Los detractores de las pensiones públicas, que por lo general escriben al dictado de los intereses de la banca, nos amenazan a diario con la quiebra del sistema. Si bien sitúan la inminente catástrofe en un horizonte temporal que oscila entre las décadas de 2020 a 2060. Cuarenta años de imprecisión en los cálculos dicen poco a favor de quienes los realizan. Mientras tanto, los que ahora mismo está fallando son los sistemas privados de pensiones. Hay que ser muy ingenuo para creer que un plan de pensiones privado puede ser más sólido que el sistema público. Éste cuenta con el respaldo del Estado, que tiene medios suficientes para impedir la quiebra en caso de que en algún momento se desequilibre la proporción entre cotizantes y receptores de pensiones.
Sin embargo, si un fondo privado de pensiones entra en pérdidas, sus gestores saldrán corriendo y dejarán a los suscriptores con el culo al aire. Mientras que entre el Estado y los ciudadanos existe un contrato social implícito para que nadie quede desasistido, la ética asistencial no entra en los cálculos de la empresa privada. La solidaridad está excluida del repertorio neoliberal, cuyos ideólogos defienden el dogma del egoísmo como motor de las relaciones humanas. “No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio”, dejó escrito su profeta Adam Smith. Por lo tanto, tenemos perfecto derecho a pedir a los financieros que saquen sus zarpas de nuestras pensiones.
En efecto, la crisis financiera está afectando a los sistemas de pensiones y muy particularmente a los privados, con una caída del 23% de su valor de media en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) durante el pasado año y un recrudecimiento de la pobreza entre las personas mayores.
Teniendo en cuenta el peso relativo de los planes de pensiones en los ingresos que reciben los jubilados, la caída de estos últimos se situó en torno al 12.5%, explicó en conferencia de prensa Edward Whitehouse, al presentar el informe bienal sobre las pensiones de la OCDE. Un informe en el que se pone el acento en que una de las grandes prioridades de los dispositivos públicos de jubilación debe ser garantizar una “protección efectiva contra la pobreza tanto ahora como en el futuro”.
Esta recomendación deriva de la constatación de un agravamiento de la extensión de la pobreza entre las personas de mayor edad, que ya antes de la crisis afectaba al 13,5% de los mayores de 65 años en los países medios, frente al 10,6% de media en el conjunto de la población.
“Hacen falta sistemas públicos que ofrezcan un ingreso de base” a los pensionistas, pero también se tiene que mantener un reparto entre los dispositivos públicos y privados para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, indicó la jefa de la división de Políticas Sociales de la OCDE, Monika Queisser.
Los países en los que más se desplomaron los activos de los fondos de pensiones en 2008 fueron Irlanda (-37,5%), Australia (-26,7%), Estados Unidos (-26,2%), Islandia (-22,9%) y Bélgica (-21,6%), mientras que en México (-5.2%), República Checa (-7,2%), Alemania (-8,5%), Eslovaquia (-10,5%) y España (-11.7%) es donde la caída fue más moderada.
El impacto para los pensionistas fue variable en función del peso que los sistemas privados tienen en los ingresos de los jubilados, ya que la media del 19,5% para los 23 países analizados por el estudio encierra grandes diferencias.
Así mientras en Canadá las pensiones privadas suponen el 50,6%, en Holanda el 46,5%, en Australia el 44,7% o en el Reino Unido el 43,8%, en la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Austria y Hungría representan menos del 5%, en Italia el 5.3% y en España y Portugal el 6,8%.
La organización insiste en que ante el revés que a causa de la crisis financiera han sufrido los fondos de pensiones, “será importante restablecer la confianza de la gente en el sistema privado”, lo que exige “mejor regulación, una gestión más eficiente, una información más clara sobre los riesgos” y una orientación de las inversiones hacia productos de menos riesgo conforme se acerca la edad de jubilación.
Además, los autores del estudio insisten en que aunque la crisis ha desplazado el centro de atención sobre los retos que plantea el envejecimiento de la población, esos desafíos ,lejos de desaparecer, “se han agravado con la situación económica actual que lleva aparejada más paro: pasará del 5.6% en el conjunto de la OCDE en 2007 al 9,9% en 2010.
A ese respecto, señalaron que mientras ahora hay alrededor de cuatro personas en edad de trabajar por cada una con más de 65 años, esa cifra bajará a dos en el horizonte de 2050.
José Antonio Pérez - ATTAC Madrid
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