domingo, 28 de junio de 2009

Vía libre a la aplicación de la Directiva Bolkestein

Puertas abiertas para la implantación en el Estado español de la Directiva de Servicios del Mercado Interno de la Unión Europea, conocida como “Directiva Bolkestein”. El día 13, el Congreso aprobaba un proyecto de ley que modifica 47 leyes consideradas desde el Gobierno como “obsoletas” y da vía libre a la liberalización de servicios como autoescuelas, mensajerías, estaciones de autobús o empresas de suministro energético que podrán, desde este momento, ser gestionadas por transnacionales o empresas de cualquier país de la Unión sin necesidad de inscribirse en un registro y sustituyendo por declaraciones de responsabilidad las autorizaciones para ejercer la actividad. El sector servicios concentra actualmente cerca del 70% del empleo y el 65% del PIB nacional.

Privatización descontrolada Desde ATTAC se apuntan los efectos inmediatos de la aplicación de la Directiva Bolkestein, que van desde la deslocalización masiva de empresas hacia los países de la UE con leyes más permisivas hasta un previsible aumento del fraude fiscal, el descenso de las contribuciones a la Seguridad Social, el empeoramiento de las condiciones laborales y la limitación a los Gobiernos europeos de llevar a cabo políticas de fomento y subvención de servicios esenciales. Las diversas plataformas de defensa de los servicios públicos ven en este proyecto de Ley, presentado por el Gobierno como Ley Omnibus, el primer paso para la privatización definitiva. Ángeles Maestro, de la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública Contra la Privatización, considera que “está dentro de la lógica institucional de dejar hacer al capital privado. Los servicios públicos son el objetivo prioritario”.

Después de que Frederik Bolkestein llevase su propuesta de ley en 2006 al Parlamento europeo, el grupo Verde y la Izquierda Europea presentaron una enmienda a la totalidad que fue rechazada por 486 votos en contra y 153 a favor. Un texto de compromiso posterior, con enmiendas que excluían de la directiva los denominados Servicios Sociales de Interés General, fue aprobado con 391 votos a favor ( los de gran parte de los grupos popular, socialista y liberal de la cámara), 213 en contra y 34 abstenciones. Este marco no satisfizo a los grandes capitales continentales, que veían limitado su acceso a un sector que absorbe 140.000 millones al año. Pero en Estados como el español, antes de la aprobación de la Ley Omnibus, otras leyes como la 15/97, que permiten la participación de capital privado en servicios como la sanidad, habían abierto la puerta a la liberalización total de los servicios básicos.

Negocios seguros
“Es en tiempos de crisis cuando se visibiliza la incompatibilidad entre el capitalismo y el interés general”, explica Maestro. Según ella, el capital se refugia en la gestión de servicios públicos, donde el riesgo no existe, puesto que el dinero es público y el cliente-ciudadano está garantizado, ya que no tiene otra elección, de forma que lo público se convierte en “un reservorio seguro para el capital mientras espera que pase el temporal de la crisis”. Porque el lema del capital privado a la hora de introducirse en la gestión de lo público es, según Maestro, “confundirse con el paisaje. Van introduciéndose poco a poco, jugando con la desinformación para desactivar las posibles respuestas. Actúan como las termitas, y cuando nos queramos dar cuenta se nos habrá caído la casa encima”.


EL PRINCIPIO DEL PAÍS DE ORIGEN

Uno de los puntos más controvertidos de la directiva europea es el Principio de País de Origen (PPO), que permite a una empresa ofrecer un servicio en un país diferente al suyo según las leyes del país donde tiene su sede. Los socialistas alemanes propusieron disociar el acceso al mercado, sujeto al PPO, y la prestación de servicios, sujeta a las normas del país de recepción. “Este matiz no está exento de peligro, ya que permite al PPO colarse de nuevo por la ventana”, opina la eurodiputada alemana Sahra Wagenknecht (grupo Verde), quien califica la Directiva Bolkestein como “un veneno”. Un ejemplo palpable de la aplicación del PPO sucedió en la ciudad sueca de Vaxholm, donde una empresa letona ganó un concurso de construcción y se consideró libre para aplicar a sus trabajadores el salario letón.

Rafa Calleja. Redacción. Diagonal

No podemos confiar en los sistemas privados de pensiones

Los detractores de las pensiones públicas, que por lo general escriben al dictado de los intereses de la banca, nos amenazan a diario con la quiebra del sistema. Si bien sitúan la inminente catástrofe en un horizonte temporal que oscila entre las décadas de 2020 a 2060. Cuarenta años de imprecisión en los cálculos dicen poco a favor de quienes los realizan. Mientras tanto, los que ahora mismo está fallando son los sistemas privados de pensiones.

Hay que ser muy ingenuo para creer que un plan de pensiones privado puede ser más sólido que el sistema público. Éste cuenta con el respaldo del Estado, que tiene medios suficientes para impedir la quiebra en caso de que en algún momento se desequilibre la proporción entre cotizantes y receptores de pensiones.

Sin embargo, si un fondo privado de pensiones entra en pérdidas, sus gestores saldrán corriendo y dejarán a los suscriptores con el culo al aire. Mientras que entre el Estado y los ciudadanos existe un contrato social implícito para que nadie quede desasistido, la ética asistencial no entra en los cálculos de la empresa privada. La solidaridad está excluida del repertorio neoliberal, cuyos ideólogos defienden el dogma del egoísmo como motor de las relaciones humanas. “No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio”, dejó escrito su profeta Adam Smith. Por lo tanto, tenemos perfecto derecho a pedir a los financieros que saquen sus zarpas de nuestras pensiones.

En efecto, la crisis financiera está afectando a los sistemas de pensiones y muy particularmente a los privados, con una caída del 23% de su valor de media en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) durante el pasado año y un recrudecimiento de la pobreza entre las personas mayores.

Teniendo en cuenta el peso relativo de los planes de pensiones en los ingresos que reciben los jubilados, la caída de estos últimos se situó en torno al 12.5%, explicó en conferencia de prensa Edward Whitehouse, al presentar el informe bienal sobre las pensiones de la OCDE. Un informe en el que se pone el acento en que una de las grandes prioridades de los dispositivos públicos de jubilación debe ser garantizar una “protección efectiva contra la pobreza tanto ahora como en el futuro”.

Esta recomendación deriva de la constatación de un agravamiento de la extensión de la pobreza entre las personas de mayor edad, que ya antes de la crisis afectaba al 13,5% de los mayores de 65 años en los países medios, frente al 10,6% de media en el conjunto de la población.

“Hacen falta sistemas públicos que ofrezcan un ingreso de base” a los pensionistas, pero también se tiene que mantener un reparto entre los dispositivos públicos y privados para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, indicó la jefa de la división de Políticas Sociales de la OCDE, Monika Queisser.

Los países en los que más se desplomaron los activos de los fondos de pensiones en 2008 fueron Irlanda (-37,5%), Australia (-26,7%), Estados Unidos (-26,2%), Islandia (-22,9%) y Bélgica (-21,6%), mientras que en México (-5.2%), República Checa (-7,2%), Alemania (-8,5%), Eslovaquia (-10,5%) y España (-11.7%) es donde la caída fue más moderada.

El impacto para los pensionistas fue variable en función del peso que los sistemas privados tienen en los ingresos de los jubilados, ya que la media del 19,5% para los 23 países analizados por el estudio encierra grandes diferencias.

Así mientras en Canadá las pensiones privadas suponen el 50,6%, en Holanda el 46,5%, en Australia el 44,7% o en el Reino Unido el 43,8%, en la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Austria y Hungría representan menos del 5%, en Italia el 5.3% y en España y Portugal el 6,8%.

La organización insiste en que ante el revés que a causa de la crisis financiera han sufrido los fondos de pensiones, “será importante restablecer la confianza de la gente en el sistema privado”, lo que exige “mejor regulación, una gestión más eficiente, una información más clara sobre los riesgos” y una orientación de las inversiones hacia productos de menos riesgo conforme se acerca la edad de jubilación.

Además, los autores del estudio insisten en que aunque la crisis ha desplazado el centro de atención sobre los retos que plantea el envejecimiento de la población, esos desafíos ,lejos de desaparecer, “se han agravado con la situación económica actual que lleva aparejada más paro: pasará del 5.6% en el conjunto de la OCDE en 2007 al 9,9% en 2010.

A ese respecto, señalaron que mientras ahora hay alrededor de cuatro personas en edad de trabajar por cada una con más de 65 años, esa cifra bajará a dos en el horizonte de 2050.

José Antonio Pérez - ATTAC Madrid

http://carnetdeparo.blogspot.com/

jueves, 25 de junio de 2009

¿Demasiados funcionarios?

