Actualmente, está en marcha el Anteproyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, una buena coartada con la que el Gobierno pretende debilitar el ámbito que acercaba a la ciudadanía los servicios públicos.
Hemos llegado a un punto con los políticos en que hay que interpretar
lo que dicen con unas claves que desenmascaren las trampas con las que
se puede encubrir la verdad a través de las palabras. Los ciudadanos y
ciudadanas tenemos que defendernos de estas agresiones identificando lo
que se esconde y oculta tras los discursos normalizadores,
naturalizadores y simplificadores. Apelar a la racionalización, a la
sostenibilidad o a la eficiencia de los servicios municipales nos lleva a
interpretar y tratar de traducir la verdadera motivación que se esconde
tras el uso de estos términos: la privatización y venta de todo lo que
pueda ofrecerse a los intereses del mercado. Este es el caso de los
Servicios Sociales, más necesarios que nunca en un contexto de crisis
como éste pero, actualmente, amenazados de traspaso a las Comunidades
Autónomas sin financiación, lo que los puede dejar en una gran situación
de vulnerabilidad. Esta situación la aprovecharán las grandes empresas
dispuestas a hacer negocio con las necesidades sociales y las
organizaciones benéfico-asistenciales ligadas a la Iglesia, una
institución cada vez más protegida por los Gobiernos del Partido
Popular.
Con esta reforma se pretende aprovechar también la ocasión para
precarizar los salarios de los empleados municipales, recortando su
complemento específico. Ya se ha anunciado en los medios de comunicación
que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, lo que afectará a
29.000 empleados públicos de la capital.
Hay muchas diferencias en el diseño, orientación y gestión de las
políticas entre Comunidades Autónomas, no sólo en los complementos
específicos de sus empleados públicos municipales. Los referidos
complementos no se pueden homologar, teniendo en cuenta que están
relacionados con la dificultad, dedicación, especialización o
peligrosidad de cada puesto. Este concepto salarial, además, es con el
único con el que han podido negociar los sindicatos para defender unos
salarios dignos de estos empleados a lo largo del tiempo. Disminuirlos
ahora más, cuando ya han sido recortados en estos últimos años, supone
un atentado a su dignidad.
Desde la economía crítica se ha señalado muchas veces los bajos
salarios que arrastra este país y el estancamiento que sufren los
salarios reales desde hace muchos años como consecuencia de su punto de
partida y del aumento del coste de la vida. Una vez más, la medida que
ahora se pretende está cargada de ideología, ya que forma parte de la
estrategia del poder político para debilitar el ámbito municipal; en
este caso, hostigando y debilitando a los empleados municipales. Todo
ello supondrá un pequeño ahorro en el gasto público, pero sobre todo es
un paso más en el adelgazamiento de todo lo público. Con ello, se quiere
debilitar también la capacidad de respuesta política tanto de los
empleados, que cada vez están más en el punto de mira del gobierno, como
de los ciudadanos, que tendrán mucha más dificultad para participar en
la vida pública y para exigir sus derechos.
El verdadero ahorro se conseguiría si se pusieran los medios para
reducir las plantillas municipales creadas artificialmente con puestos
de confianza (no con empleados públicos) por algunos alcaldes
megalómanos, tal como hizo Alberto Ruiz Gallardón en el año 2.004,
cuando decidió aumentar exponencialmente la estructura municipal
madrileña para que fuera un nicho de colocación de sus amigos de la
Comunidad de Madrid (en el origen de su mandato al frente del
Ayuntamiento de la capital) y ahora, de cualquier miembro del Partido
Popular. Son muchos los puestos que se han conseguido a través del
procedimiento de “libre designación”, un modo opaco que evita la
valoración objetiva de méritos. Ahí es donde se encuentra el verdadero
“agujero” económico de los gastos de personal, ya que precisamente estos
cargos tienen la masa salarial más alta en el escalafón de los salarios
municipales públicos.
Se pueden establecer medidas homogeneizadoras con ciertos criterios
de cara al futuro, pero aprovechar la actual coyuntura de crisis
económica para atacar a los funcionarios y otros empleados públicos con
la justificación de buscar una mayor equidad entre los empleados de las
distintas Comunidades Autónomas igualando a la baja dichos salarios,
supone un verdadero ataque a los derechos de quienes están sirviendo a
la administración municipal. Primero se les criminaliza tachándoles de
vagos e ineficaces, y ahora se justifica su precarización salarial,
transmitiendo que muchos de ellos ganan demasiado dinero.
No olvidemos, en fin, que disminuyendo los salarios se está apoyando
la pérdida de poder adquisitivo en las futuras pensiones, lo que pondrá
en riesgo a este colectivo de servidores públicos pero beneficiará —sin
duda— a las grandes compañías aseguradoras de pensiones.
Pilar Martín y María Flores
EconoNuestra.
Público.es
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