El río que nos lleva hacia la privatización
Las denuncias por las concesiones de agua por parte de las administraciones llegan a los grandes del sector, Suez y FCC.
Una subida del 30% en Huelva; del 75% en
La Unión (Murcia) y del 70% en Avilés (Asturias) en el último año. De
norte a sur, la factura del agua se dispara, especialmente unos meses
antes de la adjudicación del servicio o de parte de éste a empresas
privadas, o en los años siguientes a la adjudicación. En Barcelona el
agua subió tres veces en 2012.En Madrid, donde opera el aún público
Canal de Isabel II, la subida en la factura en 2012 llegó en algunos
casos hasta el 30%.
La falta de transparencia explica
sólo a medias la disparidad en el acceso a este recurso común en las
principales ciudades del Estado. Así, mientras en municipios como Lugo o
Palma de Mallorca la cuota fija por el suministro de agua es de 9,4
euros cada tres meses y 9,2 euros cada dos y el primer tramo de consumo
no llega a los dos céntimos por metro cúbico en el primer caso, en
Almería, donde opera la empresa Aqualia, la cuota de servicio asciende a
los 17 euros cada 60 días, y en Alicante, donde el servicio depende de
la empresa mixta Aguas Municipalizadas de Alicante, la factura del agua
contempla una cuota fija mensual de 7,21 euros.
Charcos de ‘knowhow’
Desde 1996 hasta 2006, el porcentaje de
población abastecida por sistemas de gestión privada de servicios de
agua ha pasado del 37 al 53%, según datos de la Asociación Española de
Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), que
calcula que a finales de este año el 57% de la población española
dependerá del sector privado para abastecerse de agua.
Mientras el modelo de Chile, primer
lugar de ensayo del modelo de privatización del agua, suponía la venta a
grandes empresas de los acuíferos del país y el de Reino Unido, con
Margaret Thatcher, ponía en manos privadas las infraestructuras
relativas al servicio del agua, en España se ha generalizado un tercer
modelo de privatización, también implantado en sanidad: el partenariado
público privado (PPP), que supone la privatización de la gestión del
servicio por medio de concesiones administrativas a cambio de una
determinada cantidad de dinero, el llamado canon concesional. “Es un
modelo mucho más sofisticado políticamente. Permite entrar levantando un
mínimo de sospecha o reacción social, y buena parte de la izquierda,
por ignorancia, incluso lo ha terminado impulsando”, detalla a DIAGONAL
Pedro Arrojo, profesor de la Universidad de Zaragoza.
En la mayoría de los casos la
concesión del servicio del agua se realiza a través de la creación de
una empresa mixta en la que la estructura existente, municipal,
metropolitana, o regional mantiene el 51% de las acciones frente al 49%
que se apropia el capital privado. No obstante, es este último el que
ejerce un control efectivo sobre la empresa mixta, explica Arrojo:
“Siempre hay una cláusula en la que se argumenta –en nombre del know-how
y el savoir faire, es decir, de la complejidad tecnológica-, que la
responsabilidad gestora de la empresa mixta va a ser del socio
minoritario, de manera que éste, el privado, pasa a tener un control
efectivo, no por la mayoría accionarial, sino por el control de la
información”, expone Arrojo. Este mando efectivo deriva en el control de
las compras y adjudicaciones relacionadas con este servicio, que
terminan recayendo de forma automática en filiales del mismo grupo
privado. Esto, explica este portavoz de la Red Agua Pública, genera una
espiral de beneficios que quedan encubiertos entre los costes de la
empresa y que se ve reforzada por una tercera clave en este tipo de
negocios, el largo periodo de concesión del servicio, que suele oscilar
entre los 20 y 40 años. La rescisión del contrato puede suponer un coste
hasta 15 veces mayor al canon pagado al Ayuntamiento por parte de la
empresa y, en ciudades como Girona, la empresa privada ha puesto en
marcha infraestructuras cuando terminaba la concesión para que se
produjese su renovación automática. “Es como vender barata tu primera
residencia para después alquilarla cara”, define Arrojo.
