La reforma del ministro Wert ha conseguido unir a toda la comunidad
educativa alrededor de un objetivo común: detener el desmantelamiento de
nuestra educación pública y denunciar la naturaleza profundamente
injusta de una reforma que se opone frontalmente a los criterios
científicos y de justicia social vigentes en el campo de la educación.
Tal y como sucedió con la reforma laboral aprobada en febrero 2012, la
denominada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
ha desencadenado un conflicto entre el Gobierno y los intereses de la
mayoría social que se prevé largo y complicado. Ambas reformas, junto
con las ya iniciadas o anunciadas por el Gobierno en muy diferentes
ámbitos (Código Penal,
pensiones, aborto, etc.), configuran una estrategia ultraconservadora
orientada a la ablación de los derechos sociales y políticos de la
inmensa mayoría de la sociedad. Una sociedad condenada por quienes
ostentan el poder político a la precariedad laboral, a la inseguridad
social, a la insuficiencia en la formación y a la limitación de los
derechos que atañen a la esfera íntima de libertad personal.
En el epicentro de la batalla contra la LOMCE, entre huelgas y
manifestaciones, es preciso evidenciar y argumentar está la relación de
continuidad entre las distintas reformas y en particular entre la
reforma laboral y la educativa. Para ello debemos aludir, en primer
lugar y de forma preeminente, a la profunda transformación operada en el
seno de la Unión Europea a raíz de la implantación del euro. Como es
sabido, la existencia de la moneda única ha beneficiado a Alemania y a
otros países ricos de Europa, reforzando su posición en el esquema
europeo como exportadores netos de bienes de equipo y de consumo y como
importadores netos de demanda general. O, por expresar la idea con otras
palabras, la unión económica y monetaria ha permitido que los países
centrales, especialmente Alemania, acumulen crecientes excedentes
comerciales en su espacio vital europeo, bloqueando cualquier
posibilidad de devaluación competitiva y alimentando una intensa
redistribución del trabajo en perjuicio de las modestas economías de la
cuenca mediterránea. Como vamos a comprobar enseguida, las reformas a
las que nos referimos se inscriben en este contexto, que explica y
moldea sus características fundamentales.
Veamos. El aspecto más notable de la zona euro ha sido la aparición
de una nueva división del trabajo favorable a los países centrales, que
han aprovechado la brecha de competitividad con la periferia para
controlar porciones cada vez más grandes de los flujos comerciales en el
interior de la Unión Europea. Mientras Alemania, Holanda o Finlandia
orientaban sus economías hacia la fabricación de bienes de alto valor
añadido, los países de la periferia se especializaban en la producción
de bienes de bajo valor añadido, animando a base de crédito el consumo
de productos fabricados en el Norte rico. España, por ejemplo, se
entregó a una vorágine urbanizadora que, en apenas una década,
transformó profundamente el territorio de nuestro país. El virus de la
especulación, que se extendió rápidamente por todo el cuerpo social,
provocó un aquelarre inmobiliario que ha estimulado a la economía
española durante algo más de un decenio, convirtiendo el sector de la
construcción en la verdadera industria nacional y otorgándole una
importancia económica muy superior a la de otros países europeos.
Partiendo de esta base, no parece exagerado afirmar que el proceso de
construcción europea ha provocado una situación de naturaleza colonial,
caracterizada por la hegemonía alemana y la subordinación de las
economías periféricas a partir de una específica división del trabajo
que convierte a los países pobres en una reserva de mano de obra barata.
Ciertamente, esta situación no se deriva de una guerra de agresión,
sino de una estrategia competitiva encabezada por Alemania y plenamente
aceptada por las clases dirigentes de los países periféricos, que de
este modo asumen su incapacidad de afrontar un camino independiente para
sus respectivos países. Sin embargo, el resultado no ofrece lugar a
dudas: una relación de subordinación y dependencia semejante a la que se
produce en el proceso de colonización clásico, caracterizado por la
desposesión sistemática de las economías periféricas y la
sobreexplotación de sus trabajadores.
