Contexto histórico y político.
En los últimos diez años la Universidad pública ha
sufrido una transformación sin precedentes. Después de la Transición, en los años
70 y 80 del siglo pasado, la
Universidad pública se expandió por todo el territorio del
Estado creándose nuevos campus, facultades y departamentos, o ampliándose los
existentes, para dar cabida y permitir el acceso a una educación superior a
toda una generación de jóvenes estudiantes nacidos durante el “baby boom” de
los años sesenta; una generación que buscaba acceder a unos niveles de estudios
y de formación superior a los que la gran mayoría de sus padres, la generación
anterior, no había podido acceder.
Por tanto, con la llegada de la democracia se
produjo también la masificación de la Universidad pública y la apertura de nuevos
campus y facultades en ciudades pequeñas donde antes no existían. Este modelo
pretendía sobre todo facilitar el acceso universal, para todo el mundo, a una
educación superior y de paso evitar que millones de jóvenes sin estudios
superiores engrosaran las filas de un paro creciente. Sin embargo, este modelo
de acceso masivo, fácil y barato, a los estudios universitarios pronto entró en
crisis. El número de estudiantes empezó a disminuir paulatinamente hasta
alcanzar mínimos históricos en la primera década del s.XXI. Por otra parte
muchos licenciados se empezaron a encontrar con la dura realidad del paro, o
con un puesto de trabajo que no se correspondía con los estudios que habían
realizado o que traicionaban sus expectativas laborales. ¡Un título
universitario ya no garantizaba un buen puesto de trabajo en los niveles más
elevados del escalafón social!
Con este panorama, a partir de los años 90 del
pasado siglo, como consecuencia esencialmente de un problema en la estructura
económica de España (muy dependiente del sector servicios, del turismo, y cada
vez más de la burbuja inmobiliaria), el mercado laboral ofrecía sobre todo
empleos de baja cualificación para los cuales no era necesaria ninguna formación
universitaria (y mucho menos una formación humanística) Al mismo tiempo, al
disminuir el número de alumnos a la vez que se ampliaban algunos campus y
servicios públicos asociados a la educación superior, las Universidades
comenzaron a tener problemas de financiación, los cuales no fueron compensados
ni con una mejora de la gestión y control públicos ni con un aumento de los
recursos por parte de las Administraciones Públicas responsables de las mismas:
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas 1
.
Es en este contexto, en el que se da la aparición
y desarrollo vertiginoso de la denominada “sociedad del conocimiento” (nuevas
tecnologías, telecomunicaciones, informática, internet, etc.), con nuevas
exigencias, cuando se produce una crisis de la Universidad pública en
España y en toda Europa; una crisis que va a dar lugar a las importantes
transformaciones acaecidas en la última década, con el denominado “Plan
Bolonia” y su desarrollo posterior, aún en ciernes, llamado “Estrategia 2015”.
Pero ninguno de los cambios espectaculares (y no
tan espectaculares) que ha sufrido la Universidad pública en los últimos años se podría
comprender sin un adecuado entendimiento de las transformaciones históricas,
políticas y económicas, de finales del s.XX. Al fin y al cabo, la Universidad como
institución histórica de organización social de la educación superior responde,
o –sería mejor dicho– mimetiza las relaciones sociales y económicas, los
principios y valores, la ideología dominante de la sociedad a la que pertenece,
pues en el fondo es un producto de ésta, aunque en su seno se pueda realizar
una cierta función crítica 2
. Así, en una sociedad que se rige desde los años 70, tanto en lo
económico y social como en lo político, por la ideología del capitalismo
neoliberal, la estructura y funcionamiento de la Universidad pública ha
tendido inexorablemente desde entonces a configurarse de acuerdo con los
principios y las reglas de la ideología dominante.
Por tanto partimos de una hipótesis, y de una
hipótesis razonable: que los profundos cambios de los últimos años sufridos por
estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores, y por el conjunto de la
institución universitaria, nacen y vienen impulsados por unos intereses, por
una ideología, dentro de un modelo económico y social determinado con unas
necesidades propias: el modelo neoliberal.
El hito clave que marca, muy probablemente, un
antes y un después en la implantación de este modelo es el llamado Acuerdo
General de Comercio y Servicios de 1995 (GATS) 3
celebrado en el ámbito de los países miembros de la OMC, entre los cuales se
encuentran los países de la UE,
entre ellos España. Este acuerdo de la
OMC ha servido y sirve para que ámbitos y servicios
gestionados hasta entonces de manera pública, por los Estados de acuerdo con un
interés público o general (ya sea sanidad, educación, servicio de aguas, etc.),
se abran también al mercado privado (se liberalicen) para que puedan ser
gestionados y controlados por empresas privadas, pudiendo obtener de tal
manera, así también, beneficios de esas actividades. Es decir, permite, o
–mejor dicho– obliga a abrir al negocio y a la inversión privadas ámbitos de la
economía que hasta entonces por su interés público (y su relación con derechos
humanos fundamentales tales como el derecho de acceso universal a la sanidad o
la educación) habían permanecido al margen del mercado y de la lógica del
beneficio.
Como es obvio la Universidad, la
educación superior 4
, presionada también por su propia crisis de modelo anterior, se vio
directamente afectada por las nuevas reglas de un mercado cada vez más
competitivo y desregularizado, donde las empresas multinacionales y los bancos
(el sector financiero) buscaban desesperadamente reducir costes y nuevos
ámbitos de mercado para recuperar una tasa de beneficio en decadencia.
Consecuentemente, con ello deseaban también intervenir la educación a todos los
niveles para adaptarla a sus nuevas necesidades globales, tanto en lo que
respecta al contenido de la formación académica como a la relación y trasiego
del estudiante y sus conocimientos del centro público al sector privado.
Necesitaban conformar y apropiarse directamente de un conocimiento
exclusivamente afín a sus intereses privados, sin trabas de ninguna índole. Y
mientras esto ocurría, al mismo tiempo, el sector público, el Estado social, se
debilitaba, adelgazaba su músculo social y económico, reduciendo paulatinamente
la financiación de la actividad pública, o vendiendo directamente aquél, a
precio de saldo, a los llamados inversores y agentes privados.
Con todo esto, el panorama de la Universidad pública,
que perdía alumnos constantemente como consecuencia del bajón de la natalidad y
que se negaba a ser financiada adecuadamente por una Administración Pública en
retirada, no era muy halagüeño. Además, surgía la necesidad de adaptar los
modelos de enseñanza a las nuevas tecnologías, a las nuevas titulaciones, con
la mirada puesta en una futura convergencia educativa europea que,
supuestamente, permitiría convalidar titulaciones y mejorar la movilidad de
estudiantes y personal académico dentro del continente 5
. Con todo esto nadie pone en duda que la Universidad pública
necesitaba a finales del siglo pasado, como sigue necesitando, una reforma de
calado. Ahora bien, cabe preguntarse qué reformas necesita la Universidad y qué
reformas se han hecho, con qué fin, y más importante aún, ¿a quién benefician
realmente todas las reformas realizadas al amparo del Plan Bolonia en los
últimos años? Resulta pertinente citar aquí el famoso refrán español que dice
que “a río revuelto ganancia de pescadores”.
Por tanto, una vez descrito de forma detallada el
contexto histórico y político en el que se ha cocinado la gran transformación
que ha sufrido la
Universidad en la última década es necesario ahora, sin más
preámbulos, describir cuáles han sido esas transformaciones y por qué las mismas
han perjudicado, sin ninguna duda, a los estudiantes, docentes y trabajadores,
y sobre todo a un concepto de educación superior entendido como un servicio
público, de acceso a la cultura universal y de calidad, que debe o debería
regirse conforme a criterios de interés público, social o general, mediante
mecanismos de control y gestión verdaderamente democráticos y participativos,
respetando siempre el principio de autonomía universitaria consagrado en el
art.27.10 de la
Constitución Española (CE)
El inicio de la privatización y
mercantilización de la
Universidad pública.
