domingo, 21 de diciembre de 2008

Salud. Bayer pagará 75,2 millones para cerrar una investigación por sobornos a distribuidores

La investigación de la división de diabetes de Bayer, Diabetes Care, comenzó en el año 2003 y estudiaba si la farmacéutica presuntamente había pagado sobornos a distribuidores para que éstos empleasen sus productos, según informaba a finales de noviembre la agencia Europa Press. La compra del ‘silencio’ por parte de las empresas farmacéuticas cuando puede producirse un escándalo no debe extrañar a nadie; es una práctica, aunque carente de ética, habitual. La ocultación de datos y documentos es una actividad no ajena a Bayer, una multinacional que creció al amparo del régimen nazi de Adolf Hitler durante el siglo pasado y que nunca ha indemnizado a las personas que utilizó como mano de obra esclava en los campos de concentración. No es la primera vez que Bayer paga para comprar silencio. Ya ocurrió con su fármaco anticolesterol Lipobay. Desde agosto de 2001, cuando la casa alemana retiró el producto tras conocer los primeros fallecimientos que provocó, no ha sido posible saber cuántas personas han muerto a consecuencia de su ingesta. En enero de 2002, la Asociación el Defensor del Paciente (ADEPA) calculaba que eran 19 el número de fallecidos sólo en el Estado español, muertas por colapso renal como consecuencia de la destrucción de tejido muscular o rabdomiólisis. En la denuncia que posteriormente puso un grupo de abogados de diferentes lugares de la geografía española, en representación de las víctimas del fármaco Lipobay, la cifra de afectados era de unas 60 personas.

Ocultar información
El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid instruyó las diligencias previas contra el Ministerio de Sanidad por permitir, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que se comercializase Lipobay “sin haberse realizado los debidos ensayos clínicos. Las pruebas se concibieron en Inglaterra pero no se utilizaron las personas necesarias para comprobar su eficacia y seguridad, y con el tiempo se demostró que los verdaderos estudios se hicieron sobre la marcha, con la venta del producto en las farmacias”, explicó en su momento Antonio Navarro, abogado que coordinó la demanda multitudinaria contra la Administración sanitaria española. La Audiencia Provincial madrileña archivó el caso al considerar que no existía delito de imprudencia.

En España no hemos podido conocer si Bayer sabía de antemano los gravísimos efectos de su producto antes de comercializarlo. Ni si la AEMPS permitió su venta con dichos datos en la mano. Los responsables de la Agencia no entregaron la documentación sobre los ensayos epidemiológicos que Bayer tuvo que realizar para que su medicamento cumpliera con los controles de dicha institución, encargada de velar por la salud pública. La AEMPS obvió las preguntas de la oposición en el Parlamento y los requerimientos de los tribunales. Actuó así, como en tantas ocasiones, como garante de los intereses de las farmacéuticas.

En Alemania sin embargo, el Ejecutivo teutón acusó a Bayer de ocultar los riesgos del fármaco: el secretario de Estado de Sanidad, Theo Schroeder, afirmó que “la empresa ya sabía el 15 de junio [de 2001] que el medicamento contra el colesterol era ‘especialmente peligroso’, pero no lo avisó hasta el 10 de agosto, dos días después de retirar el producto del mercado [vinculado a 52 muertes en aquel país]”. Tras la muerte de un número incalculable de pacientes relacionados con Lipobay, Bayer ha intentado frenar los cientos de demandas que le esperaban con acuerdos ‘amistosos’ más baratos que enfrentar las multas o las demandas de los abogados de los afectados.

Precedentes
Pero ha habido otros casos similares. El laboratorio Baxter dio 24.040.400 euros a cambio de que 1.350 familias de hemofílicos fallecidos en España por la contaminación de su sangre con VIH/sida y hepatitis, el 96% del total, firmaran un acuerdo de compensación para evitar la demanda caso por caso, mucho más costosa para la compañía. Laboratorios y autoridades sanitarias españolas conocían la contaminación del plasma sanguíneo y aún así permitieron su aplicación.

Merck, fabricante del medicamento Vioxx para la artrosis, pagó, por su parte, 3.300 millones de euros a los 26.000 demandantes que sufrieron daños certificados tras consumir su medicamento en EE UU. Merck había ocultado a las autoridades sanitarias estadounidenses que Vioxx podía causar infartos cerebrales y de corazón.

Y para cerrar con otro de los casos del largo historial de Bayer, hay que recordar las denuncias de Alfredo Pequito, ex delegado de Información de Bayer en Portugal, que condujeron a la Inspección General de Salud de dicho país a investigar la supuesta corrupción de médicos portugueses al recetar fármacos a cambio de viajes a congresos. El resultado: la condena de cuatro médicos, el proceso de otros 23 y la apertura de expedientes a 83 más.

ATROPELLOS FARMACÉUTICOS

Lipobay
Este fármaco anticolesterol de Bayer fue retirado en 2001. Con la demanda de 60 afectados, se reconocen, al menos, 19 fallecimientos sólo en España por colapso renal a causa de su consumo.

Bayer en Portugal
La Inspección General de Salud en Portugal investigó a Bayer por la supuesta corrupción de médicos portugueses al recetar fármacos a cambio de viajes a congresos. El resultado: cuatro médicos condenados, 23 procesados y otros 83 doctores a los que se abrió expediente.

Contagio de sangre
El laboratorio Baxter pagó 24.040.400 euros a cambio de que 1.350 familias de hemofílicos fallecidos en España por la contaminación de su sangre con VIH/sida y hepatitis firmaran un acuerdo para evitar las demandas caso por caso.

Merck y Vioxx
Merck, fabricante del medicamento Vioxx para la artrosis, pagó 3.300 millones de euros a los 26.000 demandantes que sufrieron daños certificados tras consumir su medicamento en EE UU.

