sábado, 28 de julio de 2012

Gasto Sanitario dedicado a la Docencia MIR (Médicos Internos Residentes)

En la entrada anterior[1] expuse la situación de la formación médica especializada en España comparándola con la del resto de países europeos concluyendo que el sistema de formación MIR (Médico Interno Residente) es de los mejores posibles porque produce unos especialistas bien formados y con un prestigio reconocido a nivel internacional. 
 
Pero ¿cuánto cuesta al sistema nacional de salud formar a sus propios especialistas?
 
Pues según recoge la Estadística del Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad,  Servicios Sociales e Igualdad[2], en 2010 se dedicaron 979.717.000 euros, de los que 965.383.000 euros se gastaron en remuneraciones del personal y 14.333.000 euros en consumo intermedio. Ese dinero se gastó en formar a algo más de 26.736 residentes en formación médica especializada y los cerca de 1.500 residentes en Farmacia, Psicología, Física, Química, Biología y Bioquímica[*].
 
Este gasto incluye el pago de nóminas a residentes y el gasto de los cursos formativos, ayudas a congresos y resto de actividades formativas. Lo que no incluye es el pago a tutores porque, hoy por hoy, tutorizar a un residente es un acto voluntario no remunerado. 
 
Un Residente firma un contrato en formación con el Servicio Sanitario Público en el que va a hacer la especialidad en el que se incluye una actividad dual, tanto formativa como asistencial. Esta peculiaridad formativo-asistencial es la esencia del método docente porque permite una formación específica en  el puesto de trabajo de manera que el residente va adquiriendo conocimientos y habilidades obtenidos no solo de su autoprendizaje, sino enriquecidos por la transmisión de conocimientos tutor-residente y por la experiencia directa con los pacientes. De esta manera se consigue un profesional que se va capacitando gradualmente para desarrollar mayores responsabilidades asistenciales conforme progresa en su formación, estableciéndose una relación inversa entre la supervisión del tutor y la experiencia demostrada. Así, un MIR de último año (4º ó 5º según especialidad) está ya en condiciones para ofrecer una atención de calidad a los usuarios del sistema sanitario.
 
No obstante, esta misma actividad dual tiene dos vertientes que es necesario esclarecer. Desde el punto de vista formativo, es evidente que el residente se forma mejor conforme atiende a más y más pacientes, la resolución de las casuísticas individuales que se presentan con cada paciente son las que conforman la madurez y el grado de experiencia de un profesional, por lo tanto, cuanto mayor sea su actividad asistencial, mejor formación.
 
Pero, por otro lado, la actividad asistencial que prestan (recuerdo que más autónoma conforme progresa en su formación) también tiene en sí misma un valor económico que se puede medir, ya que actúa como personal sanitario del servicio sanitario público y, por ende, cubre una cuota asistencial en recursos humanos que, de no existir el MIR, produciría un coste derivado de la necesidad de contratación de especialistas para llevar a cabo la asistencia sanitaria de cada servicio hospitalario. Esto puede interpretarse como lo que cada residente paga por su formación.
 
Aunque hay una gran variabilidad entre las diferentes Comunidades Autónomas del Estado, voy a hacer un análisis de lo que sucede en la Región de Murcia. Para ello, voy a utilizar los datos de las Puertas de Urgencias hospitalarias.
 
La frecuentación declarada a urgencias por 1.000 habitantes/año en Murcia (593,09) se aproxima bastante a la media de España (547,39)[3] y es un dato indicador de la gran presión asistencial que se produce en estos servicios y que, mientras que nuestros políticos y gestores no sean capaces de organizar con sentido común y eficiencia la asistencia de urgencia en nuestro país, no queda más remedio que adecuar las plantillas de profesionales sanitarios que han de atenderlas a las necesidades de la demanda.
 
El personal médico dedicado específicamente a esta atención lo forman los adjuntos de puerta (médicos especialistas) y, generalmente, los residentes de tres especialidades médicas: medicina de familia (más del 90%), medicina del trabajo y salud pública. Aunque esto es normal habitual, la relación adjunto/residente varía mucho de un hospital a otro. Hay hospitales con relación 1:1 (H. Reina Sofía) a otros con relación 1:3 (H. Morales Meseguer) o incluso peor (urgencias de pediatría del H. Virgen de la Arrixaca). Incluso dentro de esa relación, la proporción de residentes en los últimos años frente a residentes en los primeros años, también varía entre los hospitales[†]. Esto es responsabilidad del jefe de servicio y no parece que haya una normativa regional ni una supervisión directa por parte de las unidades docentes.
 
