El modelo liberal sanitario: EE.UU.

Existe en España una presión, que procede primordialmente (pero no exclusivamente) de las derechas, de privatizar la sanidad y expandir el aseguramiento sanitario privado a base de ofrecer desgravaciones (es decir, subsidios públicos) a las pólizas de aseguramiento privado sanitario. Sería deseable que tales proponentes visitaran y conocieran el sistema sanitario estadounidense, que está financiado (en su mayoría) de forma privada, a base de pólizas a las compañías de seguro sanitario privado, las cuales gestionan el sistema. Se darían cuenta, rápidamente, de que tal sistema de financiación y gestión de la sanidad es la causa de que la sanidad estadounidense se haya convertido en el problema doméstico número 1 en aquel país. Ni que decir tiene que EEUU dispone de centros sanitarios excelentes y la formación del personal sanitario es de elevadísima calidad. Pero, como ya bien dijo el filósofo Hegel en el siglo XIX, la totalidad es mucho más que la suma de sus partes. Los componentes del sistema pueden ser excelentes y, en cambio, la totalidad puede ser enormemente deficiente. Y esto es lo que ocurre precisamente con la sanidad de aquel país.

Pero veamos primero las características del sistema de financiación sanitaria de aquel país. Tal sistema se estableció inmediatamente después de la II Guerra Mundial. Las izquierdas, (los sindicatos y los movimientos sociales) querían establecer un sistema de financiación pública, propuesta que contaba con el apoyo del Presidente Truman. Las derechas (el mundo empresarial y el capital financiero –banca y compañías de seguro-) se oponían a aquella propuesta, apoyando en su lugar la ley Taft-Harley Act, aprobada por dos terceras partes del Congreso de EEUU (dominado por el Partido Republicano y por los congresistas del Partido Demócrata procedentes del Sur, la región mas conservadora de aquel país). Esta mayoría permitió aprobar la ley, a pesar del veto del Presidente Truman. Esta ley estableció que la cobertura sanitaria se debe negociar en los altamente descentralizados convenios colectivos (empresa por empresa), y tiene que ser financiada con las pólizas de aseguramiento sanitario privado, pagadas conjuntamente por empresarios y trabajadores de cada empresa. Las compañías de seguros privados acuerdan, a su vez, con los proveedores de servicios (tales como médicos y hospitales) la provisión de la atención médica.

El 65% de la población estadounidense tiene su cobertura sanitaria relacionada con su lugar de trabajo. Como consecuencia de este tipo de financiación, aquellos trabajadores que tengan sindicatos fuertes en su lugar de trabajo, es probable que consigan una cobertura extensa (aunque nunca tan extensa como la existente en los países de la UE-15). Pero donde los sindicatos sean débiles o no existan, la cobertura sanitaria de los trabajadores es muy insuficiente o, incluso, pueden no tenerla. De ahí la enorme variabilidad en el grado de cobertura sanitaria que la ciudadanía tenga. Las personas que no trabajan o las que trabajan en centros de trabajo donde los empresarios no quieran (no es mandatario que lo hagan) o no puedan pagar la póliza de aseguramiento sanitario, pueden asegurarse con pólizas individuales, muy caras en caso de tener una enfermedad crónica.

Este sistema fue resultado de la alianza política entre las grandes empresas de EEUU y las compañías de seguro. Las primeras querían controlar a la fuerza del trabajo pues, cuando el trabajador pierde su puesto de trabajo pierde, no sólo su salario, sino también su cobertura sanitaria y la de su familia. El impacto disciplinario de tal sistema es enorme. El trabajador se lo piensa dos veces antes de enfrentarse con el empresario. Ésta es la causa de que EEUU sea el país de la OCDE que tenga menos días de huelga al año. Ello explica que los sindicatos siempre hayan intentado desligar la cobertura sanitaria de la situación laboral del trabajador, promoviendo la universalización de la cobertura sanitaria (tal como propuso el grupo de trabajo de la Casa Blanca, presidido por la Sra. Clinton, del cual yo era miembro). Esto significaría que todo ciudadano o residente tuviera derecho de acceso a los servicios, derecho al que se oponía, hasta hace poco, el gran mundo empresarial, que prefiere que la cobertura sanitaria se haga a través de las empresas, para controlar mejor a los trabajadores. Esta oposición empresarial, sin embargo, comienza a diluirse, puesto que el enorme encarecimiento de las pólizas de seguro sanitario hace que General Motors, por ejemplo, gaste en aseguramiento sanitario para sus empleados más que en cualquier otro input de la producción en automóviles (sea éste acero, neumáticos, o lo que sea). Por cada coche fabricado, General Motors destina 1.600 $ a tal capítulo, mientras que Toyota en Japón destina sólo 74 $ (en impuestos) como su contribución a cubrir la sanidad de los ciudadanos (que son sus empleados). De ahí que algunos empresarios comiencen a tener dudas de los beneficios de tal sistema, pues afecta negativamente su competitividad internacional.

