Cada vez más ayuntamientos optan por privatizar el suministro de agua
con la excusa de hacer frente a sus deudas. Dos compañías se reparten
cerca del 80% de este nuevo negocio: FCC y Agbar.
Según la ONU, hay 1.100 millones de personas en todo el mundo que no
tienen acceso al agua potable. Por este motivo, en 2009, la Asamblea
General de las Naciones Unidas reconoció este acceso como un derecho
humano básico, un derecho que en España empieza a ser un negocio que
está pasando a manos privadas.
Hasta hace pocos años, la gestión del agua, es decir, quienes se
encargaban de hacer que este recurso natural de primera importancia
llegara a los ciudadanos, eran los ayuntamientos. A través de entidades
locales se aseguraba el suministro a los vecinos. Pero el descenso de
los ingresos municipales ha hecho que se multipliquen por todo el Estado
los procesos de privatización de este suministro. El procedimiento es
sencillo: el agua sigue siendo pública, pero la gestión se adjudica a un
agente privado que consigue la concesión del ciclo urbano del agua a
cambio de una cantidad de dinero. Es lo que se conoce como “canon
concesional”. Estos cánones son utilizados por los ayuntamientos para
aliviar su desastrosa situación financiera.
Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores
Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, ya ha bautizado este fenómeno
como “burbuja hídrica”. A su juicio, “se acabó el ladrillo y ahora hace
falta dinero, los ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos,
inversiones y compromisos sin fondos, y la solución que proponen es
vender aquello que vale dinero, que es eficiente, en este caso el
servicio del agua”.
La forma de privatizar es a través de un partenariado Público Privado
(PPP) mediante el cual se otorga una concesión durante 40 o 50 años a
una empresa privada. Así, las compañías se hacen con un mercado sin
competencia local, un auténtico monopolio, y con un usuario seguro y
permanente, dado que los recibos del agua tienen una garantía de cobro
de entre el 95% y el 97%.
Al calor del negocio del agua han acudido tanto empresas francesas
del sector como el lobby de las grandes constructoras. Solo la catalana
Agbar (filial de la francesa Suez), con 13 millones de usuarios, y FCC
(Fomento de Construcciones y Contratas), un grupo de construcción y
servicios, con sus más de 9 millones de abonados, controlan cerca del
80% del mercado privatizado. Todo un oligopolio al que se ha sumado
Acciona, que acaba de obtener la licencia de Aigües del Ter-Llobregat,
suministradora del agua a Barcelona y a Cáceres.
Pero para entrar en el negocio del agua hace falta capital, y ahí es
donde entra en juego la banca. Las grandes empresas que optan a los
concursos de privatización suelen tener detrás una entidad bancaria que
les va a financiar, aprovechando el dinero que el Banco Central Europeo
les ha prestado al 1% de interés, una medida excepcional para inyectar
liquidez en el sector financiero. Hay que recordar que, por imposición
europea, los ayuntamientos no pueden tener una línea directa de
financiación, un dinero que sí pueden recibir a través de los PPP, en
los que el socio privado hace de banquero.
Para el economista y miembro de Nueva Cultura del Agua Pedro Arrojo,
“privatizar es un acto de sabotaje social a la economía ciudadana,
porque al día siguiente tendrás que alquilar los servicios privados y
deberás pagar lo que ellos han invertido, más lo que te quieran cobrar
de intereses”.
Un futuro oscuro
Según un estudio llevado a cabo por el Departamento de Economía
Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Granada, la entrada de la empresa privada en el sector
“no ha supuesto la esperada mejora en la eficiencia”. Los responsables
del estudio se preguntan si “hay otras razones que estén impulsando el
proceso privatizador experimentado por el sector”, en este caso en
Andalucía.
Los expertos señalan siempre los motivos económicos. De hecho,
Babiano solo encuentra inconvenientes, ya que “el modelo de gestión
pública-privada es costoso para el ciudadano que ve incrementada su
tarifa; oscuro porque no existen órganos reguladores, ni indicadores de
calidad de gestión y supone una pérdida del control por parte de las
administraciones”. A su juicio, de continuar con esta deriva
privatizadora, “dentro de 20 años tendremos los ratios de aumento
tarifario más caros de Europa, habrá una degradación de las
infraestructuras y unas condiciones medioambientales lamentables”.
El experto va más allá, y profetiza que el resultado de esta burbuja
hídrica supondrá “una ausencia de inversión en la gestión del ciclo
urbano del agua, lo que conducirá a una insostenibilidad y quizás a su
posterior rescate público pagado por todos”. ¿Les suena de algo?.
«Privatizar es un acto de sabotaje social a la economía ciudadana», según el economista Pedro Arrojo
Toni Martínez
(Vía Attac Madrid) (http://www.attacmadrid.org/?p=8416)
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