En función de todo ello, cuando un usuario solicita atención en una puerta de urgencias hospitalaria recibe una primera valoración rápida de su problema (triaje) por un adjunto o por un residente experimentado. En caso necesario, pasa a consulta (boxes) o, si presenta mayor gravedad, pasa a camas. En los boxes suele ser atendido por residentes de los primeros años (más o menos tutorizados según hospital y calidad docente de los adjuntos) y en caso de ingreso en camas su atención es efectuada por residentes experimentados o por adjuntos. 
 
Aquellos pacientes cuya complejidad patológica lo aconseje, son a su vez atendidos por el resto de las especialidades médicas del hospital (medicina interna, cardiología, traumatología, etc.) manteniendo el mismo procedimiento de adjunto-residente. Sea como sea, lo cierto es que son pocos los casos en los que los pacientes no sean atendidos por médicos residentes y esto demuestra el gran peso específico que tienen los MIR en la prestación de la asistencia sanitaria de urgencias.
 
Una vez explicado el sistema hospitalario de atención de urgencias puedo ya argumentar el beneficio económico que el residente aporta al servicio murciano de salud
 
Tanto el salario mensual de un residente como la retribución de una guardia asistencial son significativamente menores que los de un adjunto. Para la obtención de estos datos he utilizado el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 28 de febrero de 2012 sobre retribuciones del personal estatuario del Servicio Murciano de Salud para el año 2012[4]. En ella he ajustado los salarios medios brutos anuales de los médicos adjuntos especialistas hospitalarios (Incluye salario base + complementos de destino, específico y productividad fija+ pagas extra) y el pago por guardia en las modalidades de 17 y 24 horas de duración diferenciando entre  días laborales y no laborales y los he comparado con el salario de un residente y lo que cobra por guardia en las cuatro modalidades mencionadas. Aunque la eliminación de la paga extra de navidad, fue una medida posterior, en términos de porcentaje de salario adjunto-residente, tiene muy poca significación estadística. También he de destacar, que en los datos de los adjuntos, no se incluyen otros complementos como la antigüedad en la empresa (trienios). Así he elaborado la tabla que viene a continuación que expresa el porcentaje que cobra el residente en relación con lo que cobra el adjunto:
Diferencias en porcentaje (%)
Salario
Guardia 17 horas
Guardia 24 h
Laborales(1)
No laborales(2)
Laborales(1)
No laborales(2)
R-1
33,13
41,53
40,72
41,53
40,72
R-2
33,68
49,12
50,90
49,12
50,90
R-3
36,80
55,58
56,68
55,58
56,68
R-4
39,91
62,98
66,66
62,98
66,66
R-5
43,03
62,98
66,66
62,98
66,66
(1) Laborales: de lunes a viernes
(2) No laborales: sábados, domingos y festivos
Con estos datos, se puede afirmar que los MIR están contribuyendo significativamente a la sostenibilidad del sistema sanitario ya que, con ellos, el sistema se ahorra, en promedio, más del 60% en salarios y del 45% en pago de guardias hospitalarias. Y, dicho de otro modo, el residente paga por su formación más de lo que gana en salario.
En resumen, el sistema de formación MIR  le es muy rentable al sistema sanitario público por:
  1. No paga a quienes enseñan
  2. Obtiene más beneficios económicos que gastos de quienes forma
  3. Forma buenos profesionales que garantizan el futuro del mismo
Mientras que he estado elaborando esta entrada, no he dejado de preguntarme el por qué dedico parte de mi tiempo libre a analizar estos datos. ¿Qué nos está pasando a los sanitarios para que nos sintamos obligados a defender con argumentos incluso los aspectos más obvios que identifican al sistema sanitario público? ¿Acaso no son evidentes las bondades de la formación MIR que ya la quisieran para sí otros muchos países con economías más saneadas que la nuestra? ¿Por qué tanta incertidumbre y desconfianza en el futuro de la sanidad pública española?...
 
