Entrevista a Joan Benach, director del grupo de investigación sobre desigualdades en salud GREDS-EMCONET
Brais Beníntez
La Marea
Joan Benach es profesor de salud pública y director del grupo de
investigación sobre desigualdades en salud GREDS-EMCONET de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Este especialista en la relación
entre las condiciones de trabajo y la salud pública alerta de la
precarización de la sanidad pública derivada de los recortes, que define
como “estrategias político-legales-ideológicas”. Su último libro
publicado es La sanidad está en venta (Barcelona: Icaria, 2012).
¿Qué consecuencias tienen los recortes en la sanidad pública?
La
ingente reducción presupuestaria que se está realizando en la atención
sanitaria conlleva cerrar centros de atención primaria, cerrar urgencias
y quirófanos, aumentar listas de espera, hacer expedientes de
regulación de empleo en hospitales, reducir el número de profesionales
sanitarios y empeorar las condiciones de trabajo de quienes se quedan,
todo lo cual deteriora los servicios y prestaciones y aumenta el riesgo
de enfermar y morir prematuramente.
¿Estos ajustes ahondan en la desigualdad?
Muchos
estudios muestran como la atención sanitaria pública se asocia a un
riesgo menor de morir y a menores desigualdades en salud según la clase
social, el género, la etnia y la situación migratoria. La sanidad
mercantilizada es por tanto injusta, rompe el concepto de ciudadanía y
solidaridad social y abre paso al clasismo, la discriminación y la
desigualdad. Los llamados “ajustes”, que mejor cabría llamar
“estrategias político-legales-ideológicas” de mercantilización y
privatización de la sanidad, quieren llevarnos a una sanidad de tres
niveles, que profundizará enormemente las desigualdades en los servicios
sanitarios y la salud: una sanidad de pago para los ricos que puedan
pagarla, una sanidad para la clase trabajadora y una clase media
empobrecida con servicios mínimos y de baja calidad, y una sanidad de
beneficencia para las personas en situación de pobreza y marginación.
¿Qué grupos sociales son los más afectados?
Aquí
llueve sobre mojado. Los colectivos que sufren más son aquellos que ya
de por sí padecen las peores condiciones sociales, laborales, y
económicas. Las personas pobres, los desempleados, las mujeres obreras
en situación de precariedad, los inmigrantes, las mujeres de la
limpieza, los enfermos crónicos, y también las personas discapacitadas
que deben desplazarse a los centros sanitarios. Claro está, la peor de
las situaciones la sufren quienes padecen al mismo tiempo estas
múltiples situaciones de desigualdad social. Pero, además, gran parte de
una clase media cada vez más empobrecida va a verse también afectada
por la reducción y calidad de las prestaciones y servicios.
¿Más allá del hecho en sí del ahorro, los recortes persiguen un cambio de modelo?
La
actual contrarreforma sanitaria es un verdadero golpe de estado contra
la sanidad pública. La sanidad pública y la privada son vasos
comunicantes. Si se deteriora la primera, se refuerza la segunda y al
revés. Los recortes, junto con las estrategias de parasitismo del
sistema público y los cambios político-legales que ayudan a implantar
servicios privados, quieren conducirnos a una situación insostenible que
nos lleva tres décadas atrás. Con ello se pretende conseguir un doble
objetivo. Por un lado, deteriorar la sanidad pública y abrir el mayor
campo posible para una atención sanitaria mercantil basada en el
beneficio de enormes conglomerados y grupos empresariales privados, que
hacen negocio vendiendo servicios y productos sanitarios a los
“clientes” que tienen el suficiente dinero para pagarlos.
El
segundo objetivo es aún más malicioso si cabe. Se trata de destruir la
imagen positiva que para muchos aún tiene “lo público”. Es un arma
ideológica que quiere erosionar la imagen de la atención sanitaria
pública y los derechos colectivos conseguidos a través de las luchas
sociales. Se quiere ganar esa batalla ideológica y se nos quiere hacer
creer que lo “privado”, lo mercantil, es intrínsecamente mejor, más
eficiente y con más calidad e incluso, a veces, en el colmo de la
perversión, se insinúa que es “más equitativo”. Afortunadamente, buena
parte de la población se está dando cuenta de esas estratagemas y
mentiras, y está reaccionando pasando del estado de shock a uno de mayor
conciencia, y de ésta a la movilización y la lucha para defender sus
derechos.
