Una de las características más importantes de nuestra economía, y de
la que no se suele hablar, es la gran influencia y poder político que
los grandes grupos financieros y empresariales tienen sobre las
instituciones. No es que eso sea algo propio solamente de nuestro país,
pero sí es verdad que aquí está muy agudizado porque esos grupos se
formaron en la dictadura y eso les dotó de una fuerza y de unos
privilegios especialmente considerables.
Esos grupos extienden sus redes en toda la economía española pero
tienen su asiento principal en los grandes sectores estratégicos, en la
banca, la energía, las telecomunicaciones o los medios de comunicación,
entre otros, tejiendo así una compleja red de intereses que les permite
controlar mucho más de lo que a simple vista parece y que penetra en las
propias administraciones públicas e incluso en las más altas
magistraturas e instituciones del Estado.
El caso del sector eléctrico es paradigmático y ahora se vuelve a
poner de evidencia cuando el gobierno de Rajoy vuelve a subir el recibo
de la luz.
En la anterior etapa de gobierno de Aznar se reconoció un llamado
“déficit de tarifa” que ha ido creciendo año tras año y que está
proporcionando a las compañías eléctricas grandes beneficios a costa de
los consumidores de luz.
A la opinión pública se le está diciendo desde entonces que las
eléctricas tienen unos costes muy elevados y que la tarifa que pagamos
es insuficiente para compensarlos porque los gobiernos la mantienen
demasiado baja por razones de interés social. Pero a la sociedad no se
le informa que desde que Aznar (más tarde asesor externo de Endesa) lo
reconoció, ese déficit está trucado. No es la diferencia entre la tarifa
y los costes reales que soportan las empresas sino con los muy
sobrevalorados que se inventan y que los sucesivos gobiernos (y los
jueces que resuelven las demandas de las eléctricas) aceptan sin
problema.
Para lograr ese efecto las compañías recurren a diferentes
procedimientos: asignar a la electricidad mucho más barata que producen
centrales ya amortizadas los costes de otras más caras, aplicar el de la
franja horaria de mayor precio, o registrar costes de inversiones
realizadas o de otros gastos muy por encima de los realmente soportados.
Esa constante sobrevaloración es lo que permite hablar de déficit
pero se trata, como acabo de señalar, de un déficit ficticio. Y que,
además, no es la única circunstancia que vienen permitiendo a las
compañías eléctricas obtener enormes beneficios en España, casi 29.000
millones de euros desde 2005.
Además de ello, facturan a los consumidores por tener derecho a
conectar la potencia contratada (lo que no están en condiciones de
asegurar porque la red es deficiente en muchos puntos) o los llamados
costes de transición a la competencia, un invento de las propias
compañías que les ha supuesto mas de 9.000 millones de ingresos extras,
además de inflar el precio del alquiler de los nuevos equipos de medida,
entre otros.
Y mientras las empresas eléctricas obtienen beneficios
extraordinarios mediante estos procedimientos espurios, los consumidores
de luz españoles hemos de pagar un recibo que es el tercero más caro de
Europa, solo superado por el de Chipre y Malta.
Durante años, los gobiernos se vienen limitando a aceptar las
condiciones que les ponen las grandes compañías eléctricas, en cuyas
asesorías o consejos de administración entran y salen los mismos que
antes o luego han de tomar decisiones sobre las tarifas y las
condiciones de su negocio, como el mencionado Aznar, de Guindos, Elena
Salgado o Felipe González, entre otros, en un vaivén vergonzoso e
inmoral al que nadie pone coto.
Si en España hubiese una verdadera democracia las televisiones
estarían explicando a la gente por qué suben tanto sus recibos de la luz
y quién y por qué se lucra con ello. Y los gobiernos, en lugar de
rendirle pleitesía, habrían disuelto ya el oligopolio eléctrico,
nacionalizado las empresas y evitado el engaño. En lugar de eso, Rajoy
vuelve a subir la luz y encima su gobierno afirma que está reduciendo
los costes del sistema, , como si hubiera tomado alguna medida encaminada a evitar su sobrevaloración artificial.
Juan Torres López - Comité Científico de ATTAC España
Público
como si hubiera tomado alguna medida encaminada a
evitar su sobrevaloración artificial.
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