los pueblos. Tal deuda
se origina en acuerdos financieros que violan los derechos humanos y
civiles reconocidos por los países en todo el mundo, o que ignoran las
normas de las leyes internacionales que regulan las relaciones entre
estados y entre pueblos [3].
Una de las herramientas más potentes para esclarecer los procesos de
endeudamiento son las llamadas “Auditorías Integrales de la Deuda”, cuyo
objetivo general es establecer “la legitimidad, legalidad y pertinencia
de los préstamos, las negociaciones y renegociaciones”, donde “se
señalan las responsabilidades y corresponsabilidad de los prestamistas,
los impactos sociales, económicos y ambientales” y, sobre todo, en que
se busca “la acumulación y ponderación de fundamentos para que el país
emprenda acciones soberanas y reparadoras respecto de los pagos
realizados y futuros” [4]. En la actualidad existen
procesos de auditoría en países como Filipinas, Indonesia, Pakistán,
Nepal, Brasil y Ecuador, entre otros, siendo ésta última la experiencia
más exitosa hasta el momento. Realizada en 2007 a petición del
presidente Rafael Correa, la Comisión para la Auditoría Integral del
Crédito Público (CAIC) investigó los procesos de endeudamiento más
relevantes ocurridos desde 1976 [5]. Las conclusiones
del estudio no sólo determinaron que gran parte del endeudamiento era
ilegítimo, sino que existían graves indicios de ilegalidad. Durante el
periodo investigado, la diferencia entre los ingresos y las salidas
registradas suponían una transferencia neta de 7.130 millones de
dólares, a pesar de lo cual la deuda ecuatoriana había seguido
aumentando desde 115,7 millones en 1976 hasta 4.200 millones en 2006.
Tras la revisión del Informe de Auditoría, el presidente Correa presentó
la propuesta soberana a los tenedores de títulos, ofreciendo el 30% del
valor nominal de éstos. El 95% de los tenedores aceptaron la propuesta
sin ningún tipo de cuestionamiento judicial. Con ello, los recursos
liberados en los presupuestos de ese mismo año ya permitieron que el
gasto público aumentara en un 70%, destinado especialmente a la sanidad y
la educación. El ejemplo del enorme sufrimiento generado por la “crisis
de la deuda” que tuvo lugar en América Latina debe servir a Europa para
afrontar su propia crisis de una forma muy distinta, y evitar de esa
forma el empobrecimiento y la vulneración de los derechos de sus
ciudadanos.
La deuda llega a Europa
El estado de endeudamiento de algunos países europeos ha sido uno de
los principales focos de atención durante los últimos meses. No
obstante, la abundancia de desinformación y de “ruido” al respecto ha
impedido que la mayoría de personas tengan una concepción clara de qué
es lo que realmente ha ocurrido. Este artículo quiere desmitificar
algunas de las ideas más repetidas que han calado en la opinión pública,
a la vez que descubrir otros aspectos que han quedado en la más
absoluta oscuridad. En concreto, nos fijaremos especialmente en las
consecuencias que sobre el bienestar y salud de las personas tiene lo
que se ha denominado “la crisis de la deuda soberana europea”.
En el caso del Estado español, el mayor volumen de deuda ha sido
contraído por el sector privado, especialmente por las entidades
financieras. La relación de esta deuda con el boom inmobiliario ha sido
determinante. La política de los últimos gobiernos, tanto del PSOE como
del PP, de socializar esta deuda, ha supuesto un potencial riesgo de
deterioro de las cuentas públicas que conlleva un empobrecimiento de la
población a través de los recortes del gasto público y de las diferentes
reformas del mercado laboral, las pensiones, etc. Como punto culminante
de ese proceso, la reforma del artículo 135 de la Constitución llevada a
cabo en septiembre de 2011 asegura el pago de la deuda ante el gasto
social, lo que atenta contra la justicia social y la soberanía. Según
los últimos datos del Banco de España, la deuda total del estado español
a finales de 2011 se situaba alrededor de los 4,3 billones de euros [6],
cuatro veces el PIB. La parte de esta deuda que fue contraída por el
sector público es un 18% (734.961 M€), las familias deben el 21%
(857.496M€), las empresas no financieras el 31% (1.230.783 M€), y las
empresas financieras un 29% (1.176.760 M€).