El otro grupo de presión que se beneficia de tal sistema son las compañías de seguro sanitario privadas que, después de las farmacéuticas, son las que tienen los beneficios más elevados de EEUU (12.000 millones de $ en 2007). La persona mejor pagada en EEUU es William McGuire, presidente de la Compañía de seguros sanitarios privados United Health Group, que recibe 37 millones de dólares al año, más 1.776 millones en acciones de tal compañía. Los dirigentes de tales compañías son, según el The New York Times (09.04.05), los ejecutivos con los ingresos más exuberantes.

Este maridaje de intereses ha forjado un sistema que se caracteriza por:

1. Ser enormemente caro. El gasto sanitario representa el 17% del PIB. El gasto público sanitario per cápita de EEUU es el más alto del mundo, 6.397 dólares (en dólares estandarizados para comparar la capacidad adquisitiva del dólar en varios países), mucho más alto que el francés (el más alto de la UE: 3.306 $), el alemán (3.251 $), el británico (2.580 $), el japonés (2.474 $) y el español (2.260 $). Y este gasto público se invierte en cubrir el 51% de los gastos de asistencia sanitaria a los ancianos (Medicare), el 12% de los pobres llamados indigentes medios (Medicaid) y a las Fuerzas Armadas.

2. Ser muy insuficiente, pues a pesar de los enormes costes, 48 millones de habitantes no tienen ninguna cobertura sanitaria, y 93 millones tienen una cobertura insuficiente, es decir, que su seguro sanitario privado es muy limitado, teniéndose que gastar más del 10% de su ingreso familiar para pagar directamente sus facturas médicas.

3. Alcanzar niveles de crueldad. El 40% de las personas que se están muriendo manifiestan que están preocupadas por como ellos o sus familiares pagarán sus facturas médicas.

4. Ser muy impopular, pues sólo el 21% de la población está satisfecha con su sistema sanitario (comparado con el 64% de Francia).

La pregunta que uno se hace es “¿Por qué no se cambia el sistema de financiación sanitaria?”, y la respuesta radica en la privatización del proceso electoral en EEUU. Las campañas electorales de los candidatos las financian los grandes grupos económicos y financieros, incluyendo las compañías de seguros. Estas últimas, por ejemplo, aportaron 525.188 dólares a la candidatura Clinton, 414.853 al candidato Obama, y 277.724 a McCain (que recibió menos porque tal industria creía que no tenía muchas posibilidades de ganar). De ahí se deriva que la clase política sea muy reticente a enfrentarse a las compañías de seguro, que son las que financian sus campañas. De ahí la gran frustración de la población hacia Washington, que representa el maridaje entre los grupos empresariales y financieros y la clase política. ¿Es éste el modelo liberal que las derechas (y algunas voces de centroizquierda) desean para España?

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Artículo publicado en Sistema Digital

Libertad de enseñanza y servicio público

El reconocimiento de los derechos a la educación y a la libertad de enseñanza en el texto constitucional protagonizó las discusiones más acaloradas durante los debates constituyentes, y fue el resultado del consenso entre una derecha partidaria de un sistema educativo de gestión privada pero financiado por el Estado, y una izquierda que propuso que el principal protagonista de la educación fueran los centros públicos. Este debate ha sido resucitado recientemente como consecuencia de la campaña emprendida por los centros concertados que segregan en la escolarización de su alumnado por razón de sexo, ante el temor fundado a perder las subvenciones públicas que perciben; así como por los gobernantes de algunas comunidades autónomas, y en especial por los de la Comunidad de Madrid, que han decidido abanderar la defensa de la libertad de enseñanza en detrimento del derecho a la educación en condiciones de igualdad.

Los defensores de la libertad de enseñanza argumentan que esta satisface el derecho de los padres a elegir colegio conforme a sus convicciones morales y religiosas, y que la obligación del Estado es financiar dicha elección. Lo que no parece lógico es que esta posición la esgriman los propios responsables de que el sistema escolar público cuente con los recursos económicos necesarios para la consecución de sus objetivos de servicio público. Cuando se defiende la libertad de enseñanza y al mismo tiempo se devalúa el nivel de la escuela pública se está abogando por la privatización de la educación y por el retorno a épocas felizmente superadas, en las cuales la educación de calidad era un bien escaso monopolizado en nuestro país por la Iglesia católica, y del que disfrutaban exclusivamente determinadas clases sociales.