Existe una visión bastante generalizada en los foros conservadores y liberales (y también en algunos foros de izquierdas) de que el sector público en España está sobredimensionado. Es decir, se considera que la Administración Pública es demasiado grande, percepción que se ha incrementado a raíz del aumento del gasto público invertido (por parte de las CCAA y de los municipios) en crear ocupación en los servicios públicos como parte de la respuesta del Estado español a la crisis actual. Así, en los últimos días, han aparecido dos artículos, uno en El País, en la edición de Cataluña (titulado “Funcionarios”, 17-06-09), y otro en El Periódico (titulado “La cifra de funcionarios se acerca a la de empresarios”, 15-06-09), que señalaban la alarma de que el número de lo que tales artículos definen como funcionarios es casi idéntico al número de empresarios y autónomos en España. Estos artículos son representativos de una percepción bastante generalizada que requiere una corrección.

Tales tesis, y la evidencia que utilizan para apoyarlas, son erróneas. En primer lugar, lo que se define en aquellos artículos como funcionarios no lo son. Las cifras que tales artículos citan corresponden al número de personas que trabajan en los servicios públicos (tanto del Gobierno central y autonómico como del municipal), incluyendo los servicios públicos del Estado del bienestar (tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda social) y los servicios generales (como correos, transportes públicos y servicios de seguridad, entre otros). Estos empleados tienen varios tipos de contratos, siendo el funcionarial la minoría (un 28%). Es lógico que el número de personas que trabajan en el sector público sea mayor que el número de empresarios y autónomos. Ello ocurre en todos los países de la UE-15 (el grupo de países que tiene semejante nivel de desarrollo al nuestro). En realidad, España es el país europeo donde esta relación empresarios y autónomos versus empleados del sector público favorece más al primer grupo.

Así, mientras que en España (2008) el porcentaje de personas adultas que son empresarios y autónomos es mayor (10,64%) que el promedio de la UE-15 (9,78%), el porcentaje de personas adultas que trabajan para el sector público es sólo el 9%, uno de los más bajos de la UE-15 (cuyo promedio es el 16%). En los países escandinavos es el 26% para Dinamarca, el 22% para Suecia y el 19% para Finlandia, estando estos entre los países cuya economía es más eficiente y emprendedora en la OCDE, tal como señala el último informe sobre competitividad y eficiencia económica de esa organización, publicado por el prestigioso Economic Policy Institute de Washington. Una situación semejante ocurre, por cierto, en Cataluña, donde el número de empleados en el sector público es incluso menor. En contra de lo que dicen aquellos artículos, el problema que tenemos en España es el opuesto al que tales reportajes denuncian: el sector público está subdesarrollado en lugar de sobredimensionado.

La mayor causa del subdesarrollo del sector público es la falta de ingresos al Estado, consecuencia de la limitada carga fiscal, una de las más bajas de la UE. Es sorprendente que ello sea motivo de orgullo por parte de dirigentes del Gobierno socialista español. Una de las causas de esta subfinanciación del Estado español (sea central, autonómica o municipal) es el enorme fraude fiscal que, según los propios técnicos haciendistas de la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno español, alcanza la cifra de 88.617 millones de euros, fraude realizado a la Agencia Tributaria del Estado español (58.676 millones) y a la Seguridad Social (29.941 millones).

Para hacernos una idea de lo que estas cifras significan, tenemos que saber que España se gasta 58.000 millones de euros menos de lo que debiera gastarse en su Estado del bienestar, para alcanzar la cifra del gasto público social per cápita que nos merecemos por el nivel de desarrollo económico que tenemos. La mayoría de este fraude procede del mundo empresarial y financiero; según las declaraciones de la renta, los empresarios en España ingresan unos 6.000 euros menos que los asalariados. Ningún otro país de la UE se encuentra en esta situación. Por cierto, el Estado español es el que se gasta menos de la UE-15, el 0,06% del PIB, en recoger impuestos (tax collection), cinco veces menos que Suecia (0,32%).

Esta actitud está dañando la calidad de vida de las clases populares de España y de sus CCAA. Estas últimas tienen la responsabilidad de gestionar sus estados del bienestar con unos fondos que son claramente insuficientes. La cifra que el Estado ha citado para cubrir sus déficits (9.000 millones de euros) es, a todas luces, insuficiente. Mientras, continúa la filosofía de no aumentar los impuestos (excepto en tabaco e hidrocarburos). Esta situación, si continúa, es potencialmente inestable políticamente. Es bien conocida la situación de que, a mayor desigualdad, mayor criminalidad y mayor descohesión social. España, que es después de EEUU el país con mayores desigualdades de renta en la OCDE, es también el que se gasta más en policía y seguridad, siendo, después de EEUU, el país que tiene un porcentaje mayor de tal gasto (2,1% del PIB y EEUU 2,2%). En contraste, Noruega con un 0,9%; Suecia con un 1,3%; y Dinamarca con un 0,9%, son los países que tienen menos gasto en policía y seguridad, y tienen menos
desigualdades.

España debiera corregir las excesivas desigualdades sociales mediante políticas fiscales progresivas, con incremento notable de su Estado del bienestar, escasamente desarrollado. Esto implicaría una mayor carga fiscal sobre los sectores más pudientes de la población, con corrección del enorme fraude fiscal, incrementándose así la protección social, que permitiría una reducción de la excesiva protección policial. No hay duda de que España requiere una reforma de la Administración Pública, pero no en el sentido de reducir el excesivamente bajo empleo en su sector público.

Vicenç Navarro - Consejo Científico de ATTAC España

Artículo publicado en Diario Público.

domingo, 21 de junio de 2009

La transposición de la Directiva Bolkestein a la legislación española: seamos más papistas que el Papa

El gobierno español ha elaborado un Proyecto de Ley (PL), para definir el proceso de transposición a la legislación española de la tristemente famosa Directiva de Servicios de la UE (más conocida por el nombre de su impulsor, Directiva Bolkestein). Esta transposición debería realizarse antes del 28 de diciembre de 2009, según la normativa de la UE.

Hay que resaltar que la Directiva, y la correspondiente transposición, afectan a todas las AAPP, tanto de carácter local, como regional, autonómico o central, que deberán revisar toda su normativas y legislación para adaptarlas, lo cual representa un trabajo ímprobo para tenerlo realizado antes del fin del 2009.Así, se estima que alrededor de 7.000 normas y/o procedimientos serán potencialmente afectados por la Directiva. De ellos, alrededor del 15 por 100 corresponden a la Administración General del Estado (80 tienen rango de Ley y aproximadamente 370 son Reales Decretos) Además, resultarían afectadas alrededor de 500 leyes autonómicas y cerca de 1700 decretos autonómicos. Por lo que se refiere a las áreas con mayor volumen de normas a “adaptar”, áreas tan importantes como medio ambiente, agricultura, comercio y salud representan casi la mitad.

Este PL se presentará en el plenario del Parlamento español, para su aprobación, el próximo 18 de junio. El grupo parlamentario que comparten IU, ERC e ICV y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso han presentado más de un centenar de enmiendas para corregir el proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Izquierda Unida y el BNG, que ya pidieron la devolución al Gobierno de esta iniciativa por considerar que abre la vía para una “reducción de los estándares” de protección de derechos sociales y laborales, y también ERC, han aprovechado sus enmiendas parciales para intentar reducir el ámbito de aplicación de la directiva europea.

La UE considera la Directiva de Servicios como “una de las piezas fundamentales de la estrategia comunitaria de impulso económico y de consolidación del mercado interior que se han instrumentado en el contexto de la agenda de Lisboa”, siendo “su objetivo alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre Estados miembros”.

Se incluyen entre estos servicios no sólo las actividades que se desarrollan desde hace tiempo en el libre mercado (p.e: servicios bancarios y financieros, turismo, comunicaciones, etc.), sino también los servicios públicos necesarios para el bienestar de la ciudadanía (p.e: sanidad, servicios sociales, y asistenciales, educación, correo, energía, medio ambiente, etc.) que mayoritariamente están garantizados en los países de la Unión por las autoridades públicas. El problema fundamental de la Directiva es que considera “obstáculos para la libre circulación de los servicios”, no sólo las trabas burocráticas, sino también las legislaciones ambientales, de protección de los trabajadores y de los consumidores, los poderes de regulación de las autoridades públicas y sus políticas de discriminación positiva hacia categorías sociales o territoriales más débiles, así como los convenios colectivos en cada país.

La aprobación de la Directiva sobre el Comercio de Servicios en el Mercado Interior de la Unión Europea (UE) (popularmente conocida como “Directiva Bolkestein”) representó un decisivo paso hacia la liberalización y privatización de muchos Servicios Públicos, de los que depende la vida de millones de ciudadan@s, además de amenazar con una ulterior precarización de las condiciones laborales de l@s trabajador@s de este sector, que representa el 70% del empleo en la UE.

Es importante resaltar que la Ley se refiere únicamente a aquellos servicios que se realizan por una contrapartida económica. Los servicios no económicos de interés general, aquellos que se realizan en ausencia de dicha contrapartida económica, no están cubiertos por las disposiciones del Tratado de la Comunidad Europea relativas al mercado interior, por lo que no están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios y consiguientemente tampoco en el de la presente Ley.