La deuda del sector público
Si desgranamos la información sobre el sector público español, los
niveles de deuda son inferiores a los del resto de países europeos. Así,
hasta 2011 y según datos de Eurostat, el Estado español tenía una ratio
de Deuda Pública sobre el PIB del 68,5%, inferior a Alemania (81,2%),
Francia (85,5%) o el Reino Unido (85,7%). En declaraciones de noviembre
de 2011, Jean-Claude Juncker (primer ministro de Luxemburgo, anterior
presidente del Consejo Europeo y en la actualidad presidente del
Eurogrupo), lo puso en evidencia con las siguientes declaraciones:
“Alemania tiene deudas más elevadas que España. Pero aquí nadie quiere
saberlo”. Una vez evidenciada las falsas acusaciones sobre el
sobreendeudamiento del sector público, la atención se centró en el
déficit público. El aumento del déficit ha mantenido una tendencia
creciente en España y ha superado los niveles de déficit de los países
vecinos. El superávit de 1,9% del PIB en 2007 se convirtió a gran
velocidad en déficits del 4,5% en 2008, 11,2% en 2009, 9,3% en 2010 y
8,5% en 2011. Al igual que en las crisis anteriores, la última también
generó un aumento del déficit. No obstante, en esta ocasión la opción
política ha sido distinta. El gobierno, bajo una aparente neutralidad,
presenta como inevitable la necesidad de recortar el gasto público e
imponer la “austeridad para los pobres” [7], a pesar de
que las medidas no afectan a ciudadanos y ciudadanas de forma
“neutral”, sino que las personas que más se ven afectadas son las de
rentas más bajas, que acuden a la sanidad, educación y justicia pública y
que gastan la mayor parte o la totalidad de sus ingresos en su consumo.
Sin embargo, existían otras opciones Además, los actuales recortes
demuestran cuáles son las partidas que el gobierno considera “lujos”, y
que han sido recortadas en casi su totalidad, como son las relacionadas
con el género, las de medio ambiente o la cooperación.
Las propuestas que buscan reducir el déficit con criterios de
justicia social y ambiental se basan principalmente en establecer
impuestos sobre las rentas más altas y, especialmente, sobre el capital.
En cambio, el modelo tributario español basa su carga impositiva sobre
las rentas del trabajo (un 98% para 2010). Es por eso que los Técnicos
del Ministerio de Hacienda (Gestha) publicaron un informe en mayo de
2012 en el que defendían una batería de medidas que, junto a la
propuesta de crear un nuevo impuesto de sociedades del 35% para los
beneficios a partir de un millón de euros, permitirían ingresar más de
63.300 millones adicionales al año. Entre las medidas tomadas está
modificar la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para que se
establezca un porcentaje máximo de participación en las Sicav de entre
el 2 y el 5% del capital social, la prohibición de las operaciones en
corto contra la Deuda Pública, o la que supondría gran parte de la
recaudación, una reorganización en profundidad del Ministerio de
Hacienda y la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) que permita a los
técnicos de Hacienda realizar auditorías operativas para el control del
gasto público e investigar a las grandes fortunas y empresas,
responsables del 72% de la evasión fiscal. Éstas son las otras
políticas, las que nadie quiere ver. Por otro lado, mientras no exista
voluntad política para aumentar los ingresos con criterios de justicia,
continuará la tendencia de cubrir la necesidad de ingresos con emisión
de deuda pública. En 2007, un 20% de los ingresos provino de emisión de
deuda y para 2010 el porcentaje aumentó hasta alcanzar un 47%.