Es curioso que los actores referidos reclamen que la escuela privada tenga mayor protagonismo en el sistema educativo, cuando precisamente España es uno de los países de la Unión Europea que dedica mayor porcentaje de su PIB a subvencionar la educación privada. Asimismo, hay que tener en cuenta que las escuelas públicas cumplen con una función social que las escuelas privadas no están dispuestas a asumir, tal y como se deduce de las estadísticas que indican que el grueso de los alumnos de origen inmigrante se escolarizan en las escuelas públicas, y que a las escuelas privadas concertadas –y por lo tanto financiadas por el Estado– asisten los alumnos con mayores niveles de renta.
La educación entendida como servicio público esencial debe servir para remover las desigualdades socioeconómicas, no para fomentarlas. La escuela pública gratuita y competitiva es uno de los pilares sobre los que se asientan los modelos sociales más avanzados, en la medida en la que permite que todo niño, con independencia de su origen social y económico, pueda llegar a donde su talento le lleve sin ninguna traba. En este proceso, los poderes públicos deben apostar decididamente por un modelo de escuela pública laica y de calidad, ya que esta es la mejor garantía para que el principio de igualdad de oportunidades que inspira el sistema educativo no sea una utopía.

Oscar Celador. Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

Fuente: Público

Las cotizaciones sociales

El proceso de diálogo social que se está llevando a cabo ha vuelto a poner en el centro del debate a las cotizaciones sociales pero, una vez más, se hace de forma bastante desenfocada y por eso creo que es más importante que nunca tener algunas ideas claras al respecto.

La patronal reivindica constantemente su rebaja y los economistas más cercanos a las tesis liberales tratan de demostrar que las cotizaciones sociales son un factor negativo para el empleo y, en general, para la actividad económica.

No es fácil poder demostrar taxativamente la relación entre cotizaciones sociales y niveles de empleo (salvo quizá en el caso de segmentos específicos del mercado de trabajo) porque en la determinación de los niveles de empleo y paro siempre influyen un conjunto de factores adicionales que no es fácil conjugar en los modelos lineales y elaborados sobre postulados bastante rígidos que se emplean en el análisis económico.

Pero tampoco hace falta utilizar modelos muy sofisticados para demostrar lo evidente: cuanto más caro sea el factor trabajo, más retardatarias serán a la hora de emplearlo las empresas que solo puedan competir mediante costes reducidos. Lo contrario de lo que ocurre con las empresas innovadoras y que se pueden permitir soportar costes más elevados porque son capaces de competir a través de vías distintas a la de utilizar factores baratos y poco productivos para tratar de vender lo que producen a precio más bajo.

La conclusión, por tanto, será elemental: a las empresas españolas que apuestan por esta última estrategia para penetrar en los mercados (o para obtener beneficios extraordinarios), es cierto que las cotizaciones elevadas le supondrán rémoras importantes. Como las suponen también costes más elevados de energía, de transporte o de cualquier otro tipo. Si a las empresas que no tienen capacidad de competir innovando, mejorando su calidad u ofreciendo productos más atractivos a la demanda, le suben las cotizaciones, tendrán más dificultades y si se las bajan, más ventajas para conseguir beneficios. Es elemental.

Pero la pregunta es si lo que necesita la economía española es incentivar ese tipo de comportamiento empresarial o si, por el contrario, lo que hay que hacer es crear condiciones que incentiven un uso diferente de los recursos, y entre ellos el del trabajo, que no esté dirigido solo a ahorrarse costes sino a ganar mercados de otra forma, a ser más productivos y a obtener beneficios sin tener que empobrecer a los propietarios de esos recursos productivos. Sobre todo, cuando la retribución de uno de ellos, el factor trabajo, es a la postre la que garantiza que se pueda vender una gran parte de lo que se produce.

Como no se hace este último planteamiento, se sigue hablando en España de las cotizaciones sociales como un impuesto sobre el trabajo que pagan las empresas, como un simple coste que hay que reducir para que la carpetovetónica forma de competir que predomina en las empresas españolas salga adelante.

Y, puestos a considerarlo como un impuesto, la cuestión se traduce entonces en determinar si es el mejor tipo impositivo o si debe ser sustituido por otro. Es ahí cuando aparece otro de los juegos de manos que utilizan quienes defienden estas posiciones: como en España las cotizaciones son muy elevadas y nuestro IVA está aún por debajo de la media europea, lo que debemos hacer es reducir las cotizaciones y subir si acaso un poco el IVA, para que así no se resientan del todo los ingresos del Estado.