Lo que resulta del todo punto sorprendente, es que tomando como base una Directiva cuyos inconvenientes y perjuicios han sido ya de sobra analizados y han motivado protestas masivas en el ámbito sindical y altermundista por la amenaza que suponen para el mantenimiento y mejora de los servicios públicos y los derechos sociales y laborales, el Gobierno español decide “hacer méritos” ante sus colegas europeos y, siendo “más papista que el Papa”, aprovecha la obligada transposición no para proteger de la Directiva y de las leyes de la competencia del mercado interior de la UE los servicios públicos esenciales (para lo cual estaba facultado, bastando con clasificarlos como “servicios no económicos de interés general”, como reclamaba ATTAC), sino que amplía todavía más el ya ambicioso ámbito de aplicación de la Directiva y disminuye las ya de por sí escasas restricciones existentes en la misma, que constituyen el último refugio para que las Administraciones Públicas puedan controlar de algún modo la prestación de servicios.

Un enfoque progresista de la Ley, hubiera incluido en el texto los servicios que se consideran de interés general y que por lo tanto están excluidos del ámbito de la competencia. Servicios como la educación, el cuidado de la infancia, la salud, las pensiones, la protección contra el desempleo, los servicios sociales, el suministro energético, los transportes públicos, el abastecimiento de agua y el saneamiento, los servicios medio ambientales, el servicio de correos, los servicios de telecomunicaciones, los servicios energéticos, la seguridad ciudadana, la justicia gratuita, la investigación y la cultura, debería catalogarse como de interés general. La indefinición actual sólo favorece a los procesos de privatización de estos servicios.

En este mismo sentido, al no incluir los servicios económicos de interés general - que se reconocen como de competencia exclusiva de las AAPP en lo relativo a su financiación, prestación y control - en el articulado de la Ley, el gobierno español va de nuevo más allá en su tendencia neoliberal que la propia Comisión Europea, y, en lugar de trabajar en la necesaria definición de estos servicios, decide eliminarlos de un plumazo.

Entendemos que el PL debería de incluir, junto con la delimitación positiva del objeto de la norma, la delimitación negativa que ésta recoge, donde explicita que no afectará a la liberalización de servicios de interés económico general, a la privatización de entidades públicas prestadores de servicios, a la abolición de monopolios, a las ayudas estatales amparadas por la normativa comunitaria, a la normativa estatal relativa a la definición de los servicios de interés económico general, al fomento de la diversidad cultural y lingüística o a la pluralidad de los medios de comunicación, ni tampoco a la legislación nacional en materia penal, laboral -incluida la negociación colectiva y la acción sindical-, de seguridad social, ni al derecho al ejercicio de los derechos fundamentales.

La cuestión laboral es de extrema importancia, puesto que aunque se consiguió que el principio de “país de origen”, que significa que una entidad puede prestar servicios bajo la normativa y condiciones de su país de origen, no se aplicara a las condiciones laborales, pero sí se aplica a la legislación mercantil y por lo tanto al personal autónomo, por lo que se abre la puerta para que las empresas de servicios contraten falsos autónomos con bajos salarios y bajas protecciones (“dumping social”).

Esto viene agravado por el reglamento 593/2008 de 17 de junio de 2008, promulgado por la Comisión, por el que se establece la posibilidad para que las partes que firmen un contrato, elijan, casi a su antojo, la ley nacional, entre todas las del mundo, por la que desean que se rija su pacto. Este reglamento es de aplicación directa por los tribunales de los Estados miembros, sin requerir un examen para su transposición por los Parlamentos de los Estados concernidos, y se aplicará sin más trámite a todos los contratos firmados a partir del 17 de diciembre de 2009, lo que representa un grave riesgo para los trabajadores inmigrantes no nacionalizados que son contratados para prestar sus servicios en territorios nacionales UE.

En resumidas cuentas, el proyecto de Ley viene a suponer un paso más en la “real politik” seguida por un gobierno que se reclama socialdemócrata pero que se comporta como socioliberal. Esperemos que los partidos de izquierda, los movimientos sociales, los sindicatos y a todas las fuerzas políticas y sociales que defienden los Servicios Públicos, su gestión pública, y su acceso universal, lleven a cabo las movilizaciones necesarias para la radical reforma de este proyecto, en las cuales siempre contarán con el apoyo de ATTAC.

Comisión SS.PP. ATTAC España

lunes, 15 de junio de 2009

Justicia, transparencia y equidad en la Salud Pública Internacional

Entrevista con la Dra. Siti Fadilah Supari, ministra indonesia de la Sanidad, en la 62ª Asamblea Mundial de la Salud.

En 2007 la Ministra de Sanidad de Indonesia anunció públicamente que el país no entregaría más muestras del virus de la gripe aviar a la Red Mundial de Vigilancia de la Gripe (RMVG) debido a que el sistema no contemplaba las necesidades e intereses de los países en vías de desarrollo. La ministra de Salud de Indonesia, la Dra. Siti Fadilah Supari, reveló que la OMS había violado su propia regulación en el intercambio de muestras de virus al aplicar distinto rasero para los países en desarrollo, ya que recibía muestras del virus de la gripe de los países afectados a través de la RMVG y seguidamente se las entregaba a empresas comerciales de países industrializados para el desarrollo de vacunas. Unas vacunas que, sin embargo, eran mucho más caras y, por lo tanto, imposibles de conseguir, en los países afectados en vías de desarrollo. Paralelamente, los países industrializados acaparaban las muestras para prepararse con vistas a un posible brote de pandemia. La Dra. Supari fue quien sacó a la luz el asunto, documentado en su libro «It’s Time for the World to Change». (cf. Current Concerns Nº 7/8, 2009). Este año, la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) tuvo lugar del 14 al 22 de mayo en Ginebra. El objetivo era que se continuaran las negociaciones, iniciadas por Indonesia y respaldadas por numerosos estados miembros de la OMS, para un Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.intercambio imparcial, transparente y justo de muestras de virus en el que todos los países compartan los beneficios. Pero la gripe porcina entró en juego y la AMS se acortó a cinco días para que los ministros de Sanidad de los Estados miembros acudieran urgentemente a sus respectivos países, alertados por una posible pandemia. Como consecuencia, se quedaron en el tintero muchas cuestiones importantes. «Horizons et débats» habló con la Dra. Supari en la Asamblea Mundial de la Salud.

Horizons et débats: ¿Qué reacciones provocó su libro «It’s Time for the World to Change»? ¿Qué ha sucedido desde entonces?

Dra. Supari: Mi libro atrajo la atención internacional después de que un periodista de Sidney (Australia), hiciera una reseña sobre el libro en su periódico. En ésta, el periodista afirmaba que yo había acusado a la OMS de conspiración por haber creado armas biológicas. Sin embargo, nada en mi libro sugiere tal acusación. La reseña fue acaparando la atención internacional y provocó reacciones encontradas. Unos estaban de acuerdo, otros se mostraban escépticos. Es más, hubo muchas personas dispuestas a condenarme sin ni siquiera haber leído el libro. Por aquel entonces, me preocupó seriamente que se profiriesen tales acusaciones en mi contra, ya que éstas no aparecían en el libro. El libro se hizo famoso en mi país después de que fuera conocido en todo el mundo. Me abrumaba el revuelo que había levantado, ya que incluso la OMS pidió que se retirara del mercado, aunque finalmente no fue así. En definitiva, el libro contiene los apuntes que redacté durante mi lucha en la OMS por alcanzar justicia, transparencia y equidad en los mecanismos utilizados en el intercambio de muestras de virus y en el reparto de beneficios; es decir, la sustitución del mecanismo que la OMS empleaba desde hace sesenta años y que yo consideraba carente de transparencia.

Desde su punto de vista y desde el punto de vista de su país, Indonesia, ¿cuáles son las cuestiones más importantes de este año en la Asamblea Mundial de la Salud?

Este año el tema más importante en la AMS es el impacto de la crisis económica y financiera mundial sobre la salud. En mi opinión, el asunto más importante este año en la AMS es la gripe pandémica H1N1, originada en México. El caso me ha permitido entender cómo se habrían podido evitar los problemas si se hubieran aplicado estos tres principios: justicia, transparencia y equidad. Según mis observaciones sobre la gripe mexicana H1N1, existen algunos aspectos controvertidos: Al principio, la OMS llamó a la enfermedad de la pandemia «fiebre porcina» y, posteriormente, pasó a llamarla «nueva gripe H1N1», lo que me pareció bastante extraño y fuera de lo común. No sé exactamente por qué la OMS determinó de un modo tan extraño el virus y la enfermedad, ya que debería haberse llamado «cepa mexicana H5N1» del mismo modo que la cepa indonesa H5N1 o la cepa vietnamita H5N1. Pero con H1N1, la OMS cambiaba los criterios y la nomenclatura, el modo de llamar el virus.