… y del sector privado
Los datos del Banco de España en junio de 2012 revelan que el
endeudamiento familiar alcanza la cifra de 857.496 millones de €, de los
cuales 653.974 millones (76,27%) corresponden a deuda hipotecaria. La
ausencia de políticas para garantizar un alquiler accesible y el impulso
del régimen de propiedad privada por parte de las administraciones
públicas, así como la falta de regulación bancaria, incentivaron la
concesión indiscriminada de préstamos hipotecarios y el
sobreendeudamiento de las familias como única forma de acceder a una
vivienda digna que, como recoge el artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y el artículo 47 de la Constitución
española, es uno de los derechos fundamentales de las personas. Como
muchos han evidenciado, especialmente el economista y estadístico José
Manuel Naredo [8], se apostó por un modelo que promueve
la vivienda libre y en propiedad en vez del alquiler y la vivienda
social, un modelo que tendió a hacer construcciones nuevas para obtener
plusvalías en vez de a conservar el patrimonio construido. Por otra
parte, no todas las familias se endeudaron para comprar una vivienda.
Con los datos de 2008, a final de la burbuja inmobiliaria, se observa
que sólo un 50% de los hogares tenían algún tipo de deuda. De entre
éstos, son las familias con rentas más altas las que presentan un
porcentaje mayor de familias endeudadas o, dicho de otro modo, son las
familias con rentas más bajas las que han dedicado un porcentaje mayor
de su renta para pagar las deudas hipotecarias [9].
Las consecuencias de la crisis financiera en España arrojan unas
cifras estremecedoras: 5.7 millones de personas desempleadas, 580.000
familias sin ingresos, y 1.737.600 familias en las que todos los
miembros activos están en paro. Ante la imposibilidad de vender sus
viviendas, y la bajada de precios de éstas, las familias desahuciadas se
quedan sin hogar y a la vez siguen manteniendo más de la mitad de la
deuda con las entidades financiera. Según la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH), desde 2007 el número de procedimientos ejecutorios
iniciados por impago de hipoteca ya ha afectado a más de 374.230
familias, y se estiman unos 400.000 desalojos. Como afirma Vanesa
Valiño, directora del Observatori DESC Drets Econòmics Socials i
Culturals [10]: “la legislación española supone un auténtico maltrato para las personas en situación de insolvencia” [11].
La justificación es que estas viviendas pasarán a manos del llamado
“banco malo”, que buscará una salida para los pisos a partir de
diciembre. Las viviendas de las cajas intervenidas, denominadas como
activos tóxicos, pasarán a manos del banco malo, que deberá liquidarse
dentro de 15 años. Como ha apuntado Adriá Alemany, la estrategia del
gobierno será la de pagar un precio superior al de mercado para estas
viviendas, lo que supondrá pérdidas para las arcas públicas en el
momento de liquidación del banco malo [12]. Los
recursos que recibirá este banco malo provendrán del Estado, ya que será
el FROB el que aportará los recursos, que aún deberá endeudarse más.
Por otra parte, la situación actual permite a las entidades financieras
volver a hacer negocio con la vivienda ya que se la adjudican a un 50%
del valor, a pesar de que se calcula que los precios han descendido en
un 20%. Con todo, se estima que las entidades conseguirán unos
beneficios de 37.500 millones de euros mediante estas operaciones.
En este artículo no entramos a discutir en profundidad el
endeudamiento de las empresas. El caso de las entidades financieras,
extremadamente vinculado a las deudas hipotecarias, responde a un
criterio de socialización de pérdidas. Los constantes escándalos
respecto a la gestión de estas entidades no dejan lugar a dudas sobre el
trato preferente y los costes financieros y sociales que el modelo ha
supuesto. En este sentido, queremos destacar el papel de las empresas no
financieras, que acumulan una deuda de 1.176.760 millones de euros.
Aunque no todas las empresas se han endeudado de la misma forma, sino
que un 95% de esta deuda corresponde a las grandes empresas, aquellas
que tienen a más de 250 trabajadores. De las 3.250.576 empresas
españolas, solo 4.997 cumplen este requisito. La gestión de esta deuda y
los próximos acontecimientos podrían suponer una nueva amenaza para el
sector público, si éste asumiera de nuevo las deudas privadas.