¡Menuda trampa! Veamos. Las cotizaciones sociales no son un impuesto: ¡son salario! No un salario directo como el que a final de mes reciben los trabajadores pero sí una renta que les proporciona ingresos diferidos (cuando se destinan a financiar las pensiones) o indirectos (si financian la sanidad, el desempleo, etc.).

Por tanto, lo que hay que tener claro cuando la patronal reclama reducir las cotizaciones sociales es que lo que pide es sencillamente reducir los salarios de los trabajadores para obtener más beneficios. No digo que no sea lógico o legítimo sino que es eso lo que significa su demanda.

Y cuando se dice que lo que se debe hacer es reducir las cotizaciones compensando con subidas del IVA la pérdida de ingresos públicos, lo que se está proponiendo es, primero, que los trabajadores ganen menos y, segundo, que además sean ellos en su gran mayoría los que asuman la compensación en los ingresos a través del impuesto indirecto vinculado al consumo que realizan. Por así decirlo, que ganen doblemente menos.

Otro juego de manos consiste en comparar las cotizaciones sociales y el IVA españoles con los europeos y no tener en cuenta el nivel general de imposición o el gasto público y social que no solo condicionan el bienestar de los ciudadanos directamente sino también indirectamente en la medida en que son los factores que pueden contribuir a crear una dotación de capital social que permita innovar y competir de otro modo.

¿Por qué se fijan sólo en que las cotizaciones sociales españolas son muy altas y no hablan de que el impuesto sobre la renta de las personas físicas se ha convertido en uno sobre el trabajo por cuenta ajena, de la imposición sobre el patrimonio, de la inversión en I+D+i, en educación o en cualquiera de los demás componentes del gasto social?

La razón es fácil. Las grandes empresas españolas, y sobre todo las que controlan las organizaciones patronales, están contentas con la situación actual en la que pueden disponer o desprenderse fácilmente de trabajo barato y poco cualificado (el 70% del total), generar altísimos niveles de costes externos sin tener que hacerse cargo de ellos y disfrutar cada vez de mejores condiciones para negociar y moverse en los mercados. Tienen márgenes elevadísimos gracias a ello y al poder de mercado que les proporciona una administración demasiadas veces cómplice o pasiva, y tributan menos que en otros lugares. Se conforman con ello pero están imponiendo al conjunto de las empresas y a la economía y la sociedad en general un modelo productivo insostenible.

Así que aquí lo que hay que hacer es hablar claro. ¿Creemos que lo que hoy conviene a la economía española es que los trabajadores ganen menos y los propietarios del capital más?

La patronal debería hablar claro y tratar de convencernos de que lo mejor es que el modo en que ha crecido nuestra economía siga así siempre y, por supuesto, que nos demuestre que eso es posible sin producir daños ambientales irreversibles, conflictos sociales e incluso la quiebra de millones de pequeñas y medianas empresas que lo que en realidad necesitan es demanda efectiva que no puede venir, en su mayor proporción, más que de salarios directos, indirectos y diferidos suficientes.

La patronal está haciendo un ejercicio de irresponsabilidad histórica al actuar con tanta ceguera o con tanta falta de escrúpulos. Limitarse a tratar de ahorrarse salarios mediante la reducción de las cotizaciones sociales no es solamente algo que perjudique a los trabajadores. Es una estrategia suicida para la inmensa mayoría de las empresas porque solo conviene a las que tienen un poder de mercado que no estará nunca al alcance de todas. Además, están defendiendo una demanda que debilita a la seguridad social, que es lo que busca el lobby bancario para favorecer así el negocio privado, incluso por la vía radical del establecimiento de un sistema de capitalización privado. Así la patronal le hace también el peor de los favores a millones de pequeños y medios empresarios.

La patronal no solo se pone enfrente de los sindicatos, o del gobierno como quieren hacer creer. Se está situando enfrente de toda las sociedad manteniendo una postura ciega y radical que lo único que busca es aumentar los privilegios de los más ricos para ganar más y para quitarse de encima los impuestos que contribuyen al sostenimiento de la sociedad, una estrategia que en ningún otro país ha dado resultados que no sean los de empobrecer a todos y frenar la modernización de la economía.

Juan Torres – Consejo Científico de ATTAC España

Artículo publicado en Sistema Digital.

