La durísima política contra la
sanidad pública del Gobierno de CiU está vaciando el contenido, que creíamos
intangible, del Estado social, lesionando derechos fundamentales de la persona,
el de la asistencia sanitaria, y tratando a los pacientes y a los profesionales
sanitarios como si de una mercancía se tratara en una economía de mercado a la
que se subordinan los derechos de las personas. El Gobierno de CiU ataca
frontalmente el desiderátum del preámbulo constitucional cuando propugna
"asegurar a todos una digna calidad de vida" y vulnera de forma
reiterada los derechos a la salud proclamados en los artículos 43 de la Constitución y 23 del
Estatuto. Ni la crisis ni el déficit pueden justificar la destrucción de este
derecho sin el cual no es posible garantizar el respeto a la "dignidad
humana" y el "libre desarrollo de la personalidad". Por tanto,
estamos ante una crisis de la política fundada sobre derechos para sustituirla
por otra al servicio de los beneficios económicos, sustitución que conduce
inevitablemente a acentuar la desigualdad social y favorecer toda clase de
exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza. ¿Dónde queda la
ciudadanía democrática? Porque es evidente que los derechos sociales, entre
ellos el de la salud, son la condición de una democracia basada en el pleno
reconocimiento de la ciudadanía, ciudadanía que debe ser una barrera ante
políticas antisociales.
Así lo proclamó la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos (ONU) celebrada en Viena en 1993: "Todos los derechos
son universales, individuales e interdependientes y están relacionados entre
sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global
y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo
peso".
Naturalmente, desde esta
perspectiva se derivan automáticamente para todas las Administraciones unas
estrictas obligaciones de respeto, de protección y de satisfacción, que se
traducen en el deber de disponer de recursos suficientes y garantizar la
prestación de los servicios correspondientes.
Si la Constitución
establece que debe garantizarse que la libertad e igualdad sean "reales y
efectivas" (art. 9.2), puede afirmarse que los poderes públicos no solo no
pueden empeorar los niveles de satisfacción de los derechos sociales, sino que
deben actuar avanzando hacia cotas más altas de prestaciones. Es lo que se
llama principio de no regresividad o, mejor, de progresividad.
Es decir, los derechos sociales
pueden entenderse como irreversibles y, en tal medida, cualquier actuación, por
acción u omisión, de los poderes públicos que limite gravemente su satisfacción
está afectando al derecho básico a la dignidad humana.
Consecuentemente, el
incumplimiento de los poderes públicos de su deber de prestación en la sanidad
puede entenderse como una forma de discriminación, conducta constitucionalmente
prohibida. Exigencias manifiestamente incumplidas por el Gobierno de Cataluña.
La violación por los poderes
públicos de este derecho, en la medida en que constituye, como derecho propio
de la ciudadanía, un derecho cívico, obliga a plantearse la posibilidad de que
las decisiones políticas de gravísimas restricciones sanitarias no solo sean un
abuso de poder, sino que presenten una auténtica relevancia penal. Si así
fuere, deberían perseguirse ante los tribunales por los perjudicados y la
fiscalía, de oficio. En efecto, el art. 542 del Código Penal castiga a las
autoridades y funcionarios públicos que "impidan" a los ciudadanos
"el ejercicio de derechos cívicos", en un precepto que contempla de
forma genérica la violación de derechos innominados que, por su trascendencia
personal y social, merecen una protección mas intensa como es la penal.
Entendemos que a tenor de una lectura constitucional acorde con la actual
significación y alcance de los derechos sociales, el derecho a la salud merece
y necesita una más eficaz protección si queremos construir una sociedad más
justa e igualitaria. Por ello, está justificado advertir que una política
sanitaria como la actual de CiU puede merecer un reproche penal. Y en su caso,
quienes la denunciaran estarían defendiendo sus derechos y, además, protegiendo
preventivamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos.
Carlos Jiménez Villarejo fue
fiscal anticorrupción.
El País
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