Miguel Jara. Diagonal

viernes, 19 de diciembre de 2008

Bolonia merece un debate

Los estudiantes reunidos en asamblea en diversas universidades de España han solicitado una moratoria de la aplicación del Plan Bolonia y la apertura de un gran debate nacional sobre el modelo de universidad pública que queremos. Esta demanda no sólo es razonable, sino que en la actual coyuntura político-económica es la única razonable

En efecto, el llamado Plan Bolonia–y en concreto las transformaciones pedagógicas y gerenciales a que ha dado lugar– es la expresión de unas políticas neoliberales iniciadas hace casi 30 años por la sra. Thatcher en el Reino Unido y que, en este momento histórico, han quebrado en todos los sentidos. Como siempre, en España (y las autonomías que tienen competencias de educación transferidas siguen la corriente) se están aplicando estas políticas tarde y cuando en otros ámbitos de la sociedad han demostrado su fracaso más o menos estrepitoso. Mientras el modelo empresarial neoliberal necesita la ayuda del Estado porque no sabe gestionar bien los recursos, los responsables de los diversos ministerios de Educación y universidades nos dicen que la universidad tiene que ser gestionada como una empresa. Cuando el Estado inyecta millones de euros para salvar de su monstruosa falta de liquidez a los bancos, se afea públicamente el déficit presupuestario de las universidades y se las incita a adoptar un modelo empresarial.

En los últimos años, la universidad española ha adquirido una mentalidad empresarial forzada por las políticas neoliberales de retraimiento del gasto público. Los problemas a los que se enfrenta son el déficit financiero, la falta de productividad y calidad del producto, la competitividad, etc. En definitiva, cuestiones de gestión y de competencia empresarial. Lo que podría llamarse la “cultura empresarial” de esta empresa que ahora es la universidad ha abandonado, como si fuera un lastre de maquinaria obsoleta, toda una serie de valores, de responsabilidades y obligaciones mutuas que sustentaban la cohesión social de la comunidad universitaria. El discurso hegemónico –del Ministerio de Ciencia e Innovación, de la Conselle-ria d’Innovació, Universitat i Empresa, de los órganos de Gobierno de las universidades y de la mayoría de los medios de comunicación– es que ya era hora de que la universidad se enterara de cuál es su cometido: producir un producto de calidad que esté de acuerdo con una demanda social (en realidad se entiende empresarial; no hay más que mirar quiénes componen los Consejos sociales de las universidades) al menor coste posible. Como organismo público, la universidad ocupa cada vez más ese espacio en el que lo público se pone al servicio de la empresa privada y de los diseños y designios de la política económica de unos gobiernos marcados por la hegemonía neoliberal.

En los años ochenta del siglo pasado, cuando Margaret Thatcher inició su reforma del sistema universitario británico, realizó varias transformaciones, entre las cuales se incluyó la conversión de las antiguas Polytechnics (centros superiores de enseñanza de carreras técnicas) en universidades propiamente dichas. Esto causó una viva polémica, pero fue justificado por los responsables del cambio como una “promoción” de las carreras de formación técnica y eminentemente instrumental a la categoría plena de centros de producción de conocimiento superior, incorporando aspectos teóricos a los meramente eficientes. En realidad, este proceso resultó ser una asimilación de todas las carreras (incluidas las ciencias puras, las humanidades y las ciencias sociales) a los objetivos directamente ligados a las necesidades industriales y empresariales que impulsaban a las antiguas Polytechnics.

Es en ese momento cuando aparece el tema de la “profesionalización” de las carreras universitarias, como si ese fuera el único objetivo legítimo de la producción y transmisión del saber en la institución universitaria. Muchos medios de comunicación, los gobiernos de uno u otro signo y los ciudadanos en general asumen esa idea finisecular productivista de que la universidad existe para formar profesionales, personas técnicamente preparadas para cubrir las necesidades de la sociedad (léase del mercado) y que, por tanto, es la sociedad la que debe orientar estas industrias del conocimiento para que elaboren unos productos idóneos que puedan ser consumidos productivamente por esta. De ahí la degradación de los conocimientos y la capacidad crítica a competencias y habilidades implementadas con sistemas tecnológicamente avanzados, que tan alegremente propugna un grupo hegemónico de pedagogos y psicólogos que pretenden taylorizar el saber universitario.

Desgraciadamente, como está demostrando esta crisis, el modelo empresarial neoliberal hace aguas por todas partes, lo que además resulta obvio por las contradictorias declaraciones de los diversos expertos económicos de más alto nivel, así como por los bandazos de las políticas económicas de los países económicamente más poderosos, que no tienen ni la menor idea de cómo van a salir de este atolladero económico que tiene muchos visos de transformarse en un atolladero social (paro, crisis de subsistencia, violencia).

Parece claro que el anterior modelo neoliberal ya no sirve. Es imperativo pensar en otro paradigma, inventar otro modelo a partir de los conocimientos históricos y del análisis de situaciones de crisis anteriores. Pero ¿cuánta gente tiene la capacidad crítica y los conocimientos necesarios para desprenderse de fórmulas y modelos fallidos (pero, ¡ay!, tan reconfortantes)? Todavía quedan unas cuántas personas, pero si triunfase el modelo de universidad que se agazapa bajo el Plan Bolonia, pronto no quedaría nadie. En definitiva, nos encontramos en un cambio de coyuntura político-económica, probablemente orientada hacia algún tipo de neokeynesianismo; por tanto, no parece una buena idea seguir adelante con un Plan que expresa un proyecto neoliberal ya obsoleto. La moratoria es una necesidad y el debate es una responsabilidad social. Los estudiantes tienen razón.

Susana Narotzky es Catedrática de Antropología Social de la Universidad de Barcelona

Diario Público



miércoles, 17 de diciembre de 2008

Sanidad. El copago es pagar 2 veces, una con impuestos, otra cuando se va al médico

Ventanas del Falcón
Hace un mes Esperanza Aguirre decía que “Nada de la sanidad en Madrid es privado” a pesar de que los 8 nuevos hospitales tienen ya gestión privada. Ayer su consejero de Sanidad, Juan José Güemes, dio un paso más hacia la privatización de la sanidad. Proclamó que había que abrir el debate sobre el copago, una fórmula de financiación sanitaria por la que los enfermos pagan una cantidad a cambio del servicio sanitario.

Güemes afirma, con toda la cara, que no se pone en entredicho la equidad con el copago. Claro que perjudica el copago a la equidad del derecho a la protección de la salud, puesto que aquellos que tienen más se inhibirán menos de utilizar las prestaciones sanitarias porque pueden pagarlas, mientras que los que menos tienen, dejarán de utilizar las prestaciones incluso en aquellos casos en los que sería necesario su utilización.

En el fondo, se producirá un aumento de las contrataciones de los seguros privados, ya que si tengo que pagar por los públicos, mejor utilizo los privados y no me someto a las listas de esperas.