Es una cuestión que se tiene que aclarar.

En efecto, ya que es muy importante tener el derecho del nombre. Si se trata de la cepa indonesia, entonces Indonesia posee el derecho del virus. Si alguien crea la vacuna a partir de este virus, necesita tener la autorización del país. Es algo que realmente me incumbe, puesto que no sabemos quién será el responsable del virus. Y ahora un nuevo H1N1, cuando siempre se llamó H5N1: la cepa vietnamita H5N1, la cepa tailandesa H5N1… Realmente es muy extraño.

Hay quienes afirman que la gripe porcina es una gripe normal, una gripe que se ha desarrollado recientemente.

Evidentemente, en realidad es una gripe A. Por otra parte, el hecho de que la OMS haya establecido el nivel de alerta de 3 a 4 y después a 5, e incluso 6, en tan solo una semana, ha provocado el pánico en el mundo. Pienso que, para determinar el nivel de alerta de la pandemia, la OMS no sólo debería aplicar la transmisibilidad como un indicador, sino también el indicador clínico (morbilidad y mortalidad) y los indicadores virológicos (alta o baja patogenicidad). El nuevo virus H1N1 es de baja patogenicidad. Si observamos de cerca el caso, la tasa de mortalidad específica que ha provocado la nueva gripe es bastante baja. Actualmente, existen 8000 casos extendidos por 39 países, donde 74 personas han fallecido, lo que significa que la TME es inferior al 2%. Se trata de una estadística muy baja. El número es mucho menor comparado con la gripe estacional. Además, los análisis virológicos han demostrado que el H1N1 es un patógeno menor, por lo que no es tan peligroso. Esto es lo que debería discutirse con transparencia en la AMS: ¿Deberíamos llegar a un consenso sobre el nombre del virus? ¿Deberíamos redefinir los criterios que declaran el estado de alerta pandémico en un país? Esto ha tenido un enorme impacto en un país declarado en estado de alerta pandémica como es México ahora. Actualmente, este país se encuentra en una situación muy difícil; aunque, por otro lado, muchas compañías se están lucrando, ya que todo el mundo necesita medicamentos, vacunas, mascarillas desechables, ropa especial de protección, etc. Es un gran negocio. El caso de México es especialmente relevante en la causa que reivindico: transparencia. Me refiero a la transparencia en la determinación del virus y el nivel de alerta pandémico. Considero que es muy importante en el ámbito mundial, ya que la transparencia disminuirá los miedos innecesarios y hará que la gente permanezca en guardia. El segundo aspecto importante (después del H1N1), en mi opinión, es llegar a un acuerdo que ponga fin al proceso de la Reunión Intergubernamental sobre Preparación para una Gripe Pandémica (de sus siglas en inglés IGM PIP) –la iniciativa de mi país– y que se establezcan unos mecanismos justos, transparentes y equitativos en el intercambio de beneficios y muestras de virus. Es importante conseguir un nuevo mecanismo en el que se compartan las muestras de virus y los beneficios, especialmente en lo que concierne al H5N1 y otros virus de la gripe con potencial pandémico humano.

¿Qué progresos ha conseguido después de su apabullante éxito en 2007?

Logramos cerca del 85% en proceso de la Reunión Intergubernamental sobre Preparación para una Gripe Pandémica, como resultado de mis esfuerzos por cambiar el mecanismo de la OMS. Consagramos todos nuestros esfuerzos en la lucha por cambiar el mecanismo que aplica la OMS. Pero en el transcurso del proceso, el virus H1N1 mejoró y…

La mayoría de los conferenciantes de esta mañana hicieron hincapié en la transparencia y la equidad que deben recibir «todos los países». Se trata de algo nuevo y, en mi opinión, fruto del éxito de su labor de intentar cambiar el mecanismo y arrojar un halo de luz sobre el tema. Era evidente que todos los países lo estaban pidiendo.

Sí. Pero hasta el momento la OMS no ha integrado medidas claras de salud pública en caso de una fase de pandemia inminente. Debería haber medidas de salud pública coherentes, que hicieran más asequibles, y accesibles, los medicamentos antivíricos, las vacunas y otros productos esenciales, como las mascarillas, entre otros. En cualquier lugar la alerta pandémica es superior al nivel 4, la OMS no aporta ayuda de manera oportuna y sistemática en los países que, se considera, tienen la capacidad productiva para producir sus propios suministros genéricos.

¿Qué otros países apoyan la postura de Indonesia?

La mayoría de participantes en la Reunión Intergubernamental sobre Preparación para una Gripe Pandémica (de sus siglas en inglés IGM PIP) comparten la postura de Indonesia, tal y como se demostró en diciembre de 2008 en la IGM PIP y durante la 62ª AMS, sobre todo, los países de la Organización Regional de Estados del Sudeste Asiático (SEARO, de sus siglas en inglés), de las regiones miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, de sus siglas en inglés) y de la mayoría del MPNA (Movimiento de Países No Alineados). Esto se traduce en una mayoría de Estados miembros.

La constitución de la OMS declara: «La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y al control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común.» Además, el Artículo I dice: «La finalidad de la Organización Mundial de la Salud […] será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud.» ¿Qué es necesario para que nos demos cuenta de cuáles son estos principios? ¿Cuál es el prerrequisito para que se tengan en cuenta tales principios?

A mi parecer, es necesario el compromiso y la buena voluntad de todos los Estados miembros de la OMS, especialmente de los países desarrollados, a fin de crear un sistema justo, transparente y equitativo: los principios que aparecen implícitamente en el reglamento de la OMS, pero que todavía no se han puesto en práctica.

¿Cómo puede la gente de buena voluntad de nuestros países occidentales apoyar sus justificadas preocupaciones?

Reclamando a los gobiernos que aúnen todos sus esfuerzos para acabar con el Acuerdo de Transferencia de Material Normalizado (Standard Material Transfer Agreement) y establecer así un sistema de intercambio de virus justo, transparente y equitativo, en el que los beneficios se compartan con el país donde se ha originado el virus –muy importante para México–, así como el establecimiento de un sistema de muestreo de virus y un mecanismo asesor, mediante foros públicos, medios de comunicación y peticiones.

Uno de los argumentos que se sustentaron cuando Indonesia interrumpió el intercambio de muestras de virus con la OMS fue que el virus traspasa las fronteras y que, por tanto, no existe una soberanía respecto a éste.

Cuando yo envío el virus a alguna parte, no sé dónde va a parar. Esto es mucho más peligroso que el virus en sí. En mi país, mantengo el virus bajo control riguroso. Indonesia es un gran país y contamos con numerosos científicos que controlan el virus. Si lo enviamos a otro lugar, no sabemos dónde se dirige, lo cual es extremadamente peligroso. Nosotros mantenemos el virus en el país porque pueden suceder muchas cosas, pero como puede comprobar, llevo luchando tres años y el virus de la cepa indonesa H5N1 no se ha extendido a otros países. Además, actualmente el número de casos afectados es muy bajo, por lo que se demuestra que somos capaces de estudiar el virus como el resto de países y de hacer observaciones exhaustivas. A día de hoy, no se han realizado mutaciones de la cepa indonesia H5N1.

¿Por qué los Estados Unidos están tan interesados en conseguir muestras del virus de su país?

No lo sé exactamente. Si desean conseguir muestras de nuestro virus, pueden contactar conmigo, pueden contactar con nosotros de un modo apropiado, en igualdad de condiciones y transparencia. Pueden preguntarle a mi país, entonces hablaremos con ellos y les preguntaremos para qué necesitan muestras del virus y por qué. Los resultados, ¿beneficiarían a mi país y a mi gente? Tenemos que ponernos al mismo nivel, el de la equidad. Realmente queremos cambiar este mecanismo para todo el mundo, no sólo para los indonesios, no para mí ni para los países desarrollados únicamente, sino para el mundo entero. Y queremos hacerlo mediante la justicia, la transparencia y la equidad, ya que es la única vía para conseguir la paz en el mundo e incrementar el bienestar social.

Muchas gracias, Dra. Supari, por darnos la oportunidad de hablar con usted.

Manuela Hernández Heredia. Editado por Manuel Talens

Asia muestra una nueva confianza en sí misma

thk. El hecho que Kishore Mahbubani describió brillantemente en su libro «The New Asian Hemisphere. The Irresistible Shift of Global Power to the East», a saber, el del apogeo de una nueva confianza surgida en los estados asiáticos, ha sido confirmado por la ministra indonesia de Sanidad, la Dra. Siti Fadilah Supari. Los países asiáticos desarrollados están hartos de verse dirigidos por algunas potencias industriales que dictaminan cómo tienen que vivir los demás, mediante las organizaciones internacionales. La Dra. Supari ha conseguido que se respeten nuevos valores en la OMS gracias a su intrépido compromiso por la Humanidad. Reclamó un verdadero trato igualitario para todos los Estados en cuanto al tratamiento de las enfermedades, los microorganismos que las causan y sus vacunas. Con esta finalidad, Supari exige igualdad para todos los Estados. Es inadmisible que un Estado, donde se ha desarrollado una enfermedad en forma de nuevo virus, deba entregar la cepa vírica a una nación industrializada con el objetivo de que esta produzca vacunas que, a continuación, venderá a los países afectados a precios desorbitados. Aún más cuando estos están capacitados para producir sus propias vacunas. Así, no es de extrañar que estos países quieran independizarse de Occidente y regular sus asuntos de forma independiente.