La calidad de los servicios privatizados

El sector público se ha ido retirando, paulatinamente, de la producción directa de la mayoría de los servicios que presta a los ciudadanos. Esta retirada ha abierto las puertas a la competencia. Empresas y, en su caso, entidades sin ánimo de lucro compiten entre sí para prestar sus servicios en ámbitos tan dispares como el cuidado de los ancianos o las instalaciones polideportivas. Esto ha sucedido en España durante los últimos 20 años. En algunas comunidades autónomas y ayuntamientos (por ejemplo, los gobernados por el Partido Popular) el proceso se ha efectuado de forma muy intensa y desinhibida. Sin embargo, el fenómeno es mucho más extenso y abarca la práctica totalidad de las administraciones públicas. De hecho, la opinión pública no ha registrado todavía la magnitud del cambio: en la actualidad, el papel del sector privado se da por descontado en amplísimas zonas de los servicios que tradicionalmente había prestado directamente el sector público.

El impulso ideológico de este proceso procedió, como es lógico, de posiciones liberales. La respuesta que ha generado en posiciones progresistas ha sido, en mi opinión, insuficiente y a menudo mal enfocada. Cuando se ha tratado de dar una respuesta desde la oposición esta se ha basado, sobre todo, en limitar el impacto de las reformas sobre los derechos de los trabajadores. En las administraciones gobernadas por partidos progresistas se ha aceptado, frecuentemente de forma acrítica, la inevitabilidad del proceso. En cualquiera de los dos casos ha pasado a un segundo plano una cuestión que considero crucial: cómo garantizar la calidad de los servicios para los ciudadanos.

Desde que se empezaron a estudiar seriamente estas reformas privatizadoras, en los países anglosajones en la década de 1980, se identificó la cuestión de la calidad como su punto más débil. Cómo evitar que las empresas, con objeto de reducir sus precios, erosionen la calidad de los servicios. Existen una diversidad de soluciones específicas para evitarlo, que empiezan en el diseño de los concursos y continúa con la evaluación del servicio. Pero, aunque las administraciones han aprendido a externalizar y privatizar, no han aprendido cómo hacerlo bien. Una y otra vez nos encontramos ejemplos de malos servicios que quizás salen baratos a la administración, pero que finalmente no proporcionan lo que necesitan los ciudadanos.

Y no hay que olvidar una cuestión: aunque sean entidades privadas las que producen los servicios, los que financian siguen siendo los gobiernos y, por tanto, los ciudadanos. En ellos reside la decisión última acerca de qué nivel de calidad es exigible y si este se alcanza. La calidad es importante en servicios que podríamos definir como “dirigidos a la propiedad” (pensemos, en los servicios urbanísticos o los de recogidas de residuos urbanos, por ejemplo). Pasa a ser no ya importante sino crítica cuando nos referimos a servicios básicos de atención a las personas, como la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Jorge Calero es Catedrático de Economía Aplicada

Fuente: Público

Gota china

Se inmoviliza al reo boca arriba y se vierte sobre la frente una gota de agua fría cada cinco segundos. Las primeras parecen inofensivas, pero al cabo de varias horas el torturado muere. Se llama gota china y es un método de tortura incruento, pero efectivo. En España hacer negocio con la sanidad es difícil mientra exista la Seguridad Social.

Con todas las listas de espera que se quiera, con todos los fallos que podamos alegar, tenemos uno de los mejores sistemas públicos de sanidad de todo el mundo, incluido el holandés, donde la sanidad privada prácticamente no existe. Basta con hacer un poquito de turismo para darse cuenta. Acabar con la sanidad pública española no es fácil, pero es posible. En primer lugar se requieren políticos que defiendan con argumentos ideológicos la transferencia de competencias sanitarias a las comunidades autónomas. Antes o después una de ellas será gobernada por alguien sin escrúpulos que quiera hacerse rico o enriquecer a los amigos con el negocio de los hospitales. Troceado, es más fácil acabar con el sistema.

Y ahora es cuando viene la gota china. Sólo hay que tener paciencia. Se suelta una acusación falsa de homicidio por aquí, se aplica una roñosa política de personal por allá, y alguien acabará muriendo por accidente, seguro. Y si es un niño, mejor, que da más pena. Y si su madre se ha muerto antes por una incompetencia médica, perfecto. Entonces se sale a la palestra y se reconoce sin ambages el error: que no quede ninguna duda, pero ninguna, de que la culpable de esa muerte tan horrible es la ineficaz sanidad pública. Quedas como dios y la gente empieza a desfilar por la privada.

Antonio Orejudo. Público

La reforma laboral, ¿sucedáneo de la reforma financiera?

