La cara oculta de los supermercados

La gran distribución comercial (supermercados, hipermercados, cadenas de descuento) ha experimentado en los últimos años un fuerte proceso de expansión, crecimiento y concentración industrial. Las principales compañías de venta al detalle han entrado a formar parte del ranking de las mayores multinacionales del planeta y se han convertido en uno de los actores más significativos del proceso de globalización capitalista.

Su aparición y desarrollo ha cambiado radicalmente nuestra manera de alimentarnos y de consumir, supeditando estas necesidades básicas a una lógica mercantil y a los intereses económicos de las grandes corporaciones del sector. Se produce, se distribuye y se come aquello que se considera más rentable, obviando la calidad de nuestra alimentación. Aditivos, colorantes y conservantes se han convertido en algo cotidiano en la elaboración de lo que comemos. En Estados Unidos, por ejemplo, debido a la generalización de la comida rápida, se calcula que cada ciudadano toma anualmente 52 kilos de aditivos, lo que genera crecientes dosis de intolerancia y alergias. Lo publicitado como “natural” no tiene nada de ecológico y es resultado de procesos de transformación química. Nuestra alimentación, lejos de lo que producen los ciclos de cultivo tradicionales en el campo, acaba desembocando en una alimentación “desnaturalizada” y de laboratorio. ¿Sus consecuencias? Obesidad, desequilibrios alimentarios, colesterol, hipertensión… y los costes acaban siendo socializados y asumidos por la sanidad pública.

Los alimentos “viajeros” son otra cara del actual modelo de alimentación. La mayor parte de lo que comemos viaja entre 2.500 y 4.000 kilómetros antes de llegar a nuestra mesa, con el consiguiente impacto medioambiental, cuando, paradójicamente, estos mismos productos son elaborados a nivel local. La energía utilizada para mandar unas lechugas de Almería a Holanda, por ejemplo, acaba siendo tres veces superior a la utilizada para cultivarlas. Nos encontramos ante un modelo productivo que induce a la uniformización y a la estandarización alimentaria, abandonando el cultivo de variedades autóctonas en favor de aquellas que tienen una mayor demanda por parte de la gran distribución, por sus características de color, tamaño, etc. Se trata de abaratar los costes de producción, aumentar el precio final del producto y conseguir el máximo beneficio económico.

No en vano, según el sindicato agrario COAG, los precios en origen de los alimentos han llegado a multiplicarse hasta por 11 en destino, existiendo una diferencia media de 390% entre el precio en origen y el final. Se calcula que más del 60% del beneficio del precio del producto va a parar a la gran distribución. La situación de monopolio en el sector es total: cinco grandes cadenas de supermercados controlan la distribución de más de la mitad de los alimentos que se compran en el Estado español acaparando un total del 55% de la cuota de mercado. Si a estas les sumamos la distribución realizada por las dos principales centrales de compra mayoristas, llegamos a la conclusión de que sólo 7 empresas controlan el 75% de la distribución de alimentos. Esta misma dinámica se observa en muchos otros países de Europa. En Suecia, tres cadenas de supermercados tienen el 95,1% de la cuota de mercado; en Dinamarca tres compañías controlan el 63,8%; y en Bélgica, Austria y Francia unas pocas empresas dominan más del 50%.

Una tendencia que se prevé aún mayor en los próximos años y que se visualiza muy claramente a partir de lo que se ha venido en llamar la “teoría del embudo”: millones de consumidores por un lado, miles de campesinos por el otro y tan sólo unas pocas empresas controlan la cadena de distribución de alimentos. En Europa, se contabilizan unos 160 millones de consumidores en un extremo de la cadena, unos tres millones de productores en el otro y, en medio, unas 110 centrales y grupos de compra controlan el sector. Este monopolio tiene graves consecuencias no sólo en el agricultor y en el consumidor, sino también en el empleo, en el medio ambiente, en el comercio local, en el modelo de consumo.