Fuente: Current Concerns - Fairness, Transparency and Equity in International Public Health

Artículo original publicado el 10 de junio de 2009

Sobre el autor

Manuela Hernández Heredia es colaboradora de Current Concerns/Horizons et débats, un partenario de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística, a la cual Manuel Talens pertenece . Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora, al revisor y la fuente.

URL de este artículo en Tlaxcala:
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=7839&lg=es

Traducido por Manuela Hernández Heredia. Editado por Manuel Talens


martes, 9 de junio de 2009

La crisis y la sanidad pública

La sanidad pública es, con la educación y las pensiones, uno de los pilares del Estado del Bienestar y en esencia es un ejercicio de solidaridad de los más sanos y con mayores recursos económicos con quienes están más enfermos y tienen menos recursos. El carácter público es fundamental tanto en su financiación como en su provisión porque es lo que asegura la cobertura de las necesidades y no de los intereses del mercado y permite la equidad, solidaridad y accesibilidad que son las bases de cualquier sistema de protección social.

Si esto es así en cualquier momento, la crisis económica le confiere una importancia especial porque es un momento en que la necesidad de cuidados de salud se incrementa (es bien conocido que la enfermedad aumenta en relación con el paro y pobreza) y además un porcentaje creciente de la población carece de capacidad económica para buscar atención alternativa en la medicina privada.

En nuestro país corren malos tiempos para la sanidad pública y ello resulta bastante paradójico, porque tenemos un sistema sanitario que tiene una gran consideración internacional por su accesibilidad, cobertura universal, gratuidad en el momento del uso y prestaciones de gran calidad, a más de hacerlo a unos costes muy bajos.

No obstante conviene no perder de vista que existen bastantes problemas que habría que solventar. Los principales serían:

1) Problemas de financiación
El sistema sanitario esta subfinanciado crónicamente, pero además a partir de las transferencias han sido las CCAA las que han tomado las decisiones sobre los presupuestos que se dedicaban a la sanidad, de manera que se ha abierto una gran brecha entre ellas. Por poner solo un ej. para 2009 el presupuesto per capita aprobado oscila entre 1.1.25,33 € (Valencia) y 1.595.28 (País Vasco) con una promedio de 1.351,57 €. Naturalmente estas diferencias tan acusadas de financiación favorecen diferencias también cada vez mayores en dotación (profesionales de medicina y enfermería, camas, etc.) lo que a la postre produce distorsiones en el funcionamiento del sistema (listas de espera, etc.) y rompe con la equidad y la accesibilidad del sistema de salud.

2)Falta de cohesión
Se ha dicho que en realidad existen 17 servicios de salud distintos, y aunque es un poco exagerado, la realidad es que hay muchas mas diferencias de lo que justifica la situación de salud de la población. Y ello tanto a nivel organizativo, como de prestaciones y sobre todo de sistemas de información que ahora resulta casi imposible de conseguir de una manera comparable. Hace falta un órgano de dirección/coordinación del Sistema Nacional de Salud(SNS) y ello hasta ahora no se ha materializado a pesar de algunos esfuerzos del Ministerio en estos últimos años.

3) Poco desarrollo de políticas de salud
La salud, en los servicios regionales y a nivel del SNS es una bella consigna que aparece en todos los discursos pero que esta cada vez mas lejos cuanto mas nos acercamos a la realidad de los dispositivos y servicios que están enfocados primordialmente a atender las demandas asistenciales de la población y en mas de un caso a fomentarlas de manera poco responsable (un buen ejemplo es la vacunación contra el virus del papiloma humano).

4) Inexistencia de políticas profesionales
La política profesional es básicamente inexistente a nivel de cada servicio regional y del conjunto del SNS. Todavía andamos envueltos en una absurda polémica sobre si hay pocos o muchos médicos en nuestro país cuando en el conjunto del SNS trabajan alrededor del 61% de los médicos españoles (o sea que lo faltan son ofertas de trabajo en el sector público), pero nada se dice de la evidente falta de profesionales de enfermería y de su infrautilización con unas funciones que están claramente por debajo de su titulación. La nueva regulación de especialidades, necesidad planteada en 1986 en la Ley General de Sanidad, todavía no se sabe cuando aparecerá, la dedicación exclusiva, fundamental para fomentar la identificación de los profesionales con el sistema público de salud ha sido abandonada en la mayoría de las CCAA ( en mas de un caso a iniciativa de gobiernos socialistas), y la carrera profesional se ha transformado en unos quinquenios regularmente retribuidos.

5) Ausencia de mecanismos de participación
La participación ciudadana es básicamente inexistente a pesar de algunas experiencias interesantes en alguna comunidad autónoma como Castilla La Mancha.

6) Ofensiva privatizadora
Y en medio de todo ello una potente ofensiva privatizadora que busca el fomento de los intereses económicos privados por delante de los derechos a la salud de los ciudadanos. Y como era de esperar ha avanzado especialmente en CCAA gobernadas por el PP como Madrid (8 nuevos hospitales, mas los 4 mas proyectados) o Valencia (Alzira, Denia, Torrevieja, etc.), que se extiende también a la Atención Primaria (EBAs en Cataluña, Valencia incluyéndola en las concesiones hospitalarias, proyecto de área única en Madrid, etc.). Y todo ello sin que se haya demostrado en ningún momento que mejoren la atención sanitaria y en algún caso que, por el contrario, suponen un empeoramiento. Pero para ser justos hay que señalar que algunas CCAA han avanzado en sentido contrario reforzando la red pública (Extremadura, Castilla La Mancha) y que incluso en alguna como en Galicia se ha llevado a cabo la integración en la red pública de los experimentos pseudo privados (fundaciones) aunque los últimos resultados electorales no auguran nada bueno.

Por eso habría que avanzar en los siguientes aspectos:

  • Mayor financiación para la Sanidad y carácter finalista de la misma.
  • Potenciar el Consejo Interterritorial de Salud y condicionar las transferencias de fondos al cumplimiento de objetivos de salud.
  • Aprobación del Plan Integrado de Salud como instrumento para favorecer las políticas de salud y la cohesión del SNS.
  • Favorecer la identificación de los profesionales con el servicio público de salud especialmente desarrollando la dedicación exclusiva y mecanismos de reconocimiento profesional, así como un sistema troncal de especialidades.
  • Poner en marcha mecanismos efectivos de participación social y profesional.
  • Potenciar el carácter público del sistema de salud, deteniendo las privatizaciones, potenciando el sistema público en las nuevas infraestructuras y reintegrando a la red pública a los centros privatizados o con sistemas de gestión privada.

Para avanzar en este sentido y lograr los objetivos señalados anteriormente, es imprescindible el articular un amplio movimiento social y profesional para detener la tremenda ofensiva de desmantelamiento de los servicios públicos que se esta viviendo en nuestro país. Nos estamos jugando una parcela muy importante de nuestro futuro y de los derechos conquistados con el esfuerzo de la mayoría de la población. Todavía estamos a tiempo de conseguir un cambio en la situación.

Marciano Sánchez Bayle - Nueva Tribuna

sábado, 6 de junio de 2009

El sistema sanitario USA y la ruina de muchas familias

Cuando estamos oyendo cada vez de forma más apremiante las “recomendaciones” de mutuas y seguros privados para que subscribamos una póliza de enfermedad, cuando estamos viendo como se privatiza y desmonta el servicio público de salud por Comunidades Autónomas, cuando desde las propias instituciones sanitarias se nos está diciendo que el gasto sanitario público es demasiado elevado y hay que pensar en otras fórmulas (copagos, cobertura mixta de servicios, etc.) es especialmente interesante conocer un estudio publicado el pasado mes de agosto por el American Journal of Medicine y realizado en la Universidad de Harvard en el que se demuestra que en los Estados Unidos -el país que se pretende emular en sanidad mientras su Presidente Obama mira hacia Europa- fueron las minutas médicas la causa de que dos de cada tres personas tuvieran que acudir a un proceso concursal (62,1%) ante los tribunales y acabaran en la ruina, a pesar de que en su mayor parte pertenecían a la clase media y disponían de un seguro de enfermedad. Dicho estudio demuestra también que desde el año 2001 estos casos se han incrementado en casi un 50%.

Entre el 2001 y el 2007, la proporción de impagos llevados ante los tribunales atribuibles a problemas médicos aumentó en un 49,6 %. Las investigaciones previas al año 2001 ya habían sido objeto de comentario por parte de diversos líderes políticos entre los que figuraba el actual Presidente Obama.