La verdad es que apenas hace 5 años nadie podría creerse que nos íbamos a encontrar en la situación actual, con un sistema nacional de salud cuestionado por su eficacia cuando es uno de los más eficaces del mundo, con un dramático cambio en la cobertura universal que ha pasado de ciudadano a asegurado de la Seguridad Social, con una prohibición expresa en la atención a las personas (inmigrantes no regularizados), con un recorte en los salarios de sus trabajadores cuando somos de los peores pagados de Europa, con un cierre de servicios de alto impacto social porque alguien los marca como de baja rentabilidad económica, …
 
¿Por qué estamos tan nerviosos los sanitarios? porque estamos empezando a comprender que nos gobiernan unos incompetentes, altamente ineficaces y sin catadura moral alguna en lo que se refiere a los valores de lo público.
Y, si no, lean la siguiente entrada →


[*] Datos estimativos
[†] Datos obtenidos de entrevistas personales
 
José Martínez López
Apuntes para la reflexión sanitaria

martes, 24 de julio de 2012

Modificación Ley del Aborto. Comunicado FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Públic)


Ante las declaraciones del Ministro de Justicia Ruiz Gallardon de que el Gobierno Central pretende modificar la Ley del Aborto para obligar a las mujeres a dar a luz a fetos con graves malformaciones y deficiencias,  la Federación de Asociaciones  para a Defensa da Sanidad Pública quiere comunicar

1.- Que esta medida supondría un gravísimo atentado contra la libertad de las mujeres a las que se obligaría, contra su voluntad, a mantener embarazos a pesar de que las pruebas y revisiones médicas demostraran graves taras y malformaciones en los fetos.

2.- Este cambio legislativo crearía un gravísimo problema de salud para muchas mujeres que tendrían que salir al extranjero para interrumpir sus embarazos no deseados por  graves  lesiones fetales o hacerlo de manara clandestina en el país sin las debidas condiciones sanitarias. Este último supuesto afectaría a las mujeres con menos recursos socioeconómicos  cuyo número se ha incrementado brutalmente como consecuencia de la crisis

3.- Entendemos que detrás de esta decisión está la ideología conservadora de un gobierno que pretende satisfacer las demandas de los grupos religiosos  más ultras y radicales.

El PP pretende reintroducir un modelo de relaciones políticas, sociales, laborales y sanitarias  retrogradas y lesivas para la ciudadanía. En este como en otros temas parece que pretende que el país retroceda 50 años.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
23 de julio de 2012

A propósito de la reforma sanitaria

Desde que empezó la crisis, diferentes voces han venido insistiendo en la inviabilidad de la sanidad pública, en contra de todas las evidencias que demuestran su menor coste frente a la sanidad privada de países como EEUU. Esas mismas voces son las que deberían garantizar, por mandato constitucional, su sostenibilidad, pero ya nadie espera demasiado de los políticos.

El último golpe del gobierno es el fin de la universalidad de acceso a la sanidad; una medida que, si bien supone un escaso ahorro si no un incremento del gasto, duele más que ninguno otro recorte anterior. Duele porque hace evidente el modelo de atención pública al que nos dirigen y porque pone el foco en los sectores sociales que más están sufriendo la crisis: las personas que están en paro, que no tienen permiso de residencia o son pensionistas. Se excusa en la necesidad de recortes y en la falsa acusación de abuso a los inmigrantes. Los parados tendrán que acceder a una tarjeta especial cuando dejen de cotizar. Los pensionistas tendrán que pagar por sus recetas y, si no tienen recursos, enfrentarse a la pesadilla de la burocracia para demostrarlo. Si el Estado de bienestar era una fórmula de aseguración colectiva que garantizaba el acceso a derechos sociales en momentos de vulnerabilidad (desempleo, vejez, enfermedad, niñez), este decreto rompe la base del sistema: la solidaridad entre grupos sociales y franjas de edad. Es un órdago al pacto social establecido en la Transición y que necesita ser refundado por el bien de la democracia.

