Despido libre: una cuestión disciplinaria

Capitalismo y pleno empleo son conceptos antagónicos. La lógica del sistema exige regular sus necesidades de mano de obra y precio de la misma manteniendo un fondo permanente de trabajadores parados: el Ejército Industrial de Reserva, integrado por batallones de castigo. Pues el desempleo y el despido libre cumplen también una función disciplinaria.

La doctrina del liberalismo se declara como defensora a ultranza de la libertad en el seno de la sociedad. Mas, siendo la libertad “uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”, según célebre alegato del ingenioso hidalgo manchego, cada cual interpreta el sentido de su libertad procurando llevar el agua a su molino. De ahí que pida libertad de opinión el político, libertad de prensa el articulista y libertad de comercio el gremio general de tenderos locales y multinacionales. Y que la patronal de la industria clame a diario por la libertad de despido de los trabajadores empleados en sus factorías.

El empleo como artefacto social es también un artefacto de dominación. El empleo asalariado establece una desigual relación contractual. No sólo la dirección de los objetivos del trabajo y la disciplina en la ejecución del mismo pertenecen en exclusiva al empleador, sino que también le pertenece la facultad de otorgar o no el contrato laboral. Si el Estado puede establecer la pobreza por decreto, el empresario ni siquiera necesita recurrir a una vía tan solemne. Le bastará pronunciar una fórmula tan simple como “Pérez, está usted despedido”, acompañada del cumplimiento de un mínimo paripé legal, para haber ejercido el más absoluto dominio sobre la vida del empleado.

Mito sociopolítico o leyenda urbana, el Pleno Empleo es una contradicción en sus términos: desde las primitivas hachas de sílex a la utilización del silicio en los chips electrónicos, cada avance tecnológico significa un ahorro de esfuerzo humano. Pero como señaló el economista polaco Michał Kalecki (1899-1970), “los fundamentos de la ética capitalista exigen que usted gane su pan con el sudor de su frente… a menos que usted posea medios privados”.

Así, las nuevas tecnologías no han sido utilizadas para distribuir mejor el tiempo de trabajo, sino para favorecer una gigantesca concentración de capital privado. El neoliberalismo ha creado el imaginario de una sociedad supeditada funcionalmente a las necesidades del mercado. Esa irracionalidad exige que todo el mundo acepte que el progreso económico exige mercados de trabajo “desregulados”, aceptando asimismo que existirán grupos sociales “vencedores” y grupos sociales “perdedores”. Por definición, el capitalismo no puede coexistir con el pleno empleo. La lógica del sistema exige regular sus necesidades de mano de obra y precio de la misma manteniendo un fondo permanente de trabajadores parados: el Ejército Industrial de Reserva, en términos marxistas. Un ejército integrado por batallones de castigo, pues, según Kalecki:

“Bajo un régimen de pleno empleo, el ‘despido’ dejaría de desempeñar su papel disciplinario. Se minaría la posición social del jefe o patrón y crecería la confianza en sí misma y la conciencia clasista de la clase trabajadora. [...] Es cierto que bajo un régimen de ocupación plena las ganancias serían mayores que el promedio de las mismas bajo el laissez-faire. Pero los líderes del mundo de los negocios aprecian más la ‘disciplina de las fábricas’ y la ‘estabilidad política’ que las ganancias mismas. Su instinto de clase les advierte de que el desempleo es parte integrante del sistema capitalista normal.”

El mundo de los negocios y sus voceros -Aznar, prensa salmón, servicios de estudio de la Banca, economistas sin vergüenza- no cesan de reclamar esa forma espuria de libertad que es la libertad de despido. Se ha utilizado el despido como medio disciplinario, mas no se debería olvidar que, en buena lógica, los grupos perdedores en el campo laboral podrían revolverse y utilizar la fuerza para recuperar posiciones por otras vías. Al fin y al cabo, “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Carl Philipp von Clausewitz dixit.

José Antonio Pérez - ATTAC Madrid

Privatización Sanidad Pública: 400.000 firmas contra la Ley 15/97

En los próximos meses se aprobará la licitación de cuatro hospitales en Torrejón de Ardóz, Carabanchel, Móstoles y Villalba, y la implantación de un área única sanitaria que agrupará a seis millones de personas. La gestión privada de gran parte de los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) será un hecho. Desparecerán cientos de centros de asistencia primaria para ceder a los pacientes a dichos hospitales y crecerá la posibilidad de que el ejemplo defendido con más ahínco por Esperanza Aguirre se extienda por el resto del Estado.

Estos proyectos podrían detenerse con la derogación de la Ley 15/97. Al menos ése es el parecer de las 400.000 personas que con sus firmas han pedido en el Parlamento que se acabe con un proceso que amenaza el derecho a la salud. La entrega de las firmas el 7 de mayo culminó un año de movilizaciones en el que grupos como la plataforma Matusalén, en la que se integra la Coordinadora Antiprivatizadora de Madrid (CAS), han logrado sacar a la calle a decenas de miles de personas en sendas manifestaciones el 13 de noviembre de 2008 y el 5 de marzo “sin ningún apoyo de los sindicatos institucionales ni de los grandes partidos” dice Antonio Gómez Liébana, de CAS. Ahora, explica, el objetivo es sumar a las fuerzas políticas y sociales que defienden una asistencia digna e igual para todos y conseguir una cohesión similar a la que en Canadá defendió con éxito la titularidad pública de los hospitales.