¿La sanidad pública tal como está configurada, o como lo estaba antes de que comenzaran los recortes, es sostenible?
La
sanidad pública del conjunto del Estado español es bastante eficiente y
barata. Aún gastando menos que la media de la Unión Europea, la calidad
general es buena. Eso no quita que el sistema sanitario público deba
mejorar. Por ejemplo, tiene que haber cobertura para toda la población,
hay que ampliar y mejorar los servicios socio-sanitarios relacionados
con la salud mental, la salud laboral o la salud ambiental, que son muy
incompletas y limitadas. También debemos gastar mucho más en atención
primaria y bastante menos en gasto farmacéutico, así como controlar
mucho mejor el gasto tecnológico, y reducir la excesiva
biomedicalización de la salud y la iatrogenia [los actos médicos que
perjudican en lugar de aliviar] que producen daños a la salud evitables.
Pero que se deba mejorar no puede servir de excusa para destruir la
sanidad pública y venderla a quienes se quieren lucrar con la salud y la
vida de la gente. Tener una sanidad de calidad y accesible para toda la
población es una prioridad ciudadana que la mayoría de la población
desea. La sanidad es sostenible pero hay que dedicarle muchos más
recursos, y eso conlleva aumentar la baja fiscalidad de las grandes
fortunas y empresas y controlar el enorme fraude fiscal existente.
¿Es más eficiente una gestión privada de la sanidad?
Los
indicadores sanitarios de la atención privada son peores en comparación
con los de la atención pública. De hecho, los únicos aspectos donde el
sector privado muestra ser mejor que el público radica en el confort y,
como parece lógico por su predisposición mercantil, en el tiempo de
espera. En todo lo demás, la diferencia de calidad entre ambos tipos de
atención es muy clara en favor de lo público, tanto en su eficiencia
como en su equidad. La supuesta mayor “eficiencia” del sector privado y
de su gestión se fundamenta en gran medida en ahorrar en personal y
ofrecer bajos salarios y malas condiciones de empleo, todo lo cual
afecta la salud de los propios trabajadores de la salud y daña la
calidad de la atención médica. Además, por no extenderme más, los
hospitales privados seleccionan a los pacientes, dan altas prematuras a
los pacientes, cobran por acto médico y realizan pruebas e
intervenciones innecesarias.
¿Qué influencia tienen en la
gestión del sistema de salud los posibles conflictos de intereses y
vínculos entre los gestores públicos y privados?
Hacer
negocio con la sanidad pública es uno de los principales objetivos del
capital privado en la situación actual de una crisis, que ha sido la
excusa perfecta para aplicar unas políticas de privatización que vienen
diseñándose y planificándose desde hace décadas. Los servicios públicos
están en el punto de mira del poder económico y político y son un enorme
pastel a repartir. La connivencia de las élites económicas privadas con
los gestores y el poder público son manifiestas, lo cual se refleja en
valores e intereses compartidos y en las prácticas de clientelismo y de
“puertas giratorias” a través de favores políticos, pagos y salarios
millonarios irregulares y adjudicaciones sin concurso.
Todo eso
se ve bien en el caso de Cataluña, tal y como han mostrado con claridad y
valentía las denuncias de los injustamente condenados periodistas Marta
Sibina y Albano Dante de la revista Cafèambllet, a quienes desde
aquí envío mi solidaridad y apoyo, de David Vidal, concejal de la CUP
en Reus, de Ramón Serna, del sindicato CATC-CTS, o los periodistas Oriol
Güell y Antía Castedo de El País Catalunya, con los casos Bagó,
Prat, Sant Pau, Manté o Crespo, entre otros. La atención sanitaria
pública, universal, equitativa, de calidad, y con un elevado nivel de
prestaciones es un derecho ciudadano de enorme importancia que ha
costado enormes esfuerzos y luchas sociales. Debemos luchar sin
desfallecer para evitar que la sanidad deje de ser un derecho y se
convierta en el privilegio de unos pocos que puedan pagarla.
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