Bolonia merece un debate

Los estudiantes reunidos en asamblea en diversas universidades de España han solicitado una moratoria de la aplicación del Plan Bolonia y la apertura de un gran debate nacional sobre el modelo de universidad pública que queremos. Esta demanda no sólo es razonable, sino que en la actual coyuntura político-económica es la única razonable

En efecto, el llamado Plan Bolonia–y en concreto las transformaciones pedagógicas y gerenciales a que ha dado lugar– es la expresión de unas políticas neoliberales iniciadas hace casi 30 años por la sra. Thatcher en el Reino Unido y que, en este momento histórico, han quebrado en todos los sentidos. Como siempre, en España (y las autonomías que tienen competencias de educación transferidas siguen la corriente) se están aplicando estas políticas tarde y cuando en otros ámbitos de la sociedad han demostrado su fracaso más o menos estrepitoso. Mientras el modelo empresarial neoliberal necesita la ayuda del Estado porque no sabe gestionar bien los recursos, los responsables de los diversos ministerios de Educación y universidades nos dicen que la universidad tiene que ser gestionada como una empresa. Cuando el Estado inyecta millones de euros para salvar de su monstruosa falta de liquidez a los bancos, se afea públicamente el déficit presupuestario de las universidades y se las incita a adoptar un modelo empresarial.

En los últimos años, la universidad española ha adquirido una mentalidad empresarial forzada por las políticas neoliberales de retraimiento del gasto público. Los problemas a los que se enfrenta son el déficit financiero, la falta de productividad y calidad del producto, la competitividad, etc. En definitiva, cuestiones de gestión y de competencia empresarial. Lo que podría llamarse la “cultura empresarial” de esta empresa que ahora es la universidad ha abandonado, como si fuera un lastre de maquinaria obsoleta, toda una serie de valores, de responsabilidades y obligaciones mutuas que sustentaban la cohesión social de la comunidad universitaria. El discurso hegemónico –del Ministerio de Ciencia e Innovación, de la Conselle-ria d’Innovació, Universitat i Empresa, de los órganos de Gobierno de las universidades y de la mayoría de los medios de comunicación– es que ya era hora de que la universidad se enterara de cuál es su cometido: producir un producto de calidad que esté de acuerdo con una demanda social (en realidad se entiende empresarial; no hay más que mirar quiénes componen los Consejos sociales de las universidades) al menor coste posible. Como organismo público, la universidad ocupa cada vez más ese espacio en el que lo público se pone al servicio de la empresa privada y de los diseños y designios de la política económica de unos gobiernos marcados por la hegemonía neoliberal.

En los años ochenta del siglo pasado, cuando Margaret Thatcher inició su reforma del sistema universitario británico, realizó varias transformaciones, entre las cuales se incluyó la conversión de las antiguas Polytechnics (centros superiores de enseñanza de carreras técnicas) en universidades propiamente dichas. Esto causó una viva polémica, pero fue justificado por los responsables del cambio como una “promoción” de las carreras de formación técnica y eminentemente instrumental a la categoría plena de centros de producción de conocimiento superior, incorporando aspectos teóricos a los meramente eficientes. En realidad, este proceso resultó ser una asimilación de todas las carreras (incluidas las ciencias puras, las humanidades y las ciencias sociales) a los objetivos directamente ligados a las necesidades industriales y empresariales que impulsaban a las antiguas Polytechnics.

Es en ese momento cuando aparece el tema de la “profesionalización” de las carreras universitarias, como si ese fuera el único objetivo legítimo de la producción y transmisión del saber en la institución universitaria. Muchos medios de comunicación, los gobiernos de uno u otro signo y los ciudadanos en general asumen esa idea finisecular productivista de que la universidad existe para formar profesionales, personas técnicamente preparadas para cubrir las necesidades de la sociedad (léase del mercado) y que, por tanto, es la sociedad la que debe orientar estas industrias del conocimiento para que elaboren unos productos idóneos que puedan ser consumidos productivamente por esta. De ahí la degradación de los conocimientos y la capacidad crítica a competencias y habilidades implementadas con sistemas tecnológicamente avanzados, que tan alegremente propugna un grupo hegemónico de pedagogos y psicólogos que pretenden taylorizar el saber universitario.

Desgraciadamente, como está demostrando esta crisis, el modelo empresarial neoliberal hace aguas por todas partes, lo que además resulta obvio por las contradictorias declaraciones de los diversos expertos económicos de más alto nivel, así como por los bandazos de las políticas económicas de los países económicamente más poderosos, que no tienen ni la menor idea de cómo van a salir de este atolladero económico que tiene muchos visos de transformarse en un atolladero social (paro, crisis de subsistencia, violencia).

Parece claro que el anterior modelo neoliberal ya no sirve. Es imperativo pensar en otro paradigma, inventar otro modelo a partir de los conocimientos históricos y del análisis de situaciones de crisis anteriores. Pero ¿cuánta gente tiene la capacidad crítica y los conocimientos necesarios para desprenderse de fórmulas y modelos fallidos (pero, ¡ay!, tan reconfortantes)? Todavía quedan unas cuántas personas, pero si triunfase el modelo de universidad que se agazapa bajo el Plan Bolonia, pronto no quedaría nadie. En definitiva, nos encontramos en un cambio de coyuntura político-económica, probablemente orientada hacia algún tipo de neokeynesianismo; por tanto, no parece una buena idea seguir adelante con un Plan que expresa un proyecto neoliberal ya obsoleto. La moratoria es una necesidad y el debate es una responsabilidad social. Los estudiantes tienen razón.

Susana Narotzky es Catedrática de Antropología Social de la Universidad de Barcelona

Diario Público