Pero existen alternativas. En un planeta con recursos naturales finitos es imprescindible llevar a cabo un consumo responsable y consumir en función de lo que realmente necesitamos, es decir, combatir un consumismo excesivo, antiecológico y superfluo. En lo práctico, podemos abastecernos través de los circuitos cortos y de proximidad, en mercados locales y participar, en la medida de lo posible, en cooperativas de consumidores de productos agroecológicos, cada vez más numerosas en todo el Estado, que funcionan a nivel barrial y que, a partir de un trabajo autogestionado, establecen relaciones de compra directa con los campesinos y productores de su entorno.

Así mismo es necesario actuar colectivamente para establecer alianzas entre distintos sectores sociales afectados por este modelo de distribución comercial y por el impacto de la globalización capitalista: campesinos, trabajadores, consumidores, mujeres, inmigrantes, jóvenes… Un cambio de paradigma en la producción, la distribución y el consumo de alimentos sólo será posible en un marco más amplio de transformación política, económica y social, y para conseguirlo es fundamental el impulso de espacios de resistencia, transformación y movilización social.

Esther Vivas es Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS) Universitat Pompeu Fabra

Fuente: Público

El desmantelamiento de la banca pública

Nuestro país tuvo una potente banca pública de la que hoy no queda vestigio. Murió tras el tozudo empeño privatizador desarrollado durante los gobiernos socialistas presididos por Felipe González y los posteriores gobiernos del PP. Ahora se sufren las consecuencias de haber saldado tan alegremente un instrumento cuya utilidad evidencian las tribulaciones del actual Gobierno en sus fallidos intentos de promover el crédito.

La banca pública existía desde antiguo en nuestro país y tenía un peso importante. En la década de los ochenta otorgaba más del 20% de los créditos, mientras que el resto correspondía a la banca privada y a las cajas de ahorros. A principios de los noventa la banca pública concedía todavía el 15% de los créditos cuando el Gobierno del PSOE decidió unificarla en el grupo llamado Argentaria para facilitar su privatización en bloque. Tras la pérdida de las elecciones por el PSOE, este proceso se remató durante el Gobierno del PP con la integración de Argentaria en el grupo privado BBV –dando lugar al actual BBVA–,con lo que el Estado se desprendió finalmente de su participación minoritaria. La estrategia privatizadora alcanzó extremos surrealistas en su afán de liquidar cualquier traza de banca pública, como fue la segregación de las sucursales que tenía la antigua Caja Postal en las estafetas de Correos, para ofrecérselas al Deutsche Bank, cuya presencia aparece hoy insólitamente vinculada a las 2.000 oficinas de Correos que pueblan la geografía nacional.

Los bancos públicos habían surgido para asegurar que los antiguos servicios de crédito del Estado pudieran ejercer directamente sus funciones de intermediación financiera sin depender de las entidades privadas, como sigue ocurriendo en la mayoría de los países. Pero en España, tras haber desmantelado la banca pública, el Estado perdió esas funciones, por lo que el propio Instituto de Crédito Oficial (ICO) tuvo que recurrir a la banca privada para colocar sus préstamos. Resulta penoso observar cómo la banca privada no sólo ha hecho caso omiso de las reiteradas demandas del presidente Rodríguez Zapatero de “arrimar el hombro” en la concesión de créditos, sino que ha exigido al Estado mayores comisiones y garantías para conceder los préstamos del ICO, a la vez que hacía gala de sus millonarios beneficios. Es decir, que la banca privada, además de negarse a modificar los criterios en la concesión de créditos, saca la máxima tajada posible por el mero hecho de tramitar los del ICO, dejando por completo fuera de lugar las ingenuas sugerencias del presidente Zapatero.

El desmantelamiento de la banca pública entra en franca contradicción con las funciones que ahora se plantea el Estado con motivo de la crisis. Tras tanto adelgazar al Estado y engordar los negocios privados, el volumen y los riesgos de estos crecen a un ritmo muy superior al de los recursos públicos. Por ejemplo, si en 1995 el importe de los créditos doblaba al de los ingresos fiscales del Estado, en 2007 lo quintuplica, con lo que son cada vez más limitados los recursos públicos en comparación con los privados. Durante la crisis bancaria vivida entre 1977 y 1985, el saneamiento de las entidades financieras españolas exigió al Estado ayudas billonarias en pesetas y la crisis actual va camino de exigirlas en euros. En este caso, sería razonable aprovechar, al menos, tan enorme esfuerzo para reestablecer la propiedad y el control del Estado en el sistema bancario y paliar así los excesos privatizadores del pasado.

