Puertas abiertas para la implantación en el Estado español de la Directiva de Servicios del Mercado Interno de la Unión Europea, conocida como “Directiva Bolkestein”. El día 13, el Congreso aprobaba un proyecto de ley que modifica 47 leyes consideradas desde el Gobierno como “obsoletas” y da vía libre a la liberalización de servicios como autoescuelas, mensajerías, estaciones de autobús o empresas de suministro energético que podrán, desde este momento, ser gestionadas por transnacionales o empresas de cualquier país de la Unión sin necesidad de inscribirse en un registro y sustituyendo por declaraciones de responsabilidad las autorizaciones para ejercer la actividad. El sector servicios concentra actualmente cerca del 70% del empleo y el 65% del PIB nacional. Privatización descontrolada Desde ATTAC se apuntan los efectos inmediatos de la aplicación de la Directiva Bolkestein, que van desde la deslocalización masiva de empresas hacia los países de la UE con leyes más permisivas hasta un previsible aumento del fraude fiscal, el descenso de las contribuciones a la Seguridad Social, el empeoramiento de las condiciones laborales y la limitación a los Gobiernos europeos de llevar a cabo políticas de fomento y subvención de servicios esenciales. Las diversas plataformas de defensa de los servicios públicos ven en este proyecto de Ley, presentado por el Gobierno como Ley Omnibus, el primer paso para la privatización definitiva. Ángeles Maestro, de la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública Contra la Privatización, considera que “está dentro de la lógica institucional de dejar hacer al capital privado. Los servicios públicos son el objetivo prioritario”.
Después de que Frederik Bolkestein llevase su propuesta de ley en 2006 al Parlamento europeo, el grupo Verde y la Izquierda Europea presentaron una enmienda a la totalidad que fue rechazada por 486 votos en contra y 153 a favor. Un texto de compromiso posterior, con enmiendas que excluían de la directiva los denominados Servicios Sociales de Interés General, fue aprobado con 391 votos a favor ( los de gran parte de los grupos popular, socialista y liberal de la cámara), 213 en contra y 34 abstenciones. Este marco no satisfizo a los grandes capitales continentales, que veían limitado su acceso a un sector que absorbe 140.000 millones al año. Pero en Estados como el español, antes de la aprobación de la Ley Omnibus, otras leyes como la 15/97, que permiten la participación de capital privado en servicios como la sanidad, habían abierto la puerta a la liberalización total de los servicios básicos.
Negocios seguros
“Es en tiempos de crisis cuando se visibiliza la incompatibilidad entre el capitalismo y el interés general”, explica Maestro. Según ella, el capital se refugia en la gestión de servicios públicos, donde el riesgo no existe, puesto que el dinero es público y el cliente-ciudadano está garantizado, ya que no tiene otra elección, de forma que lo público se convierte en “un reservorio seguro para el capital mientras espera que pase el temporal de la crisis”. Porque el lema del capital privado a la hora de introducirse en la gestión de lo público es, según Maestro, “confundirse con el paisaje. Van introduciéndose poco a poco, jugando con la desinformación para desactivar las posibles respuestas. Actúan como las termitas, y cuando nos queramos dar cuenta se nos habrá caído la casa encima”.
EL PRINCIPIO DEL PAÍS DE ORIGEN
Uno de los puntos más controvertidos de la directiva europea es el Principio de País de Origen (PPO), que permite a una empresa ofrecer un servicio en un país diferente al suyo según las leyes del país donde tiene su sede. Los socialistas alemanes propusieron disociar el acceso al mercado, sujeto al PPO, y la prestación de servicios, sujeta a las normas del país de recepción. “Este matiz no está exento de peligro, ya que permite al PPO colarse de nuevo por la ventana”, opina la eurodiputada alemana Sahra Wagenknecht (grupo Verde), quien califica la Directiva Bolkestein como “un veneno”. Un ejemplo palpable de la aplicación del PPO sucedió en la ciudad sueca de Vaxholm, donde una empresa letona ganó un concurso de construcción y se consideró libre para aplicar a sus trabajadores el salario letón.
Rafa Calleja. Redacción. Diagonal
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