Hace ya 12 años, todos los partidos representados en el Parlamento, excepto BNG e IU, votaron a favor de esta Ley. A pesar de que es corta –sólo tiene un artículo– la 15/97 Sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el sistema nacional de salud introduce un concepto ambiguo: precisa que podrá gestionar una institución sanitaria cualquier entidad jurídica admitida en derecho, que sea de “naturaleza pública”. “Cuando, según los expertos en Derecho Administrativo, la naturaleza pública la pueden tener un cine o un taxi”, explica Gómez Liébana. Mientras el PP muestra sin ambages su intención de aplicar todas las posibilidades que la Ley reconoce al sector privado, el PSOE sin embargo ha mantenido un discurso tibio, alternando críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, con una postura suave en cuanto a la privatización. Así, el secretario de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha declarado recientemente que sería deseable dejar en un 14% la inversión privada en sanidad.

Iniciativa Financiera Privada
“Con la libre elección de médicos, los más solicitados tendrán un plus salarial”. La afirmación del consejero de Sanidad de la CAM, Juan José Güemes, en 20 Minutos sirvió para explicar cómo desembarcará el sector privado en la atención primaria. Los incentivos a los médicos, que ya se aplican en la ciudad alicantina de Torrevieja, implican un cambio en el modelo de Atención Primaria, expone este miembro de CAS: “Lo que se va a pagar [hasta 2.000 euros al mes] depende del descenso en las derivaciones al hospital”. Es decir, si un facultativo quiere ponerle salsa a su sueldo no tiene más que asegurarle al paciente que está como una rosa, mandarle a casa y evitarle con ello un gasto al centro privado, que cobrará por esos “clientes”, hagan uso o no del servicio, un canon estimado de 44,5 millones de euros al año. Al deterioro de la atención privada, que supondrá a corto plazo el desmantelamiento de 400 centros de salud en la CAM, hay que sumar la clausura de laboratorios públicos solventes, como el de Coslada, para trasvasar ese servicio a laboratorios privados de nuevo cuño.

Tres palabras inglesas, Private Finance Iniciative (PFI), que pueden traducirse como Iniciativa Financiera Privada, y sus correspondientes siglas, resumen el programa que sigue la Administración Aguirre. La PFI sólo es uno de los modelos que ampara la Ley 15/97, pero tiene la marca de haber sido el preferido de Margaret Tatcher y Tony Blair, quien llegó a aprobar la construcción de 60 hospitales por ese sistema. La PFI consiste en que, a cambio de un coste por paciente atendido, el Estado cede los terrenos, aporta la “clientela”, y traslada la gestión del sistema sanitario a una empresa durante 30 años prorrogables a 60. La construcción de los hospitales bajo este sistema es más cara, ya que los intereses de los préstamos son mucho más altos de lo que serían si la infraestructura fuera pública. A esto hay que sumar que los sueldos de los ejecutivos de estos hospitales son superiores a los que se cobran en los tradicionales. Además, para su funcionamiento precisan actores ajenos al sistema sanitario: equipos de márketing y publicidad y bufetes de abogados.

Por su parte, la empresa establece un objetivo de beneficios y plusvalías que oscila entre un 15% y un 20% del dinero facturado al Estado, para lo cual necesita, en primer lugar, competir por los pacientes más “sanos”: aquellos que no permanecen muchos días de baja y que no tienen enfermedades crónicas, entre los que se cuentan, por ejemplo, los peor alimentados. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que defiende este modelo, no tiene reparos en reconocer que permitir los hospitales PFI es más caro que seguir con atención pública, la OMS admite asimismo que disminuye la calidad asistencial y que estos hospitales adolecen de falta de flexibilidad para introducir modificaciones.

Salud de clase
Alfredo Díaz Cardiel, secretario de Organización del Sindicato de Sanidad de Madrid-CGT y trabajador del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (uno de los ocho de la primera hornada de licitaciones), considera que la desregulación del empleo público en Sanidad y la precariedad de las plantillas de contratas y subcontratas repercute direc- tamente en la calidad asistencial. “Por poner un ejemplo, desde que abrimos hace un año, nadie ha comido a su hora”, explica Díaz Cardiel a este periódico, “la primera fuente de beneficio que buscan es reducir personal; la segunda, reducir pruebas”. La experiencia en Gran Bretaña demuestra que se redujeron las plantillas entre un 20% y un 30%, con un descenso de un 14% en personal médico y de enfermería y un recorte del 38% del personal de apoyo.