José Manuel Naredo es Economista y estadístico. Público

La crisis, Bolonia y la UCAM

Estamos sufriendo la primera crisis económica de la era global, pero sus efectos están siendo muy diferentes en cada país y región, en función de las políticas adoptadas por los responsables públicos en sus respectivas jurisdicciones territoriales. Por eso conviene distinguir las diferentes escalas geográficas de la crisis, para exigir a cada cual las responsabilidades que le corresponden y para determinar las medidas que es posible adoptar en cada nivel de decisión.

En España, los efectos están siendo más graves que en otros países europeos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria a la que habían contribuido las entidades financieras, los empresarios del sector y los poderes públicos locales, regionales y centrales. Desde el tardofranquismo, la economía española se basó en la construcción, la emigración y el turismo. Desde 1986, dependió también de los fondos europeos. Este modelo se intensificó con la Ley del Suelo de 1998 y la llegada masiva de inmigrantes. España comenzó a crecer por encima de la media europea, pero tenía los pies de barro.

El gobierno de Zapatero frenó la especulación inmobiliaria y aumentó la inversión en educación e investigación, pero estas medidas han sido tardías e insuficientes. España sigue por debajo de la media europea en educación e investigación, y de esto son responsables el gobierno central (el actual y los precedentes), los gobiernos autónomos (que tienen competencias en esas materias) y las empresas (que no invierten en investigación ni valoran el trabajo cualificado).

Un ejemplo del desfase español: la Declaración de Bolonia creó en 1999 el Espacio Europeo de Educación Superior, para que a partir de 2010 todo el sistema universitario europeo esté homologado y facilite la movilidad de estudiantes y profesionales. Pues bien, en España hubo que esperar a 2007 para que se iniciara el proceso de reforma. Además, se inició sin contar con la financiación correspondiente. De ahí que la reforma, aunque en principio sea positiva, se esté realizando en este país de una forma tan traumática, con tantas resistencias e incertidumbres.

En la Región de Murcia, la situación es todavía peor. La crisis está golpeando aquí con más fuerza, porque aquí se adoptó el monocultivo del ladrillo como la gran panacea. El PP murciano estuvo presumiendo de que el PIB regional crecía por encima de la media nacional, y despreció las voces críticas que desde diversas instancias alertábamos del inminente batacazo y denunciábamos las perniciosas secuelas de este modelo: descapitalización de la industria y la agricultura, empleo precario y no cualificado, destrucción del patrimonio natural e histórico, corrupción política, etc. Ahora, el gobierno de Valcárcel no puede culpar a otros ni puede seguir recurriendo a la eterna cantinela del agua y del AVE, sino que ha de afrontar las responsabilidades que le corresponden.

Tras 14 años de gobierno popular, esta región sigue a la cola de España en los indicadores educativos y culturales. Casi un tercio de nuestros adolescentes no termina la ESO. La UE acordó en Lisboa que el 85% de los jóvenes tuviera en 2010 un título de Educación Secundaria Superior. Pues bien, el 49% de los murcianos de entre 20 y 24 años no tenía en 2008 ningún título de Secundaria Superior. Y también han disminuido los matriculados en las universidades murcianas.
En estas condiciones, la inversión en educación, universidades e investigación debería ser una prioridad estratégica del gobierno regional. En lugar de eso, este gobierno ha estado descuidando la red de centros públicos y promoviendo los centros privado-concertados. Y lo mismo ha hecho en el nivel universitario: en lugar de potenciar las dos universidades públicas (UMU y UPCT), se ha dedicado a apoyar el negocio privado de la UCAM, concediéndole toda clase de privilegios, como ha venido denunciando la Plataforma por la Democracia Universitaria.