La eliminación de impuestos es lo que trae

Güemes plantea el copago sanitario para pagar los excesos del Gobierno regional que ha realizado grandes regalos a través de la eliminación de los impuestos, lo que ha reducido los ingresos. Esto ha llevado al Gobierno regional a embarcarse en la externalización de las prestaciones sanitarias hacia entidades privadas, que están siendo muy costosas y de dudosa eficacia.

Es inadmisible que ahora plantee que la sanidad no sólo no es gratuita, sino que nos cuesta más de lo que podemos pagar y por eso ahora los ciudadanos tienen que pagar dos veces por la prestación sanitaria, una con sus impuestos, y otra cuando la vayan a necesitar. Si queremos mantener el sistema de salud, necesitamos más ingresos y debería venir de las administraciones estatal y autonómicas.

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Sean cuales sean los argumentos utilizados, proponer la introducción de un pago en la sanidad pública me parece aberrante. ¿Exagerado? En absoluto y lo explicaré a continuación.


1.- Las falacias de fondo

Se ha difundido socialmente una imagen de uso del sistema de salud que retrata a los españoles como personas inmaduras, que acuden a los servicios sanitarios de manera recurrente, que acumulan vorazmente medicinas y que no han descubierto aun que una gripe no justifica una visita al servicio de urgencias. El retratar a las persona como inmaduras o extraviadas es un elemento recurrente en nuestra escena social (pensemos en todos esos discursos sociales sobre la juventud y su pérdida de valores, por ejemplo), pero realmente, tales afirmaciones suelen ser mentiras o verdades a medias, que en este caso son utilizadas para justificar medidas como el copago y para desdibujar la triste realidad de la sanidad pública en España.


Cierto es que el uso de los servicios sanitarios en España no es todo lo responsable que debería de ser, pero no cabe duda de que hacer de esto el retrato de la sanidad, es tomar la parte por el todo. La verdad es que la gente acude al médico, de forma inmensamente mayoritaria, cuando se siente enferma y esa simple razón, en reconocimiento de nuestro derecho a la salud, nos hace merecedores de un examen o un diagnóstico. A partir de ahí es el sistema sanitario el que ha de crear una red de servicios de atención, en la que se combinen servicios de atención en infraestructuras hospitalarias y servicios domiciliarios lo bastante eficaces como para evitar la masificación de los servicios de urgencia hospitalarios u otros centros.


Porque, ¿acaso existe bastante personal sanitario en las grandes ciudades que acuda con una rapidez aceptable a visitar a un enfermo que solicita atención sanitaria? En absoluto, a pesar de que el tiempo transcurrido desde que aquel realiza su llamada y su visita pueda ser determinante para su supervivencia: ciertamente no en la mayoría de los casos, pero tampoco tan raramente. Un dolor de barriga puede ser producido por una indigestión, una apendicitis o un aneurisma, lo que puede conducir a un desenlace muy distinto según cual sea la realidad del enfermo. Fallan, pues, las atenciones domiciliarias, pero también los centros médicos se colapsan con facilidad, tanto los de proximidad como los hospitales, pero ¿es por inconsciencia de los ciudadanos o por falta de personal y recursos? ¿Qué ha de hacer una persona que experimenta cualquier dolencia y que no recibe hora en su médico de cabecera hasta cuatro días más tarde? Obviamente arriesgarse o bien recurrir a un servicio de urgencias.


Lo cierto es, y los profesionales de la salud saben muy bien que el sistema sanitario tiene su principal endeblez en dos aspectos claves: insuficiencia de recursos económicos y mala gestión de los recursos sanitarios, la cual incluye, además, al bajo trabajo educativo realizado con los usuarios, a fin de mejorar sus hábitos de asistencia. Ahora bien, esta realidad podría justificar mejor que nada la introduccion de medidas de copago con finalidades financieras, así que pasemos a hablar de financiación.


2.- La financiación sanitaria: el verdadero debate

Nos reiteramos en que el sistema de salud está insuficientemente financiado: España es uno de los países que menos invierte en salud por habitante, del conjunto de la Unión Europea. Se nos presenta, pues, el copago como respuesta, ya no educativa de los usuarios, sino financiera, pero tal consideración tiene dos elementos enormemente endebles: la capacidad financiera del sistema de copago y la relación de dicha financiación con la principal fuente de recursos para la sanidad, que es el sistema impositivo.


En efecto, lo primero que cabe señalar es que el copago por atención sanitaria, como aportación financiera, resulta en extremo raquítico. Muchos son los expertos que coinciden con ello y que además apuntan el incremento de costes de gestión que supondría la implantación de dicho sistema, lo que disminuiría aun más su capacidad financiera. Para verlo más claramente, piénsese en un Centro de Atención Primaria: ¿cuántos usuarios serían atendidos diariamente y qué 'recaudación' realizaría el centro, pongamos que a euro por visita? Una cifra absolutamente ridícula. También se ha señalado, como efecto perverso del copago, que al cobrar al usuario este se vuelve más exigente e incrementa la presión sobre los profesionales de la sanidad, los cuales, a causa de lo insignificante de la medida, ni serán más, ni dispondrán de más recursos.


Pero me interesa más destacar sus conexiones sobre el sistema impositivo. Lanzo ahora mismo una propuesta alternativa: si la Sanidad está mal financiada, subamos los impuestos. ¡Ay, pero si eso no es posible, porque hay un dogma que dice que los impuestos han de bajar y bajar, aunque a la práctica suban cada año! ¿Pero por qué subirlos? Las ventajas son claras respecto al copago en varios sentidos. La primera y muy evidente, es que esa sí es una medida de fondo para mejorar la financiación de la sanidad. La segunda, que una medida como ésta, tomada en nuestro sistema impositivo, traslada la financiación desde los usuarios directos, que son los que pagarían con el copago, al conjunto de la sociedad, como por otra parte es lógico, ya que se supone que al sistema sanitario cada uno contribuye en función de sus rentas y su riqueza y recibe a cambio según sus necesidades, lo que hace del sistema sanitario un sistema muy inclusivo. Lo raro es que esa mejora de la financiación no se plantee por las vías impositivas habituales, ¿alguien tiene la respuesta?