Menos camas
Díaz Cardiel ahonda en los fallos: “Falta personal, falta material, y hay muchas diferencias entre los que estamos contratados por estatuto y quienes vienen por contrata”. El resultado es que, a pesar de que se abrieran ocho hospitales, el número de camas en la Comunidad no ha aumentado, ya que se cerraron camas de los hospitales tradicionales. Marciano Sánchez Bayle, de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, subraya que las prisas con que se licitaron y construyeron esos centros demuestran una “notoria incapacidad de planificación por parte de los responsables de la administración sanitaria madrileña” y pone de ejemplo la caótica implantación del sistema informático que permite seguir las historias de los pacientes.

Más datos de los hospitales británicos plasman que la privatización de la limpieza en los centros ha conllevado problemas de higiene que han situado a Gran Bretaña en primer lugar de la UE en la tasa de infecciones. Esto, junto al descenso de personal médico, de enfermería y no sanitario, ha hecho que el porcentaje de adultos muertos en los hospitales privados sea un 2% mayor que en los no lucrativos. Gómez Liébana explica que Gales y Escocia han paralizado el modelo PFI y han dado marcha atrás, pero que Inglaterra se mantiene fiel como un “caballo desbocado”.

Junto a la amenaza a la sanidad pública para los próximos 30 años (ampliables a 60), el sistema público adolece de otros problemas como las listas de espera, y un déficit casi endémico, el poco gasto público sanitario, que sitúa al Estado español a la cola de los países occidentales de la UE en este aspecto. La principal ventaja para el Estado del modelo PFI es que deuda y déficit del sistema sanitario dejan de computar como gasto público en los indicadores del Eurostat, algo que, según CAS, no deja de ser “un truco de la chistera”.

Gómez Liébana señala cuál será la deriva: “Los hospitales que se queden con los pacientes crónicos, o con los de bajo nivel adquisitivo, van a acabar con los pacientes que más gastan y más atención necesitan, de forma que terminarán descapitalizados, como ya ha ocurrido en otros países”. Para este miembro del CAS, la situación dará lugar a dos redes sanitarias: una para clases con más poder adquisitivo y otra red de beneficencia.

Pablo Elorduy. Diagonal

Universidad europea: ¿giro social en Lovaina?

- ¿El EEES está generando problemas en otros países?

- Creo que no.

Entrevista a Felipe Pétriz, Director General de Universidades del gobierno de España, Público, 15/12/2008.

- En el resto de Europa, ¿cómo está esta historia?
- No protestan. Se ha implantado prácticamente en toda Europa, vamos tarde, vamos tardísimo, y no hay protestas en Europa. De hecho es un proceso…
- En Grecia…
- En Grecia. Hay una punta en Grecia. Pero Europa es muy grande y el proceso se ha implantado, con participación de los estudiantes, y con normalidad.

Bolonya, problema o solució? (Àgora, TV3, 01/12/2008, 01:02:48)

Con motivo de los debates alrededor de las movilizaciones universitarias que han tenido lugar recientemente en España, no han cesado de repetirse afirmaciones como las que encabezan este texto.

Son conocidas las protestas estudiantiles griegas desde principios de 2006 contra el proyecto de ley universitaria que, entre otras cosas, permitía por vez primera la implantación de universidades privadas; quizás no lo sea tanto que este mes de abril todavía se estaban produciendo ocupaciones, desalojos y nuevas ocupaciones de universidades con motivo de la externalización de servicios [1] y menos aún que en muchos países europeos -y no sólo europeos- se han producido y se siguen produciendo protestas estudiantiles, de profesorado e incluso de autoridades académicas contra diversas reformas que apuntan, de forma generalizada, hacia la mercantilización de la universidad (reducción de la financiación pública, aumento de los precios de matrícula, modificación de los sistemas de gobierno para dar entrada a representantes de intereses privados, etc.).

En junio de 2007 se aprobó en Portugal una disposición que prevé la transformación en fundaciones de derecho privado de las universidades públicas (hecha efectiva, a día de hoy, en tres universidades), las cuales, por otra parte, padecen serias dificultades financieras; todo ello ha originado numerosas protestas de rectores, -incluyendo la declaración conjunta de ex-rectores pidiendo la intervención del presidente de la república y el primer ministro- y encierros de estudiantes [2]. Desde la aprobación, en agosto de 2007, de la denominada ley Pécresse (con muchos puntos de contacto con la LRU española, de 1983, y con el proyecto Campus de Excelencia actualmente impulsado también en España) en Francia han ido en aumento las protestas de estudiantes, rectores y personal docente e investigador [3]. También en Italia el curso universitario actual está resultando muy movido, a causa de los recortes drásticos del presupuesto para la enseñanza aprobados por el parlamento en octubre de 2008 [4]. Ha habido asimismo movimientos de protesta en Finlandia [5], en Dinamarca [6] contra un cambio radical en el sistema de gobierno de las universidades y ante el anuncio de un recorte de las becas, en Irlanda [7] y Reino Unido [8] en torno a precios y becas, y en Croacia [9] para pedir la gratuidad de los estudios universitarios.