¿Cómo nos afecta cotidianamente el pago de la deuda? El caso de la sanidad pública
Hoy en día, la evidencia de que la salud y la calidad de vida así
como las desigualdades en salud están socialmente determinadas ha sido
claramente establecida (OMS; CDSS, 2008). Hablamos de desigualdades
sociales en salud como aquellas diferencias sistemáticas en salud entre
grupos de población que se caracterizan por ser injustas y evitables y
que fundamentalmente se deben a las estructuras sociales y el impacto
que las instituciones y políticas sociales, económicas y legales tienen
sobre diferentes grupos sociales.
En una situación de crisis económica y social como lo que estamos
viviendo, que está produciendo una drástica reducción del presupuesto
público (por lo menos 50.000 millones de euros en tres años), esas
desigualdades aún se agravaran más. Si a esa situación de crisis le
añadimos el pago de la deuda externa, aumentando así el déficit de
financiación del sector público, no sólo tendremos más desigualdad sino
que también tendremos, en valor absoluto, más población afectada por los
recortes en la sanidad pública. Estos recortes afectaran con dureza a
los que menos tienen pero también a las llamadas “clases medias” que
dependen de la sanidad pública. Con todo ello, estamos asistiendo al
derrumbe de uno de los grandes pilares del Estado del Bienestar [13].
Un buen indicador para medir el grado de desarrollo de la sanidad
pública española es el gasto público sanitario por habitante
comparándolo con el promedio de la UE-27. España está, junto con Grecia y
Portugal, a la cola de la UE. En 2009, en España el sector público
dedicó unos recursos en salud equivalentes al 6,7% del PIB, una cuantía
inferior al gasto público medio en salud de los 27 países europeos que
fue el 7,4% del PIB Europeo. Dicho de otra manera, tenemos un Estado del
Bienestar en el área de salud inferior a nuestro nivel de riqueza
relativa respecto a nuestro entorno europeo. Así pues, no estamos
gastando demasiado en salud como nos hacen creer la mayoría de políticos
y medios de información.
La polarización por clase social de la sanidad española se puede
explicar a partir de este bajo gasto público. El 30% de la población
española (la de renta superior) utiliza la sanidad privada mientras que
el 70% restante, las clases populares (la clase trabajadora y la mayoría
de las clases medias), utilizan los servicios públicos.
Otro de los impactos de la crisis o del posible pago de la deuda
externa sobre todo aquello relacionado con la sanidad se observa en una
privatización cada vez mayor de los servicios de salud, con una
expansión del rol de las compañías aseguradoras del sector salud
apoyadas por políticas fiscales, que van desde la desgravación fiscal a
los subsidios, apoyos que se han incrementado exponencialmente. De
manera similar, la gestión privada de los servicios públicos se ha
acompañado de un incremento de los copagos y co-aseguramientos privados.
Por otro lado no vemos ningún tipo de crecimiento, todo lo contrario,
de la inversión en investigación en prevención y/o en las causas que
general esas desigualdades en salud, cosa que a la larga hubiera sido
mucho más efectiva para la población.
Un ejemplo muy concreto de lo que suponen los recortes en sanidad lo puede observarse en el caso de Catalunya [14].
Se estima que la reducción efectiva del presupuesto de Salud de la
Generalitat de Catalunya para el 2011 ha sido de 1.540,7 M€ es decir un
reducción del 15,6%, esto significa un gasto público en salud por cápita
de 1.094,86 €, nivel inferior en términos nominales a la de 2006. Los
recortes presupuestarios, obviamente, tendrán y están teniendo
importantes efectos sobre el modelo sanitario y la salud de los
ciudadanos y ciudadanas. Con respecto al personal, se estima que este
recorte tiene unos efectos de reducción de la ocupación que afecta a
7.000 profesionales y trabajadores de la sanidad en dedicación a tiempo
completo. Los efectos de los recortes sobre la degradación de los
servicios públicos de Salud es evidente y actúan por dos vías: la menor
actividad realizada y el deterioro de la calidad de la atención. Se
cierran plantas en los hospitales, se reduce la utilización de
quirófanos, se retrasan intervenciones, se suprimen servicios como los
de la atención continuada en varios CAP (Centros de Asistencia
Primaria), se reduce la prestación de los servicios de transporte
sanitario, etc. No se trata por tanto de medidas que generan una “cierta
incomodidad”. No, las medidas adoptadas tienen efectos, se reducen
prestaciones , aumentan las listas de espera y se deteriora la actividad
sanitaria afectando en mayor medida a los enfermos crónicos a la
población más vulnerable.
