Ha sido la consigna de la última semana. El ministro Montoro
escupía la filosofía base: los funcionarios están dados al cafelito,
practican el fraude horario y militan en la desidia estructural. Todo un
pliego de cargos que venía a sumarse a las odas de Aguirre
(Esperanza), y ante los que solo había que esperar sentencia. La
ejecutó el presidente Mariano laminando un mes de salario a través de su
omnisciente sistema-decretoley. Supone la cuarta bajada de sueldo tras asalto alevoso del presidente ZP
en la primavera social-2010, posterior subida de IRPF y subsiguiente
nueva subida del presidente Mariano, solo un mes después de jurar que
jamás lo haría, en un espectáculo de palmaria estafa electoral. Antes ya
los funcionarios habían soportado congelaciones salariales, incluso en
los mal llamados años de bonanza.
Don Mariano y ZP se han fundido el
20 % de la capacidad adquisitiva de este colectivo. Millones de nuestros
salarios que van a encubrir las quiebras fraudulentas bancarias que
produjeron solos-solitos unos banqueros millonarios y una clase política
servil e inepta.
Son estos unos días en que una caterva de neoliberales bien
alimentados espetan que los funcionarios son unos privilegiados que,
además, no pueden ser despedidos. Los que así se expresan no aciertan a
ver cómo los funcionarios sí estuvieron años “despedidos”. Por término
medio el funcionario está cinco años preparando oposiciones. Cinco años
sin ingresos, soportando gastos de preparación a costa de sus padres o,
en el peor de los casos, en jornadas maratonianas de trabajo y estudio
sin fines de semana ni vacaciones. Cinco años de enclaustramiento, por
término medio, con numerosos casos de siete u ocho años en dichas
dinámicas de “despido” sin prestación o subsidio. Una inversión brutal
de tiempo, de recursos propios y de coste psicológico.
Se miente cuando se dice que España es el país europeo que más
funcionarios cobija cuando siquiera llega a la media de la Unión Europea
con ratio de 5.5% sobre población, muy lejos del 12.3% de Suecia o
incluso de “pigs” como Portugal o Irlanda.
Los inquisidores parecen desconocer que en la Administración española
existen sueldos de los más bajos del mercado laboral, sueldos medios a
los que cuesta llegar 20 años de vida laboral, o bien sueldos altos
sometidos a un régimen de incompatibilidades tal que sonrojan
comparándolos a lo que están ganando nuestros compañeros de promoción.
Sueldos que no disfrutaron de apenas subida en años donde en el
macro-sector de la construcción se conseguían salarios, pluses e
incentivos de dos mil y tres mil euros para el peón de base hasta
millones de euros para cualquier promotor nesciente venido a más a
través de la alta política local y la baja cama financiera.
Vaya por delante que la Administración Pública no es un nirvana
perfecto y donde también habita un porcentaje de profesores obtusos,
inspectores indolentes, médicos desfasados, policías torturadores o
administrativos de telenovela. Pero la existencia de cierta escoria
marginal no puede impugnar la labor del colectivo.
No se puede impugnar el objeto de la función pública porque es
delictivamente falsa la correlación de mayor funcionariado con menos
eficacia, peores servicios o más endeudamiento público. Falsa porque hay
países con record de deuda pública y que, sin embargo, cobijan las
tasas más bajas de funcionarios por habitante como son los casos de
Grecia (3.30) y Reino Unido (3.41). Y viceversa, ya que los países con
las mayores tasas de funcionarios del mundo como Suecia (12.3) o
Finlandia (10.6) son reconocidos por ser las administraciones públicas y
los servicios más sobresalientes. Hay que repetirles a todos estos
agoreros malintencionados que España se sitúa en un porcentaje del 5.52,
más bajo que la media europea (vid. E.U., Administration and the Civil Service in the EU 27 Member States).
Nunca he hecho corporativismo pero va siendo hora ante la desfachatez
con la que se está maltratando al llamado funcionario, desde el insulto
de no pocos empresarios de Porsche Cayenne y Dom Perignon Oenothèque al exabrupto de algún operario cañí cuya única religión pende del mini-adosado, la Ducati monster
y el “yo-soy-españó-españó-españó”. Ambos dos forrados a mayor gloria
del icono-ladrillo y la destrucción económica de este país.
Los anteriores personajes son sólo alguacilillos de poderosas instancias internacionales y no menos poderosos think-tank para los que la función pública debe ser progresivamente diluida. Encabezan este agit-prop el Fondo Monetario Internacional y le siguen patronales y fundaciones varias de las que son excelente ejemplo el nacional Instituto de Estudios Económicos o el estadounidense Cato Institute.
Según estos edenes del pensamiento la función pública debe ser
progresivamente mermada. Sustentan el catecismo de que su existencia es
superflua e innecesaria para la funcionalidad de una nueva dogmática
administrativo-presupuestaria. Su número debe ser reducido hasta llegar a
completar un sinnúmero de privatizaciones de administraciones públicas.
En esta letanía militan los que quieren cargarse el Estado para
convertirlo en un Ente Administrativo que funja de consejo de
administración de las oligarquías clepto-financieras. Quieren cargarse
el principio natural de la función pública, el principio por que el
Estado tenga servidores independientes y preparados para poder
sustituirlos por lacayos privatizados al servicio de partido, secta o
grupo de presión.
La campaña no es inocente. En la demolición del Estado social viene
inscrita la demolición del propio Estado y de la soberanía nacional
(Brzezinski, 1970). Pero que cuiden, porque tras la desaparición de
derechos sociales, tras la evaporación del Estado no existiría sino el
estado de naturaleza y llegados a ese punto no habrá ni derechos
individuales adquiridos ni propiedades a proteger. Si quieren un mundo
de rivalidades y competitividad universal lo pueden tener. A ver quien
gana.
Francisco Palacios Romeo
Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Zaragoza). Presidente de Attac Aragón
El Periódico de Aragón
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