De hecho hay varias respuestas. La primera, que medidas como el copago a menudo se proponen como una vía para mantener un mismo nivel de financiación y seguir promoviendo nuevas bajadas de impuestos, que sobre todo favorecen a las personas con mayores rentas y riquezas, así como a otras entidades. Ejemplos: total bonificación del impuesto sobre el patrimonio, bonificación del impuestos de sucesiones, reducciones de los tipos más elevados del IRPF, reducción del tipo del impuesto de sociedades... Aunque, de paso, algunos vean reducida su contribución al IRPF, lo que existe, sobre todo, es una disminución de la contribución de las clases altas a los ingresos públicos sobre los que se sostiene la sanidad, mientras que ello se compensa con medidas como el copago y no se atienden los grandes déficits financieros como la sanidad, pero también, por ejemplo, la educación. El dogma de estar siempre bajando los impuestos no sólo es perjudicial para la cohesión social, sino también la causa de la introducción de mecanismos que socaban el presente y el futuro del Estado del Bienestar. Por lo tanto, cuando algunos hablan de copago, no están realmente hablando de mejorar la financiación sanitaria sino de soñar con menos impuestos para las clases pudientes: téngase eso muy en cuenta porque es un elemento clave del debate.


3.- Por una sociedad de iguales en la salud y en la enfermedad

Aun hay algo más que no debe quedar en el tintero y es la constatación que el sistema de saludo es algo demasiado importante como para que deje de ser gratuito. Decir que es un pilar del Estado del Bienestar no es sólo una frase hecha. La salud es una condición necesaria para el desarrollo de los individuos y de una sociedad, por lo que lo primero que no podemos hacer es cobrar más por estar enfermo. En efecto, esa es la filosofía que respalda la visión "consumista" del sistema sanitario según la cual se propone el copago. Porque resulta que la enfermedad es incapacitante, impide el desarrollo normal de la vida laboral y por lo tanto la capacidad de los individuos, en primer lugar, de generar rentas y, en segundo lugar, de pagar impuestos que sigan reforzando el sistema. Es tétrico imaginar un sistema sanitario en que se cobra por día de ingreso hospitalario o por el consumo de menús en los hospitales, puesto que ello aun castiga más la economía de una familia azotada por una enfermedad, sea ésta cual sea. Ante todo, debemos preservar el principio de igualdad ante la enfermedad y ser capaces de proveer los recursos necesarios, que garanticen tanto la supervivencia económica de las familias, como el más rápido restablecimiento de los enfermos y su protección psicológica. Y el copago no va en absoluto en esta dirección, al cobrar por enfermar y al pretender establecer unas tasas sobre el uso de la salud entre individuos con diferentes niveles de ingresos y riquezas. Dicha solución tan solo puede seguir ampliando las brechas sociales y morales de nuestra sociedad.


Nos queda, sin embargo, un copago posible: el de la existencia de los sistemas privados de salud. La existencia de dichos sistemas alivian la financiación de la sanidad pública al retirar de la misma una parte de los usuarios potenciales, por lo que son deseables siempre y cuando sean de libre adhesión, tengan un carácter complementario y la sanidad pública atienda de forma amplia y suficiente las necesidades de salud del conjunto de la población que reside en el país, para lo cual, no es necesario el copago, sino el verdadero enemigo de algunos: la presión fiscal. Ello implicaría, por lo tanto, acabar con las listas de espera, con los retrasos en los diagnósticos y seguir ampliando de manera constructiva la cobertura sanitaria, no sólo mediante la introducción de servicios de salud no ofrecidos actualmente, sino también reduciendo el copago donde ya existe: en el acceso a los medicamentos.

lascosasdebranhunter.blogspot.com/


lunes, 8 de diciembre de 2008

"Unibersidad"

La historia de la Universidad española desde el ‘Trivium’ y el ‘Cuadrivium’ hasta la Declaración de Bolonia es la historia de una decadencia. Cada reforma de la Universidad ha empeorado la anterior con una tenacidad digna de admiración. La última de estas reformas, la que comenzó en 1991 con el proceso de Bolonia tiene sublevados a los estudiantes y a buena parte del profesorado. “Bolonia”, como se conoce entre los universitarios, es un compromiso de varios países para crear en 2010 un espacio común europeo de educación superior basado en la calidad, la movilidad, la diversidad y la competitividad. Sobre todo la competitividad. La obsesión de los políticos que han firmado Bolonia es que los estudiantes aprendan en la Universidad aquellos conocimientos que les permitan encontrar un puesto de trabajo. La formación, el desarrollo de la inteligencia crítica, el debate —pendiente— sobre lo que debe saber una persona culta en el siglo XXI, todo eso son paparruchas.

El contenido del saber lo deciden las leyes del mercado. Sólo vale lo que vale para encontrar trabajo. Quizás tengan razón y hoy día no tenga sentido seguir estudiando el ‘Quijote’ o las civilizaciones antiguas, salvo para montar otro Atapuerca, marca registrada. Seguro que los equivocados somos los profesores de Humanidades, que hemos consagrado nuestra vida a una disciplina del siglo XIX. ¿Cómo hacer rentables los estudios literarios, que consisten en leer y reflexionar? ¿Pidiéndole a la FNAC que elabore el temario de Filología? Microsoft o Telefónica acabarán desde luego diseñando el currículum de los ingenieros a los que luego contratarán. ¿Elaborará Paco El Pocero la carrera de Arquitectura?