El punto de partida, o, si se quiere, el punto de
inflexión es la llamada “Declaración de Bolonia” de 16 de junio de 19996,
declaración conjunta de los Ministros de Educación de los países miembros de la UE. Esta declaración no
es estrictu sensu una norma jurídica obligatoria como pueda serlo un reglamento
o directiva europeas, pero sí contiene el compromiso de los signatarios de
alcanzar los objetivos que propone. En este sentido la Declaración de Bolonia
contiene una serie de puntos e ideas muy abstractos sobre un futuro modelo
educativo de convergencia europeo (un Espacio Europeo de Educación Superior) y
una serie de objetivos a alcanzar para adaptar el modelo universitario de los
Estados miembros a las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento y
lograr “un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable”
y la “promoción de la movilidad, eliminando los obstáculos para el ejercicio
efectivo del libre intercambio” (dice literalmente la Declaración de
Bolonia) Por otra parte, aunque la mayoría de las propuestas, ideas u objetivos
de esta sucinta declaración (apenas una hoja), era plenamente suscribible por
cualquiera, debido sobre todo a su carácter extremadamente general y abstracto,
que estaba aún por definir, sin embargo contenía ya algunos objetivos y líneas
de actuación que hacían intuir claramente la finalidad inherente a la misma.
Así, por ejemplo, la declaración hablaba ya de “competencias” o de “capacidad
de obtención de empleo”, concretamente de una “Europa del conocimiento […]
capaz de dar a sus ciudadanos las competencias necesarias para afrontar los
retos del nuevo milenio,...” y “promocionar la movilidad de los
ciudadanos y la capacidad de obtención de empleo...”. Además, se fijaba
también como objetivo la transformación del sistema basado en dos ciclos
fundamentales. Sin embargo, a pesar de toda esta retórica, la Declaración de Bolonia
precedida de los Acuerdos de la
OMC de 1995, sirvió de pistoletazo de salida para todos los
países de la UE,
incluido España, para iniciar una transformación a fondo de la Universidad pública,
tanto de cuestiones que tienen que ver con los objetivos manifestados por dicha
declaración como de otras cuestiones que no tienen que ver directamente. En
realidad, para someterla –estructuras de gobierno incluidas– a los intereses
del poder económico y financiero y a las necesidades de un mercado laboral cada
vez más precarizado.
Posteriores declaraciones y reuniones de
Ministros de Educación europeos van a hacer un seguimiento continuado de este
proceso (Praga, Lisboa, Londres, Berlín)
Se inicia así un largo proceso en España que
tiene como punto de partida la entrada en vigor de la LOU, la Ley Orgánica de
Universidades de 2001 7
. Esta Ley dictada por el PP sentó las bases y allanó el terreno de las
futuras transformaciones, a la espera de una normativa posterior que la
desarrollase. Con la LOU
se recortó el poder de participación y decisión de los estudiantes en los
órganos de gobierno de la
Universidad, principalmente el Claustro. Así, los estudiantes
perdían un poder de participación ya de por sí exiguo. Al mismo tiempo se
sentaban los pilares fundamentales de la colaboración y el entrelazamiento
entre la Universidad
pública y la empresa privada. Se modificaron las funciones de los Consejos
Sociales, hasta entonces meros órganos de consulta donde estaban representadas
las empresas privadas y otros agentes sociales como los sindicatos
mayoritarios, para dotarles de funciones decisorias sobre la programación
anual, las líneas de investigación, la financiación y los presupuestos 8
. La LOU
también mantenía y acentuaba los privilegios para la creación y financiación de
Universidades privadas vinculadas a la Iglesia Católica,
lo que suponía en la práctica una vulneración de la laicidad del Estado y un
trato de favor hacia la institución religiosa católica –aunque fundamentado
como siempre en los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, de
dudosa constitucionalidad.
En un principio, el PSOE se opuso a la LOU y convocó, apoyó y
participó en múltiples manifestaciones y protestas estudiantiles que por aquel
entonces luchaban contra su implantación con el criterio, del todo acertado, de
que se iniciaba la mercantilización y privatización de la Universidad pública,
además de la pérdida de poder estudiantil.
En contrapartida, la ocasión tan propicia, por
supuesto, sería aprovechada por las grandes empresas y por el sector financiero
(bancos, etc...) para hacer un desembarco definitivo en el mundo universitario.
El “Informe Universidad 2000”
(Informe Bricall) encargado por la Conferencia de Rectores Españoles, pero
financiado por la CEOE
y bancos y empresas multinacionales como el Banco Santander o Telefónica, da
cuenta y y fe del interés de las mismas por el control y participación en las
estructuras y financiación de la
Universidad pública, configurando nuevos instrumentos de
financiación tales como las denominadas “becas-préstamo”. Y es que un nuevo y
extenso ámbito de negocio privado se abría para las multinacionales y la banca.
Así, el Banco Santander, de Emilio Botín y compañía, se pondría en la
vanguardia de este nuevo modelo de control privado empresarial gracias a su
extensa red de cooperación universitaria “Universia” y su Fundación,
auspiciando y generalizando el paradójico invento de las “becas préstamo” y creando
un sistema de búsqueda de empleo privado adaptado a las necesidades de las
grandes empresas capitalistas colaboradoras 9
.
Con el cambio de Gobierno del PSOE en 2004 se
aceleró este proceso de privatización y mercantilización, llamado Plan Bolonia
o Espacio Europeo de Educación Superior.
En esta tesitura, se empezaron a reformar los
Consejos Sociales de todas las Universidades públicas tal y como preveía la LOU. En Castilla y León un
Reglamento autonómico reformó el Consejo Social de la ULE en 2004 10
. A partir de entonces los Consejos Sociales donde estaban representadas
las empresas y los bancos privados pasaron de ser órganos meramente consultivos
a tener funciones y competencias decisorias sobre, entre otros aspectos, la
creación o modificación de centros o facultades, la programación plurianual de la Universidad, la
financiación o el presupuesto, fomentándose la figura del mecenazgo y las
fuentes privadas de financiación. De esta forma, se han dado situaciones como
las de la
Universidad Complutense de Madrid donde un Consejo Social
compuesto por multinacionales como Telefónica, Iberdrola o Caja Madrid (hoy
Bankia) deciden de manera directa o indirecta la programación o las líneas de
investigación, es decir en qué se debe gastar el dinero de un centro de
enseñanza público.
Por tanto, esta intervención directa de la
empresa privada en la educación superior se produce a través de diferentes
mecanismos, además de los Consejos Sociales:
·
A través de las “becas-préstamo” de bancos y
cajas de ahorro, como novedosa forma de financiación de los estudios. Al
principio el Gobierno del PSOE, tratando de no alarmar a los futuros
estudiantes, aseguraba que los préstamos serían a interés cero y que, además,
en el caso de que el estudiante no pudiera devolver el préstamo el propio
Estado se ponía como aval haciendo frente al pago, garantizando así con dinero
público la cobertura del préstamo privado y un ámbito de negocio y beneficio
seguros para el sector bancario. Sin embargo, con el posterior desarrollo del
Plan Bolonia, con la llamada Estrategia 2015, los préstamos ya no son a interés
cero, sino a interés fijo, no pudiendo retrasarse además el pago en las
condiciones favorables previstas en un principio. En suma, que los estudiantes
van a tener que endeudarse hasta las cejas con los bancos para poder pagarse
unos estudios cada vez más caros; un modelo, que por otra parte, es copia de un
sistema estadounidense de enseñanza universitaria elitista realmente fracasado.
·
Con la nueva configuración de la estructura
académica en Grado y Postgrado (Máster) a través de un nuevo elenco de másteres
de empresa privados, por otra parte con unos precios prohibitivos. También con
la financiación de cursos y seminarios, que impiden un ejercicio efectivo del
derecho a la libertad de cátedra, además de suponer una forma de censura
indirecta puesto que aquellos cursos y seminarios que no interesen a las
grandes empresas privadas, porque puedan ser críticos con las mismas o con el sistema
económico que defienden, no obtendrán financiación y por tanto no se llevarán a
cabo, aunque tengan un interés general para el público.