Estos movimientos antimercantilizadores y en pro de la universidad pública, se declaren o no explícitamente contrarios al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) surgido a partir de la declaración ministerial de Bolonia de 1999, son seguramente la causa principal de la presencia cada vez mayor de la denominada dimensión social del proceso en las declaraciones ministeriales posteriores a la de Bolonia. Ya en la de Praga (2001) se incluye una referencia a dicha dimensión, reclamada por representantes estudiantiles, cuya participación se reconoce como necesaria. En la de Berlín (2003) se describe la enseñanza superior como un bien público y una responsabilidad pública y se afirma la importancia de reducir las desigualdades sociales y de género, en cada país y a escala europea. Las declaraciones de Bergen (2005) y Londres (2007) insisten en estas ideas y las precisan [10].

Pero ha sido en la declaración de la reunión ministerial de los 46 países que participan del EEES que acaba de tener lugar en Lovaina, en plena crisis financiera y económica y con el discurso neoliberal en desbandada, donde la dimensión social de la enseñanza superior ha cobrado protagonismo.

En efecto, la declaración considera “la inversión pública en enseñanza superior”, que es “una responsabilidad pública”, como “una prioridad por encima de cualquier otra”. Reconoce “plenamente el valor de las diversas misiones de la enseñanza superior, desde la docencia y la investigación hasta el compromiso en la cohesión social y el desarrollo cultural”. La declaración se extiende sobre la equidad en el acceso a y la compleción de los estudios: “El estudiantado [...] ha de reflejar la diversidad de las poblaciones europeas”; “el acceso a la enseñanza superior se debe ampliar fomentando el potencial de los grupos infrarepresentados y proporcionando condiciones adecuadas para el desarrollo de sus estudios [...] esto incluye la creación de condiciones económicas apropiadas para que las estudiantes y los estudiantes puedan beneficiarse de las oportunidades de estudiar a todos los niveles.” La educación superior “ha de equipar [...] con los avanzados conocimientos, habilidades y competencias que necesitan a lo largo de su vida profesional” a las personas que la reciben. Finalmente, ministras y ministros confirman “que la financiación pública sigue siendo la principal prioridad para garantizar el acceso equitativo y aún más el desarrollo sostenible de instituciones autónomas de enseñanza superior”.

No deja de sorprender que suscriban una declaración como ésta representantes de gobiernos que están impulsando políticas de signo totalmente contrario, aunque es cierto que elaborar y suscribir declaraciones no implica un compromiso real ante una opinión pública desgraciadamente muy acostumbrada al divorcio entre las promesas y los hechos. Pero se equivocarían los movimientos estudiantiles y, en general, los movimientos pro universidad pública, si no percibieran y aprovecharan las oportunidades que les brinda esta declaración de Lovaina. No se trata tanto de denunciar la distancia entre las palabras y los hechos como de reclamar que los hechos se ajusten a las palabras.

Notas:
[1] Más información sobre Grecia.
[2] Más información sobre Portugal.
[3] Más información sobre Francia.
[4] Más información sobre Italia.
[5] Más información sobre Finlandia.
[6] Más información sobre Dinamarca y aquí.
[7] Más información sobre Irlanda.
[8] Más información sobre Reino Unido y aquí.
[9] Más información sobre Croacia.
10] Página oficial del proceso de Bolonia.

Albert Corominas y Vera Sacristán - Revista Sin Permiso

El falso problema de las pensiones

Según las declaraciones de Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, el sistema de pensiones públicas en España, a fin de garantizar su viabilidad, debe cambiar sustancialmente retrasando la edad de jubilación y calculando la pensión basándose en un periodo laboral más largo que el que hoy se utiliza para calcular la pensión de una persona que se jubila. Propuestas semejantes las ha hecho Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, y más recientemente el Partido Popular Europeo (al cual pertenece el PP español).

Ni que decir que tales declaraciones han sido especialmente citadas y ampliadas en los medios de información y persuasión conservadores y liberales (que son la mayoría), contribuyendo a crear una ansiedad en la población basada en el temor de que habrá recortes significativos de las pensiones, necesarios para que puedan continuar existiendo. Como era previsible, la banca y las cajas están también promocionando esta ansiedad, pues quieren que la población vaya corriendo a aquellas instituciones para comprarse seguros de pensiones privados que sustituyan o complementen las pensiones públicas.

Los argumentos que se utilizan para cuestionar la viabilidad de las pensiones, sin embargo, no tienen peso. Veamos. Almunia, para apoyar sus propuestas, hace referencia a un estudio de la Comisión Europea que señala que el gasto público en pensiones aumentará mucho más en España que en la Unión Europea. Según tal informe, España, que destinó el 8,4% del PIB a la jubilación en 2007, subirá este porcentaje hasta el 15,1% del PIB en el año 2060, porcentaje que el informe considera excesivo, puesto que España necesitará recursos públicos para otros fines –escuelas, servicios sanitarios y otros servicios públicos– que las pensiones absorberán. Esta explicación parece lógica y razonable. Parecería que España no pudiese dedicar tantos recursos, un 15,1% del PIB, en jubilaciones, pues ello significaría que habría menos recursos públicos para otros servicios y transferencias. Pero, por muy lógico y razonable que parezca, este argumento es profundamente erróneo. Y es fácil demostrarlo.

Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es de un 1,5% (una cifra razonable utilizada incluso por el Banco de España) durante el periodo 2007-2060. En este supuesto, el PIB del año 2060 sería 2,25 veces mayor que el PIB del año 2007. Lo que esto quiere decir es que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, entonces el valor del PIB en el año 2060 será de 225. Pues bien, los recursos disponibles para gastarse en otras actividades que no sean pensiones en 2007 fue de 100 menos 8,4 (siendo 8,4 la cantidad que nos gastamos en pensiones aquel año), es decir, 91,6. Y en el año 2060 sería el 15% de un valor del PIB igual a 225, es decir, 33. Lo que quedaría para los no pensionistas sería 225 menos 33, es decir, 192, una cantidad muy superior (más del doble) a la que nos quedaba para pagar otras transferencias y servicios además de las pensiones en el año 2007. La sociedad en 2060 tendrá muchos más recursos para pagar las pensiones y todo lo demás. En realidad, el gasto en pensiones hace 50 años en España era sólo de un 3% del PIB.

Hoy es de un 8% (más del doble del de entonces), y ello no quiere decir que haya menos recursos en España para los no pensionistas que hace 50 años. Todo lo contrario, hay muchos más.
Otro error es no considerar el aumento de la población que trabaja como solución a la posible disminución de fondos de las cotizaciones sociales. Si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de trabajadoras pagando impuestos y cotizando a la Seguridad Social. De ahí que invertir en escuelas de infancia y servicios domiciliarios que ayuden a la integración de la mujer al mercado de trabajo es una inversión pública de gran calado que los economistas del Gobierno español (la mayoría hombres de clase media alta) no habían captado hasta hace poco.

Por otra parte, el retraso de la edad de jubilación es enormemente regresivo a nivel social, pues la salud de los ancianos y la edad en que mueren depende de su clase social. Las personas que están en la decila superior de renta en España viven diez años más que las que pertenecen a la decila inferior. Y ello se debe a que el nivel de salud es mucho mejor en el primero que en el segundo grupo. Las mujeres de la limpieza del Banco de España tienen a los 60 años el mismo nivel de salud que un gobernador de tal banco tiene a los 70. De ahí que pedirle a las clases populares que trabajen todavía dos años más (algunos incluso piden cinco años más) para pagar las pensiones de las personas de rentas superiores que vivirán muchos años más es una enorme injusticia.

Pero el mayor error que Almunia, Fernández Ordóñez y el Partido Popular Europeo cometen es asumir que el sistema de pensiones puede colapsarse por falta de cotizaciones sociales. El sistema de pensiones es uno de los programas públicos más populares de cualquier país, no sólo entre los ancianos, sino entre la población adulta. Los intentos fallidos de muchos analistas que han intentado sustituir la lucha de clases por la lucha de generaciones han fracasado, pues los ancianos son los padres de los adultos y las pensiones son la garantía de estabilidad para estos últimos y sus hijos. Si las cotizaciones sociales no fueran suficientes en el año 2060 (y no hay evidencia que indique que no lo serán), el Estado podría financiarlas directamente con impuestos (como ya hacen muchos países europeos), con lo cual el que fueran o no viables no es una cuestión económica sino política. Es más que dudoso que el programa más popular existente hoy en nuestras sociedades dejara de apoyarse públicamente.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y ex catedrático de Economía
de la Universidad de Barcelona.

Fuente: Diario Público

Teorías neoliberales en la gestión de lo público:Mecanismos de gestión privada en la sanidad pública

Las teorías neoliberales han propugnado la introducción de mecanismos de gestión privada dentro de los sistemas públicos de salud. Estas teorías han tenido especial relevancia a partir de las propuestas de Einthoven en los años ‘80 del siglo pasado, centradas en el desarrollo de la llamada competencia gestionada y el desarrollo de mercados internos dentro de los sistemas sanitarios. La aplicación de estas teorías en los sistemas sanitarios tuvieron un gran desarrollo desde los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido y su puesta en práctica en el Servicio Nacional de Salud lo sumió en una profunda crisis de la que todavía no se ha recuperado.

Las fórmulas concretas son muy variables y se basan en dos premisas: las supuestas virtudes del mercado a la hora de la provisión de los servicios sanitarios y la búsqueda de la eficiencia económica en los centros sanitarios mediante la utilización de las técnicas del sector privado. Sobre estas premisas se ha avanzado en varios modelos de gestión a los que vamos a referirnos centrándonos más en los que se han implantado en España.