Suez, La Caixa y FCC
En la gestión del agua, sea ésta pública o
privada, hay un “monopolio natural”, ya que dicha gestión se produce a
través de un único operador. Casos como el del Canal de Isabel II, que
en 2011 obtuvo 135 millones de beneficio, demuestran la rentabilidad del
control del acceso al agua. Quien abre el grifo se convierte en cliente
cautivo –no puede elegir quién le presta el servicio y ese monopolio
natural da paso a una competencia en la que el pez grande se come al
chico. A nivel global, dos grandes grupos controlan la porción creciente
de servicios privatizados de agua. Veolia, antes grupo Vivendi, y Suez
Environment copan dos tercios del mercado mundial, en el que aún es
mayoritaria la gestión pública o comunal del recurso. En el Estado
español, Aqualia, propiedad del grupo constructor FCC, gestiona más de
850 concesiones y recientemente ha obtenido licencias por valor de
1.100millones de euros. Entre los últimos contratos de FCC destacan la
gestión integral del ciclo del agua en Jerez de la Frontera y la
prórroga de la concesión en Girona.
En segundo lugar por volumen de
negocio en la península aparece Aguas de Barcelona (Agbar), en la que el
grupo Suez y La Caixa se reparten las acciones en una proporción
75-25%. Este grupo opera por medio de Aquagest, que a su vez está dentro
del grupo Aquology, que participa en mercados como el de la seguridad,
los campos de golf, la energía, la química o el papel. Tanto Suez como
FCC, que mantiene una alianza en Latinoamérica con Veolia, continúan su
expansión internacional, aunque el mercado europeo supone más de la
mitad de su negocio.
La llamada guerra del agua en
Catalunya, que ha abierto una brecha en CiU, es una muestra de la
competencia por el territorio. Esa guerra tiene dos batallas. La primera
es la que se libra en torno a la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat a
Acciona, impugnada por Agbar-Aquagest. El segundo frente está abierto
en el área metropolitana –el primero en tamaño de Catalunya– desde que
un usuario con el agua cortada, a quien Agbar reclamaba un pago de 6.000
euros, denunciara a esta empresa centenaria. El juez Eduardo Paricio,
quien posteriormente ha participado en distintas actividades de la
Fundación Agbar y ha intervenido decisivamente en el caso Ter-Llobregat,
dictaminó que no existía relación contractual entre el área
metropolitana de Barcelona y Agbar para la prestación de este servicio.
Tras el escándalo derivado de este pacto no escrito –y de larga duración
– la empresa opera desde una empresa mixta, Aguas de Barcelona Empresa
del Ciclo Integral del Agua. La organización Ingeniería Sin Fronteras ha
presentado un informe a la Fiscalía Anticorrupción en el que se
denuncian indicios de prevaricación y apropiación indebida, como explica
a este periódico uno de sus portavoces, Eloy Badía. En los juzgados se
encontrará con más de media docena de contenciosos relacionados con ese
caso.
Agbar ha anunciado que va a abrir
otro frente contra la Generalitat por daños y perjuicios tras la
adjudicación a Acciona del servicio en Aigües Ter-Llobregat; a su vez,
el Gobierno catalán ha presentado un recurso contra el órgano
administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, formado por un
solo ejecutivo dependiente de la Generalitat, después de que éste
impugnase la adjudicación al grupo de Entrecanales, lo que deja en
suspenso el concurso. Si no hay pacto entre los actores implicados, los
tribunales determinarán en los próximos años si es legal una
adjudicación que permitió a Andreu Mas-Colell, responsable de Economía
de la Generalitat, “suavizar” la cifra de déficit en 2012, ya que
contabilizó como ingresos los 995 millones que Acciona prometió en
concepto de inversiones.