·
Con los Institutos Mixtos de Investigación para
favorecer la denominada “transferencia del conocimiento” de la institución
pública universitaria a la empresa privada. Ello se garantiza además con unas
leyes de propiedad industrial e intelectual que favorecen y promueven la
apropiación privada del conocimiento científico y técnico.
·
A través de las Fundaciones Universidad-Empresa,
con becas en empresas privadas. Estas fundaciones son en sí mismas entidades
privadas. En la
Universidad de León se creó la llamada FEGULEM.
·
Con el patrocinio de cátedras, eventos, actos,
cursos, seminarios, de la
Universidad en sí, etc... Así, en EE.UU., Suecia o China se
han rebautizado los nombres de cátedras, facultades o universidades enteras con
el nombre de sus empresas patrocinadoras. También en España, por ejemplo, con la Cátedra Repsol de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica
de Madrid.
·
Con la publicidad en los espacios públicos
(pasillos, exteriores, etc...) Esta es una forma de financiación escasa, pero
sin embargo muy llamativa y simbólica por cuanto que supone la venta de un
espacio público al mercado. Desde hace cuatro años los pasillos de las
Universidades públicas están inundados de chocantes anuncios luminosos de
multinacionales (El Corte Inglés, Orange, Vodafón, Mapfre, etc...) difuminando
cada vez más la diferencia entre un centro comercial y una institución cultural
de transmisión y creación de conocimiento como es la Universidad.
Una nueva estructura académica: Grado y
Postgrado (Máster)
Pero los cambios también iban a afectar a la
estructura clásica de los estudios universitarios en España, que dividía los
mismos en tres ciclos: diplomatura (3 años – 180 créditos), licenciatura (5
años –300 créditos) y doctorado (de 3
a 5 años)
En el año 2007 el Gobierno dictó un Real Decreto 11
configurando la nueva estructura con los nuevos ciclos, dividiendo la
enseñanza universitaria en dos niveles principales:
o
GRADO (4 años – 240 créditos ECTs).- Formación
general.
o
POSTGRADO (Máster) (1 o 2 años –60 o 120 ECTs).-
Especialización.
o
DOCTORADO.
En realidad no se trataba, como parecían asegurar
tantas y tantas declaraciones institucionales, de crear una estructura
equivalente para todo el ámbito europeo, sino más bien para adaptar las
enseñanzas universitarias a un modelo elitista, a las necesidades y
“competencias” de un mercado laboral cada vez más precarizado y “mejorar la
empleabilidad”. El Real Decreto 1393/2007 obligaba a adaptar todas las enseñanzas
a la nueva estructura antes de 2010. El Gobierno y las autoridades académicas
aseguraban que el GRADO (4 años) equivaldría a la antigua licenciatura (5
años), sin embargo esto no es cierto. El GRADO se ha configurado como un título
de formación general (tal y como dice el art.9.1 del Real Decreto), un
título con unos contenidos devaluados con respecto a la antigua licenciatura,
que por sí mismo no habilita para el ejercicio de la mayoría de las prácticas
profesionales en cualquier ámbito, y que solo sirve en la mayoría de los casos
como llave de entrada a un mercado precarizado. Así, por ejemplo, la carrera de
Derecho ha pasado de 5 a
4 años de duración, pero ahora el simple título de GRADO no permite ejercer la
abogacía (antes bastaba con colegiarse una vez licenciado) sino que es
necesario un máster en la
Escuela de Práctica Jurídica. En este sentido, la devaluación
del título de la licenciatura se desenmascara aún más con la excepción que
supone la carrera de medicina, la cual dura 6 años (360 créditos), y no 4,
debido, como es evidente, a las consecuencias catastróficas que supondría
reducir la carrera a solo 4 años e imponer la necesidad de un caro máster
posterior para poder ser médico. Y es que a pesar de todo los responsables de
esta reforma saben que con la vida de las personas no se juega. En
contrapartida, otras carreras que antes eran diplomaturas de 3 años (enfermería
o magisterio, entre otras) han visto ampliados sus contenidos sin una necesidad
real ni un sentido verdaderamente práctico, solo como consecuencia de la
imposición de la nueva estructura. No parece tampoco lógico que carreras
superiores de 5 años (300 créditos), como Derecho o Biotecnología, se hayan
reducido a tan solo cuatro, comprimiendo y minimizando contenidos y asignaturas
esenciales para la correcta y completa formación de los futuros profesionales.
Esto pone a las claras la irracionalidad de la reforma.
Como consecuencia de esa devaluación, de un
título de GRADO cuyos contenidos no aportan los conocimientos suficientes, se
impone la necesidad de los másteres, del POSTGRADO. Tenían razón los rectores
de las Universidades públicas cuando aseguraban que ahora todos los estudiantes
iban a realizar un Máster, pero no porque fueran a ampliar sus licenciaturas ya
habilitantes sino porque no les iba a quedar más remedio. Así, el Máster tiene
como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada,
orientada a la especialización académica o profesional (como dice el
art.10.1 del Real Decreto) Es decir, el Máster es el verdadero equivalente de
la licenciatura anterior, el verdadero título que habilita para el ejercicio de
la práctica profesional (arquitecto, ingeniero superior, veterinario, abogado,
profesor de instituto, etc.) y por tanto un paso casi obligatorio para la
mayoría de estudiantes universitarios en su formación para poder asegurar una
inserción laboral satisfactoria. Sin embargo, el coste prohibitivo de los
másteres supone una nueva barrera económica, un filtro, que permite, por una
parte, cargar sobre el estudiante la mayor parte, sino todo, el peso del coste
de dicho título y, por otra, que las empresas puedan configurar conforme a sus
intereses privados un amplio espectro de títulos de POSTGRADO (con precios que
van desde 3.000 a
30.000€), puesto que se obliga a convivir a másteres públicos y privados 12
. Esto, de hecho, supone elitizar y privatizar en parte el acceso a un
título de grado superior, el cual deja de ser un derecho para convertirse en
una mercancía cara, muy cara. Los másteres públicos tienen también un coste
desorbitado de entre 1.500 y 1.800€ de media, no comparable en ningún caso con
lo que venía siendo un último año de licenciatura (el cual podía costar
aproximadamente unos 500 o 600€) Además, con los másteres privados las empresas
pueden configurar y controlar los ámbitos de estudio y adaptarlos a sus
necesidades corporativas, determinando qué conocimientos son dignos de
especialización y cuáles no.
La nueva estructura se ha implantado con la
connivencia absoluta de los responsables universitarios (rectores y
vicerrectores) y, lo que es aún más grave, con la vergonzosa connivencia de los
representantes estudiantiles institucionales (Junta de Estudiantes) Grandes
movilizaciones en 2008 y 2009 de profesores, trabajadores (PAS) y estudiantes
concienciados se enfrentaron mediante paros, huelgas, manifestaciones y
ocupaciones de facultades a las reformas del Plan Bolonia. Todos los rectores
de Universidades públicas –salvo, en un primer momento, el rector de la Universidad Complutense
de Madrid, Carlos Berzosa (que después claudicaría también)– pasaron por el aro
y transigieron con las exigencias del Ministerio oponiéndose a la mayoría de
los estudiantes y profesores que veían con malos ojos, o cuanto menos con
desconfianza, la implantación de la nueva estructura y de los nuevos sistemas
de financiación. ¡Hasta ahí llegaba la autonomía universitaria! En casi todas
las Universidades se recogieron miles de firmas de profesores y estudiantes
exigiendo cuanto menos la paralización de la implantación del Plan Bolonia, un
referéndum sobre las nuevas medidas y un debate público abierto sobre sus
consecuencias y sobre el modelo universitario del futuro, exigencias que en la
mayoría de las Universidades ni siquiera recibieron una respuesta.