Mientras en Europa los gobiernos nacionales pierden credibilidad día a día ante los ciudadanos, los grandes grupos de comunicación alimentan el culto reverencial a los tecnócratas europeos o de Washington, cooperando a la desinformación y a la evangelización neoliberal. Un buen ejemplo de esta cooperación es la entrevista del domingo 12 julio 2009 en el País con José Manuel González-Páramo, consejero del Banco Central Europeo. Este distinguido profesor universitario promovido al BCE por el gobierno de Aznar, aprovecha la oportunidad para impartir sutilmente doctrina, amparado en la aureola del cargo y la tribuna del medio. Veamos solamente dos puntos abordados en la entrevista:

Reforma laboral

Sobre el desarrollo de la crisis económica, admite que “algunos países tendrán crecimiento positivo a partir de junio de 2010, pero todo está rodeado de una gran incertidumbre”. Sin embargo esta “gran incertidumbre” no le impide dar lugar al titular periodístico “sin reforma laboral no habrá crecimiento duradero”. Sus argumentos se deslizan en dos afirmaciones que son, digamos, meras convicciones personales:

1º. “Si se mantiene la segmentación entre fijos y temporales - dice el entrevistado - lo que ocurrirá será que los protagonistas serán los nuevos temporales, muchos de ellos con una cualificación no adecuada para ese modelo nuevo” (alusión al nuevo modelo económico propugnado por el gobierno español). Para el buen entendedor está claro: hay que suprimir el segmento de los fijos introduciendo el despido libre o abaratándolo como piden el gobernador del Banco de España y la CEOE. Digamos para la salida de la crisis se pide más poder para el capital y menos para el trabajo, para expresarlo con conceptos olvidados. Pero esta vez se expone con un argumento retorcido y sin apoyo en la realidad; porque ahora los contratados temporales ya no son peones de la construcción como antaño sino ingenieros de caminos en la construcción; y muchos otros profesionales muy cualificados en otros sectores.

2º. El entrevistado afirma que “el mercado laboral español es poco exportable, al contrario que el modelo de supervisión (bancaria) (…) aplicado desde mediados de los noventa”. El juego argumental negativo es impactante, pero deja la duda sobre cuántos lectores lo habrán descifrado. ¿Desde cuando “se exportan” los mercados? Y si “mercado” va en lugar de “modelo”, recordemos que nuestro modelo laboral nos vino de Europa y que la crisis ha demostrado su flexibilidad llevando al paro a cuatro millones en solo unos meses. Porque a nadie se le escapa que hoy por hoy, ante la ausencia de un marco laboral europeo, son nacionales los llamados “mercados laborales” (o mejor dicho, los sistemas laborales institucionalizados con sindicatos, convenios colectivos, legislación básica, etc.). Aunque los sueldos y salarios en España sufran la presión a la baja por las avalanchas inmigratorias desde el Este o desde el Sur o allende el océano. En resumidas cuentas, como en las declaraciones del ínclito gobernador del Banco central español, se trata de vendernos más desregulación y más libertad de acción para los empresarios en lugar de recuperar el control sobre las finanzas.

Además, las reiteradas loas a las excelencias de la supervisión bancaria española pretenden esconder que el Banco de España no controla la filiales en paraísos fiscales de los bancos españoles, como tampoco controla sus operaciones financieras extracomunitarias. En el fondo, lo que trata el entrevistado como tantos otros tecnócratas, en puestos sin responsabilidad política, es de vendernos que aquí no habido crisis financiera porque nuestro Banco central exigía provisiones para prevenir fallidos; y se empeñan en ignorar las millonarias pérdidas del pequeño ahorro en la Bolsa por la volatilidad importada y por los productos financieros que nadie garantizaba ni controlaba, por no citar los nefastos efectos económicos.

Afirma el consejero del BCE que “cuando hay entidades internacionales cuyo tamaño es mayor que el de la economía del país donde tienen su sede, el supervisor debe ser multinacional”. Pero omite mencionar previamente las graves lagunas institucionales europeas, que la UE carece de supervisor comunitario para la banca transnacional; ni tampoco da cuenta a los lectores de los proyectos que se manejan en el BCE para llenar este vacío sin pasar por un tratado, como el profesor González-Páramo explicaba públicamente hace unos meses en un encuentro en Madrid.