Antonio Orejudo. Público



sábado, 6 de diciembre de 2008

La Directiva Bolkestein en la Legislación española

Recientemente (17/10/2008), el Ministerio de Economía y Hacienda ha hecho público un BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO Y EJERCICIO DE LAS ACTIVIDAEDES DE SERVICIOS , para definir el proceso de transposición a la legislación española de la tristemente famosa Directiva de Servicios de la UE (más conocida por el nombre de su impulsor, Directiva Bolkestein). Esta transposición debería realizarse antes del 28 de diciembre de 2009, según la normativa de la UE.
De momento, la mencionada propuesta, que aparece en la pagina web del Ministerio, ha sido presentada únicamente al Consejo Económico y Social (CES), para que esté emita su preceptivo dictamen, aunque es de esperar que otros agentes sociales sean también consultados y puedan dar su opinión sobre esta importante materia
EN el preámbulo del anteproyecto se destaca que el sector servicios es un importante motor del crecimiento y creación de empleo en España., siendo el de mayor importancia cuantitativa por su peso en el PIB (66,7%) y empleo total (66,2%), y de él dependen de manera decisiva el crecimiento y la competitividad del resto de ramas de actividad. En concreto, las actividades de servicios que se ven afectadas por el Anteproyecto suponen el 87 por 100 del valor añadido del sector servicios en España y representan más del 50 por 100 del empleo total de la economía española.
Se incluyen también las habituales alabanzas a la Directiva de Servicios como “ una de las piezas fundamentales de la estrategia comunitaria de impulso económico y de consolidación del mercado interior que se han instrumentado en el contexto de la agenda de Lisboa”, siendo “su objetivo alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre Estados miembros. La Directiva pretende, por tanto, reducir cargas administrativas y otorgar mayor seguridad jurídica a aquellos que desean prestar un servicio, a través de un establecimiento permanente (libertad de establecimiento) o sin recurrir a dicho establecimiento (libertad de prestación de servicios)”. Se recalca la necesidad de eliminar, por tanto, aquellas “regulaciones y requisitos no justificados, discriminatorios o desproporcionados que generan efectos negativos, como la segmentación de mercados, el insuficiente aprovechamiento de las economías de escala y de alcance, la limitada presión competitiva y los reducidos incentivos a la eficiencia, que se reflejan en tensiones inflacionistas, erosión de la competitividad y, en definitiva, un menor potencial de crecimiento y creación de empleo. ..”
Sin embargo, estudios económicos realizados sobre el impacto esperado que la aplicación de la Ley tendría para España, por la vía de creación de comercio adicional, estiman en un aumento del PIB en el entorno del 0,8% (1,2 para UE 25) y un aumento del 0,3% en el empleo (0,5 para UE 25),lo que supondría la creación de más de 60.000 nuevos puestos de trabajo .Parecen por tanto un poco exageradas las expectativas sobre los importantes resultados derivados de la aplicación de esta Ley
Consecuentemente, la Ley propuesta establece como principio general el de la libertad de acceso a las actividades de servicios y su libre ejercicio en todo el territorio español y regula como excepcionales los supuestos que permiten imponer restricciones a estas actividades; siendo, pues, su objeto, establecer las disposiciones y principios necesarios para garantizar el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios, realizadas en territorio español por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.
Es importante resaltar que la Ley se refiere únicamente a aquellos servicios que se realizan por una contrapartida económica. Los servicios no económicos de interés general, aquellos que se realizan en ausencia de dicha contrapartida económica, no están cubiertos por las disposiciones del Tratado de la Comunidad Europea relativas al mercado interior, por lo que no están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios y consiguientemente tampoco en el de la presente Ley.
Hay que destacar que el procedimiento seguido por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), responsable de la elaboración del anteproyecto para la incorporación al Derecho interno español de la Directiva de Servicios, ha sido doble:
- llevar a cabo, por un lado las necesarias adaptaciones normativas sectoriales, que incluyen tanto la aprobación de medidas específicas como la modificación de disposiciones vigentes
- Por otro, la adopción de una Ley horizontal de transposiciónque incorpore los principios generales de la Directiva y aporte un marco jurídico de referencia más allá del plazo de transposición.

Lo que resulta del todo punto sorprendente, es que, como reconoce la propia CDGAE, “… este anteproyecto de Ley no reproduce literalmente lo dispuesto en la norma comunitaria, sino que, con objeto de maximizar los efectos económicos de la Directiva e impulsar una dinamización más profunda del sector servicios, promueve una adaptación ambiciosa, a través de un ámbito de aplicación más amplio y una incorporación de los principios fuerza de la Directiva con menos restricciones”.