Sin embargo, sería faltar a la verdad decir que
los estudiantes se oponían a todos los aspectos que configuraban el Plan
Bolonia. Aunque ciertas cuestiones positivas de tipo metodológico que,
supuestamente, pretendían reformarse, como la reducción del número de alumnos
por clase o una relación más directa entre alumno y profesor con un seguimiento
más personalizado de su trabajo académico, o simplemente el aprovechamiento de
las nuevas tecnologías, se han convertido en una mera quimera, ya que, entre
otros despropósitos, con el nuevo modelo de financiación y la crisis se han
despedido a profesores asociados para ahorrar costes y reducido presupuestos en
casi todos los departamentos.
Un nuevo modelo de financiación.
La financiación se ha convertido en el caballo de
batalla por excelencia de la
Universidad pública –y también en el caballo de Troya de los
intereses privados. Agravado si cabe por la crisis económica el problema de la
financiación, lejos de resolverse con las nuevas reformas, ha puesto en jaque a
todo el sistema universitario, sometiéndolo definitivamente a una dependencia
casi vampírica del sector empresarial y financiero. En los últimos tres años la
financiación pública de la
Universidad se ha reducido drásticamente con la excusa de la
crisis económica, sobre todo en las Universidades pequeñas de provincias 13
. Una financiación que procede –no puede olvidarse– de los Gobiernos de
las Comunidades Autónomas, gobernadas casi todas por la derecha conservadora
neoliberal del PP, y no del Estado central. Por otra parte, en contradicción,
resulta difícil imaginar cómo va a salir un país de la crisis económica
–supuestamente, según los parámetros productivistas que defienden los actuales
políticos y economistas en el poder– si no mejora su capital productivo y
humano, la formación académica e intelectual de sus ciudadanos para que estos
puedan innovar y aportar una mayor plusvalía a la producción.
Un informe del Consejo de Coordinación
Universitaria encargado por el Ministerio de Educación y Ciencia de 20 de abril
de 2007 apuntaba a la necesidad ineludible de aumentar la suficiencia
financiera de las universidades en España, cuyos recursos representaban hasta
entonces solo un 1,22% del PIB, hasta un 1,5% del PIB, más acorde con las
necesidades y estándares de un país desarrollado de la OCDE. Es decir, ello
suponía la necesidad de un incremento anual mínimo de cerca de 3.000 Millones
de € en recursos para la universidad. Se estimaba que ello era imprescindible
para la mejora de la calidad educativa, la equidad en la enseñanza superior y
una capacidad de innovación y desarrollo en I+D+i; y se estipulaba también que
dicha financiación fuera en un 20% privada y en el 80% restante pública 14
. Sin embargo, la realidad posterior ha venido a desmentir radicalmente
estos planes, pues la financiación no solo ha disminuido drásticamente en los
últimos años (tanto cuantitativamente como en relación con el PIB) sino que
además los escasos recursos provienen en una proporción cada vez mayor del
sector privado, el cual de esta manera tiene una palanca de control directa
sobre la educación e investigación universitarias.
En el centro del huracán del problema de la
financiación se encuentra la investigación. Ante una ausencia cada vez más
notable de financiación pública las Universidades, sus departamentos, “deben
buscar” sus propios recursos, es decir financiación privada. Como es evidente
esta financiación de proyectos de investigación y estudios universitarios sólo
podrán hacerla aquellos agentes o empresas privadas que tengan una capacidad
económica suficiente para ello; es decir, que solo serán las grandes empresas y
los bancos y fondos de inversión los que financien esos proyectos de
investigación. Lógicamente, solo financiarán aquellos departamentos o estudios
que les interesen, que les reporten beneficios, quedando excluidos y por tanto
abocados a la desaparición –más allá de su posible interés social– aquellos que
no puedan obtener el beneplácito de sus patrocinadores privados. Esto sucede ya
en el sistema universitario de los EE.UU. Por tanto, lo que se considere
improductivo para el mercado tenderá a desaparecer de la oferta académica y de
los planes de investigación.
¿Existe acaso un ejemplo más claro de esto que la
investigación financiada por las multinacionales farmacéuticas? ¿Se dedican
acaso éstas a la investigación de las enfermedades que más muertos y trastornos
causan en el mundo, o solo a aquellas de entre los países ricos que les
reportan beneficios económicos porque sus productos van dirigidos a un
consumidor con poder adquisitivo, tales como ansiolíticos o antidepresivos? La
respuesta cae por su propio peso.
Pero este control directo de la investigación por
parte de las empresas privadas se acentúa todavía más cuando encima se pretende
subordinar la financiación pública a la previa obtención de una financiación
privada. Esta es una de las “reglas” de financiación que se están implantando
con la denominada “Estrategia 2015”.
Es decir, que la financiación pública ya ni siquiera va a quedar como una
financiación residual que cubra las necesidades de unas Universidades, carreras
o departamentos que no han podido obtener recursos privados, que no han sido
atractivos para el sector privado, que no han sabido “venderse” lo
suficientemente bien, sino que se convertirá en el apoyo y refuerzo directo de
aquellas Universidades, carreras o departamentos que interesen solo y
exclusivamente a las multinacionales y al sector financiero.
Este modelo es lo que el profesor de pedagogía de
la Universidad
de León, Enrique J. Díez Gutiérrez, ha denominado “capitalismo académico”.
Según sus propias palabras:
“La financiación pública se subordina a la
previa obtención de 'fuentes de financiación externa', es decir, privadas. La
asignación presupuestaria ya no se hace en función del número de estudiantes,
sino según los resultados obtenidos por la institución universitaria. […] se recorta
el presupuesto para proyectos 'improductivos' de orientación humanística y/o
crítica.”15
Es fácil imaginar que si la investigación no se
ajusta a los resultados deseados por su financiador privado el departamento y
las personas que llevaron a cabo ese estudio dejarán de percibir dinero y
correrán el riesgo de desaparecer, puesto que tampoco percibirán recursos públicos.
La lógica es perversa. Y es, sin duda, una forma directa de intrumentalización
y control de los recursos e instalaciones públicas por parte de las empresas
privadas.
Por otra parte, una de las máximas del nuevo
modelo es el traslado de las costes de la educación superior a los estudiantes.
El lenguaje utilizado en documentos oficiales no deja lugar a dudas. Ahora los
estudiantes son considerados como “clientes” o “usuarios” que pagan por un
título (una mercancía) que en realidad es más una imagen de marca (la imagen de
marca de una Universidad que tiene que competir con todas las demás, como si de
una empresa se tratara, para ser un “campus de excelencia” que atraiga o
“capte” a sus “clientes” en un verdadero mercado del conocimiento) La lógica
del mercado que ha provocado la mayor crisis económica de la historia después
del Crack del 29 se impone ahora también en la Universidad.
Por tanto, sobre todo desde comienzos del s.XXI,
se está dando un paulatino traslado de los costes de la enseñanza universitaria
al estudiante, mientras al mismo tiempo la clase trabajadora, sobre todo en los
últimos años, ha visto disminuir su poder adquisitivo, su salario real (no
salario nominal) 16
Los costes de la enseñanza aumentan mientras que los salarios reales se
reducen o se mantienen igual. En la última década las tasas de matriculación de
primer año han subido una media aproximada del 55-60%, con variaciones entre
Universidades, mientras que en 2º, 3º, 4º y 5º curso el coste total de los
créditos ha subido una media del 40-45%; es decir han subido una media
aproximada del 5% anual. Esta subida anual del 5% es superior a la subida del
IPC (Índice de Precios al Consumo), la cual ha sido en la última década de un
3-3,5% aproximadamente, salvo los dos últimos años (2009, 2010) en los que los
precios de la cesta básica han bajado. En principio, en Castilla y León al
igual que en otras Comunidades Autónomas, la Ley obliga a las Universidades públicas a
actualizar cada año los precios de las matrículas conforme a la subida del IPC,
debiendo subirse las tasas un porcentaje igual o superior al del IPC, pero
nunca inferior. Y las Universidades, por supuesto, en su afán recaudatorio, han
subido las tasas de matrícula un 5% muy por encima del 3% de media del IPC al
que estaban obligadas por ley, y por tanto han encarecido aún más el acceso a
la educación superior. Pero si además tenemos en cuenta, como hemos dicho
anteriormente, que los salarios reales han disminuido o permanecido estancados
durante la última década el encarecimiento es aún más notable: en relación al
salario real implica una subida de más del 50% del coste para los estudiantes,
empobreciendo aún más sus ya de por sí escasos recursos.
