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El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid instruyó las diligencias previas contra el Ministerio de Sanidad por permitir, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que se comercializase Lipobay “sin haberse realizado los debidos ensayos clínicos. Las pruebas se concibieron en Inglaterra pero no se utilizaron las personas necesarias para comprobar su eficacia y seguridad, y con el tiempo se demostró que los verdaderos estudios se hicieron sobre la marcha, con la venta del producto en las farmacias”, explicó en su momento Antonio Navarro, abogado que coordinó la demanda multitudinaria contra la Administración sanitaria española. La Audiencia Provincial madrileña archivó el caso al considerar que no existía delito de imprudencia.
En España no hemos podido conocer si Bayer sabía de antemano los gravísimos efectos de su producto antes de comercializarlo. Ni si la AEMPS permitió su venta con dichos datos en la mano. Los responsables de la Agencia no entregaron la documentación sobre los ensayos epidemiológicos que Bayer tuvo que realizar para que su medicamento cumpliera con los controles de dicha institución, encargada de velar por la salud pública. La AEMPS obvió las preguntas de la oposición en el Parlamento y los requerimientos de los tribunales. Actuó así, como en tantas ocasiones, como garante de los intereses de las farmacéuticas.
En Alemania sin embargo, el Ejecutivo teutón acusó a Bayer de ocultar los riesgos del fármaco: el secretario de Estado de Sanidad, Theo Schroeder, afirmó que “la empresa ya sabía el 15 de junio [de 2001] que el medicamento contra el colesterol era ‘especialmente peligroso’, pero no lo avisó hasta el 10 de agosto, dos días después de retirar el producto del mercado [vinculado a 52 muertes en aquel país]”. Tras la muerte de un número incalculable de pacientes relacionados con Lipobay, Bayer ha intentado frenar los cientos de demandas que le esperaban con acuerdos ‘amistosos’ más baratos que enfrentar las multas o las demandas de los abogados de los afectados.
Precedentes
Pero ha habido otros casos similares. El laboratorio Baxter dio 24.040.400 euros a cambio de que 1.350 familias de hemofílicos fallecidos en España por la contaminación de su sangre con VIH/sida y hepatitis, el 96% del total, firmaran un acuerdo de compensación para evitar la demanda caso por caso, mucho más costosa para la compañía. Laboratorios y autoridades sanitarias españolas conocían la contaminación del plasma sanguíneo y aún así permitieron su aplicación.
Merck, fabricante del medicamento Vioxx para la artrosis, pagó, por su parte, 3.300 millones de euros a los 26.000 demandantes que sufrieron daños certificados tras consumir su medicamento en EE UU. Merck había ocultado a las autoridades sanitarias estadounidenses que Vioxx podía causar infartos cerebrales y de corazón.
Y para cerrar con otro de los casos del largo historial de Bayer, hay que recordar las denuncias de Alfredo Pequito, ex delegado de Información de Bayer en Portugal, que condujeron a la Inspección General de Salud de dicho país a investigar la supuesta corrupción de médicos portugueses al recetar fármacos a cambio de viajes a congresos. El resultado: la condena de cuatro médicos, el proceso de otros 23 y la apertura de expedientes a 83 más.
ATROPELLOS FARMACÉUTICOS
Lipobay
Este fármaco anticolesterol de Bayer fue retirado en 2001. Con la demanda de 60 afectados, se reconocen, al menos, 19 fallecimientos sólo en España por colapso renal a causa de su consumo.
Bayer en Portugal
La Inspección General de Salud en Portugal investigó a Bayer por la supuesta corrupción de médicos portugueses al recetar fármacos a cambio de viajes a congresos. El resultado: cuatro médicos condenados, 23 procesados y otros 83 doctores a los que se abrió expediente.
Contagio de sangre
El laboratorio Baxter pagó 24.040.400 euros a cambio de que 1.350 familias de hemofílicos fallecidos en España por la contaminación de su sangre con VIH/sida y hepatitis firmaran un acuerdo para evitar las demandas caso por caso.
Merck y Vioxx
Merck, fabricante del medicamento Vioxx para la artrosis, pagó 3.300 millones de euros a los 26.000 demandantes que sufrieron daños certificados tras consumir su medicamento en EE UU.
Miguel Jara. Diagonal
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