Los rescates bancarios en Europa

Nos dice el entrevistado que “debe alabarse la labor de la Comisión europea para que estas ayudas (a los bancos) no afecten a las condiciones de la competencia” Y ¿qué sentido tiene aplicar la norma de la competencia intraeuropea a los grandes bancos cuando realmente estos compiten en mercados financieros globales? Porque la realidad que se oculta a los ciudadanos es que la UE no tiene fronteras para los movimientos financieros extracomunitarios, además de carecer de supervisor comunitario. El espacio dedicado a la reforma laboral podría haberlo dedicado el señor González-Páramo y el entrevistador a explicar a los lectores de tan relevante periódico la reforma financiera que se está cociendo entre el BCE y el ejecutivo de Bruselas, sin debate político.

Respecto al nuevo fondo de ayuda a los bancos y cajas españolas, el consejero del BCE considera que “el diseño del FROB es adecuado, tanto por los fondos como por el papel dominante del Banco de España”. Pero entrevistado y entrevistador omiten que una vez más el dinero público se utiliza para la ayuda de la banca sin contrapartidas y sin impedir que sigan defraudando al fisco mediante sus sucursales y filiales en micro países y territorios catalogados como paraísos fiscales.

Finalmente, resulta muy significativa la pregunta del periodista económico que hace pensar en su desinformación personal o en que busca trasladarla a los lectores con la cooperación del consejero del BCE:

-Pregunta: “¿Hay presiones nacionales que impiden que algunas entidades digan todo lo malo que tienen en sus balances? ¿No debería ser más duro el BCE?”

-Respuesta. “Sin transparencia no volverá la confianza a los mercados, pero también se necesita una buena normativa de protección del inversor. Los bancos europeos todavía no tienen un camino largo que recorrer en transparencia, aunque han recorrido bastante. El BCE no puede regañar a instituciones, pero si exigir transparencia en los activos que admitimos para facilitar liquidez.”

Después de dos años de crisis financiera no se conoce realmente la solvencia de los bancos y que la opacidad de los banco europeos es un hecho incontrovertible porque el BCE es un simple banco emisor del euro sobre el cual fija el precio, el tipo de interés. Por eso, el consejero del BCE González Páramo, respondiendo a una interpelación el 26 enero 2009, en las jornadas organizadas por el Movimiento europeo en Madrid (véase entrada en este blog), admitía públicamente la posibilidad de que el BCE hubiera concedido préstamos a bancos europeos insolventes. Algunos bancos europeos rescatados con dinero público como Dexia, Fortis, los landesbanken alemanes y otros analizados en nuestro último libro (Al rescate de los paraísos fiscales). La cortina de humo del G-20.Icaria, junio 2009), podrían haber recibido dinero público europeo aun siendo insolventes como luego se reveló; porque el BCE carece de competencias de supervisión sobre las cuentas de los bancos del Eurosistema; de ahí que no pueda “regañar” a los bancos, como se dice en la entrevista. En cambio, en la anterior ocasión referida, el consejero precisó que el Banco Central Europeo realiza sus inyecciones de liquidez a los bancos europeos que “llevan el sello de solventes” que les han dado sus respectivos Bancos centrales nacionales.

Para remate, no podía dejar de aludir a la intervención de la mano invisible del mercado para superar la crisis bancaria, cuando nos dice que “a medida de que regresemos a la situación de riesgos calculables y se reduzca la incertidumbre, el mercado interbancario volverá a ser el protagonista. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Es absolutamente fútil intentar fijar una fecha.” Como en el plano de la religión, no sabemos cuando. Pero nuestros tecnócratas y expertos oficiales mantienen la creencia en el poder redentor de la desregulación que nos ha llevado a la recesión económica y que nos ha traído los millones de parados.

Juan Hdez. Vigueras - Consejo Científico de ATTAC España.

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Los ancianos, ¿un problema?

Uno de los argumentos que se utilizan con mayor frecuencia para cuestionar la viabilidad de los estados del bienestar en Europa es el de la transición demográfica, según la cual el creciente número de ancianos en las poblaciones europeas está haciendo insostenibles los servicios públicos (como los servicios sanitarios) que sirven primordialmente a este sector de la población. En tal postura se asume que, como consecuencia del crecimiento de la población anciana (el grupo de la población que consume más recursos sanitarios), estos servicios quedarán colapsados por su incapacidad de responder a la gran demanda de servicios de esta población.