A todo ello hay que añadir la subida, a veces
repentina y escandalosa, de otras tasas universitarias como las que se pagan
por la expedición de títulos o certificados (No es normal, por ejemplo, que por
un título de Licenciado en Derecho en la Universidad de León –una simple hoja de papel–,
después de todo lo que se ha pagado a lo largo de la carrera, se deban pagar
160€), o también las que se pagan por el Centro de Idiomas de la Universidad, cursos de
verano, seminarios, etc.
A corto plazo se quiere que los estudiantes
“clientes” asuman la mayor parte, o incluso la totalidad, del coste de la
enseñanza universitaria, lo que supondrá nuevas y significativas subidas de las
tasas. Los responsables políticos de la Universidad quieren que el precio del crédito
suba en segundas matrículas más de un 50% y en terceras matrículas ¡hasta un
300%!, con la idea de que dicho pago cubra el supuesto coste total
individualizado de ese servicio. Un bárbaro retroceso, sin duda alguna, en la
universalidad e igualdad de acceso a los estudios superiores.
Las becas.
Durante estos últimos años, durante
todo el proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, se
ha repetido hasta el hartazgo que el encarecimiento del acceso a la Universidad, a un
título superior universitario (como consecuencia del prohibitivo precio de los
másteres y de las subidas de las tasas, matrículas, servicios, etc.), vendría
compensado por un aumento de las becas. Parecía que el Rey Midas se iba a
instalar en la corte y que el Estado y las Comunidades Autónomas serían poco
menos que la gallina de los huevos de oro. El propio Ministerio de Ciencia e
Innovación (a la sazón el responsable de la reforma universitaria), presionado
por las protestas anti-Bolonia, trató de vender la reforma con una campaña
publicitaria que llevaba el –solo en apariencia– didáctico título de “ ¿Qué
es el Proceso de Bolonia y en qué afecta a los estudiantes?”. Uno de los
párrafos explicativos trataba de eliminar la incertidumbre que se había creado
en torno a las becas y los préstamos-renta, o becas-préstamo:
¿Desaparecen las becas para ser sustituidas por préstamos renta?
En absoluto. El Gobierno se ha comprometido a
mejorar el sistema actual de becas tanto en financiación como en
nuevas modalidades. Desde 2007 ofrece también préstamos renta a interés 0 para
másteres. Pero es una opción más, que no sustituye a las becas que se seguirán
concediendo e incrementándose como hasta ahora. 17
Pero la aciaga realidad pronto vino a desmentir
tantas vagas e inconsistentes promesas. Si las becas iban a mejorar, si el
acceso a un título superior no se iba a encarecer y los estudiantes iban a
tener más libertad y flexibilidad para definir sus estudios, ¿por qué los
bancos de pronto percibieron la emergencia de una gran negocio con los
préstamos-renta a los estudiantes? ¿Es que de pronto los estudiantes iban a
necesitar dinero de los bancos que antes no necesitaban? ¿Si el Estado no tenía
dinero para financiar la
Universidad iba a aumentar las becas? La realidad cayó por su
propio peso y los jóvenes estudiantes que se incorporaron al nuevo plan el
primer año pronto comprendieron el sarcasmo inherente a semejante propaganda.
En los últimos años las becas públicas ya
existentes se han reducido cuantitativa y cualitativamente, sobre todo las
becas de movilidad SÉNECA y ERASMUS. En general, han disminuido en los tres
últimos años con el estallido de la burbuja inmobiliaria en España,
curiosamente cuando más falta hacían, puesto que con el paro y la recesión los
recursos económicos de las familias y de los trabajadores se redujeron, a veces
drásticamente. Por otra parte las necesidades de financiación de los
estudiantes con los másteres y el aumento de las tasas han provocado que muchos
de ellos hayan tenido que abandonar sus estudios.
Sin embargo, aunque las becas de investigación
posteriores a la licenciatura (becas de doctorado) no han visto aumentar su
número, sí que es cierto que la situación de los becarios de investigación
públicos ha mejorado de unos años a esta parte. Durante un tiempo estos
becarios de facultad lucharon con denuedo, entre otras cosas, porque se les
reconocieran los años de investigación como años cotizados a la Seguridad Social.
Y en recompensa a esa lucha se reformó hace poco el estatuto del becario de
investigación reconociéndoles al menos los dos últimos años (de los 4 de
doctorado) como años cotizados; pudiendo incluso cotizar por los 4 años
completos si el propio becario pagaba de su bolsillo las cuotas de los dos
restantes.
Por otra parte, el Preámbulo del Real Decreto
1393/2007 hablaba ya de la posibilidad de “introducir prácticas externas” en
empresas durante la carrera como una forma de enriquecer la formación de los
estudiantes. Esta posibilidad parece repercutir en un principio positivamente
sobre la formación del estudiante –una forma de acercarle a la práctica del
mundo laboral y adquirir experiencia–, pero al tratarse de prácticas
esencialmente no remuneradas, por el contrario, supone en sí mismo un modo
apenas encubierto de que los estudiantes trabajen gratis en las empresas
aportando sus conocimientos sin ser apenas conscientes de la explotación.
Incluso como dichas “prácticas externas” forman parte del currículum académico,
y suponen créditos, los estudiantes tendrán, en muchos casos, que pagar por
ellas.
En este sentido se ha terminado de configurar y
generalizar uno de los pilares esenciales de la nueva filosofía de colaboración
público-privada inherente a la reforma: las Fundaciones universitarias ligadas
al mundo empresarial, principalmente Fundaciones Universidad-Empresa, entidades
privadas con personalidad jurídica propia que sirven como nexo de vinculación
entre el mundo universitario y el mundo empresarial privado 18
. Estas entidades tienen un cometido muy específico que se ha visto
definitivamente reforzado gracias a las nuevas necesidades de financiación de la Universidad pública, y
que no es otro que el de garantizar la adecuada “transferencia de conocimiento”
del ámbito público al sector privado. Las mismas han pasado a diseñar,
gestionar y en suma controlar directamente áreas tan importantes del ámbito
universitario como son las escuelas y cursos de verano, los centros de idiomas,
seminarios y la formación del profesorado. Por otra parte, las Fundaciones
Universidad-Empresa en colaboración con las entidades públicas ofrecen “becas”
para la formación, para trabajar en el sector privado, a los estudiantes recién
graduados. La promesa de tener una “beca” remunerada se cumple pero, sin
embargo, este sistema encierra una realidad muy distinta y desalentadora para
los jóvenes estudiantes. Lo que realmente se esconde tras este sistema de colaboración
es un mecanismo para suministrar a las empresas privadas patrocinadoras mano de
obra barata precaria recién graduada. Estos becarios de colaboración trabajan,
en la mayoría de los casos, realizando las mismas tareas que un trabajador
asalariado normal pero cobrando mucho menos, una remuneración inferior al SMI 19
, normalmente de apenas unos 500€ al mes (¿se puede vivir con 500€ al
mes?) Además, al no tratarse de una relación laboral sino de una “beca” el
becario no se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por tanto, en
principio, no puede ejercer ninguno de los derechos laborales del mismo
(horarios, huelga, despido, indemnizaciones, permisos, etc.), los cuales quedan
al libre albedrío del empresario y sin posibilidad jurídica de defenderlos ante
el Juzgado de lo Social; a este respecto la beca que firma el estudiante se
encarga de recordarle que su contrato no es una relación de trabajo con la
empresa. El tiempo que el becario pasa en la empresa no cotizaba tampoco hasta
ahora a la Seguridad
Social, lo que suponía un ahorro también para la empresa en
relación con un trabajador normal, al menos hasta noviembre de 2011, aunque el
Gobierno del PSOE –sin duda presionado por la creciente contestación social a
sus políticas anticrisis– realizó este otoño una reforma legislativa 20
para que todas las empresas con becarios empezaran a cotizar a la Seguridad Social
a partir del 1 de noviembre, pudiendo rescatarse además el periodo de beca
anterior no cotizado.