Hasta ahora, las políticas neoliberales, antes de la crisis y de forma exponencial desde 2008, empeoraban la calidad de los servicios públicos, disminuyendo sus recursos, y patrocinaban el desarrollo de servicios privados mediante deducciones fiscales, externalización a precios de saldo y cesiones de recursos públicos (transferencias y suelo). Es una forma indirecta de favorecer el trasvase de población con recursos a la asistencia privada, a la vez que el sector público es degradado y se destina a los sectores con menos recursos y a los tratamientos menos rentables; este proceso de segregación (escolar, sanitaria, social) alimentaba la huida de las clases medias de los servicios públicos, sin duda con la intención de generar un desapego objetivo y subjetivo de estos grupos hacia lo público. De hecho, era creciente el número de personas que pagaban un extra por un servicio privado, supuestamente mejor pero que en muchos casos sólo otorga un halo de exclusividad, ya que los profesionales, el tiempo de atención y los recursos (tanto en la escuela como en las clínicas) están por debajo, todavía, de los servicios públicos. El objetivo era generar una pregunta: ¿por qué pago impuestos si pago por otro lado mi atención sanitaria o educativa? La pregunta ocultaba las ventajas fiscales al sector privado.

La exclusión de personas sin permiso de residencia y la introducción de una tarjeta sanitaria especial para desempleados aumentará el gasto final de una atención que desde la atención primaria sería menos costosa. ¿Por qué este decreto entonces? La ofensiva actual se dirige a promover otra pregunta: ¿por qué pago impuestos para que otros que no pagan se beneficien de un sistema que no uso? La reforma sanitaria busca que el “sentido común” pase de la solidaridad social (el “me puedo quedar en el paro”, “me puedo poner enfermo estando en el paro”: “hoy por ti, mañana por mí”) y de justicia social (“todas las personas tienen derecho a educación y sanidad” “garantizar derechos a todos es la mejor manera de generar igualdad de oportunidades y una mejor sociedad”) a un sistema en el que cada uno recibe lo que paga. La estrategia neoliberal trata de romper esa idea de que cualquier persona tiene derecho de acceso a los recursos públicos más allá de su situación particular. A la vez que fija con mayor fuerza los derechos sociales a la variable del empleo, un empleo que sabemos escaso y precario. Las medidas de gestión de la crisis bancaria no hacen sino volver más escaso el acceso al empleo, al mismo tiempo que refuerzan que el empleo sea la forma de adquirir el acceso a los recursos públicos.

El momento de crisis es quizás el peor para disolver la solidaridad: muchas familias de clase media que podían permitirse llevar a sus hijos a un colegio concertado o tener un seguro médico privado ya no tiene recursos para permitírselo y no hablemos de sus hijos, con el 50 % de desempleo juvenil. Este decreto hace que, aproximadamente, la mitad de los jóvenes entre 26 y 30 años no puedan acceder a la sanidad pública general. Recordemos, por otra parte, que para obtener el permiso de residencia es necesario acceder a un contrato de trabajo. De hecho, muchas personas están perdiendo sus “papeles” porque han perdido su empleo y no pueden renovar su permiso de residencia después de años de mucho esfuerzo. Se nos pide aguante y resignación con la promesa de que los buenos tiempos volverán, pero se destruye esa visión de una sociedad que responde por los demás. Sin embargo, sí vamos en el mismo barco y no sólo para aguantar los recortes. Es evidente que intentan desarticular el vínculo social y la solidaridad, precisamente para cortar los lazos que pueden plantar cara a esta estafa.

Cuando el mal gobierno destruye lo que ha sido construido entre todos, no queda otra que defender lo único que importa: la sociedad y la democracia. En otros países europeos, ante ataques semejantes a la universalidad de los derechos y de la sanidad pública, los profesionales se han negado a esta exclusión, han desobedecido atendiendo a todo el que lo necesitaba en sus centros de trabajo tal como están planteando aquí profesionales del sector. En Italia,  profesionales sanitarios, junto a vecinos, han llegado a poner en marcha puntos de asistencia para todos. No es lo ideal suplir con trabajo voluntario lo que podría pagarse con el dinero de todos, dinero que se está desviando al pago de intereses de una deuda ilegítima. Pero frente al rodillo de los recortes las manifestaciones de protesta no van a ser suficientes, tendremos que defendernos y quizá, en ese camino por recuperar la riqueza que producimos entre todos, encontrarnos y empezar a imaginar otra sanidad pública; encontrarnos tal como lo hicimos en las plazas hace un año y volveremos a hacer en mayo. El interés general está por encima de cualquier gobierno. Ninguna mayoría absoluta representa a la mayoría social.