El último regalo de Valcárcel a la UCAM ha sido el convenio suscrito por el Servicio Murciano de Salud, en virtud del cual varios hospitales públicos de la región, incluido su personal médico, son puestos a disposición de una universidad privada de dudosa calidad, cuya titularidad se dirime en los tribunales y cuyo propietario está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Una vez más, el presidente Valcárcel ha puesto el patrimonio público al servicio de intereses privados. Cuando se le llena la boca proclamando su apoyo al I+D+i, está claro que no tiene ni idea de lo que está diciendo, o tal vez cree que puede seguir engañando impunemente a la ciudadanía e hipotecando todavía más el presente y el futuro de esta región.

* Antonio Campillo es catedrático de Filosofía de la UMU y miembro del Foro Ciudadano.

La situación de la clase trabajadora

El Economic Policy Institute (EPI) es uno de los centros de investigación económica y social más importantes de EEUU. Elabora cada dos años un informe sobre la situación de la clase trabajadora en EEUU, The State of Working America, que incluye la información más detallada que existe sobre las condiciones laborales y sociales de la población trabajadora en EEUU, comparándola con las condiciones existentes en otros países de la OCDE incluyendo España. En este artículo comparo la situación de la clase trabajadora de España con la clase trabajadora de EEUU basándome en los datos del informe del EPI, complementado por los datos del Observatorio Social de España, colaborador del EPI en España.

Los datos del informe cuestionan gran número de supuestos liberales que dominan gran parte de las culturas económicas y políticas de España. Por ejemplo, uno de los dogmas que se reproducen con mayor frecuencia en los círculos liberales del país es que los salarios en España son demasiado altos, habiéndose afirmado incluso que una de las causas de que la intensidad de la crisis económica sea particularmente acentuada en España es la elevada cuantía de las retribuciones salariales. Los datos, sin embargo, no confirman este supuesto. El salario por hora de los trabajadores españoles (incluso entre los trabajadores de la manufactura, que son los mejor pagados) es uno de los más bajos de la UE-15 y de la OCDE. Si el nivel de los salarios de la manufactura de EEUU se toma como punto de referencia (llamándole 100), entonces, el salario de los trabajadores mejor pagados (los de la manufactura) es el 79% del de EEUU. Los mejor pagados son Suecia (136%), Finlandia (126%), Dinamarca (149%) y Holanda (130%). En realidad, la mayoría de países de la UE-15 tienen mayores salarios que EEUU, y mucho más elevados que España.

Se dice con frecuencia que los salarios son bajos en España porque la productividad laboral es baja. Los datos, sin embargo, no muestran una relación clara entre productividad laboral y salario. En realidad, la diferencia en la productividad de los trabajadores de la manufactura entre los países de la UE-15 es menor. La diferencia de los salarios entre los países, sin embargo, es muy acentuada. Esto muestra que el nivel de productividad no es el factor determinante del salario recibido por el trabajador. Una causa mayor es la fortaleza de los sindicatos y de las izquierdas en el país, como lo atestigua que sean los países nórdicos donde los sindicatos y las izquierdas son fuertes, donde los salarios son más altos. En el sur de Europa, incluyendo España, donde los sindicatos y las izquierdas son más débiles, los salarios son más bajos. Es más, la baratura de los salarios (facilitada por una gran abundancia de trabajadores, muchos de ellos inmigrantes), no motiva al mundo empresarial y al Estado a invertir en los puestos de trabajo y en los trabajadores para incrementar su productividad. No es, pues, que los salarios sean bajos porque la productividad es baja, sino, al contrario, la productividad es baja porque los salarios son bajos. Recortar todavía más los salarios contribuiría más al descenso de la productividad. Y dificultaría en gran manera la recuperación económica al disminuir la demanda doméstica, cuya debilidad es la causa mayor de la crisis que atraviesa España.

Esta insuficiencia salarial en España va acompañada de una exuberancia de las rentas superiores. En España la decila inferior de familias recibe una renta que es el 61% de la renta familiar promedio (uno de los porcentajes más bajos de la UE-15) mientras que la decila superior ingresa el 214% del nivel de renta familiar promedio, el porcentaje mayor de la UE-15 y de la OCDE (después de EEUU). Estas desigualdades sociales se reproducen a base de unas políticas públicas escasamente redistributivas, siendo el Estado español uno de los menos redistributivos de la UE-15. Contribuyendo a esta regresividad está la tolerancia que exhibe el Estado hacia el fraude fiscal (uno de los más altos existentes en la UE-15) que alcanza a ser un 10% del PIB (según los expertos de la Agencia Tributaria del Estado), y que procede en su gran mayoría de las rentas superiores.