Sin embargo, a pesar de este guiño a algunas de
las reivindicaciones de los estudiantes, este tipo de “becas” para la formación
en empresas privadas tienen incuestionables ventajas para el empresario
empleador, entre otras, y la más obvia, la del ahorro de costes que supone en
detrimento de los trabajadores asalariados de la empresa, además del poder de
deshacerse del becario al cabo de los 6 meses o 1 año que dure la beca, sin
estar obligado en ningún caso a realizarle un contrato fijo laboral o a pagar
indemnización de ningún tipo. Esto supone en la práctica una cadena bien
engrasada de trabajo temporal extremadamente precario sin derechos laborales
donde los becarios-trabajadores, constantemente renovados, realizan las tareas
y funciones de un trabajador normal asalariado (el cual ahora, o será despedido
o no será contratado puesto que su trabajo ya lo realiza el becario) con un
sueldo inferior al SMI, inferior a los 640,40 € mínimos que exige la ley. De
hecho, gran parte de la remuneración de la beca la realiza una entidad pública,
por lo que el coste real para la empresa privada de ese becario-trabajador es
mínimo 21
; más aún, se puede decir sin riesgo de caer en un sofisma, que la Administración Pública
está sufragando la mano de obra de muchas empresas con este invento. Y el
porcentaje de estos becarios que se queda luego en la empresa con un contrato
–ahora sí– laboral, fijo o eventual, es mínimo, o incluso ridículo. ¡Este es
sin duda el glorioso cumplimiento de la gran promesa hecha por los rectores de
que todos los estudiantes iban a tener una beca que les iba a permitir acceder
al mercado laboral con una experiencia adquirida! Y tal y como está el panorama
económico y social los jóvenes seguro que hasta agradecerán ser partícipes de
semejante forma de explotación para ausentar, al menos por un año, el fantasma
terrible del paro y la exclusión social.
Así, sobre todo en el sector tecnológico, nos
encontramos, por ejemplo, con “becarios” (ni siquiera recién salidos de la Universidad) que son
puestos al frente de departamentos enteros de grandes empresas, con las mismas
funciones y responsabilidades de un trabajador asalariado cualquiera, con el
mismo horario y jornada laboral, haciendo horas extras sin cobrar, y realizando
en muchos casos proyectos de investigación y desarrollo que luego se apropia
dicha empresa a precio de saldo. Pero, claro está, todo ello con la mísera
remuneración que perciben, sin derechos laborales y hasta hace dos días sin
cotizar tampoco a la
Seguridad Social. Existen innumerables ejemplos
significativos de esta realidad, generalizada y agravada por la crisis
económica, cuyo análisis supera con creces el objeto y los medios de este
ensayo. Citaremos tan solo un par de situaciones paradigmáticas. Así, por
ejemplo, en Madrid, la empresa aeronáutica ITP, que fabrica componentes de
motores Rolls-Royce para avión, ha reducido y reestructurado significativamente
departamentos enteros en su sede en Madrid a cambio de aprovechar el trabajo de
investigación barato de los becarios que le proporciona la Facultad de Ingeniería
Aeronáutica de la
Universidad Politécnica de Madrid para proyectos de fin de
carrera (los becarios tienen que fichar, minutos incluidos; se les descuenta
del sueldo si llegan un minuto tarde; no se les suministra transporte ni
comida, etc...) La empresa jamás contratará a nuevos trabajadores mientras
estos nuevos “becarios” le proporcionen lo mismo a un precio mucho más barato.
Otro ejemplo significativo se encuentra en León, donde la prestigiosa empresa
tecnológica INTECO 22
(participada públicamente) ha puesto a “becarios” al frente de
departamentos enteros de traducción de francés e inglés, como responsables
principales y únicos de esos departamentos. No es que se dé una beca a un
estudiante, o recién graduado, para que, tutelado por un responsable de la
empresa, realice y aprenda tareas sencillas, profundice en una práctica que le
permita adquirir una experiencia de otro trabajador más preparado y
experimentado, en suma se familiarice con el mundo laboral, sino que se da una
beca para que la empresa privada pueda explotar su trabajo sin apenas costes y
sin responsabilidad laboral alguna. ¡Una forma interesante, sin duda, de
mejorar la competitividad de nuestras empresas! Lástima que el beneficio de
todo este entramado sea solo corporativo privado.
Y esta es la desagradable y falseada realidad que
se esconde tras estas becas.
La “transferencia de conocimiento”.
Finalmente, no podemos dejar sin explicar uno de
los conceptos clave de toda esta transformación de la Universidad pública,
recogido tanto en las múltiples declaraciones europeas e informes como en las
diversas leyes estatales, LOU de 2001, LOMLOU de 2007 y demás normas. Es la
denominada “transferencia de conocimiento”, que supone de hecho la
privatización del conocimiento, su transferencia del ámbito público al sector
privado, y que realmente es el eje y clave de bóveda de esta reforma. En
palabras de Enrique J. Díez Gutiérrez que sintetizan a la perfección todo lo
que hemos venido diciendo hasta ahora:
“La investigación se convierte así en una
apropiación privada de recursos públicos, tanto a través de la subvención
pública de los costes de proyectos de investigación, encargados por empresas
privadas, como a través de la transferencia de personal, recursos y resultados
de la investigación de centros públicos a empresas privadas derivadas de ellos
('spin-off') para la explotación privada de esos resultados de investigaciones
financiadas con fondos públicos.23”
El eufemismo de la “transferencia de
conocimiento” encierra simple y llanamente la idea de que el conocimiento
científico y técnico desarrollado en una institución pública, son recursos
públicos, se transfiere sin apenas contraprestación a manos privadas para su
explotación. Esto supone hacer propia la fórmula de inversión pública y
beneficios privados.
Esta cooperación y transferencia se hace a través
de diversos mecanismos como la financiación directa de la investigación o el
llamado “spin-off”. El “spin-off” es un término anglosajón que, aplicado al
ámbito de la Universidad,
se refiere a la derivación o extensión de un proyecto nacido de la
investigación pública universitaria al sector privado mediante el
aprovechamiento del trabajo ya hecho. Las “spin-off” son empresas privadas que
se crean en el seno de otra entidad ya existente, la Universidad pública o
los centros de investigación públicos, sirviendo de apoyo a las mismas y
aprovechando sus recursos. Normalmente se produce cuando una persona individual
que trabaja en ese ámbito público decide aprovechar los recursos a su alcance
para fundar una empresa privada, independiente de la matriz pública de la que
nace, y que le reporte a partir de entonces un beneficio privado. Tienen apoyo
institucional, pero sin embargo persiguen intereses privados. Es, sin duda
alguna, una fórmula ideal para que las Universidades públicas, con dinero de
todos, ayuden a “transferir” el conocimiento y la investigación científica al
mundo empresarial. Es decir, cómo privatizar un conocimiento científico y
técnico que, en principio, es público. Para ello las Leyes de Propiedad
Intelectual e Industrial favorecen con su sistema de patentes y modelos de
utilidad una apropiación privada para uso y beneficio privado exclusivo de ese
conocimiento científico generado con recursos públicos. ¡Excelente inversión
pública: pagar de nuestro bolsillo para que otros se enriquezcan! ¿Y por qué no
crear empresas públicas con esa investigación pública? Porque legalmente ya
casi no se puede, las leyes del mercado y de la libre competencia lo impiden. Y
aunque haya personas que defiendan este modelo de las “spin-off”, no se puede
negar lo que es.
Con estas fórmulas nuevas de privatización se
dice e insiste en que solo se pretende facilitar la transmisión de la cultura y
del conocimiento, aunque curiosamente nunca ha sido tan difícil acceder a la Universidad por su
alto coste, nunca ha sido tan difícil para los estudiantes y profesores decidir
y participar en las decisiones sobre la estructuración de los estudios y el
contenido y forma de la investigación (cada vez más dependiente de lo que
decidan financiar las empresas privadas) y nunca ha sido tan complicado acceder
siquiera al contenido de un simple libro puesto que, desde hace dos años, un
estudiante ¡ya ni siquiera puede fotocopiar una hoja de un libro o un código!
