Las aguas del sistema comunicativo bajan revueltas. Ante tanta
incertidumbre urge abrir un debate clarificador sobre las principales
problemáticas de la agenda comunicativa.
1. Comunicación y deterioro democrático
Hay un contraste brutal entre las dinámicas sociales participativas -se
comparten ideas y recursos por las redes- y el deterioro de las
democracias. Éstas están cada vez más orientadas a seguir, incluso
contra los electorados, los dictámenes de los agentes financieros
metamorfoseados en prescriptores y dirigentes de las políticas públicas
en nombre de los mercados. Redefinir y regenerar las democracias son
tareas del presente, lo que no es posible sin introducir,
simultáneamente, factores de igualación social y de reconocimiento de
las diversidades que reconcilien a la sociedad con la utilidad de la
gestión pública.
Siendo la comunicación un eje transversal de
las construcciones democráticas, tanto nacionales como globales, son
imprescindibles la democratización y diversidad de las comunicaciones y
de sus agentes y el reconocimiento de los derechos sociales a la
comunicación y la información.
2. Aumenta la concentración y disminuye el pluralismo
Al socaire del cambio tecnocomunicativo y de la crisis, y como
expresión de los vientos neoliberales en Europa, se está produciendo una
nueva e intensa concentración comunicativa y cultural. La situación se
agrava cualitativamente puesto que los nuevos actores (Google, Apple,
Facebook, Amazon, plataformas web de música, audiovisual, información…)
traen consigo un modelo de concentración mucho más global que el de las
industrias culturales transnacionales o nacionales, con muy pocos
actores -cuando no monopolios a escala planetaria- en todos los campos
de las redes, plataformas o servicios. Los propios viejos oligopolios
audiovisuales o editoriales negocian su lugar en la nueva cadena de
valor en la red.
En el caso español, los procesos de
concentración y de financiarización han llegado lejos y avalados por la
ley. En el caso del audiovisual, tras la absorción de Cuatro y la Sexta,
la reducción del panorama de TV privada en abierto a dos grandes grupos
hegemónicos, Mediaset y Planeta, dibuja un panorama desalentador del
pluralismo en España que, en lugar de avanzar, nos retrotrae a la era
analógica -el duopolio de Telecinco y Antena 3- con lo que las
oportunidades que ofrecía la TDT se han aprovechado solo para que haya
más canales servidos por los mismos operadores.
Las indeseadas
derivas de la concentración global debieran ser objeto de tratamiento
en instancias globales (ONU, Unesco, ICANN...) o supranacionales (UE…),
sea a instancias de grupos de la sociedad civil o de países. Asimismo,
para preservar el máximo de diversidad mediática y cultural, se han de
revisar las legislaciones nacionales, facilitando tanto las aportaciones
locales y nacionales al intercambio global como la capacidad de
denuncia en los tribunales de los abusos de poder. Igualmente, en el
plano micro se trata de animar a la emergencia de nuevos agentes, de
apoyar a la diversidad…
3. Desafíos para el Periodismo
En aras a una buena información, urge definir tanto un Estatuto de la
información que ampare los derechos informativos de la sociedad como los
derechos profesionales del periodismo, en tanto intermediarios entre la
sociedad y el relato de los acontecimientos.
En el caso de
los profesionales, las cuestiones de máxima preocupación, y que solo se
pueden sostener desde su autoorganización, son el empleo, la negociación
colectiva, las condiciones de trabajo -incluyendo las relativas a la
precarización creciente y al tránsito a las redacciones integrales- y la
dignificación, aplicación y actualización de los valores de la
profesión.
Se trata de rescatar el borrador para una Ley
Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía en
el que se desarrollaban los derechos de la libertad de expresión e
información, se reconocía que la información es propiedad de la
ciudadanía, se empoderaba a los informadores en su profesionalidad e
independencia frente a poderes políticos y económicos y se regulaba un
mínimo la actividad de las empresas de comunicación.
4. Amenazas en Internet
Los internautas se encuentran con dos amenazas. Por un lado, se
identifican digitalización, privatización y mercantilización con la
expansión forzosa del lado mercantil de las redes. Este enfoque es
contradictorio con la expansión de los contenidos por Internet como
bienes preferentemente públicos y como parte de un patrimonio colectivo
de conocimiento acumulado que por ello debe ser de dominio público.
Sería más eficiente compartir su gestión gratuitamente o mediante
tarifas globales.
Por otro lado, los gobiernos tienden a
forzar el estrechamiento, incluso punitivo, del espacio que ganaron las
redes sociales para la comunicación, el intercambio y la interacción. La
Ley Sinde y la vuelta de tuerca que suponía han sido asumidas por el
Gobierno del Partido Popular.
Para contrarrestar las
limitaciones al derecho de comunicación en Internet se han de reconocer
los derechos de los internautas a la conexión, la privacidad, la
obtención de nombres de dominio -especialmente relevante en las
comunidades con cultura integral-, a webs propias, a la seguridad de las
transacciones o la homogeneidad de los protocolos.
Igualmente
importantes son criterios como: neutralidad de la red; tarifas justas;
regulación de los oligopolios; universalidad de la banda ancha para toda
la ciudadanía en clave de accesibilidad y asequibilidad; velocidades
aceptables; derechos de autoría compatibles con el acceso a la cultura;
ilegalidad de vigilancias privadas en la red fuera de las tutelas
judiciales...