O sea, que tomando como base una Directiva cuyos inconvenientes y perjuicios han sido ya de sobra analizados y han motivado protestas masivas en el ámbito sindical y altermundista por la amenaza que suponen para el mantenimiento y mejora de los servicios públicos y los derechos sociales y laborales, el Gobierno español decide “hacer méritos” ante sus colegas europeos y, siendo “más papista que el Papa”, aprovecha la obligada transposición no para proteger de la Directiva y de las leyes de la competencia del mercado interior de la UE los servicios públicos esenciales (para lo cual estaba facultado, bastando con clasificarlos como “servicios no económicos de interés general”, como reclamaba ATTAC ), sino que amplia todavía más el ya ambicioso ámbito de aplicación de la Directiva y disminuye las ya de por sí escasas restricciones existentes en la misma que constituyen el último refugio para que las Administraciones Públicas puedan controlar de algún modo la prestación de servicios.
En este mismo sentido, la excusa que se alega para no incluir los servicios económicos de interés general - que se reconocen como de competencia exclusiva de las AAPP en lo relativo a su financiación, prestación y control - en el articulado de la Ley raya en el cinismo, al afirmar que no se ha hecho mención explícita de los mismos, que sí figuran como excepción a la libre prestación en el texto final de la Directiva, porque “… dada la ausencia de una definición a nivel comunitario de los servicios económicos de interés general, incluir este concepto puede dar lugar a una excepción ambigua y abierta que, además de reducir excesivamente el ámbito de aplicación del principio de libre prestación, generaría incertidumbre… “. De nuevo aquí, el gobierno español va más allá en su tendencia neoliberal que la propia Comisión Europea,y , en lugar de trabajar en la necesaria definición de estos servicios, decide eliminarlos de un plumazo
Un aspecto muy importante es la adaptación de la normativa vigente a las disposiciones de esta Ley, por lo que ”… las Comunidades Autónomas comunicarán a la Administración General del Estado, antes de 26 de diciembre de 2009, las disposiciones legales y reglamentarias de su competencia que hubieran modificado para adaptar su contenido a lo establecido en la Directiva y en la presente Ley. La obligación prevista en el apartado anterior será asimismo de aplicación a las Entidades Locales, Colegios Profesionales y a cualquier autoridad pública, respecto de las disposiciones de su competencia, que se vean afectadas por la presente Ley…”. De nuevo hay que resaltar que la Directiva, y la correspondiente transposición, afectan a todas las AAPP, tanto de carácter local, como regional, autonómico o central, que deberán revisar toda su normativas y legislación para adaptarlas , lo cual representa un trabajo ímprobo para tenerlo realizado antes del fin del 2009.
Así, la propia CDGAE, estima alrededor de 7.000 normas y/o procedimientos potencialmente afectados por la Directiva. De ellos, alrededor del 15 por 100 corresponden a la Administración General del Estado (80 tienen rango de Ley y aproximadamente 370 son Reales Decretos) Además, resultarían afectadas alrededor de 500 leyes autonómicas y cerca de 1700 decretos autonómicos. Por lo que se refiere a las áreas con mayor volumen de normas a “adaptar”, áreas tan importantes como medio ambiente, agricultura, comercio y salud representan casi la mitad .
No abordaremos aquí los capítulos de la Ley que trasladan las correspondientes materias de la Directiva, por entender que ésta ya es de sobra conocida, aunque si es interesante resaltar que en el dictamen elaborado por la CES (20- nov-2008) sobre el anteproyecto de Ley, se incluyen una serie de recomendaciones y advertencias, entre las que destacan
· a la redacción del anteproyecto le falta coherencia entre el propósito y los fines de la norma, por lo que pide que se ajuste más el texto de la ley al de la directiva comunitaria.
· la necesaria prudencia a la hora de aplicar una derogación de las normas existentes en las diferentes administraciones públicas. Es por esto que el CES considera que sería pertinente poner un plazo en el anteproyecto de la directiva para el cumplimiento de la obligación de las administraciones públicas de revisar los procedimientos y trámites aplicables
· el esfuerzo de “intensificación” de los criterios de aplicación de la Directiva que se menciona en la exposición de motivos podría transformarse, en muchos de los casos, en una posible alteración de los contenidos de la norma europea en el ordenamiento jurídico español
· aunque la Ley no pretende afectar a las condiciones de empleo y de trabajo contenidas en la legislación laboral, tanto en lo que respecta a los derechos individuales como colectivos, incluidos los convenios colectivos, no parece suficiente que este aspecto aparezca recogido en la exposición de motivos pero no en el texto del articulado
· el Anteproyecto debería respetar al máximo la formulación del artículo primero de la Directiva e incluir, junto con la delimitación positiva del objeto de la norma, la delimitación negativa que ésta recoge, donde explicita que no afectará a la liberalización de servicios de interés económico general, a la privatización de entidades públicas prestadores de servicios, a la abolición de monopolios, a las ayudas estatales amparadas por la normativa comunitaria, a la normativa estatal relativa a la definición de los servicios de interés económico general, al fomento de la diversidad cultural y lingüística o a la pluralidad de los medios de comunicación, ni tampoco a la legislación nacional en materia penal, laboral -incluida la negociación colectiva y la acción sindical-, de seguridad social, ni al derecho al ejercicio de los derechos fundamentales.
· En lo relativo a los trabajadores autónomos, el CES entienden que, en aras de una mayor seguridad jurídica, se debe recoger estrictamente lo dispuesto en la Directiva.
En resumidas cuentas, el anteproyecto de Ley peca de ambicioso, incoherente e inexacto, y viene a suponer un paso más en la “real politik” seguida por un gobierno que se reclama socialdemócrata pero que se comporta como socioliberal. Esperemos que los agentes sociales, especialmente los sindicatos mayoritarios que acogieron con agrado la Directiva, lleven a cabo las movilizaciones necesarias para la radical reforma de este anteproyecto, en las cuales siempre contarán con el apoyo de ATTAC.
Carlos Ruiz Escudero, Observatorio de Servicios Públicos, ATTAC

lunes, 1 de diciembre de 2008

La autonomía universitaria y sus enemigos

Reproducimos a continuación el texto de una charla de Antoni Domènech para los estudiantes en huelga de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona el pasado jueves, 27 de nov:
Si esta huelga estudiantil ha de ser efectivamente activa, una de las cosas que podemos hacer hoy, en vez de suspender cómodamente la clase e irse cada quién por su lado, es reflexionar juntos sobre la actual situación de la universidad pública europea. Lo haré, según me habéis propuesto, desde un punto de vista filosófico-político, es decir, de manera congrua con la asignatura de segundo ciclo en la que estáis matriculados ["Filosofía y metodología de las Ciencias Sociales"].

Como en tantas cosas de la vida y de la discusión política actual, también en materia de política universitaria se observa un regreso a posiciones que, no hace tanto, se creían superadas para siempre después del final de la II Guerra Mundial y de la victoria política y militar de las fuerzas de la democracia sobre las fuerzas de la reacción, el oscurantismo y el fascismo.

El 2 de agosto de 1932, en plena discusión parlamentaria sobre la concesión de autonomía a nuestra Universidad, la de Barcelona, José María Gil Robles, el conspirador monárquico y líder de la extrema derecha católica en las Cortes republicanas, se expresaba así sobre su ideal de "autonomía universitaria":

"Yo pediría la autonomía no para la Universidad de Barcelona, que me parecería muy poco, sino para todas las Universidades españolas; una libertad de movimientos, una autonomía docente, pedagógica, administrativa, que no solamente sirviera para que se desplegaran ampliamente las actividades universitarias, sino para que la sociedad, y aquí está, señores, lo interesante, le prestara a la Universidad el calor, el apoyo y la asistencia que hoy le niega, porque no llega a las entrañas ni al corazón del pueblo. A esto es a lo que aspiramos nosotros para la Universidad: la creación de Universidades que puedan competir con las del Estado; yo defiendo este principio, a pesar de que soy catedrático universitario y perteneciente a un escalafón del Estado." (1)

Para Gil Robles, pues, una genuina autonomía universitaria pasaba por poner la enseñanza superior al servicio de los intereses –y los negocios— privados de la "sociedad" (la tontita retórica actual de la "sociedad civil" aún no estaba en boga). "Autonomía" significaba, pues, para Gil Robles, independencia respecto del interés público tutelado u organizado por el Estado republicano, y al revés, sumisión de la vida universitaria al juego de intereses particulares, desigualmente organizados, de la "sociedad". Y también, claro es: recuperación por parte de la Iglesia católica de las competencias que le habían sido arrebatadas por el Estado republicano; asalto en toda regla a la promesa de laicidad universalista de la II República española.

Unos meses después del discurso parlamentario de Gil Robles, y en la Alemania inmediatamente posterior a la investidura de Hitler como canciller, Martin Heidegger pronunciaba un celebérrimo discurso, "La autoafirmación de la Universidad alemana" (27 de mayo de 1933), dando alas intelectuales al ataque nacionalsocialista a la autonomía de la universidad alemana. En efecto, en su de toma de posesión como Rector de la Universidad de Friburgo, el filósofo Heidegger se empleó a fondo para desacreditar la vieja y veneranda idea de la autonomía universitaria.

