Desde que empezó la crisis, diferentes voces han venido insistiendo
en la inviabilidad de la sanidad pública, en contra de todas las
evidencias que demuestran su menor coste frente a la sanidad privada de países como EEUU.
Esas mismas voces son las que deberían garantizar, por mandato
constitucional, su sostenibilidad, pero ya nadie espera demasiado de los
políticos.
El último golpe del gobierno es el fin de la universalidad de acceso a
la sanidad; una medida que, si bien supone un escaso ahorro si no un incremento del gasto,
duele más que ninguno otro recorte anterior. Duele porque hace evidente
el modelo de atención pública al que nos dirigen y porque pone el foco
en los sectores sociales que más están sufriendo la crisis: las personas
que están en paro, que no tienen permiso de residencia o son
pensionistas. Se excusa en la necesidad de recortes y en la falsa acusación de abuso
a los inmigrantes. Los parados tendrán que acceder a una tarjeta
especial cuando dejen de cotizar. Los pensionistas tendrán que pagar por
sus recetas y, si no tienen recursos, enfrentarse a la pesadilla de la
burocracia para demostrarlo. Si el Estado de bienestar era una fórmula
de aseguración colectiva que garantizaba el acceso a derechos sociales
en momentos de vulnerabilidad (desempleo, vejez, enfermedad, niñez),
este decreto rompe la base del sistema: la solidaridad entre grupos
sociales y franjas de edad. Es un órdago al pacto social establecido en
la Transición y que necesita ser refundado por el bien de la democracia.
Hasta ahora, las políticas neoliberales, antes de la crisis y de forma exponencial desde 2008, empeoraban la calidad de los servicios públicos, disminuyendo sus recursos, y patrocinaban el desarrollo de servicios privados mediante deducciones fiscales, externalización a precios de saldo y cesiones de recursos públicos
(transferencias y suelo). Es una forma indirecta de favorecer el
trasvase de población con recursos a la asistencia privada, a la vez que
el sector público es degradado y se destina a los sectores con menos
recursos y a los tratamientos menos rentables; este proceso de
segregación (escolar, sanitaria, social) alimentaba la huida de las
clases medias de los servicios públicos, sin duda con la intención de
generar un desapego objetivo y subjetivo de estos grupos hacia lo
público. De hecho, era creciente el número de personas que pagaban un
extra por un servicio privado, supuestamente mejor pero que en muchos
casos sólo otorga un halo de exclusividad, ya que los profesionales, el
tiempo de atención y los recursos (tanto en la escuela como en las
clínicas) están por debajo, todavía, de los servicios públicos. El
objetivo era generar una pregunta: ¿por qué pago impuestos si pago por
otro lado mi atención sanitaria o educativa? La pregunta ocultaba las ventajas fiscales al sector privado.
La exclusión de personas sin permiso de residencia y la introducción
de una tarjeta sanitaria especial para desempleados aumentará el gasto
final de una atención que desde la atención primaria sería menos
costosa. ¿Por qué este decreto entonces? La ofensiva actual se dirige a
promover otra pregunta: ¿por qué pago impuestos para que otros que no
pagan se beneficien de un sistema que no uso? La reforma sanitaria busca
que el “sentido común” pase de la solidaridad social (el “me puedo
quedar en el paro”, “me puedo poner enfermo estando en el paro”: “hoy
por ti, mañana por mí”) y de justicia social (“todas las personas tienen
derecho a educación y sanidad” “garantizar derechos a todos es la mejor
manera de generar igualdad de oportunidades y una mejor sociedad”) a un
sistema en el que cada uno recibe lo que paga. La estrategia neoliberal
trata de romper esa idea de que cualquier persona tiene derecho de
acceso a los recursos públicos más allá de su situación particular. A la
vez que fija con mayor fuerza los derechos sociales a la variable del
empleo, un empleo que sabemos escaso y precario. Las medidas de gestión
de la crisis bancaria no hacen sino volver más escaso el acceso al
empleo, al mismo tiempo que refuerzan que el empleo sea la forma de
adquirir el acceso a los recursos públicos.
El momento de crisis es quizás el peor para disolver la solidaridad:
muchas familias de clase media que podían permitirse llevar a sus hijos a
un colegio concertado o tener un seguro médico privado ya no tiene
recursos para permitírselo y no hablemos de sus hijos, con el 50 % de
desempleo juvenil. Este decreto hace que, aproximadamente, la mitad de
los jóvenes entre 26 y 30 años no puedan acceder a la sanidad pública
general. Recordemos, por otra parte, que para obtener el permiso de
residencia es necesario acceder a un contrato de trabajo. De hecho,
muchas personas están perdiendo sus “papeles” porque han perdido su
empleo y no pueden renovar su permiso de residencia después de años de
mucho esfuerzo. Se nos pide aguante y resignación con la promesa de que
los buenos tiempos volverán, pero se destruye esa visión de una sociedad
que responde por los demás. Sin embargo, sí vamos en el mismo barco y
no sólo para aguantar los recortes. Es evidente que intentan
desarticular el vínculo social y la solidaridad, precisamente para
cortar los lazos que pueden plantar cara a esta estafa.
Cuando el mal gobierno destruye lo que ha sido construido entre
todos, no queda otra que defender lo único que importa: la sociedad y la
democracia. En otros países europeos,
ante ataques semejantes a la universalidad de los derechos y de la
sanidad pública, los profesionales se han negado a esta exclusión, han desobedecido atendiendo a todo el que lo necesitaba en sus centros de trabajo tal como están planteando aquí profesionales del sector. En Italia, profesionales sanitarios, junto a vecinos, han llegado a poner en marcha puntos de asistencia para todos.
No es lo ideal suplir con trabajo voluntario lo que podría pagarse con
el dinero de todos, dinero que se está desviando al pago de intereses de
una deuda ilegítima. Pero frente al rodillo de los recortes las
manifestaciones de protesta no van a ser suficientes, tendremos que
defendernos y quizá, en ese camino por recuperar la riqueza que
producimos entre todos, encontrarnos y empezar a imaginar otra sanidad
pública; encontrarnos tal como lo hicimos en las plazas hace un año y
volveremos a hacer en mayo. El interés general está por encima de
cualquier gobierno. Ninguna mayoría absoluta representa a la mayoría
social.
Madrilonia.org
Nota.
La sanidad ya no es un derecho básico pata tod@s las personas, solo para los "asegurados"
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