Conclusiones
A través de este artículo hemos querido describir brevemente la
situación actual de endeudamiento en el Estado español, y los procesos
de traspaso de deuda desde unos sectores a otros. Las experiencias en el
Sur nos han mostrado que la deuda responde a los intereses de
acumulación por desposesión de las clases dominantes, y que las
consecuencias sobre la población solo tienen una trayectoria posible. La
urgente necesidad de destapar lo que en términos políticos y
economicistas se transmite como un proceso natural e imparable, así como
la propuesta de una Auditoría Ciudadana de la Deuda como herramienta
para frenar estos procesos de injusticia social y degradación de las
condiciones de vida nos parece la mejor opción para defender un modelo
de sociedad todavía por construir. No debemos pagar una deuda que no
hemos contraído. Ese debe ser un objetivo prioritario de las luchas
sociales colectivas.
Notas:
[1] Graeber, D., Debt: The First 5.000 Years, Melville House Publishing (trad. cast.: En deuda. Una historia alternativa de la economía, Ariel, 2012).
[2] Hudson, M., “The lost tradition of biblical debt cancellations”. Disponible en: http://michael-hudson.com/1992/03/the-lost-tradition-of-biblical-debt-cancellations/
[3] Tarafa, G. y Fresnillo, I., “Deuda ilegítima: exigiendo justicia más allá de la solidaridad”. Disponible en http://www.odg.cat/documents/deutes/b56_Deuda_ilegitima_CAST.pdf
[4]
Definición extraída de la Introducción del Informe Final Resumen
Ejecutivo de la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público
(CAIC).
[5] Ibid.
[7] Roca, J., “La crisis económica y las respuestas políticas”. Publicado en la Revista de Economía Crítica, n.º 13. http://revistaeconomiacritica.org
[8] Naredo, J. M., “La cara oculta de la crisis. El fin del boom inmobiliario y sus consecuencias”, publicado en la Revista de Economía Crítica, n.º 7. http://revistaeconomiacritica.org
[9]
Garzón, E., “No todas las familias españolas se endeudaron; ni lo
hicieron al mismo nivel, ni para los mismos propósitos”. Disponible en: http://eduardogarzon.net/?p=288
[11]
Valiño, V., “Ejecuciones Hipotecarias y derecho a la vivienda:
estrategias jurídicas frente a la insolvencia familiar”. Disponible en: http://afectadosporlahipoteca.files.wordpress.com/2009/05/vanesa-valino-ejecuciones-hipotecarias-y-derecho-a-la-vivienda.pdf.
[12] Alemay, A., “Análisis sobre el impacto de las ejecuciones hipotecarias en el estado español”. Disponible en: http://afectadosporlahipoteca.files.wordpress.com/2010/11/anc3a1lisis-sobre-el-impacto-de-las-ejecuciones-hipotecarias-en-el-estado-espac3b1ol.pdf
[13] Benach J., Muntaner C., Tarafa G., Valverde C., La Sanidad está en venta (y también nuestra salud), Barcelona: Icaria, 2012.
[14]
Datos extraídos del trabajo realizado por Agustí Colom, profesor de
economía UB experto en sistemas de información en salud. Documento
”Análisis del presupuesto de Salud 2011 y propuestas alternativas por
mejorar el sistema público de salud” elaborado por el Centre de Análisis
y Programas Sanitarios (www.caps.cat).
Véase también:
Ramon Serna, Albano Dante Fachin, Miquel Miras y David Vidal,
"Observatorio de Salud: 5 ¿Quién y cómo privatiza nuestra sanidad? Por
un modelo sanitario (catalán) sin corrupción" (30/08/2012), en
mientrastanto.e, nº 105: http://mientrastanto.org/boletin-105/notas/observatorio-de-salud-5.
Inés Marco es miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD).
Gemma Tarafa es miembro del ODG, del PACD y del Grup de Recerca Desigualtats en Salut (GREDS-EMCONET, UPF).
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