Tal regresividad fiscal explica la escasez de ingresos al Estado y el subdesarrollo de su estado del bienestar. España es uno de los países de la UE-15 que tiene un porcentaje menor de la población adulta trabajando en educación pública (5,5%) y en sanidad y servicios sociales públicos (6%). El promedio de la UE-15 es de 7% y 10,6% respectivamente. Tal subdesarrollo de los servicios públicos del estado del bienestar, explica también el escaso porcentaje de las mujeres en el mercado de trabajo, 54%, uno de los más bajos de la UE-15. En Suecia es el 72%. España tiene una de las infraestructuras de servicios de atención a las familias –escuelas de infancia y servicios domiciliarios– menos desarrollados de la UE-15. Tal infraestructura juega un papel clave en facilitar la integración de la mujer al mercado del trabajo (España es uno de los países que tiene un número menor de niños en escuelas de infancia y un gasto público menor en escuelas de infancia por alumno).

Estas cifras, procedentes de aquellos informes, traducen una insuficiente concienciación por parte de los equipos económicos de los sucesivos gobiernos españoles de que los servicios públicos del estado del bienestar son una inversión tan o más importante que la inversión en infraestructura física del país. En realidad, una de las causas mayores de la menor riqueza en España es la todavía baja participación de la mujer en el mercado de trabajo. Facilitar la integración de la mujer a tal mercado debería haber sido (junto con el aumento salarial) una de las mayores estrategias de desarrollo económico del país.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España

Neocolonialismo agrario

Una de las grandes batallas del siglo XXI será la de la alimentación. Muchos países, importadores de comida, se ven afectados por el aumento de los precios. Los Estados ricos lo venían soportando; hasta que, en la primavera de 2008, se asustaron por la actitud proteccionista de naciones productoras que limitaron sus exportaciones. A partir de ahí, varios Estados con crecimiento económico y demográfico -pero desprovistos de grandes recursos agrícolas y de agua- decidieron asegurarse reservas de comestibles comprando tierras en el extranjero.

Al mismo tiempo, muchos especuladores se pusieron igualmente a comprar terrenos para hacer negocios. Convencidos de que la alimentación será el oro negro del futuro. Según ellos, de aquí a 2050, la producción de alimentos se duplicará para satisfacer la demanda mundial. “¡Invertid en granjas! ¡Comprad tierras!” repite Jim Rogers, gurú de las materias primas. George Soros apuesta asimismo por los agrocarburantes y ha adquirido parcelas en Argentina. Un grupo sueco ha comprado medio millón de hectáreas en Rusia; el hedge fund ruso Renaissance Capital, 300.000 ha. en Ucrania; el británico Landkom, 100.000 ha. también en Ucrania; el banco estadounidense Morgan Stanley y el grupo agro-industrial francés Louis Dreyfus, decenas de miles de hectáreas en Brasil, etc.

Pero quienes se han lanzado a comprar tierras por todo el mundo, son principalmente los Estados con petrodólares y divisas. Corea del Sur, primer comprador mundial, ha adquirido 2.306.000 hectáreas; le sigue China (2,09 millones), Arabia Saudí (1,61 millones), los Emiratos Árabes Unidos (1,28 millones) y Japón (324.000 ha.). Total: cerca de 8 millones de hectáreas de tierras fértiles compradas o alquiladas en el exterior. Regiones enteras han pasado a estar bajo control extranjero en países con escasa densidad demográfica y cuyos gobernantes están dispuestos a ceder partes de la soberanía nacional. Un fenómeno que preocupa. En un informe alarmante, la ONG Grain denuncia “un acaparamiento de tierras a nivel mundial” (1).