Es sorprendente que la mayoría de las personas que se arruinaron por problemas médicos disponían de un seguro de enfermedad. Más de tres cuartas partes (77.9 %) tenían seguro al principio de su enfermedad, y un 60.3 % disponían de cobertura privada. La mayoría de las personas que se arruinaron por problemas médicos pertenecían a la clase media antes de verse afectadas por el desastre financiero. Dos terceras partes eran propietarios de sus hogares y tres quintas partes tenían formación de grado medio. En la mayoría de casos, las altas minutas médicas coincidió con la pérdida del trabajo e ingresos, ya que quien aportaba la renta familiar, ahora enfermo o enferma, no podía dedicar el mismo tiempo que antes a su trabajo. Muchas veces la enfermedad condujo a la pérdida del puesto de trabajo, y con ello a la pérdida del seguro de enfermedad

Incluso las familias que disponían de las mejores pólizas de seguros tuvieron que poner dinero de su bolsillo para hacer frente a los co-pagos y a los que el seguro no cubría. Las familias que se arruinaron y que disponían de seguro privado tenían que hacer frente a minutas médicas que ascendían como media a 17.749 dólares, frente a los 26.971 dólares de media de las facturas que debían abonar las personas sin seguro. Los costes más altos —con una media de 22.568 dólares - correspondieron a los que inicialmente tenían cobertura privada pero la perdieron mientras todavía no había emitido su enfermedad.

Las personas con diabetes y trastornos neurológicos como esclerosis múltiple deben hacer frente a los costes más elevados, con una media de 26.971$ y 34,167$ respectivamente. Las facturas de los hospitales son el gasto más elevado para la mitad de las familias arruinadas, y para un 18,6% de familias dicho coste viene dado por la prescripción de determinados medicamentos.

Esta investigación que han realizado conjuntamente investigadores de la Harvard Law School, la Harvard Medical School y la Universidad de Ohio, y que ha contado con financiación de la Robert Wood Johnson Foundation, es la primera que se realiza a nivel nacional sobre la responsabilidad de los costes de la sanidad en los procedimientos concursales y la ruina de numerosas familias. Los investigadores trabajaron con una muestra al azar de 2.314 casos en el 2007, y examinaron su expediente en los tribunales. Además, concertaron amplias entrevistas telefónicas con 1.032 personas que figuraban en los archivos de los procesos por impago.

El Dr. David Himmelstein, responsable del estudio y profesor asociado de medicina de Harvard, comentaba: “Lo que hemos descubierto es aterrador. A menos que usted sea un potentado, su familia sólo está a una enfermedad grave de la ruina. Para los americanos de clase media el seguro de enfermedad ofrece muy poca protección. La mayoría tenemos pólizas con demasiados agujeros, copagos y servicios no incluidos, y cualquier enfermedad puede enviarnos al asilo. E incluso la mejor póliza de seguro de enfermedad se evapora cuando una enfermedad prolongada provoca la pérdida del empleo - que es precisamente cuando más la necesitan las familias. El seguro privado de enfermedad es un producto defectuoso, algo así como un paraguas que se fundiera bajo la lluvia.”

Según declara otro co-autor del estudio, el Dr. Steffie Woolhandler, profesor asociado de medicina de Harvard y médico de atención primaria en Cambridge, Mass.: “Necesitamos repensar la reforma sanitaria. No basta con dar cobertura a los que no la tienen. Sólo una seguridad social nacional única puede dar cobertura universal y total, y puede ser posible con el ahorro de los cientos de miles de millones que ahora despilfarramos en burocracias y seguros privados. Por desgracia, los políticos de Washington no parecen dispuestos a cortar sus vínculos con las compañías privadas de seguros.”

Notas:
Puede conseguirse aquí una copia del estudio o a través del American Journal of Medicine, ajmmedia@elsevier.com, (212) 633-3944.
Physicians for a National Health Program es una organización que cuenta con más de 16.000 médicos a favor de un programa estatal de seguridad social

http://angelsmcastells.nireblog.com

Àngels Martínez i Castells - Nireblog

miércoles, 3 de junio de 2009

Los culpables de la gripe porcina

No se trata de una maldición del cielo ni de un azaroso dictado del destino. La epidemia de gripe A(H1N1) surgida en México tiene responsables concretos: el primer nombre propio es el de la empresa estadounidense Smithfield Foods Inc., la productora de carne porcina más importante del mundo. Varias investigaciones apuntan a los gigantescos criaderos de cerdos que esta transnacional posee en el pueblito mexicano de La Gloria –cuyas condiciones higiénicas y de hacinamiento son espantosas– como el origen del flagelo.

En la ribera texana del ancho Valle del Río Grande, a dos pasos de la frontera con México, se halla Harlingen. En esa pequeña y coqueta ciudad estadounidense, el pasado 5 de mayo falleció Judy Trunnell, una joven maestra de escuela de 33 años que acababa de dar a luz, por cesárea, a una niña radiante y saludable. “Era una persona maravillosa, cálida. Se consagraba a la educación de niños discapacitados”, declararon sus familiares y amigos, que acudieron a su vivienda, situada en una luminosa calle de esa localidad, para expresar su pésame en el funeral (1).
El destino quiso que Judy fuese la primera estadounidense fallecida a causa del virus de la nueva gripe que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama ahora A(H1N1). Un nombre aséptico para evitar el uso de “gripe mexicana”, que contraría a las autoridades aztecas, o de “gripe porcina”, que enfada a los grandes industriales de carne de cerdo.

Sin dejarse distraer por esa astucia terminológica, el marido de Judy, Steven Trunnell, presentó ante un juez, el pasado 11 de mayo, una demanda contra la empresa productora de carne porcina más importante del mundo: Smithfield Foods Inc. Esta multinacional detenta –vía su filial mexicana Granjas Carroll– unos gigantescos criaderos de cerdos cerca de un pueblito de tres mil habitantes, La Gloria, perteneciente al municipio Perote, en el Estado mexicano de Veracruz.

El abogado de Steven Trunnell, Marc Rosenthal, reveló que esa compañía posee más de un millón de cerdos hacinados en las 200 porquerizas situadas en los alrededores de La Gloria. Añadió que los habitantes locales se quejan de la hediondez y de las pésimas condiciones higiénicas de las cochiqueras. La demanda tratará de reclamar daños y perjuicios por “la muerte injusta de Judy, provocada por Smithfield Foods”, y reclamará “unos mil millones de dólares”. Marc Rosenthal (2) se propone denunciar el horror de los insalubres criaderos industriales de puercos y aportar pruebas de que la gripe A(H1N1) tuvo su origen en esas inmundas pocilgas de La Gloria, desde donde se está propagando a todo el planeta.

Paraísos para virus Aunque la empresa Smithfield Foods niega cualquier relación entre sus instalaciones y la aparición de un foco de nueva gripe a las puertas de sus granjas (3), un informe reciente de GRAIN (4) parece confirmarlo. Los expertos de esta organización no gubernamental alertan que el aumento en gran escala de zahúrdas industriales ha creado las condiciones perfectas para el surgimiento y dispersión de nuevas formas de gripe altamente virulentas. Tales criaderos constituyen bombas de tiempo listas para desencadenar epidemias mundiales. Ya en 2006, unos investigadores del Instituto Nacional de Salud (NIH, por su sigla en inglés) de Estados Unidos habían declarado: “La alta concentración de enormes cantidades de animales apretujados en muy poco espacio facilita la rápida transmisión y mezcla de los virus” (5).

Tres años antes, en marzo de 2003, la revista Science (6) ya había advertido que la gripe porcina estaba evolucionando en fase rápida a causa del aumento del tamaño de los criaderos industriales y del uso generalizado de antibióticos y vacunas. Los virólogos alertaban precisamente a México y a Estados Unidos del peligroso cóctel vírico que estaba por venir (7). Afirmaban lo siguiente: “Parece que después de años de estabilidad, el virus de la gripe porcina de América del Norte se halla en una fase de rápida evolución y cada año produce nuevas variantes”.

Achacaban la fulgurante mutación de los virus a dos causas: el hacinamiento en criaderos insalubres de un número cada vez mayor de cerdos, y la práctica de vacunar a las hembras, ya que la vacuna actúa seleccionando nuevos virus mutantes. Esos dos factores, avisaban los expertos, “aumentan la probabilidad de que emerja un nuevo virus transmisible entre humanos”. Luego, ya sea por los excrementos, el alimento, el agua, o incluso las botas de los trabajadores, el virus se disemina de modo imparable.

En ese mismo artículo, el Dr. Christopher Olsen, virólogo molecular en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Wisconsin, en Madison, hasta se atrevió a profetizar: “Ahora debemos buscar en México la granja donde va a aparecer la próxima pandemia”. (8)

Aunque la OMS, en sus últimos comunicados, no haya confirmado que el brote tuvo ahí su origen, todo indica que esa granja se ha localizado. Y que el infierno de la actual epidemia empezó en La Gloria, a escasa distancia de los criaderos de cerdos de la empresa Smithfield.