Madrilonia.org

Nota.
La sanidad ya no es un derecho básico pata tod@s las personas, solo para los "asegurados"

sábado, 21 de julio de 2012

Malditos funcionarios bastardos

Ha sido la consigna de la última semana. El ministro Montoro escupía la filosofía base: los funcionarios están dados al cafelito, practican el fraude horario y militan en la desidia estructural. Todo un pliego de cargos que venía a sumarse a las odas de Aguirre (Esperanza), y ante los que solo había que esperar sentencia. La ejecutó el presidente Mariano laminando un mes de salario a través de su omnisciente sistema-decretoley. Supone la cuarta bajada de sueldo tras asalto alevoso del presidente ZP en la primavera social-2010, posterior subida de IRPF y subsiguiente nueva subida del presidente Mariano, solo un mes después de jurar que jamás lo haría, en un espectáculo de palmaria estafa electoral. Antes ya los funcionarios habían soportado congelaciones salariales, incluso en los mal llamados años de bonanza.

Don Mariano y ZP se han fundido el 20 % de la capacidad adquisitiva de este colectivo. Millones de nuestros salarios que van a encubrir las quiebras fraudulentas bancarias que produjeron solos-solitos unos banqueros millonarios y una clase política servil e inepta.

Son estos unos días en que una caterva de neoliberales bien alimentados espetan que los funcionarios son unos privilegiados que, además, no pueden ser despedidos. Los que así se expresan no aciertan a ver cómo los funcionarios sí estuvieron años “despedidos”. Por término medio el funcionario está cinco años preparando oposiciones. Cinco años sin ingresos, soportando gastos de preparación a costa de sus padres o, en el peor de los casos, en jornadas maratonianas de trabajo y estudio sin fines de semana ni vacaciones. Cinco años de enclaustramiento, por término medio, con numerosos casos de siete u ocho años en dichas dinámicas de “despido” sin prestación o subsidio. Una inversión brutal de tiempo, de recursos propios y de coste psicológico.

Se miente cuando se dice que España es el país europeo que más funcionarios cobija cuando siquiera llega a la media de la Unión Europea con ratio de 5.5% sobre población, muy lejos del 12.3% de Suecia o incluso de “pigs” como Portugal o Irlanda.

Los inquisidores parecen desconocer que en la Administración española existen sueldos de los más bajos del mercado laboral, sueldos medios a los que cuesta llegar 20 años de vida laboral, o bien sueldos altos sometidos a un régimen de incompatibilidades tal que sonrojan comparándolos a lo que están ganando nuestros compañeros de promoción. Sueldos que no disfrutaron de apenas subida en años donde en el macro-sector de la construcción se conseguían salarios, pluses e incentivos de dos mil y tres mil euros para el peón de base hasta millones de euros para cualquier promotor nesciente venido a más a través de la alta política local y la baja cama financiera.

Vaya por delante que la Administración Pública no es un nirvana perfecto y donde también habita un porcentaje de profesores obtusos, inspectores indolentes, médicos desfasados, policías torturadores o administrativos de telenovela. Pero la existencia de cierta escoria marginal no puede impugnar la labor del colectivo.

No se puede impugnar el objeto de la función pública porque es delictivamente falsa la correlación de mayor funcionariado con menos eficacia, peores servicios o más endeudamiento público. Falsa porque hay países con record de deuda pública y que, sin embargo, cobijan las tasas más bajas de funcionarios por habitante como son los casos de Grecia (3.30) y Reino Unido (3.41). Y viceversa, ya que los países con las mayores tasas de funcionarios del mundo como Suecia (12.3) o Finlandia (10.6) son reconocidos por ser las administraciones públicas y los servicios más sobresalientes. Hay que repetirles a todos estos agoreros malintencionados que España se sitúa en un porcentaje del 5.52, más bajo que la media europea (vid. E.U., Administration and the Civil Service in the EU 27 Member States).

Nunca he hecho corporativismo pero va siendo hora ante la desfachatez con la que se está maltratando al llamado funcionario, desde el insulto de no pocos empresarios de Porsche Cayenne y Dom Perignon Oenothèque al exabrupto de algún operario cañí cuya única religión pende del mini-adosado, la Ducati monster y el “yo-soy-españó-españó-españó”. Ambos dos forrados a mayor gloria del icono-ladrillo y la destrucción económica de este país.