Sin campos fértiles ni agua, los países del Golfo son los que más pronto se han lanzado. Kuwait, Qatar y Arabia Saudí buscan parcelas disponibles donde sea. “Ellos poseen tierras, nosotros dinero”, explican los inversores del Golfo. Los Emiratos Árabes Unidos controlan 900.000 ha en Pakistán; y están considerando proyectos agrícolas en Kazajistán. Libia adquirió 250.000 ha. en Ucrania a cambio de petróleo y gas. El grupo saudí Binladen ha conseguido terrenos en Indonesia para cultivar arroz. Inversionistas de Abu Dhabi compraron decenas de miles de hectáreas en Pakistán. Jordania producirá comestibles en Sudán. Egipto obtuvo 850.000 ha. en Uganda para sembrar trigo y maíz…

China es el comprador más compulsivo, pues debe alimentar a 1.400 millones de bocas cuando sólo dispone del 7% de las tierras fértiles del planeta. Además, la industrialización y la urbanización le han destruido unos 8 millones de hectáreas. Y algunas regiones se están desertificando. “Tenemos menos espacio para la producción agrícola, y es cada vez más difícil elevar el rendimiento”, explicó Nie Zhenbang, jefe de la Administración Estatal de Granos (2).

China detenta tierras en Australia, Kazajistán, Laos, México, Brasil, Surinam, y sobre todo en África. Pekín ha firmado unos treinta acuerdos de cooperación con Gobiernos que le dan acceso a tierras. A veces, las autoridades de Pekín envían desde China la mano de obra; pagada a menos de cuarenta euros al mes, sin contrato de trabajo y sin cobertura social.

Por su parte, Corea del Sur ya controla en el extranjero una superficie superior a la totalidad de sus propias tierras fértiles… En noviembre de 2008, el grupo Daewoo Logistics, estableció un acuerdo con el Gobierno de Marc Ravalomanana, presidente de Madagascar, para alquilar 1,3 millones de hectáreas, o sea la mitad de las tierras cultivables de esa gran isla…

El Gobierno surcoreano también ha comprado 21.000 hectáreas para cría de ganado en Argentina, país en el cual el 10% del territorio (unos 270.000 kilómetros cuadrados) se encuentra en manos de inversores extranjeros, quienes “se han beneficiado de la actitud de los diferentes Gobiernos para adquirir millones de hectáreas y recursos no renovables, sin restricciones y a precios módicos” (3). El mayor terrateniente es Benetton, industrial italiano de la moda, que posee unas 900.000 ha. y se ha convertido en el principal productor de lana. También el millonario estadounidense Douglas Tompkins tiene unas 200.000 ha. situadas próximas a importantes reservas de agua.

En general, la cesión de tierras a Estados extranjeros se traduce en expropiaciones de pequeños productores y aumento de la especulación. Sin olvidar la deforestación. Una hectárea de bosque procura un beneficio de cuatro a cinco mil dólares si se plantan en ella palmas de aceite; o sea de 10 a 15 veces más que si se dedica a producir madera (4). Ello explica por qué los bosques de la Amazonia, de la cuenca del Congo y de Borneo están siendo sustituidos por plantaciones.

Es un retorno a odiosas prácticas coloniales, y una bomba con efecto retardado. Porque la tentación de los Estados extranjeros es la de saquear los recursos, como lo hace China, con mano de obra importada y poco beneficio local… Pero la resistencia se organiza. En Pakistán, los campesinos ya se están movilizando contra el desplazamiento de aldeas si Qatar compra terrenos en la región de Penyab. Paraguay ha aprobado una ley que prohíbe vender parcelas a extranjeros. Uruguay se lo está planteando; y Brasil estudia cambiar su legislación.

El neocolonialismo agrario le arrebata el trabajo al campesinado y crea un “riesgo de pauperización, tensiones sociales extremas y violencias civiles” (5). La tierra es un asunto muy sensible. Siempre ha provocado pasiones. Representa una parte de la identidad de los pueblos. Tocar ese símbolo podría terminar mal.

Notas:
(1) www.grain.org/m/?id=213
(2) China Daily , Pekín, 9 de mayo de 2008.
(3) Daniel Enz y Andrés Klipphan, Tierras SA. Crónicas de un país rematado , Alfaguara, Buenos Aires, 2006.
(4) Le Nouvel Observateur , París, 23 de diciembre de 2008.
(5) Le Monde , París, 23 de noviembre de 2008.

Ignacio Ramonet - Le Monde Diplomatique