FUNDHODINGS

Son médicos de atención primaria con presupuestos. Es un modelo desarrollado en el Reino Unido en el que los médicos de primaria reciben los fondos totales para la atención de sus pacientes y ellos pagan y contratan la hospitalización, derivaciones a especialistas, pruebas diagnósticas, etc., quedándose con los superávit. Presenta muy serios problemas por la tendencia al ahorro de prestaciones necesarias y la gran desigualdad en la atención sanitaria. En España no se ha desarrollado aunque hay alguna experiencia parecida en Cataluña como las EBA (empresas de base asociativa) que son grupos de médicos que conciertan con el sistema sanitario público la asistencia de una población.

TITULARIDAD PÚBLICA Y GESTIÓN PRIVADA

Se trata de fundaciones sanitarias, empresas públicas, etc. Introducen las técnicas de gestión privada en el sistema sanitario, laboralizando el personal. La experiencia indica que se caracterizan por tener un número significativamente menor de personal y un funcionamiento no mejor, pero sí más barato, en comparación con el sistema sanitario tradicional. Las fundaciones son mas baratas que los centros tradicionales, porque tienen menos personal, realizan menos actividad y ‘producen’ menos UPH (unidades de producción hospitalarias = actividad ajustada por complejidad). Las fundaciones son una iniciativa del PP en Galicia extendida a seis comunidades, y que se ha copiado en Inglaterra. Algunos gobiernos autonómicos (Galicia, Murcia) están volviendo a reintegrar a estos centros en la gestión tradicional.

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Una fórmula que consiste en dejar en manos del sector privado la atención sanitaria de un área. Inicialmente, el hospital de Alzira (Alicante) se trató de un centro construido por el sector privado que se hacía cargo de la asistencia especializada durante un plazo de 30 años a cambio del pago de un canon anual. Luego se amplió a la atención primaria y especializada (Alzira y Denia) e incluso a la atención sociosanitaria (Torrevieja). El modelo supone una privatización clara, la prestación queda en manos del sector privado sin dar ninguna opción de elección a los ciudadanos, encarece notablemente el coste y fomenta desigualdades en la asistencia en cuanto a los ciudadanos de la zona asignada y los que provienen de otras zonas (estos se cobran aparte) y también la no utilización de recursos públicos existentes (Valdemoro en Madrid).

INICIATIVAS DE FINANCIACIÓN PRIVADA

El nombre procede del nombre en inglés (PFI) y tiene larga experiencia en el Reino Unido: una empresa privada construye el hospital y se queda con la gestión de la parte no sanitaria a cambio de un pago durante 30- 60 años, mientras que el sector público sigue gestionando lo sanitario.

En Madrid están previstos siete hospitales (seis han iniciado su funcionamiento y además la parte sanitaria se gestiona mediante una empresa pública distinta para cada centro) y otro más en Burgos. Los resultados en Inglaterra son conocidos y coinciden con lo que esta sucediendo en Madrid, tienen menos camas, menos personal, peor funcionamiento y calidad de las prestaciones y muy serios problemas a la hora de coordinarse las dos empresas que conviven en los centros. Por otro lado el coste es muy superior al del modelo tradicional. La conclusión de un estudio de la Organización Mundial de la Salud es que se trata de una mala fórmula que genera más problemas que los que resuelve. En suma, se trata de fórmulas que colocan el ahorro económico por delante de la salud de los ciudadanos y consideran a la salud no como un derecho sino como una mercancía.

Marciano Sánchez Bayle, médico y Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid.

Fuente: Diagonal

Salud Pública: Con un pie en la tumba

Mariam Ali, una joven de 17 años, ya estaba en coma cuando llegó en la parte trasera de un camión al Hospital General de Yamena, la capital de Chad. Embarazada de ocho meses, había estado con convulsiones y presión arterial alta. Su madre necesitó tres días para llevarla a la ciudad desde el pueblo donde viven, en una zona rural, a unos 80 kilómetros del hospital. Pero ya era demasiado tarde. Mariam falleció junto con su bebé unos días después. “Murió por falta de medicamentos elementales y un poco de atención prenatal”, dijo Grace Kodindo, la doctora que trató de salvar a Mariam, quien añadió que “esto no habría pasado nunca en Europa”. Existe un proverbio en Chad que dice que una mujer embarazada tiene un pie en la tumba. Este adagio refleja claramente los terribles riesgos que afrontan las mujeres pobres en el mundo.

Estimaciones conservadoras muestran que más de medio millón de mujeres en países en desarrollo mueren cada año durante el embarazo o el parto. Esto significa una muerte cada minuto. Mientras que en Gran Bretaña una de cada 5.100 mujeres corre el riesgo de morir durante el embarazo, en África Subsahariana las probabilidades son de 1 entre 22. Millones de mujeres que sobreviven al parto sufren lesiones relacionadas con el embarazo que tienen repercusiones durante toda la vida. La mortalidad materna está estrechamente relacionada con los riesgos que llevan a 3,7 millones de niños a la tumba en su primer mes de vida.