Los anteriores personajes son sólo alguacilillos de poderosas instancias internacionales y no menos poderosos think-tank para los que la función pública debe ser progresivamente diluida. Encabezan este agit-prop el Fondo Monetario Internacional y le siguen patronales y fundaciones varias de las que son excelente ejemplo el nacional Instituto de Estudios Económicos o el estadounidense Cato Institute. Según estos edenes del pensamiento la función pública debe ser progresivamente mermada. Sustentan el catecismo de que su existencia es superflua e innecesaria para la funcionalidad de una nueva dogmática administrativo-presupuestaria. Su número debe ser reducido hasta llegar a completar un sinnúmero de privatizaciones de administraciones públicas.

En esta letanía militan los que quieren cargarse el Estado para convertirlo en un Ente Administrativo que funja de consejo de administración de las oligarquías clepto-financieras. Quieren cargarse el principio natural de la función pública, el principio por que el Estado tenga servidores independientes y preparados para poder sustituirlos por lacayos privatizados al servicio de partido, secta o grupo de presión.

La campaña no es inocente. En la demolición del Estado social viene inscrita la demolición del propio Estado y de la soberanía nacional (Brzezinski, 1970). Pero que cuiden, porque tras la desaparición de derechos sociales, tras la evaporación del Estado no existiría sino el estado de naturaleza y llegados a ese punto no habrá ni derechos individuales adquiridos ni propiedades a proteger. Si quieren un mundo de rivalidades y competitividad universal lo pueden tener. A ver quien gana.

Francisco Palacios Romeo 
Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Zaragoza). Presidente de Attac Aragón
El Periódico de Aragón

lunes, 16 de julio de 2012

'21 motivos contra la subida del IVA'. FACUA. Huelga de consumo el 19 de julio

FACUA pide a los ciudadanos que respondan a la agresión del Gobierno con una huelga de consumo el 19 de julio

Promueve la firma del manifiesto '21 motivos contra la subida del IVA'. La medida es injusta, insolidaria y supone un fraude electoral, denuncia FACUA.

FACUA-Consumidores en Acción llama a los ciudadanos a que respondan con una huelga de consumo el 19 de julio a la injusta, insolidaria y fraudulenta agresión que comete contra ellos el Gobierno con la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

FACUA pide a los consumidores que utilicen su arma más poderosa para rebelarse contra esta medida y el próximo día 19 no realicen ninguna compra de productos ni contratación de servicios y reduzcan a lo estrictamente necesario la utilización de suministros.

Asimismo, la asociación llama a los ciudadanos a que salgan a la calle el jueves 19 para acudir a las manifestaciones que están convocando numerosos colectivos ciudadanos, a los que FACUA se suma.

La subida del IVA es una medida que va a perjudicar gravemente a consumidores y empresas. Por eso, FACUA espera que los empresarios también contesten a este atentado contra sus intereses cerrando sus puertas el día 19.

21 motivos contra la subida del IVA

FACUA ha elaborado un manifiesto, titulado 21 motivos contra la subida del IVA, que los ciudadanos pueden firmar en la web FACUA.org/21motivos.

En él argumenta que la subida de precios es "injusta e insolidaria", ya que "daña más a quien menos tiene" y supone "una bajada del poder adquisitivo de los ciudadanos", con el mismo efecto que una reducción salarial, un recorte en sus pensiones o en sus prestaciones por desempleo.

El manifiesto advierte que "reducirá la compra de productos y la contratación de servicios", algo que "perjudicará a los empresarios" y "destruirá empleos", además de que "fomentará aún más la economía sumergida", todo lo cual tendrá un "efecto negativo en las arcas del Estado".

Así, "el aumento de ingresos previsto con la subida del IVA se verá reducido, minimizado, anulado o incluso podría llegar a provocar el efecto contrario, en función de la respuesta de los consumidores".
Subidas anteriores no han demostrado los efectos anunciados

De hecho, medidas similares adoptadas en España (2010) o en otros países no han demostrado los efectos positivos anunciados.

Además, FACUA alerta en el manifiesto que "muchos turistas se verán disuadidos de elegir España como destino, provocando un durísimo golpe a un elemento clave de la economía española".

Por otro lado, habrá quienes "aprovecharán la coyuntura para aumentar los precios por encima de lo que supone trasladar el incremento del impuesto".

Pero también "muchas empresas no tendrán más remedio que asumir la subida sin trasladarla a sus precios para no perder clientes, reduciendo beneficios y capacidad de crecer y generar empleo".