La evidencia científica existente cuestiona, sin embargo, tales supuestos. Es cierto que los ancianos consumen más servicios sanitarios que los jóvenes y adultos. Ahora bien, los estudios realizados por el Center for Studying Health Systems Change de EEUU muestran que en EEUU sólo un 10% de incremento de los gastos sanitarios se debe al mayor crecimiento de utilización de los servicios sanitarios por parte de los ancianos (el crecimiento anual del gasto sanitario en EEUU es un 8,1%, del cual sólo un 0,73% se debe al crecimiento del consumo sanitario de la población mayor de 65 años). Esto quiere decir que el 90% del crecimiento del gasto se debe, en realidad, al crecimiento de la inflación médica, a la mayor intensidad tecnológica en los tratamientos (debido, en parte, al acceso a nuevas tecnologías médicas) y al crecimiento de la población. Sólo un 10% se debe al crecimiento de la población anciana. Es más, el profesor Thomas Bodenheimer, en un artículo en Annals of Internal Medicine (2005.142:847-54), ha documentado en un estudio internacional el impacto del envejecimiento en los servicios sanitarios, mostrando que no hay una relación estadística entre el gasto sanitario en un país y el porcentaje de la población que es anciana. Estos y muchos otros estudios han confirmado que el crecimiento del porcentaje de la población anciana dista mucho de ser una de las primeras causas del crecimiento del gasto sanitario. Otros factores -que apenas tienen visibilidad mediática- juegan un papel mucho más importante que el crecimiento de tal población. Y en cambio, los medios se centran casi exclusivamente en la creciente ancianidad de la población, transmitiendo un mensaje antiancianos que culpabiliza a estos de las crisis de la sanidad. Esta situación alcanza su máxima expresión en España, donde la masificación existente en la atención sanitaria pública se atribuye precisamente a un supuesto abuso del sistema por parte de los ancianos, ignorando que el mayor problema no es este inexistente abuso, sino el muy escaso gasto público en tales servicios (España tiene el gasto público sanitario por habitante más bajo de la UE-15).

En realidad, se exagera el impacto de la edad en la enfermedad, ignorándose que existe un mejoramiento muy notable de la salud de los ancianos. Un artículo, publicado por el National Long Term Care Survey, muestra en EEUU un gran descenso de las discapacidades crónicas entre los ancianos durante las últimas dos décadas, lo cual explica que, mientras el número de ancianos creció de 26,9 millones en 1982 a 35,5 millones en 1999, el número de personas con discapacidades crónicas descendió durante el mismo periodo pasando de 7,1 millones a 7 millones. Un mayor número de ancianos no implica que, automáticamente, haya más enfermedad y discapacidad y mayor gasto sanitario. Debiera, por lo tanto, relativizarse lo que se considera, erróneamente, como una amenaza a la viabilidad del sistema sanitario como consecuencia del incremento de la esperanza de vida. La discapacidad y enfermedad han disminuido notablemente, de manera que los gastos de una persona que sobrevive 14,3 años tras llegar a los 70 años son los mismos gastos sanitarios que los de una persona que viva sólo 11 años más tras alcanzar los 70 con escasa salud. En general, a mayor crecimiento de la longevidad, menor discapacidad durante la ancianidad. Es más, el gasto sanitario durante el último año de vida tiende a ser muy semejante independientemente de la esperanza de vida y representa un gasto menor del gasto total, no habiendo variado sustancialmente en los últimos 20 años.

Igualmente falso es el argumento de que se gasta demasiado en tratamientos intensivos en el momento final de sus vidas. Sólo un 3% de las personas que mueren reciben atención intensa, habiendo sido un porcentaje casi constante en los últimos 20 años. Y todos los estudios muestran que las personas por debajo de 50 años reciben más intervenciones que implican mayor coste -como cirugía mayor, diálisis y cateterizados- que no personas ancianas por encima de 70 años. Existe evidencia -que puede considerarse preocupante- de que los ancianos reciben menos atención médica que personas adultas que tienen la misma condición patológica y médica. Varios estudios han documentado que el gasto por paciente es menor a medida que la edad del paciente aumenta, lo cual es el resultado, en parte, de un prejuicio entre los profesionales del sistema hacia los ancianos (ver Pan, C. X., Chai, E. y Farber, J. Myths of the High Medical Costs of Old Age and Dying, International Longevity Center, 2007). Nada de lo dicho debiera interpretarse como un argumento en contra de facilitar a los ancianos y a cualquier persona (sea de la edad que sea), el derecho a una muerte digna, escogida por la persona en el momento que así lo considere. Ni tampoco que la postura presentada en este artículo implique que deban extenderse los cuidados a los ancianos o a cualquier persona independientemente de su edad, por encima del periodo médicamente necesario. Pero tampoco es correcto y éticamente aceptable que se reduzca como consecuencia de su edad. Ya es hora de que se reconozca en las sociedades desarrolladas, incluida España, que existe un prejuicio en contra de los ancianos (llamados “abuelos”), que debiera denunciarse y corregirse.

Vicenç Navarro - Consejo Científico de ATTAC España

Artículo publicado en Diario Público.