Las comisiones de expertos generan siempre el mismo interrogante.
¿Los expertos son nombrados por ser expertos o son expertos porque son
nombrados para la comisión? De cualquier modo, este tipo de comisiones
en el momento de constituirse tienen ya redactadas las conclusiones y se
crean tan solo para otorgar autoridad técnica a lo que son simples
intereses, bien sean políticos o económicos. El Gobierno, sin duda, a la
hora de establecer la comisión de expertos para la reforma de las
pensiones, tenía decidido ya lo que quería hacer y seleccionó a los
componentes de acuerdo con el resultado a obtener. El grupo de “sabios”
que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno se formó con
una composición claramente sesgada y poco independiente. La inmensa
mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con
entidades financieras o con compañías de seguros, principales
beneficiarias de un eventual incremento en la suscripción de planes y
fondos de pensiones como consecuencia del deterioro del sistema público.
Es por ello por lo que un grupo (veinticuatro) de economistas,
profesionales y académicos de distintas procedencias y sensibilidades,
quizá no más expertos que los gubernamentales, pero tampoco menos, nos
hemos sentido en la obligación de elaborar un documento con el que
denunciar los sofismas y falacias sobre el que está asentado el discurso
de la inviabilidad del sistema público de pensiones y sobre la reforma
que va a emprender el Gobierno.
Creemos que resulta difícil hablar de inviabilidad cuando en España
el gasto en pensiones es reducido si lo comparamos con el de la mayoría
de los países de nuestro entorno. Destinamos a ello el 10% del PIB,
mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%. Según
admite la Comisión Europea en su informe The 2012 Ageing Report,
el máximo de gasto en pensiones se alcanzaría en España en 2050 y sería
del 14% del PIB. Es decir, tendríamos entonces que destinar a las
pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones
países como Austria, Francia o Italia.
Pensamos que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones
públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en la
relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando
esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada
trabajador será mucho mayor. Cien trabajadores pueden producir lo mismo
que mil si su productividad es diez veces superior. El problema no
estriba en cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se
produce. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la
pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los
pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta. Si la renta
per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo deberían
mantenerse sino que tendrían que incrementarse por encima del coste de
la vida.
En los últimos treinta años, la renta per cápita en términos
constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro
presente una evolución similar. Si esto es así, resulta absurdo afirmar
que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo
depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente,
de los políticos- de llevar a cabo una verdadera política
redistributiva.
Consideramos que en un Estado definido como social, tal como hace la
vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que
las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones
sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer
frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las
pensiones. Concebir a la Seguridad Social como un sistema cerrado que
debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública,
resulta claramente abusivo y erróneo y coloca a la Seguridad Social en
una situación de mayor riesgo, dificultando además toda eventual mejora
en las prestaciones.
Estimamos que el denominado “déficit del sistema”, más allá de una
forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente solo
puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el
desfase entre cotizaciones y prestaciones no es sino un componente de
aquel, sin que tenga sustantividad propia. No se puede cuestionar la
viabilidad del sistema de pensiones por el mero hecho de que en una
coyuntura como la actual se necesite que a los ingresos por cotizaciones
se sumen otras aportaciones del Estado.
No es la pirámide de población ni el incremento de la esperanza de
vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la
insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las
continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. El
riesgo procede de una ideología liberal que contempla sin sonrojo que
la presión fiscal de España (32,4%) sea la más baja de la Europa de los
quince, inferior incluso a las de Grecia (34,9) y Portugal (36,1), trece
puntos de diferencia con la de Francia, y de diez y de ocho con las de
Italia y Alemania, respectivamente, según datos de Eurostat,
y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los
jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que
tendría que ser la primera y principal reforma que debería llevarse a
cabo.
Juan Fco. Martín Seco
República.com
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