El Gobierno anuncia que sube el IVA porque no tiene más remedio que hacerlo para aumentar los ingresos en las arcas públicas, pero "renunciando a subir el IRPF a las rentas más altas", "después de haber aprobado una amnistía fiscal a los defraudadores", "sin eliminar los escandalosos beneficios fiscales de las sociedades de inversión de capital variable (Sicav), la figura con la que las grandes fortunas eluden el pago de impuestos tributando sólo al 1%" y "en lugar de perseguir el fraude fiscal a gran escala".

Fraude electoral
En el motivo número 21 del manifiesto, FACUA recuerda que el PP criticó duramente al PSOE en 2010 alertando de que "subir el IVA duplicaría la caída de la economía".

La subida del IVA "supondría un gran fraude electoral", denuncia el manifiesto, ya que Mariano Rajoy "llegó al poder con la promesa de que no aplicaría otro incremento".

21 MOTIVOS

1.Porque la subida de precios supone una bajada del poder adquisitivo de los ciudadanos.

2.Porque el efecto para los trabajadores será el mismo que una bajada salarial. 

3.Porque a los pensionistas les supondrá lo mismo que un recorte en sus pensiones. 

4.Porque a los parados les dolerá tanto como un recorte en las prestaciones por desempleo.
 
5.Porque es injusta e insolidaria, ya que aumentar los impuestos indirectos daña más a quien menos tiene.

6.Porque reducirá la compra de productos y la contratación de servicios. 

7.Porque la bajada de ventas destruirá empleos. 

8.Porque la disminución de las ventas perjudicará a los empresarios.

9.Porque muchos turistas se verán disuadidos de elegir España como destino, provocando un durí­simo golpe a un elemento clave de la economí­a española.

10.Porque la bajada del consumo tendrá un efecto negativo en las arcas del Estado, con lo que el aumento de ingresos previsto con la subida del IVA se verá reducido, minimizado, anulado o incluso podrá llegar a provocar el efecto contrario, en función de la respuesta de los consumidores.

11.Porque el aumento del paro consecuencia de la bajada de ventas obligará al Estado a asumir el pago de más prestaciones por desempleo.

12.Porque fomentará aún más la economí­a sumergida, no sólo por el enorme peso del impuesto en el precio de productos y servicios, sino por la pérdida de conciencia social de empresarios, autónomos y consumidores ante un Gobierno que toma una medida que les perjudica tras aprobar una amnistía fiscal que beneficia a los grandes defraudadores.

13.Porque habrá empresas que aprovecharán la coyuntura para aumentar los precios por encima de lo que supone trasladar el incremento del impuesto.

14.Porque puede favorecer que determinadas empresas pacten ilegalmente cómo y cuándo repercutirán la subida para evitar competir y bajar sus márgenes de beneficios.

15.Porque muchas empresas no tendrán más remedio que asumir la subida sin trasladarla a sus precios para no perder clientes, reduciendo beneficios y capacidad de crecer y generar empleo.

16.Porque medidas similares aplicadas en otros paí­ses no han demostrado el efecto en las arcas públicas que anunciaban.

17.Porque se aprueba renunciando a subir el IRPF a las rentas más altas.

18.Porque se aplica después de haber aprobado una amnistí­a fiscal a los defraudadores.

19.Porque se pone en marcha sin eliminar los escandalosos beneficios fiscales de las sociedades de inversión de capital variable (sicav), la figura con la que las grandes fortunas eluden el pago de impuestos tributando sólo al 1%.

20.Porque se plantea en lugar de perseguir el fraude fiscal a gran escala.

21.Porque el PP criticó duramente al PSOE por hacerlo en 2010 alertando de que "subir el IVA duplicaría la caí­da de la economía", tras lo que llegó al poder con la promesa de que no aplicarí­a otro incremento, por lo que hacerlo supondrí­a un gran fraude electoral.

FACUA.org

 

domingo, 15 de julio de 2012

La insoportable levedad de Wert

El ministro ha batido el récord mundial de no hablar de educación tras llevar más de seis meses en el cargo

Lo dejé escrito en esta página hace unas semanas: el actual ministro de Educación, Cultura y Deporte, Ignacio Wert, ha batido el récord mundial de no hablar de educación tras llevar más de seis meses en el cargo. Ha aumentado el máximo de alumnos por aula y las horas lectivas del profesorado, ha subido las tasas universitarias, ha reducido las becas y las ayudas para estudiantes, ha prescindido de miles de docentes profesores interinos, se ha cargado la asignatura Educación para la Ciudadanía, ha recortado más de 3.700 millones de euros en educación y, en el colmo del desvarío, ha creído y sostenido que esas, según él, “medidas excepcionales para una situación excepcional” tienen algo que ver con su labor como ministro de educación en nuestro país, lo que demuestra que ni siquiera tiene una idea precisamente clara de en qué pueda consistir la educación.