Estos derechos no son ajenos a los de los
comunicadores profesionales, lo que facilita una eventual alianza para
la libertad y calidad de la información, la comunicación y el
conocimiento.
5. Deslegitimación del Servicio Público
La independencia y el pluralismo son, hoy, las referencias centrales
para cualquier Servicio Público. Y, sin embargo, los servicios públicos
van a ser objeto en España de una intensa laminación en el contexto de
una crisis económica y fiscal profunda y de las ópticas conservadoras
del nuevo gobierno que no tiene más política que la reducción de los
déficits y, en especial, de los servicios públicos abiertos o con
proyección social.
Por de pronto el recorte ya
anunciado de 200 millones en la subvención de RTVE es toda una
declaración de intenciones, y deja a la Corporación en una tesitura
complicada que puede dar al traste con la función ejemplificadora y
tractora que hoy ejerce en el sistema audiovisual español y en el
imaginario colectivo. Para evitarlo, habrá que buscar esa cuantía en
otra fuente de financiación que puede ser la publicidad (con
condiciones como que sea sin cortes en los programas), obligando a
modificar la Ley de Financiación que le expulsó en 2010 del mercado
publicitario.
6. Asfixia de la comunicación de proximidad y no lucrativa
La preferencia de la anterior Administración por un modelo hegemónico
de radiotelevisión de ámbito estatal y privado -pasando de ser 2 canales
en abierto a 24 en el espacio de 6 años- ha perjudicado sobre todo a
las radiotelevisiones autonómicas, locales y comunitarias.
Las
radiotelevisiones autonómicas no han podido competir con un aluvión de
programas de ámbito estatal presentes en sus propias zonas de cobertura.
Las dificultades para absorber los costes, así como la apuesta actual
del Gobierno del Partido Popular y de los Gobiernos autonómicos que
controla, presionan en el sentido de su radical redimensionamiento; así
como los Expedientes de Regulación de Empleo, la internalización global o
su privatización y la consiguiente desaparición como canales públicos.
De confirmarse esta tendencia sería un gran retroceso cultural y
comunicativo.
Las radiotelevisiones locales también se han
visto perjudicadas por el exceso de canales, minimizando su espacio y
haciendo imposible comercialmente el predominio de emisiones originales,
propias y fuera de cadena.
Igualmente las emisoras
comunitarias y del tercer sector están siendo legalmente maltratadas, y
técnicamente bloqueadas, al no recibir frecuencias específicas. Se busca
su acantonamiento en la red como una web más en la idea de que se
diluya su lugar social y su influencia. Sin perjuicio de estar en
Internet, su reconocimiento en el artículo 3 de la Ley General de la
Comunicación Audiovisual exige una regulación acorde que no las
convierta en emisoras de barrio sino en una alternativa paralela a las
privadas y las públicas, con condiciones adecuadas para su existencia
que hoy no están garantizadas.
7. Ausencia de organismos independientes del audiovisual
Los Consejos del Audiovisual son una de esas instituciones que
pretenden ampliar el espacio público más allá del espacio de la
Administración y generar valores colectivos que emanan de un discurso
colectivo de construcción democrática y social, con atención especial al
pluralismo y la calidad.
Comparativamente con otros países
europeos, el nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, CEMA,
previsto y aprobado en la Ley General de Comunicación Audiovisual, no es
lo más avanzado en competencias, composición y modo de elección pero,
al menos, era un punto de partida que no ha podido entrar en vigor a
falta de reglamento. El Partido Popular siempre lo consideró innecesario
e inconveniente, pero no es una solución que esas tareas vinculadas a
los contenidos recaigan en la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones, un organismo regulador no orientado a la gestión de
temáticas sensibles, como son la diversidad y el pluralismo, sino a las
reglas de la competencia en un mercado.
Es imprescindible la
puesta en marcha de un CEMA de ámbito estatal en aplicación de la Ley
General de Comunicación Audiovisual y la creación específica de Consejos
también en las Comunidades Autónomas.
En suma, propugnamos:
1. la democratización de las comunicaciones.
2.
la efectiva concreción de los derechos sociales a la información y a la
comunicación y la definición de unos derechos de autoría compatibles
con el acceso a la cultura.
3. la puesta en pie
de normativas y medidas a escalas internacional y estatal contra la
concentración, tanto en la red como en las industrias culturales.
4. la aprobación de un estatuto de la profesión periodística y del derecho de información.
5. la defensa y viabilidad de los servicios públicos, tanto de RTVE como de las radiotelevisiones autonómicas.
6.
el apoyo explícito a la comunicación de proximidad de las
radiotelevisiones locales y la comunicación social de las emisoras
comunitarias.
7. la puesta en marcha de Consejos del Audiovisual.
En Tarragona a 20 de enero de 2012
A propuesta de más de un centenar de profesores e investigadores universitarios del campo de la comunicación y la cultura:
Miquel de Moragas (UAB)
Enrique Bustamante Ramírez (UCM)
Armand Mattelart (Paris VIII. Francia)
Emili Prado (UAB)........
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