La gestión de las empresas del grupo
Agbar también ha salido a la palestra tras las revelaciones en torno a
dos tramas de corrupción en la cornisa cantábrica, los casos Pokemon y
Manga. La justicia investiga las concesiones en Llanes (Asturias) y
Ourense. Eloy Badía resume la cadena de acontecimientos que rodean los
procesos de privatización: “Un municipio con las arcas vacías ve que
puede vender o que puede especular, y el agua pasa a convertirse en un
activo financiero. Se produce una privatización por un precio de entre
30 y 50 millones. Se suben las tarifas unos meses antes de cambiar de
manos el servicio y a cambio se produce la entrega de un maletín. El
resto se va dando a lo largo de la concesión”. El recurso al dinero
fácil del agua está prohibido por la directiva marco del agua vigente en
Europa, ya que el beneficio obtenido por las administraciones locales
debe reinvertirse en el llamado ciclo del agua, que contempla factores
de sostenibilidad medioambiental.
En 2011, 39 ciudades españolas de más
de diez mil habitantes fueron denunciadas por no depurar sus aguas
residuales urbanas en zonas acondicionadas. Además, de este a oeste se
suceden las denuncias por la falta de declaraciones de impacto ambiental
en decenas de infraestructuras para el transporte del oro azul. Sin
embargo, el beneficio empresarial baja por otro río: “Hasta hace unos
años se consideraba que uno no se ganaba la vida con este recurso, ahora
están llegando a unos volúmenes de 300 millones de beneficios anuales, y
sólo la matriz, sin contar las filiales”, explica Badía. “Es un negocio
de alta rentabilidad – explica PilarDiego, de la Plataforma contra la
Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda – entre otras cosas
porque no tiene apenas morosidad”. En este municipio de Ávila de 5.000
habitantes, que recibe el agua directamente de la sierra de Gredos, la
concesión del servicio ha sido impugnada porque uno de los tres
ingenieros que resolvieron el concurso de adjudicación había trabajado
en la empresa que se llevó el gato al agua, Aqualia, que opera también
en la capital de provincia. El caso está en los juzgados y la plataforma
contra la privatización también anuncia acciones legales tras realizar
diversos actos informativos y una manifestación a la que acudieron más
de un millar de personas. Como explica Pilar Diego, una vez se entra en
la trampa, los municipios comienzan a generar deuda con la
concesionaria. “Aquí se pagan 17 euros cada seis meses. La empresa va a
pasar a cobrar trimestralmente y espera recaudar como mínimo el doble”.
Diego considera que en la gestión pública hay cosas que mejorar, pero
hay vías que se pueden poner: “El objetivo no es el beneficio económico,
sino el beneficio de la ciudadanía”, concluye.
Remunicipalización
Casos como el de Candeleda muestran la
aceleración de una tendencia que se no se traslada a otros territorios,
donde la gestión sigue siendo pública, a través de consorcios, o
mancomunada. La expansión de la Directiva de Servicios Europeos y la ley
de Administración Local está generando un efecto de concentración en
torno a las entidades administrativas más grandes. En abril se ha sabido
que el Canal de Isabel II ha hecho una oferta para obtener la concesión
del servicio de aguas de Lanzarote durante 30 años. El Ejecutivo de
Ignacio González asumirá el 60% de la inversión (63 millones de euros) y
el resto (42 millones de euros) vendrá por créditos bancarios. La
Plataforma por la Defensa del Canal de Isabel II de Madrid critica la
“aventura empresarial” del Ejecutivo regional, que “pueden pagar caro
los ciudadanos madrileños si fracasara la operación” e incrementará la
tarifa en Lanzarote un 1% más que el IPC a partir de 2016, después de
que el Consorcio del Agua aumentara hasta un 40% las facturas en 2012.
En paralelo a este proceso de
concentración y privatización del servicio del agua, otra tendencia está
ganando peso. “Se está dando un fuerte proceso de remunicipalizacion”,
explica Luis Babiano, de Aeopas, que señala cómo Francia, la cuna del
modelo PPP, comenzó en 2010 el camino de vuelta al modelo público. En el
Estado español más de 20municipios de Andalucía y Catalunya han
abandonado el capital privado para volver a la gestión pública.
Plataforma Aiguaesvida
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