Incluso no sería de descartar que estimara que el recorte del 22% para educación en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 tiene algo que ver con algo positivo para los alumnos, sus familias y la sociedad en general.

WERT HA TRABAJADO como profesor en algunas universidades, pero sospecho que descendía a sus aulas desde la mismísima Babia. Viendo la devastación del ámbito educativo perpetrado por el Gobierno del Partido Popular, un ministro de Educación tendría que haberse batido el cobre hasta la extenuación defendiendo a la ciudadanía dentro del ámbito educativo, así como los valores y los derechos consustanciales a su cometido ministerial, pero Wert siempre ha dado la impresión de que no tenía conciencia de que su actividad única y diaria como obediente contable recortador tuviese graves y negativas consecuencias para la escuela pública, la calidad de la enseñanza, la atención a la diversidad, los desdobles, la formación permanente del profesorado, la igualdad de oportunidades, y un largo etcétera más.

Pues bien, el ministro Wert ha vuelto a batir la semana pasada su propio récord de despropósitos: bajo el marco incomparable del campus de la fundación FAES (la sombra de José María Aznar sigue siendo muy, pero que muy alargada) la selectividad, según el ministro Wert, “no funciona” porque la aprueba el 94% de los alumnos.

Sobre esa base, aboga por nuevos sistemas de evaluación del “rendimiento de los alumnos”, sin explicar qué entiende por “rendimiento” o “funcionamiento” y qué es lo que ha estado haciendo entonces el profesorado durante seis años de Primaria, cuatro de ESO y 2 de Bachillerato (movido quizá por la nostalgia de tiempos pasados, quiere implantar sendas reválidas en cada una de las etapas educativas).

Antes, repitiendo sin cesar el mantra del “fracaso escolar”, Wert, el Gobierno de Mariano Rajoy, los adeptos y asesores del Partido Popular (sacados de lo más granado de la reacción educativa española) han estado coreando sin cesar la cantinela de lo mal que va la educación española, haciendo hincapié sobre todo en el fracaso escolar, los suspensos, los malos resultados y las deficiencias de aprendizaje respecto de otros países aparecidas en el Informe Pisa. Pues bien, ahora lo que no le parece bien al ministro es que aprueben tantos, entronizando indirectamente como principio básico pedagógico que un sistema educativo sin un número suficiente de suspensos (Wert no llega a especificar cuántos) no puede funcionar bien.

Wert parece defender asimismo en su propia persona la viabilidad del principio de contradicción, al afirmar que eso de que la actual generación de jóvenes es la mejor preparada en la historia de nuestro país es a la vez “una bobada y verdad”. Wert quiere además pruebas, pero no pruebas trucadas o de chicha y nabo, sino “externas” (¿al centro donde el alumno o alumna han estado siendo enseñados y evaluados día tras día, año tras año?) y “nacionales” (¿está pensando Wert en otra cosa que no sea contrarrestar el virus autonómico o, más aún, nacionalista?).

WERT APUESTA POR “la cultura de la evaluación” y quiere ver los resultados (¡y el número suficiente de suspensos!) de esas pruebas de evaluación del “rendimiento y las capacidades” del alumnado mediante unos exámenes o tests “externos y nacionales”, y no mediante la experiencia y la evaluación continuada de ese alumnado a lo largo del curso. Sostiene también que el sistema educativo español “se ha deslizado hacia la mediocridad”, considera “letal” la educación comprensiva y afirma que el bálsamo de Fierabrás consiste en “medir”, ya que, según el ministro, “las consecuencias de no medir es que no existen aspiraciones de rendimiento”.

No hay programa político ni dirigente en general que no haya afirmado solemnemente que la educación es una de las claves más importantes para el presente y el futuro de un país. En esta línea y constatando el hacer y deshacer diarios del ministro de Educación, Wert, estamos en condiciones de comprender mucho mejor por qué nuestro país está ahora como está.

Antonio Aramayona – ATTAC CHEG Aragón, profesor de Filosofía
El Periódico de Aragón