En este contexto, la reforma laboral aprobada por el Gobierno del
Partido Popular constituye un paso decisivo en la acelerada transición
hacia el subdesarrollo que ha comenzado en nuestro país. Este proceso,
que supone un importante retroceso en la protección legal de los
trabajadores, se desarrolla al margen del turnismo político mediante
diversas fórmulas legislativas: el abaratamiento del despido, la
contratación temporal no causal o la desarticulación de la negociación
colectiva… Su objetivo es elevar la tasa de beneficio incrementando la
tasa de explotación de los trabajadores. Pretende rentabilizar al máximo
el uso de la fuerza de trabajo flexibilizando el empleo y eliminando
controles administrativos y sindicales. Se trata, en definitiva, de una violenta devaluación salarial
que se encuentra reflejada en los diferentes datos estadísticos y que
supone la consolidación del mercado de trabajo típico de los países
subdesarrollados.
Pues bien, la LOMCE se explica y cobra sentido en este contexto
económico y laboral. Recordemos que, entre otros aspectos, la Ley reduce
el número de asignaturas y limita la carga lectiva a unos contenidos
mínimos, orientando el sistema educativo hacia la preparación de mano de
obra barata, futuros trabajadores precarios provistos de los
conocimientos indispensables para desenvolverse adecuadamente en el
mercado laboral basura que les brinda el capitalismo. Ignorando las
verdaderas necesidades del alumnado, la reforma alumbra un sistema
educativo que se basa en la realización de exámenes continuos,
convirtiendo la educación en una carrera de obstáculos en la que las
condiciones económicas y familiares serán determinantes para el éxito o
el fracaso escolar. En una economía periférica, el mercado laboral
reclama mano de obra masiva y no cualificada, como corresponde a una
sociedad clasista que descarta la igualdad de oportunidades. No es
aventurado suponer que, tras la aprobación de la LOMCE, los hijos de una
familia trabajadora verán disminuidas sus posibilidades de progresar
socialmente y sufrirán las consecuencias de la nueva división europea
del trabajo.
En coherencia con ello, la reforma apuesta decididamente por la
segregación clasista del alumnado, delineando un abanico de itinerarios
formativos que se inician a edad muy temprana y que pretenden eliminar
de manera progresiva la educación común durante la etapa obligatoria.
Como ha denunciado la comunidad científica, esta opción legislativa
ignora y vulnera las necesidades y motivaciones del alumnado,
convirtiendo el sistema educativo en una gigantesca agencia de formación
y selección de personal para satisfacer las necesidades de las
empresas. Por si hubiera alguna duda sobre la intención del legislador,
el segundo borrador de la Ley establecía que los alumnos que presenten
una “situación socioeconómica desfavorable” serían desviados a diversos
programas de formación profesional, evidenciando el futuro que el
Ministro tiene reservado a aquellos estudiantes que proceden de familias
con menos recursos.
Hace meses que la comunidad educativa viene alzando la voz para
desenmascarar las verdaderas intenciones de esta bárbara reforma. Las
masivas movilizaciones y protestas de la marea verde ponen de relieve
que este colectivo está unido en la defensa de la educación pública.
Pero más allá de la comunidad educativa, es la sociedad en su conjunto
la que debe rechazar esta reforma de manera contundente y reclamar con
toda firmeza la construcción de una alternativa, con protestas por las
vías tradicionales, con la reinvención de la movilización y la acción
social, desde estructuras ya establecidas y con la creación de otras
nuevas. No nos queda otra opción que reconquistar nuestra independencia
para detener el empobrecimiento de la población. De lo contrario, la
transición hacia el subdesarrollo se consolidará e institucionalizará,
convirtiendo a nuestro país en una reserva de mano de obra barata
condenada a vender su fuerza de trabajo por salarios de miseria.
La clave es una movilización de carácter general y sostenida en el
tiempo contra una nueva colonización dirigida por la Troika (Comisión
Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) y
consentida por régimen bipartidista. Todas las resistencias deben
confluir en un objetivo común, de mayor alcance, construyendo una amplia
alianza político-social alrededor de la propuesta de impago de la
deuda, la recuperación de la soberanía y el rechazo a las reformas
alevosamente impuestas a nuestro país. Las recientes movilizaciones,
protestas y malestar compartido demuestran que no se trata de un brindis
al sol: esta alianza existe de manera potencial en nuestra sociedad y
acabar de conformarla está en manos de las personas que salimos a la
calle en defensa de nuestra educación pública, las que hemos salido y
saldremos en defensa de nuestros derechos. Pero ya no basta con repetir
el ritual de protesta, hace falta avanzar en los distintos caminos de
organización y confluencia. La transición está en marcha y el tiempo no
corre a nuestro favor.
Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social
Adoración Guamán
Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Público.es
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/1181/una-educacion-abocada-al-subdesarrollo/
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