La mayoría de los certificados de defunción deja constancia de que han sido víctimas de alguna de las cinco causas principales de muerte materna: eclampsia, hemorragia posparto, infecciones, trabajos de parto prolongados o complicaciones de abortos sin condiciones seguras. Sin embargo, las verdaderas causas son la pobreza y el desdén político.

Se podría prevenir la mayoría de las muertes maternas mediante servicios de salud básicos. Un cuidado prenatal efectivo, la presencia de comadronas cualificadas y el tratamiento obstétrico de emergencia podrían salvar millones de vidas. Dar a las mujeres la posibilidad de tener un mayor control de su fertilidad es otro factor que ayudaría a reducir la mortalidad. Un tercio de las muertes maternas se podrían evitar dando acceso a la planificación familiar y a instalaciones seguras en caso de aborto.

Algunos países han demostrado que se puede avanzar de forma acelerada en este sentido. La tasa de mortalidad materna ha estado disminuyendo en países como Bangladesh, Nepal y Honduras, cuyos gobiernos han priorizado el entrenamiento de parteras y los servicios materno infantiles. Mozambique y Etiopía también han progresado en la buena dirección al haber puesto en marcha programas de formación a gran escala de parteras comunitarias y trabajadores rurales de salud.

Con todo, las cifras globales son impresionantes. Las tasas de mortalidad materna han variado poco en la última década. El mundo está lejos de alcanzar la meta establecida por todos los países en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir en dos tercios la mortalidad materna. A pesar de ello, este tema atrae muy poca atención política. En parte porque las víctimas son pobres, pero también porque persisten profundas desigualdades de género.

La falta de inversión, la mala gestión y el escaso compromiso para lograr la equidad en el sector de salud conlleva riesgos innecesarios para millones de mujeres vulnerables. Menos de la mitad de las mujeres embarazadas en el Sudeste Asiático y África cuenta con atención especializada en el momento del parto. La mayoría recibe poca o ninguna atención prenatal, especialmente si vive en un área rural, es pobre o analfabeta.

En la India –donde ocurre una de cada cinco muertes maternas– la economía proporciona servicios de programación informática al mercado mundial, pero, al mismo tiempo, más del 60% de las mujeres rurales pobres tienen sus hijos sin atención de personal cualificado. Incluso donde existen servicios de salud, el Gobierno cobra por los cuidados maternos e infantiles, concretamente, un impuesto por embarazo y nacimiento. Con esta medida se está excluyendo a los pobres y se refuerzan las desigualdades sanitarias. Para decirlo más claramente, se está matando y mutilando a mujeres y niños vulnerables.

Los donantes internacionales podrían hacer mucho más para combatir la mortalidad materna. Para empezar, podrían cumplir el compromiso del 2005 de duplicar la ayuda a África Subsahariana, donde los cálculos actuales muestran que existe un déficit de 13.000 millones de dólares de EEUU. Pero no es sólo la ayuda económica lo que cuenta. Cuando se trata de salud, los donantes prefieren las iniciativas de temática sencilla, con gran visibilidad y fácil cobertura mediática, como el sida, la malaria y la vacunación infantil. Este enfoque ya ha ido muy lejos y está desviando la atención de un mayor desafío: el fortalecimiento de los sistemas de salud.

La provisión de sistemas efectivos de salud materno infantil requiere un enfoque global que vaya desde la oferta de centros sanitarios rurales hasta hospitales para enviar a los enfermos. Disponer de personal cualificado es la base de cualquier sistema de salud. Sólo en África subsahariana existe una escasez crítica de 1,5 millones de trabajadores especializados en salud. Lo que se necesita de los donantes es un compromiso a largo plazo de financiar, entrenar y apoyar institucionalmente a este sector.

Algunos donantes también necesitan repensar su aporte. Cobrar por servicios de salud materno infantil es tener una visión de corto plazo éticamente indefendible. Sin embargo, algunos donantes, incluido el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), continúan siendo ambiguos respecto a la eliminación de esos cobros. Definitivamente, esta es un área donde el principio básico de servicios nacionales de salud debe aplicarse claramente, de manera que todos los gobiernos proporcionen paquetes gratuitos de asistencia sanitaria para las mujeres embarazadas y los niños.

Kevin Watkins es Profesor de la Universidad de Oxford y director del ‘Informe de Educación para Todos en el Mundo’ de la Unesco.

Fuente: Público

Salud Pública: Epidemia de lucro

La nueva epidemia de influenza porcina que día a día amenaza con expandirse a más regiones del mundo, no es un fenómeno aislado. Es parte de la crisis generalizada, y tiene sus raíces en el sistema de cría industrial de animales, dominado por grandes empresas trasnacionales.

