Hace algunos años Michael Moore retrataba brillantemente en ‘Sicko’
el negocio y la estafa sanitaria en Estados Unidos a manos de grandes
compañías aseguradoras. Hoy éste es el modelo que se impone en el Estado
español. Y, ¿adónde nos conducen dichas políticas? 50 millones de
estadounidenses sin ningún tipo de cobertura sanitaria y 250 millones
con seguro médico privado, que cuando necesitan un tratamiento, en
muchos casos, les es negado. Si quieren ver lo que se nos viene encima,
no se pierdan este film. Más que un documental, una película de terror.
Los Presupuestos Generales del Estado aprobaron para este año el
mayor recorte nunca visto en materia sanitaria: 7.267 millones de euros.
Una ofensiva en toda regla contra el actual sistema de salud y que
significa, entre otras medidas, el fin de la atención sanitaria
universal, dejando al margen las personas inmigrantes sin papeles; la
reducción de prestaciones sociales diversas; o el establecimiento del
copago sanitario, haciéndonos volver a pagar, y en sitios como en
Catalunya por partida doble (copago estatal más copago catalán), aquello
que hemos abonado previamente mediante impuestos.
Se trata de medidas que nos hacen retroceder décadas y que promueven
una deficiente atención sanitaria, con largas listas de espera,
reducción de personal e infraestructuras… para así empujarnos a las
mutuas privadas. Está claro: el éxito del sistema médico privado radica
en el mal funcionamiento del público. Nos quieren enfermos, pero
suficientemente vivos para seguir pagando. Se promueve así una sanidad
para ricos y otra para pobres. Y ésta deja de ser un derecho para
convertirse en un privilegio.
Catalunya y el País Valencià han sido, tristemente, pioneras en
dichas prácticas. Y quiénes las promueven cuentan con un dilatado
curriculum en la empresa privada. Éste el caso de Boi Ruiz, actual
consejero de sanidad de la Generalitat catalana, que antes de ocupar
este cargo fue presidente y director de la principal patronal sanitaria
catalana, La Unió Catalana d’Hospitals. Ahora le toca a Madrid. Y, cosas
de la vida, Antonio Burgueño, director general de Hospitales de la
Consejería de Sanidad madrileña, principal ideólogo de la privatización
de hospitales y centros de salud, llegó a trabajar más de veinte años en
el sector sanitario… privado. ¿Conflicto de intereses?
Nos lo han repetido por activa y por pasiva: “la sanidad pública no
funciona”, “la gestión privada es mejor”… Y, un detalle: cuando el
gobierno, los medios, el mundo empresarial se refieren a la sanidad
hablan siempre de “gastos” sanitarios, “gasto” farmacéutico. Apostar por
la sanidad, nos dicen, significa gastar. Curiosamente, “el gasto
público”, pero “la inversión privada”. Manipulan las palabras para
justificar sus prácticas, pero cada vez somos más quienes no nos creemos
sus mentiras. La sanidad o la educación no son un “gasto”, son una
“inversión”, una inversión en un modelo de sociedad y en los derechos de
las personas.
Hoy el sector sanitario se alza en pie. En Madrid, son ya varias
jornadas de huelga, manifestaciones masivas, encierros en hospitales
como el del emblemático Hospital Princesa que dio lugar a veinte ocupaciones más,
un millón de firmas recogidas, acciones diversas como la de “Abraza tu
hospital”… Todo para decir “no” al plan de reforma del sistema
sanitario impulsado por la Comunidad de Madrid y que pretende
privatizar seis hospitales, 27 centros de atención primaria, implantar
la tasa de un euro por receta, entre otras medidas. Y que, según los
sindicatos, implicaría la pérdida de siete mil puestos de trabajo.
Y todo ello mientras este domingo unas cincuenta mil personas con diversidad funcional
se manifestaban en Madrid para reivindicar sus derechos ante los
impagos de la administración pública. Un total de 300 millones son los
que la administración debe a este sector y que amenazan con obligar a
cerrar a un 20% de los centros que les atienden. Manifestación
histórica, la primera protesta multitudinaria de dicho colectivo en
años.
En Barcelona, los trabajadores del Hospital de Sant Pau
empezaron hace días un encierro indefinido contra los recortes, que
significaron para este hospital: cierre de 84 camas, reducción de la
actividad de radioterapia, radiología, cierre de quirófanos, etc., con
el consiguiente deterioro del servicio. La protesta contra los recortes
salariales, los despidos y la precariedad es otro de sus frentes. De
hecho, el caso del Hospital de Sant Pau es extrapolable al de muchos
otros centros. Y su lucha, y el apoyo social y ciudadano con el que
cuentan, todo un ejemplo a generalizar.
Catalunya ha sido la vanguardia de la privatización sanitaria a nivel
estatal. Un buen ejemplo de como las políticas económicas de CiU y las
del PP son calco y copia. La revista CafèambLlet
lleva tiempo denunciando los oscuros negocios de CiU y del PSC con la
sanidad pública catalana. Investigaciones que les han valido una multa
de diez mil euros por descubrir “lo que no tocaba”. Y ahora varias entidades sociales han
presentado una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya contra el consejero Boi Ruiz y su equipo al considerar que
estos podrían haber incurrido en delitos de tráfico de influencias,
omisión del deber de socorro, actividades prohibidas a los funcionarios,
etc.
Hacer negocio con la sanidad pública es uno de los principales
objetivos del capital privado en la presente situación de crisis, siendo
la excusa perfecta para aplicar unas políticas de privatización que
hace tiempo vienen planificándose. Del mismo modo que se busca hacer
negocio con la educación, la vivienda, el transporte y, en definitiva,
con nuestras vidas. Los servicios públicos están en el punto de mira del
poder económico y político y son el gran pastel que estos quieren
repartirse aumentando, así, su tasa de beneficio. Pero, como se ha
repetido en numerosas ocasiones: “La sanidad pública no se vende, se
defiende”. Que así sea.
Esther Vivas. Periodista y activista
Público.es
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