El núcleo pretendidamente filosófico del ataque a la autonomía universitaria era la crítica a la idea de que la ciencia, la investigación científica básica, tiene el fin en sí misma.

Nada nuevo en él: antes de su paso al nazismo políticamente activo –y también después de su "desnazificación" por los tribunales militares aliados— ya había dejado claro Heidegger que no le gustaba nada eso de que los científicos modernos pusieran el fin de la ciencia en la ciencia misma, colocando la búsqueda de conocimiento bajo la sola y para él frívola tutela del capricho de satisfacer la curiosidad. En una célebre ocasión, el filósofo de la Selva Negra presentó a Galileo como el prototipo de ese extravío: como el verdadero iniciador de la escisión moderna entre la ciencia especializada y el mundo de la vida o la existencia. Heidegger opuso a eso un auténtico saber, que era auténtico para él, como es de sobra conocido, en la medida en que estaba –instrumentalmente— orientado a un fin: el fin de desvelar el sentido de la existencia del hombre. Un fin en apariencia tan noble, como indeterminado.

Lo nuevo de su discurso como rector era la concreta determinación que hizo en 1933 de aquel fin un tanto misterioso, al que la aspiración al saber debía servir instrumentalmente. Esa nueva determinación traía consigo la demolición de la "muy celebrada libertad académica", en cuyo fundamento filosófico veía muy bien Heidegger que está la idea de que el conocimiento básico –no, claro es, el aplicado— se busca por sí mismo, es autotélico, por usar jerga aristotélica. En su discurso rectoral, Heidegger oponía a eso el ideal de una universidad en la que la ciencia, lejos de tener el fin en sí misma, se convirtiera en una "íntima necesidad de la existencia", pasando así a constituirse "en el acaecer básico de nuestra existencia espiritual como pueblo".

Y eso ¿qué quería decir en román paladín?

Quería decir que la Universidad alemana, lejos de seguir siendo una torre de marfil que gozaba de una autonomía protegida por la "libertad académica" en la que, idealmente al menos, era posible buscar el conocimiento por sí mismo con independencia de cuáles fueran los resultados, debía tener tres vínculos finalistas o instrumentales:

- Un vínculo con la "comunidad del pueblo". Ese vínculo significaba para él que los estudiantes debían prestar un servicio laboral que les obligara a trabajar con los no-académicos.

- Un segundo vínculo con "el honor y el destino de la Nación". Eso significaba el servicio militar como parte de la existencia del estudiante, que debía ser instruido militarmente.

- El tercer vínculo afirmado por Heidegger era "con la tarea espiritual del pueblo alemán". Es urgente –declaraba— formar a los estudiantes para que sean capaces de prestar un tercer servicio, el "servicio epistémico" (Wissensdienst), para el bien del pueblo.

Heidegger resumió sus propuestas diciendo que la Universidad alemana tenía que orientarse al fin de formar a "los futuros caudillos y custodios de los destinos del pueblo alemán" ("zukunftige Führer und Hüter des Schicksals des deutschen Volkes"). Las propuestas de Heidegger no tuvieron mucho éxito, afortunadamente, en su parte constructiva o afirmativa. Pero como todo el mundo sabe, sí en su parte destructiva: el nazismo destruyó por completo la vida académica alemana –acaso la más fértil del siglo XX—, una aniquilación de la que nunca más se ha recobrado.

En contra de lo que dice una tradición filosóficamente ignara –en buena parte inaugurada por Heidegger—, la ciencia básica es siempre de una utilidad práctica incierta: la teoría científica más famosa del siglo XX, la teoría general de la relatividad, no sirve absolutamente para nada: ninguna tecnología operativa se funda en ella; no ha tenido el menor uso industrial o tecnológico hasta muy recientemente, en que, inopinadamente, ha "servido" para fundar la tecnología de la localización GPS. Ese es el motivo principal de que la investigación científica básica, que, con el gran arte plástico, con la gran música o con la gran literatura comparte al menos el rasgo de su perfecta inutilidad ex ante, no se haya financiado nunca a través del mercado y de la inversión privada que persigue el beneficio: se ha financiado o a través de la universidad pública (como en la mejor tradición europea) o a través del mecenazgo privado más o menos altruista (como en las grandes universidades privadas norteamericanas).

La razón filosófica de que la investigación básica no pueda sujetarse a un cálculo instrumental coste/beneficio es sencilla de entender. La investigación básica persigue un bien –la remoción de las restricciones informativas estructurales a que está sometida la acción humana— al que, precisamente, no puede aplicarse ningún cálculo coste/beneficio. Pues, por definición, no puedo estimar el valor –en términos de utilidad, o de dinero, o de lo que sea— de la información X, mientras no la poseo; los costes de la actividad encaminada a conseguir la información X, pues, son costes que, aun si calculables a priori, no pueden contrastarse nunca a priori con el posible beneficio dimanante de poseer esa información. La cultura filosófica ha reconocido perfectamente ese problema desde, al menos, la rotunda afirmación de Aristóteles, según la cual el único motivo de la búsqueda de conocimiento nuevo es la necesidad, característicamente humana, de satisfacer la curiosidad, razón por la cual la investigación básica no puede sino proceder, en lo fundamental, en el aspecto motivacional, gratis et amore. La autonomía universitaria presupone el reconocimiento institucional de esta verdad filosófica elemental.

Es verdad que, ex post (aunque no siempre, ni siquiera frecuentemente), los resultados de teorías científicas básicas permiten fundar tecnologías poderosas. Es más, sólo en los resultados de una buena investigación básica perseguida por sí misma pueden fundarse tecnologías de gran capacidad instrumental. Ortega, que conocía muy bien el ambiente irracionalista-instrumentalista alemán del que salieron luego construcciones filosóficas como la de Heidegger, dejó estupendamente descrita esa peculiar relación entre ciencia básica y ciencia aplicada o técnica:

"la técnica es consubstancialmente ciencia, y la ciencia no existe si no se interesa en su pureza y por ella misma, y no puede interesar si las gentes no continúan entusiasmadas con los principios generales de la cultura. Si se embota ese fervor –como parece ocurrir—, la técnica sólo puede pervivir un rato, el que dure la inercia del impulso cultural que la creó". (2)

La actual mercantilización en curso de la Universidad pública europea significa la destrucción de la motivación "pura" de la investigación y de la búsqueda organizada de conocimiento; no puede entenderse sino como el intento de ponerlos al servicio de fines y valores instrumentales, y por lo mismo, como el ataque a la autonomía universitaria –propiamente entendida— más decidido y consecuente registrado desde los años 30. Como el que se registró en los años 30, el actual proceso de instrumentalización finalista de la investigación básica y la educación superior se basa en la ilusoria creencia de que aquella "inercia" de que habló Ortega puede durar para siempre.