En México, las grandes empresas avícolas y porcícolas han proliferado ampliamente en las aguas (sucias) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un ejemplo es Granjas Carroll, en Veracruz, propiedad de Smithfield Foods, la mayor empresa de cría de cerdos y procesamiento de productos porcinos en el mundo, con filiales en Norteamérica, Europa y China. En su sede de Perote comenzó hace algunas semanas una virulenta epidemia de enfermedades respiratorias que afectó a 60 por ciento de la población de La Gloria, hecho informado por La Jornada en varias oportunidades, a partir de las denuncias de los habitantes del lugar. Desde hace años llevan una dura lucha contra la contaminación de la empresa y han sufrido incluso represión de las autoridades por sus denuncias. Granjas Carroll declaró que no está relacionada ni es el origen de la actual epidemia, alegando que la población tenía una gripe común. Por las dudas, no hicieron análisis para saber exactamente de qué virus se trataba.

En contraste, las conclusiones del panel Pew Commission on Industrial Farm Animal Production (Comisión Pew sobre producción animal industrial), publicadas en 2008, afirman que las condiciones de cría y confinamiento de la producción industrial, sobre todo en cerdos, crean un ambiente perfecto para la recombinación de virus de distintas cepas. Incluso mencionan el peligro de recombinación de la gripe aviar y la porcina y cómo finalmente puede llegar a recombinar en virus que afecten y sean trasmitidos entre humanos. Mencionan también que por muchas vías, incluyendo la contaminación de aguas, puede llegar a localidades lejanas, sin aparente contacto directo. Un ejemplo del que debemos aprender es el surgimiento de la gripe aviar. Ver por ejemplo el informe de GRAIN que ilustra cómo la industria avícola creó la gripe aviar (www.grain.org).

Pero las respuestas oficiales ante la crisis actual, además de ser tardías (esperaron que Estados Unidos anunciara primero el surgimiento del nuevo virus, perdiendo días valiosos para combatir la epidemia), parecen ignorar las causas reales y más contundentes.

Más que enviar cepas del virus para su secuenciación genómica a científicos como Craig Venter, que se ha enriquecido con la privatización de la investigación y sus resultados (secuenciación que, por cierto, ya fue hecha por investigadores públicos del Centro de Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos), lo que se necesita es entender que este fenómeno se va a seguir repitiendo mientras prosigan los criaderos de estas enfermedades.

Ya en la epidemia, son también trasnacionales las que más lucran: las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales. El gobierno anunció que tenía un millón de dosis de antígenos para atacar la nueva cepa de influenza porcina, pero nunca informó a qué costo.

Los únicos antivirales que aún tienen acción contra el nuevo virus están patentados en la mayor parte del mundo y son propiedad de dos grandes empresas farmacéuticas: zanamivir, con nombre comercial Relenza, comercializado por GlaxoSmithKline, y oseltamivir, cuya marca comercial es Tamiflu, patentado por Gilead Sciences, licenciado en forma exclusiva a Roche. Glaxo y Roche son la segunda y cuarta empresas farmacéuticas a escala mundial y, al igual que con el resto de sus fármacos, las epidemias son sus mejores oportunidades de negocio.

Con la gripe aviar, todas ellas obtuvieron cientos o miles de millones de dólares de ganancias. Con el anuncio de la nueva epidemia en México, las acciones de Gilead subieron 3 por ciento, las de Roche 4 y las de Glaxo 6 por ciento, y esto es sólo el comienzo.

Otra empresa que persigue este jugoso negocio es Baxter, que solicitó muestras del nuevo virus y anunció que podría tener la vacuna en 13 semanas. Baxter, otra farmacéutica global (en el lugar 22), tuvo un accidente en su fábrica en Austria en febrero de este año. Le envió un producto contra la gripe a Alemania, Eslovenia y la República Checa, contaminado con virus de gripe aviar. Según la empresa, fueron errores humanos y problemas en el proceso, del cual no puede dar detalles, porque tendría que revelar procesos patentados.

No sólo necesitamos enfrentar la epidemia de la influenza: también la del lucro.

* Investigadora del Grupo ETC

http://www.jornada.unam.mx/2009/04/28/index.php?section=opinion&article=020a1pol

Otros artículos relacionados

Una multinacional americana es denunciada como culpable del brote de la gripe porcina: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84566&titular=una-multinacional-americana-es-denunciada-como-culpable-del-brote-de-la-gripe-porcina-

Entrevista de urgencia con el economista Alejandro Nadal sobre la gripe porcina

“El sospechoso número uno es el sistema de producción industrial de cerdos, en donde el hacinamiento permite el intercambio masivo de virus":
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84614&titular=%E2%80%9Cel-sospechoso-n%C3%BAmero-uno-es-el-sistema-de-producci%C3%B3n-industrial-de-cerdos-en-donde-el-

Influenza porcina: un sistema alimentario que mata

La industria de la carne desata una nueva plaga

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84632&titular=la-industria-de-la-carne-desata-una-nueva-plaga-

La gripe porcina y el monstruoso poder de la gran industria pecuaria
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84539&titular=la-gripe-porcina-y-el-monstruoso-poder-de-la-gran-industria-pecuaria-

El Tamiflú y la gripe porcina

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84586&titular=el-tamifl%FA-y-la-gripe-porcina-