(tiene que pedir permiso a un profesor o catedrático porque sino vulneraría las
espantosas leyes de propiedad intelectual)
Por otra parte, esa relación cada vez más cercana
entre los intereses privados empresariales y la Universidad se hizo
patente durante el Gobierno del PSOE con el polémico traslado de la Secretaría General
de Universidades desde el Ministerio de Educación al Ministerio de Ciencia e
Innovación, muy estrechamente vinculado al lobby industrial y
tecnológico de capital español, y a otros grupos y empresas privados. Con este
traslado la última Ministra de Ciencia e Innovación del PSOE, Cristina
Garmendia, quedó como responsable última de la implantación final y definitiva
de la reforma universitaria. Lo que mucha gente no sabía es que Cristina
Garmendia –hasta el año 2008 en que fue nombrada ministra– era una empresaria
con fuertes intereses en el sector biotecnológico y formaba parte de la junta
directiva de la CEOE
24
. De hecho, la incompatibilidad de sus intereses empresariales privados
debieron haberla impedido el ejercicio de cualquier cargo público con
responsabilidad política. El colocar a una empresaria directiva de una
multinacional del sector de la biotecnología y consejera de la patronal CEOE
como responsable de la reforma universitaria levantó una sonora polvareda
puesto que desenmascaraba, ya sin ningún tapujo, al servicio de quién y de qué
intereses se hacía la reforma. Tanta fue la polémica al respecto que el
Gobierno, tratando de lavar su imagen, no tardó ni un año en trasladar de nuevo
la Secretaria
de Universidades al Ministerio de Educación, al frente del cual colocó a un
filósofo, Ángel Gabilondo, cuya retórica conciliadora y perfil académico, al
margen de sus verdaderas intenciones, pretendió serenar los ánimos caldeados y
acallar las críticas 25
. El baile de ministros venía a ejemplarizar las propias dudas de la
“izquierda” institucional del PSOE para justificar el Plan Bolonia.
Por tanto, la insistencia hasta el hartazgo en la
expresión “transferencia del conocimiento” por parte de los responsables de
estas reformas revela los objetivos reales de las mismas, y pretende
convertirse en el leitmotiv que de tanto repetirlo acabe por hacernos asumir
dicha “transferencia” como un sacrificio necesario, y hasta positivo, para el
desarrollo económico en los años venideros.
Conclusión
Los descontentos sociales que están generando
estas reformas, el Plan Bolonia ya implantado y la “Estrategia 2015” que los desarrolla, son
innumerables. Se empiezan a percibir los efectos negativos de estas
transformaciones. Muchos estudiantes y profesores han reaccionado en toda
Europa contra estos cambios; en Francia, Italia y Grecia; en Inglaterra durante
2010 con fuertes movilizaciones en la calle por el aumento del coste, ya de por
sí prohibitivo, de la enseñanza universitaria; en Alemania, donde después de
varios años de rodaje del nuevo modelo se está demostrando su absoluto fracaso;
y en España, donde las movilizaciones alcanzaron su cénit en el curso 2008-2009
con un sin fin de huelgas, parones, ocupaciones, asambleas, debates y puestos
de información por toda la geografía del estado.
Entre las quejas más comunes está la de la bajada
del nivel y de los contenidos con los grados (4 años y 240 créditos), lo que
obliga en muchos casos a cursar un máster con posterioridad (para obtener una
“ventaja competitiva”), puesto que el grado no es equivalente, en absoluto, a
la antigua licenciatura de 5 años y 300 créditos. Por otra parte, al
convertirse todos los grados en presenciales el alumno está obligado a acudir a
todas las clases, como en el instituto, no pudiendo organizar su tiempo de
estudio libremente, y dificultando mucho la realización de otras actividades,
ya sean de formación complementaria, culturales, políticas, deportivas o de
simple ocio. Además, los horarios están ahora sujetos a cambios arbitrarios que
obligan al estudiante a amoldar todo su tiempo e intereses a las clases, sin
que pueda dedicar su tiempo a otras necesidades o decidir qué clases le
interesan y cuáles no. Todo esto es una forma sin duda de atar al estudiante a
una rutina arbitraria de obediencia y sumisión que le despoja de herramientas
esenciales para su libre formación y desarrollo intelectual y personal, con una
finalidad: “prepararle” para un mercado laboral altamente precarizado y exigente
. Una de las consecuencias directas de este sistema de clases presenciales
–absurdo para la mayoría de las carreras, no tanto para otras como enfermería o
medicina en los que ya existía– es que ahora se hace prácticamente imposible
compatibilizar el estudio de una carrera con el trabajo. A este respecto hay
que tener en cuenta que hasta la entrada en vigor del Plan Bolonia
aproximadamente un 30% de los estudiantes compatibilizaba el estudio con algún
tipo de trabajo o actividad remunerada, que normalmente les permitía costear la
carrera. Ahora con las clases presenciales eso va a ser prácticamente
imposible. Entonces, ¿qué harán los jóvenes estudiantes? ¿abandonar los
estudios por el trabajo? ¡Pero si no hay trabajo! ¿Dedicarse a estudiar? ¡No
van a poder pagárselo! ¿Qué salidas tienen entonces los jóvenes en España?
Tres, sin duda: por tierra, por mar y por aire...
Por otra parte, aunque algunas carreras o
estudios hayan podido salir beneficiados coyunturalmente por algún aspecto
concreto y aislado del proceso de Bolonia, nadie a estas alturas se atreve a
negar que incluso aquellos aspectos de la reforma que mejor supieron venderse
–como la mejora de la movilidad, la posibilidad de compatibilizar y convalidar
todos los títulos fácilmente, etc...– han sido un completo fraude.
Por último, pero no por ello menos importante, no
se puede olvidar al personal asalariado de la Universidad (PAS), que
ha sufrido también en carne propia un proceso de privatización y recorte de
recursos. La progresiva externalización de servicios universitarios (desde la
limpieza, hasta el servicio de fotocopias o de seguridad) es un proceso que
viene de largo, pero que se ha agudizado en los últimos años. La
externalización ha supuesto la entrada de la subcontratación lo que ha ido en
detrimento de la calidad de los servicios, recortándose muchos de ellos y
empeorando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Con la
excusa de la crisis económica y la merma de recursos financieros se han
degradado y recortado, de una manera mísera y cicatera, servicios esenciales
para el correcto funcionamiento de una Universidad. Así, por ejemplo, en muchas
facultades, sin disminuir el número de alumnos, se ha pasado en apenas un par
de años de tener un servicio de fotocopias de mañana y tarde, a solo de mañana,
y de tener dos o tres fotocopiadoras en reprografía a solo una, lo que provoca
colas, retrasos y problemas que merman la calidad de la enseñanza.
Finalmente, y ya para concluir definitivamente
este extenso análisis, hay que decir que las luchas de los estudiantes,
profesores y PAS contra el denominado Proceso de Bolonia durante estos últimos
años han estado más que justificadas. En este sentido, la denominada
“Estrategia 2015”
desarrolla y refuerza todos los propósitos y objetivos del Proceso de Bolonia,
agravando aún más si cabe la situación: control directo de la gestión y de los
órganos de gobierno de la
Universidad por las empresas privadas, mayor control de los
planes de estudios y de la investigación por las empresas patrocinadoras,
elitización con Universidades de primera y de segunda, financiación pública
subordinada a los intereses privados, aumento exponencial de las tasas para
trasladar el mayor coste posible a los estudiantes, becas-préstamo con
intereses, etc... 26
En suma una privatización y mercantilización definitiva de la Universidad pública,
rendida a los pies de los intereses de los mercados y del mundo privado
empresarial.
Por todo ello la lucha debe continuar. Es
necesario cambiar por completo el modelo universitario que se está implantando.