El asalto a la autonomía universitaria que experimentamos en Europa ahora mismo tiene un paralelo en el sistema universitario norteamericano, que, como se dejó antes dicho, fundaba tradicionalmente esa autonomía, no en la organización público-estatal de la investigación, sino en su organización a través de la donación altruista privada, público-fiscalmente incentivada. Un ejemplo bastará para iluminarlo. La universidad de Harvard, la número 1 del ranking mundial, se ha convertido en los últimos años en una empresa especuladora en los mercados financieros. Es la segunda institución privada más rica de los EEUU, con un patrimonio de 37 mil millones de dólares (procedentes de donaciones que permiten a las grandes fortunas buenas desgravaciones fiscales). Pues bien: el año pasado gastó menos del 5% por ciento de su patrimonio en tareas propiamente académicas (que es lo que exige la ley norteamericana a las organizaciones sin ánimo de lucro), mientras que las remuneraciones de los ejecutivos de su fondo de administración de donaciones (¡que han tenido en la última década una tasa de retorno de inversiones del 23%!) se acercaban en 2005 a los 80 millones de dólares. (3) La necesidad de entrar en los mercados financieros especulativos se ha hecho más imperiosa bajo la Administración Bush, pues los espectaculares recortes fiscales a los estratos más ricos de la población han tenido como uno de sus efectos perversos el de que ya no salieran a cuenta, fiscalmente hablando, las donaciones a las grandes Universidades como Harvard. A pesar del secreto que rodea a las inversiones de los fondos financieros constituidos por Harvard o Yale, es evidente que esos fondos han tenido que experimentar en los últimos meses pérdidas catastróficas, como todas esas instituciones financieras. (4)

Se os dirá que la Universidad actual, mucho más democratizada y abierta a las clases populares que las universidades elitistas de honoratiores –desnudamente clasistas— anteriores a la II Guerra Mundial, es muy distinta de la universidad alemana que Heidegger se proponía reestructurar. Y se os dirá, con no menos razón, que el de ahora es un intento de instrumentalizar la vida académica también muy distinto del de los nazis.

Triste consuelo, si consuelo es, porque en el actual ataque a la libertad y a la autonomía académicas no sólo puede adivinarse un inconfundible programa contrarreformador, es decir, desdemocratizador de la enseñanza superior, sino que pueden verse también inquietantes paralelos con el programa de "servicios" finalistas propuesto por el rector Heidegger.

También a los estudiantes europeos de ahora, como a los alemanes de 1933, se os exige un "servicio laboral" en forma de contratos de trabajo precarios, cuando no puros meritoriajes ad honorem en las empresas, o la solicitud de créditos bancarios, a devolver luego con el sueldo de trabajos basura.

También a los estudiantes europeos se os exige ahora, no ciertamente un vínculo finalista con el honor y el destino o con la "tarea espiritual" de la nación, pero sí un vínculo finalista con la coyuntura de un mercado de trabajo crecientemente desregulado y "flexibilizado". Grotescamente, en el slang de muchos gestores y burócratas académicos, ya se empieza a llamar a los estudiantes "clientes".

Y también ahora se quiere formar a "caudillos y custodios" del orden social establecido, sólo que esa tarea guardiana parece querer reservarse a las instituciones académicas privatizadas con ánimo de lucro (aquellas en las que el Gil Robles de 1932 fiaba su bastardo concepto de "autonomía universitaria"), dejando tendencialmente para las públicas, cuando mucho, la mera función de instruir a unos "clientes" –vosotros— destinados de por vida a la subalternidad económica e intelectual.

NOTAS: (1) Gil Robles ("La enseñanza en el Estatuto de Autonomía", Diario de Sesiones de las Cortes, 2 de agosto de 1932). Esta tesis del discurso de Gil Robles, tan actual, proseguía de forma no menos actual: "no es para nadie un secreto que esa Universidad bilingüe que hoy se va a conceder a Cataluña, o que la Universidad autónoma que, en otra hipótesis, pudiera constituirse, no serán más que un instrumento de catalanización, mejor podríamos decir de desespañolización, que acabaría con todo germen de cultura española dentro del ámbito a que alcanzara la actividad de la Universidad catalana". (2) La rebelión de las masas, Planeta, Barcelona, 1981, pág. 102. La insatisfacción de Ortega con la visión instrumental de la ciencia que se había abierto paso en la cultura filosófica de habla alemana del primer tercio del siglo XX tiene un sorprendente paralelo en la insatisfacción expresada por Bertrand Russell con la visión instrumental de la ciencia que ser había abierto paso en la cultura filosófica de habla inglesa del primer tercio del siglo XX: "En el desarrollo de la ciencia, el impulso-poder ha prevalecido cada vez más sobre el impulso-amor. El impulso-poder está representado por la industria y por la técnica gubernamental. Está también representado por las conocidas filosofías del pragmatismo y el instrumentalismo. Cada una de estas filosofías sostiene que nuestras creencias sobre cualquier objeto son verdaderas siempre que nos hagan capaces de manipularlo con ventaja para nosotros". (La perspectiva científica [1949], Barcelona, Ariel, 1969, pág. 214.) (3) Cfr. Geraldine Fabrikant, "Fund Chief at Harvard Will Depart", The New York Times, 12 septiembre 2007. (4) Esta misma semana, un analista tan poco sospechoso como el que se sirve del heterónimo "Spengler" en el Asia Times (un ex alto funcionario de la Reagan) consideraba muy posible (AT, 25 Noviembre 2008) de que los fondos de inversión financiera especulativa de Harvard y Yale hayan tenido en los últimos meses pérdidas rayanas en el 87%. Al lado de eso, ¡el supuesto déficit de100 millones de euros de nuestra pública Universidad de Barcelona es un grano de anís!

Antoni Domènech es catedrático de Filosofía de las Ciencias Sociales y Morales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona. Su último libro es El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista, Barcelona, Crítica, 2004. Es el editor general de SINPERMISO.