Gigante productor de carne porcina, Smithfield Foods Inc. es una de las mayores empresas agroalimentarias del planeta y el número uno mundial de la carne de cerdo. Su sede se encuentra en la ciudad de Smithfield, Virginia, y posee filiales en nueve países a través del mundo. En España, Smithfield Foods controla el 24% del capital de Campofrío, líder español de la producción de carne de cerdo. Campofrío se fusionó, en junio de 2008, con la filial europea Smithfield Holdings (9) del gigante norteamericano para formar una nueva empresa: Group Campofrío (10).

Con una cifra de negocios de casi 12 mil millones de dólares, Smithfield Foods es la tercera compañía estadounidense más poderosa en la producción de alimentos, después de Archer Daniels Midland y de Tyson Foods. En 2008, ocupó el lugar número 222 entre las 500 firmas más importantes del mundo, según la revista Fortune (11). Pero esta compañía, que abastece a las cadenas de comida rápida McDonald’s y Subway, ha sido frecuentemente acusada de contaminar agua, suelo y aire, y de no respetar los derechos de sus trabajadores. En su informe de 2005, Sangre, sudor y miedo. Derechos de los trabajadores en las plantas cárnicas y avícolas de Estados Unidos, la organización no gubernamental Human Rights Watch denunció duramente sus abusos (12). También fue multada, en 1997, con 12.300.000 dólares por violar la Ley de Aguas Potables (13).
Contaminar el Tercer Mundo

Para evitar esas acusaciones, Smithfield Foods trasladó parte de sus criaderos a países como México, Rumania y Polonia, en los que las leyes en favor del medio ambiente son más relajadas o inexistentes, y donde algunos políticos están más dispuestos a dejarse corromper (14). Mediante su filial Granjas Carroll, Smithfield se instaló en la remota zona rural mexicana de La Gloria en 1994, aprovechando el Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Allí, gracias a la complicidad de políticos locales, no tiene que preocuparse de ser acusado de violar ley alguna sobre el medio ambiente.

En el interior de barracas con ventilación deficiente e iluminación constante para estimular su crecimiento, los cochinos viven encerrados en jaulas que impiden su movimiento. Son engordados hasta alcanzar unos 120 kilos. Los criaderos son verdaderas ciudades de cerdos, rodeadas de mares de heces y bazofias.

La contaminación provocada y su impacto en la salud de los habitantes vecinos, así como las lagunas en que depositan los desechos animales, propiciaron a partir de 2004 el surgimiento de un movimiento ecologista de protesta. Granjas Carroll respondió reprimiéndolo.

Muchos vecinos de La Gloria y de una decena de comunidades, que viven desde hace años con esa hediondez y respiran día y noche una peste infernal, se unieron para protestar en contra de la expansión de la trasnacional. Organizaron asambleas y marchas, y la empresa los demandó por difamación. Varios activistas fueron reprimidos y procesados, otros detenidos y obligados a pagar una fianza para salir de prisión.

Un corresponsal del diario La Jornada (15), Andrés Timoteo, se desplazó al poblado para describir el ambiente en el que viven los habitantes: “Nubes de moscas emanan de las lagunas de oxidación donde la empresa Granjas Carroll vierte los desechos fecales de sus granjas porcícolas; y la contaminación a cielo abierto ya generó una epidemia de infecciones respiratorias (…) El vector epidémico serían las nubes de moscas que despiden las granjas porcícolas y las lagunas de oxidación donde la empresa mexicana-estadounidense arroja toneladas de estiércol”.
Los habitantes atribuyen la aparición de infecciones a esa polución y al envenenamiento de las aguas y de la atmósfera.

Otro reportero, Jorge Morales Vázquez, contó en Milenio (16) cómo los pobladores llevan años protestando contra la expansión indiscriminada de la empresa porcícola y cómo han sufrido persecución policíaca, represión y amenazas. A su vez, durante su recorrido, el periodista constató “el fétido olor proveniente de las granjas de cerdos que se respira durante todo el día en la pequeña comunidad de apenas tres mil habitantes, así como la existencia de enjambres de moscas que infestan los domicilios de las familias”. Verificó asimismo la proximidad de las “lagunas de oxidación” en las que se someten a un proceso de descomposición aéreo los desechos fecales de los cerdos –que se convierten en gas metano–, responsables del nauseabundo hedor que inunda la zona. El reportero transmitió que se sospecha, además, que haya problemas de filtración a los mantos freáticos. Y pudo observar los llamados “biodigestores”, fosas cubiertas con una puerta de metal, en donde se arrojan los cadáveres de cerdos enfermos o muertos por peleas en las pocilgas.

“En esos agujeros cavados en el suelo –relató– los cadáveres se descomponen, lo que representa una fuente más de contaminación y proliferación de moscas del tamaño de abejas que llaman ‘muerteras’, las cuales, empujadas por el viento, viajan en enjambres hasta La Gloria e invaden los domicilios…” Muchas familias declaran haber sido afectadas por frecuentes dolores de cabeza, enfermedades gastrointestinales y de las vías respiratorias, y han desarrollado diarreas, tos, infecciones de garganta, vómitos y fiebre.

Ocultamiento diplomático

En este lugar, presumiblemente, el virus A(H1N1) saltó de los cerdos a los humanos en algún momento entre noviembre de 2008 y enero de 2009. Y pudo haber comenzado a infectar a grandes cantidades de personas a partir de principios de marzo (17).

Las autoridades federales mexicanas no difundieron públicamente la información. Pero, a fines del año pasado y principios de 2009, el número de enfermos fue tan insólito que varios organismos internacionales de salud empezaron a preocuparse por lo que estaba ocurriendo en La Gloria.

De tal modo que el pasado 6 de abril –o sea, 18 días antes de que el Gobierno mexicano alertara a la OMS de la aparición de un nuevo virus de gripe humana–, la web de Biosurveillance, que pertenece a Veratect (18), Centro del Gobierno estadounidense encargado de la información epidemiológica, reportó que en La Gloria se estaba produciendo una serie de extraños casos de “infecciones respiratorias parecidas a la bronquitis neumónica, con fiebre y fuerte tos” y que “el 60% de los habitantes” padecía de una nueva y atípica enfermedad.

Es probable que el Ejecutivo azteca supiera pronto que un foco infeccioso grave de una gripe desconocida se había producido en el valle de Perote y que, sin que los tratamientos habituales pudieran impedirlo, el mal se estaba difundiendo rápidamente a través del país. Pero no dio la alerta, ni movilizó seriamente a sus servicios de salud y a sus investigadores científicos. Tampoco informó, en ese momento, a la Organización Mundial de la Salud de la gravedad de una situación que se le estaba yendo de las manos.

¿Por qué actuó de ese modo el Gobierno mexicano? Según algunos analistas locales, esa “discreción” se puede explicar porque, cuando surgieron los primeros casos, se acercaban las vacaciones de Semana Santa. Período crucial, en tiempos de recesión, para la industria turística del país.

Pero todo indica que la causa principal de semejante silencio fue diplomática. Se trataba de evitar a toda costa que, por razones de seguridad sanitaria, se pospusiese la visita oficial de Barack Obama, prevista para los días 16 y 17 de abril, que representaba la segunda salida al extranjero del Presidente estadounidense tras su estancia en Canadá en febrero pasado. Para el presidente Felipe Calderón, cuya elección en julio de 2006 fue muy controvertida (19), la visita del mandatario estadounidense era una consagración definitiva. Nada –ni siquiera la amenaza de un nuevo virus devastador– debía retrasarla.

Prueba de lo avanzada que estaba ya por esas fechas la epidemia es que ya había llegado al propio entorno de Felipe Calderón. El arqueólogo Felipe Solís, quien recibió –con Felipe Calderón– en el Museo Nacional de Antropología de México al Presidente de Estados Unidos, estaba contaminado y murió seis días después de la visita del mandatario estadounidense. Un asesor del secretario estadounidense de Energía, Steven Chu, que había ido a México para preparar el viaje del presidente Obama, se contagió también con la nueva enfermedad. El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, reconoció que la esposa, el hijo y hasta el sobrino del funcionario también presentaron síntomas de la nueva gripe (20).

Ante la amplitud que tomaba la pandemia, los servicios mexicanos de salud decidieron por fin actuar enviando muestras médicas tomadas de algunos enfermos de La Gloria a laboratorios de Estados Unidos y Canadá. Fue el Laboratorio Nacional de Microbiología de la Agencia de Salud Pública de Canadá, en Winnipeg, el que detectó el 24 de abril el nuevo virus que contiene elementos de la gripe aviar, de la porcina y de la humana juntos, al analizar una muestra tomada en un niño de cinco años que se había enfermado en marzo pasado.