Es imprescindible defender una educación superior pública de acceso libre y
universal, entendida como un servicio público de calidad y gratuito –o al menos
con un coste para el estudiante que no le impida por ningún motivo de carácter
económico acceder al mismo. Y sobre todo una educación que sirva a los
intereses generales de la sociedad, eficiente y racional, con un control
democrático y participativo de la misma, donde intervengan y decidan
profesores, alumnos y trabajadores junto con los responsables políticos
pertinentes en vez de capitalistas y patrocinadores privados.
Notas
1Salvo la
UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, que
depende del Estado central.
2Aunque es cierto que la Universidad ha sido
desde la fundación de la primera en Bolonia en el s.XI, Italia, una institución
de la que han partido casi siempre las grandes ideas que han transformado la
sociedad (como por ejemplo la
Reforma protestante), no es menos cierto tampoco que, a pesar
de su autonomía, esa función crítica que tantas veces se ha desplegado en su
seno lo ha hecho lastrada u obstaculizada por unas estructuras, un control y
una dependencia, a veces casi absoluta, de los poderes y la ideología
dominantes en cada época. La Iglesia Católica en la Edad Media, o el Estado
liberal nacionalista a partir del s.XIX.
3GATTS: General Agreement on Trade in Services –
Acuerdo General sobre Comercio en los Servicios, de 1995. Acuerdo internacional
celebrado entre los países miembros de la OMC –Organización Mundial de Comercio– para abrir
al ámbito de la competencia comercial y económica privada los servicios
públicos de los Estados. Pretende que se desmantelen esos servicios públicos
estatales para que los mismos sean suministrados por empresas privadas con la
intención de obtener un beneficio económico de esa actividad, aplicando así las
tesis más ortodoxas de liberalización y privatización del neoliberalismo
económico.
4Pero también la educación primaria y secundaria.
5Este es el objetivo que han pretendido vender con el
intento de conformar el llamado EEES, Espacio Europeo de Educación Superior,
basado, entre otras cosas, en un sistema único de créditos europeos: los
créditos ECTs. Sin embargo, la realidad es que después de varios años siguen
existiendo los mismos problemas para convalidar títulos y asignaturas, incluso
ahora también entre Universidades de un mismo Estado por culpa de planes de
estudios diferenciados; y, por otra parte, la movilidad enmascara la pretensión
de que las Universidades que tengan mayor financiación privada puedan
apropiarse de los mejores profesores en detrimento del resto, concentrando así
en unas pocas instituciones a la élite académica.
6La
Declaración de Bolonia
de 1999 tiene, no obstante, un precedente en una declaración anterior, también
de Ministros de Educación europeos: la Declaración de la Sorbona de 1998.
7LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades; la cual entró en vigor en enero de 2002.
8En el art.14 LOU el Consejo Social se configura ahora
como el órgano de participación de la sociedad en la Universidad (léase de
las empresas privadas), al cual le corresponde la aprobación del presupuesto y
de la programación plurianual de la Universidad, entre otras funciones. Este Consejo
Social (con representación empresarial) será el embrión de un futuro órgano de
gobierno dominado por las empresas privadas que sustituya en la práctica a los
órganos clásicos de representación democrática: el Claustro y el Consejo o
Junta de Gobierno.
9Algunas empresas colaboradoras en el proyecto de
Universia del Banco Santander en 2011: KPMG, Bankinter, Banco Popular, Banesto,
Ericsson, Indra, HP, Vodafone, Accenture, Deloitte, Ersnt & Young, Cepsa,
EADS, Eulen, Acciona, entre otras (casi todas grandes multinacionales y
empresas financieras, bancos y auditorías)
10Acuerdo 98/2004, de 15 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de León
(Se puede consultar en BOCYL, nº.139)
11Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (Se puede
consultar en BOE nº 260 de martes 30 de octubre de 2007)
12Aunque, si bien es cierto, que los Máster públicos se
diferencian de los privados en que aquéllos permiten acceder directamente a
otros títulos como los de Doctorado mientras que éstos no. Pero quizás sean
diferencias que el tiempo, por otra parte, no tardará en suprimir.
13En la
Universidad de León (ULE) el presupuesto ha sufrido una
reducción consecutiva del 20% en los dos últimos años, 2009 y 2010.
14Financiación del Sistema Universitario Español, CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA, Comisión de
Financiación; Madrid, 20 de abril de 2007, p. 52-56: Propuestas de financiación
de la Comisión
Universitaria. Se puede consultar en la página de la CRUE: http://www.crue.org/
15DÍEZ GUTIÉRREZ, ENRIQUE J. Mercantilización
universitaria y capitalismo académico. León, 2009.- Ponencia realizada en
mayo de 2009 en el Aula Magna de la
Facultad de Biología y Ciencias Ambientales de la Universidad de León.
Se puede consultar en internet un artículo similar basado esencialmente en esta
ponencia en la siguiente página web: http://www.revistadefilosofia.com/23-05.pdf
16El “salario nominal” es la cantidad exacta de dinero
que cobra un trabajador, en cifras, sin aplicarle ningún factor corrector. Por
el contrario el “salario real” es aquel que tiene en cuento el aumento
(inflacción) o disminución de precios (entonces se le aplica el factor
corrector del IPC), o el aumento o disminución de la producción (en cuyo caso
se le aplica el factor de corrección del PIB). El “salario real”, por tanto,
refleja de manera clara y directa la pérdida o aumento de poder adquisitivo de
los asalariados, es decir su capacidad real de compra, mientras que el “salario
nominal” es una mera cifra vacía. Ver el excelente estudio comparativo entre
salarios reales y nominales Evolución de los salarios en España (1978-2010):
http://www.agarzon.net/?p=949
17Esta campaña salió en toda la prensa escrita nacional.
Ver, por ejemplo: EL PAÍS, lunes 9 de marzo de 2009 (p. 37)
18En la
Universidad de León se creó en 2007 la FEGULEM (Fundación General
de la Universidad
de León y de la Empresa).
La misma se define como: Fundación docente privada, con personalidad
jurídica propia y sin ánimo de lucro, para la promoción de la cultura, la
educación y a la investigación científica y técnica de la Universidad de León, y
sus relaciones con la sociedad y el mundo empresarial. (...) pretende
convertirse en un instrumento capaz de poner a disposición de la sociedad, todo
el potencial de la universidad y sus recursos, tanto humanos como materiales (…)
Ver: http://www.fgulem.es/ Entre
otras Fundaciones ya existentes con anterioridad destaca la Fundación General
de la
Universidad Complutense de Madrid, creada en 1984, y
patrocinada entre otras multinacionales y empresas privadas por el Banco
Santander, Caja Madrid, ACS, Ferrovial o Iberia. Ver: http://www.ucm.es/info/fgu/
19SMI: Salario Mínimo Interprofesional. Salario mínimo
fijado por el Gobierno cada año por debajo del cuál está prohibido contratar a
un trabajador a tiempo completo, es decir es el salario que debe cobrar todo
trabajador como mínimo por la jornada legal de trabajo . Para el año
2011 el SMI era de 641,40 € al mes.
20Real Decreto 1493/2011, por el que se regula la
inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social
de las personas que participan en programas de formación (Se puede consultar en
BOE de 27 de octubre de 2011)
21Así, por ejemplo, las becas de la FEGULEM de la Universidad de León la
remuneración que recibe el becario es pagada en una proporción de casi el 50%
por la Junta de
Castilla y León. Por tanto, en realidad a la empresa privada el trabajo del
“becario” apenas le cuesta, en muchos casos, más que 200 € escasos (¡por poco
le sale gratis!)
22INTECO: Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.
23DÍEZ GUTIÉRREZ, ENRIQUE J. Op. cit.
24De hecho Cristina Garmendia ha sido presidenta y
consejera delegada de Genetrix, una importante empresa biotecnológica española,
y ha estado y continúa directamente vinculada al sector empresarial de la
biotecnología (a través de fundaciones y acciones, principalmente) Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Garmendia
25Ángel Gabilondo, último ministro de educación del
Gobierno del PSOE y hermano del conocido periodista y presentador televisivo
Iñaki Gabilondo, era el Rector de la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM) en el momento de su designación para el cargo.
Rebelión