Ese niño, hoy ya curado, identificado como el primer ser humano infectado por la virulenta cepa de la nueva gripe porcina –el “paciente cero”–, se llama Edgar Hernández y su historia, narrada por The New York Times (21), lo ha hecho famoso en el mundo entero. Edgar ha contado los severos síntomas que sufrió cuando todo empezó en La Gloria el 9 de marzo pasado: su cabeza le ardía, tosía, le dolía la barriga, la garganta y no tenía ganas de comer (22).

Según la revista Science (23), en su artículo difundido el pasado 11 de mayo, se estimaba que el 24 de abril, fecha en que México hizo pública la pandemia, ya presumiblemente había en ese país entre 6.000 y 32.000 casos de gripe porcina, o sea, muchos más que los confirmados por los laboratorios.

Hay poca evidencia de que este brote de gripe A(H1N1) sea, por el momento, más peligroso que las infecciones rutinarias de las cepas usuales de los virus estacionales, que cada año causan la muerte de entre 250.000 y 500.000 personas en el planeta. Sin embargo, según Science, el virus A(H1N1) parece mucho más contagioso que el de la gripe común. Otro elemento preocupante: ataca más a los jóvenes sanos. Por ejemplo, en La Gloria hubo el doble de niños de menos de 15 años contaminados, en comparación con los adultos. Según datos publicados en la web del New England Journal of Medicine (24), el 40% de los afectados tiene entre 10 y 18 años; y apenas el 5% tiene más de 50.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el nuevo virus aún puede mutar, hacerse mucho más virulento y causar una pandemia que se podría propagar hasta tres veces. La OMS señala que “la gravedad de esta gripe está influida por la tendencia de las pandemias a dar la vuelta al mundo en al menos dos y quizás tres oleadas”.

Actualmente, en el hemisferio austral empieza el período habitual de la gripe, y el virus A(H1N1) podría allí foguearse con los antivirales (Tamiflu) y proceder a una nueva mutación para regresar al hemisferio boreal en octubre próximo en condiciones mucho más virulentas, como lo hizo la terrible “gripe española” en 1918. Todo indica sin embargo que la nueva epidemia será menos severa que la de 1918, aunque algunos expertos estiman que será tan letal como la de 1957 (la “gripe asiática”), que causó más de dos millones de muertos ... Otro riesgo es que el virus se combine con el de la gripe aviar, el temible H5N1 asentado en varios países, y produzca un letal mutante asesino de masas…

Para proteger a sus ciudadanos, los gobiernos del planeta están ahora adquiriendo cantidades importantes del medicamento antiviral Tamiflu (oseltamivir), uno de los pocos tratamientos eficaces (se toma en cápsulas por vía oral) para combatir el virus mutado H1N1, y recomendado incluso por la OMS.

Rumsfeld se enriquece

La historia del Tamiflu, en estas circunstancias, no deja de ser sugestiva. Fue descubierto por la firma biofarmacéutica Gilead Sciences Inc., cuya sede se encuentra en Foster City, California. Gilead cedió los derechos de fabricación y de comercialización a la empresa multinacional suiza
Roche, la cual le revierte el 22% de los beneficios anuales por las ventas de Tamiflu.

Es interesante notar que Donald Rumsfeld, el ex-secretario de Defensa del presidente George W. Bush y uno de los principales instigadores de la invasión ilegal de Irak (25), fue presidente de Gilead Siences Inc. desde diciembre de 1997 hasta hacerse cargo del Pentágono en 2001, y conserva un importante paquete de acciones.

Una de las primeras medidas de Rumsfeld cuando asumió su cargo en el gobierno fue declarar el Tamiflu de uso obligado en el seno de las fuerzas armadas (26). Las ganancias de Roche y de Gilead –y por consiguiente el enriquecimiento personal de Donald Rumsfeld– se dispararon. Las acciones de la empresa se vieron también altamente beneficiadas en Bolsa a partir de 2003, cuando surgieron en Asia las amenazas de epidemias del Síntoma Respiratorio Agudo Severo (SRAS) y del virus H5N1 de la gripe aviar.

Fascinados por la teoría del complot, algunos han llegado a deducir que el detestado Rumsfeld debe estar implicado, de una manera u otra, en el surgimiento de estas epidemias y en particular en la aparición del nuevo virus mutante A(H1N1).

Es poco probable. La principal responsabilidad de esta grave amenaza sanitaria reside en la industrialización delirante de la producción pecuaria. El despiadado sistema de cría intensiva ha transformado radicalmente el sector. Hoy se parece más a la industria petroquímica que a la feliz granja familiar que aún describen los manuales en las escuelas (27). En 1965, por ejemplo, había en Estados Unidos 53 millones de cochinos repartidos entre más de un millón de granjas; ahora hay 65 millones de cerdos concentrados en sólo 65.000 explotaciones. En España hay actualmente 25 millones de cerdos (más de medio cerdo por habitante…), el 92% de ellos criados en explotaciones intensivas semejantes a las de las mexicanas Granjas Carroll de La Gloria. Se ha pasado en poco tiempo de las porquerizas caseras a infiernos concentracionarios en los que se hacinan, en medio de la hediondez y bajo calores asfixiantes, decenas de millares de animales que intercambian virus patógenos con gran intensidad.

Ese tipo de ganadería inhumana, intensiva y productivista, que desanimaliza al animal y lo considera como un mero “producto industrial”, un simple “material” que da carne y procura beneficios financieros, es el culpable de la pandemia en curso (28). Cuando, por los propios excesos de empresarios insensatos, ese depravado modelo revienta, el desastre sanitario amenaza con afectarnos a todos…

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1 AP, 6-5-09.
2 Austin American-Statesman, 13-5-09.
3 “Smithfield Foods Reaffirms No Incidence of A(H1N1) In Any of Its Herds or Employees”, http://investors.smithfieldfoods.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=381309
4 “Influenza porcina: un sistema alimentario que mata. La industria de la carne desata una nueva plaga”, www.grain.org/articles/?id=49
5 http://cruzrojoepidemiologia.wordpress.com/
6 Bernice Wuethrich, “Infectious Disease?: Chasing the Fickle Swine Flu”, Science, vol. 299, n° 5612, marzo de 2003.
7 La Organización Mundial de la Salud también alertó, en 1999, de un posible brote de gripe porcina en México y recomendó crear laboratorios para desarrollar tratamientos de inmunización, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de vacunas. A pesar de esas advertencias, México sigue sin poseer la infraestructura para desarrollar y producir vacunas contra el virus de gripe porcina. Peor aun, el Gobierno federal desmanteló dos institutos especializados y dejó de invertir en la creación de productos biológicos.
8 www.agenciamn.com/index.php/De-Pe-a-Pa/Mexico-sabia-de-la-amenaza.html
9 Esta firma opera en Francia, Portugal, Bélgica, Holanda y Alemania. En Francia controla los grupos Aoste (marcas Calixte, Cochonou, Justin Bridou) y Jean Caby.
10 Sus principales accionistas son: Smithfield Foods (37%), Oaktree Capital (24%), Pedro y Fernando Ballvé (12%), la familia Díaz (5%), Caja Burgos (4%), QMC (2%) y el grupo Fuertes (2%).
11 Fortune, 28-5-08, http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2008/snapshots/728.html
12 www.hrw.org/reports/2005/usa0105/resumen_sp.pdf
13 F. William Engdahl, “Cerdos voladores, Tamiflu y granjas industriales”, 3-5-09. (Traducido del inglés por Felisa Sastre, www.lahaine.org/index.php?p=37648)
14 Luis Hernández Navarro, “Las ciudades de cerdos de Smithfield”, La Jornada, México, 12-5-09.
15 La Jornada, México, 5-4-09.
16 http://impreso.milenio.com/node/8559659
17 “Pandemic Potential of a Strain of Influenza A (H1N1): Early Findings”, Science, 11-5-09.
18 www.veratect.com/media.html
19 Ignacio Ramonet, “México fracturado”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Buenos Aires, agosto de 2006.
20 www.rtve.es/noticias/20090430/miembro-del-sequito-obama-muestra-sintomas-gripe/273070.shtml
21 The New York Times, 29-4-09.
22 www.abc.es/20090430/nacional-sociedad/todo-empezo-edgar-20090430.html
23 Véase nota 17.
24 http://healthmap.org/nejm/
25 Véase Ignacio Ramonet, Irak, Historia de un desastre, Debate, Madrid, 2005.
26 Ernesto Carmona, “La influenza porcina ¿beneficia al Tamiflu de Donald Rumsfeld?”, www.rebelion.org
27 Mike Davis, “La gripe porcina y el monstruoso poder de la gran industria pecuaria”, www.sinpermiso.info/textos/index.php.?id=25258
28 Carlos Martínez, “Una multinacional americana es denunciada como culpable del brote de la gripe porcina”, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84566

Igancio Ramonet. Le Monde Diplomatique