La confusa tormenta en torno a RTVE por el control sobre sus
servicios informativos no se hubiera producido si el gobierno de
Zapatero hubiera cumplido su promesa de constituir el Consejo Estatal de
Medios Audiovisuales (CEMA), incluido en la Ley General de la
Comunicación Audiovisual. Es competencia del CEMA «garantizar la independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio y televisión».
Y la ley de la radio y de la televisión de titularidad estatal obliga a
los miembros del Consejo de Administración de RTVE a «cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la autoridad audiovisual».
Sin el CEMA, no hay supervisión de las decisiones del Consejo de
Administración de RTVE como tampoco sobre las empresas comerciales de
radio y de televisión porque también es competencia del CEMA «garantizar la transparencia y el pluralismo del sector de los medios de comunicación audiovisual».
El
gobierno de Zapatero anunció en junio que iba a iniciar los contactos
con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para la
elección inmediata del presidente, el vicepresidente y los siete
consejeros del CEMA. El PSOE justifica la paralización de la formación
del CEMA por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PP que
quiere cambiar la ley para eliminar la autoridad audiovisual
independiente. No es cierto. Para constituir el CEMA es necesaria una
mayoría de tres quintos pero, para evitar el bloqueo, la ley establece
que, pasados dos meses sin acuerdo, se puede formar por mayoría
absoluta. El gobierno de Zapatero tenía esa mayoría en el Congreso.
El
CEMA no existe porque Zapatero no quiso enfrentarse ni al PP ni a los
empresarios de la radio y de la televisión que tampoco quieren una
autoridad audiovisual independiente que supervise sus negocios.
Con
la mayoría parlamentaria que se supone que conseguirá el 20 de
noviembre, un gobierno del PP eliminaría la posibilidad del CEMA,
institución con la que cuentan los países más importantes de la UE. El
CEMA es (¿era?) lo único positivo de la Ley General Audiovisual, tal y
como se está aplicando.
Impunidad de los negocios, reducción del servicio público y bloqueo de las iniciativas sociales
En 1949, Einstein denunciaba «una
oligarquía del capital privado cuyo inmenso poder controla, de forma
directa o indirecta, las principales fuentes de información, lo que hace
tremendamente difícil para el ciudadano particular, y en muchos casos
realmente imposible, llegar a conclusiones objetivas y usar
inteligentemente sus derechos políticos». Así estamos ahora en
España. La democratización de los medios de comunicación es el
complemento imprescindible de la reforma de la legislación electoral
para que cada voz y cada voto valgan lo mismo.
La Ley General de
la Comunicación Audiovisual no garantiza lo que anuncia y se convierte
de hecho en un código comercial que ampara la impunidad empresarial e
informativa del duopolio Tele 5 / Antena 3 que, bajo control financiero
internacional, se está apropiando de las audiencias y de la publicidad.
La
ley anuncia un reparto equitativo de las licencias entre los negocios
audiovisuales, el servicio público y las iniciativas sociales, mal
llamadas comunitarias. Pero impone una modificación fundamental: de la
anterior definición de la radio y la televisión como «un servicio público esencial» pasa a su consideración como «un servicio de interés económico».
Y su articulado favorece la ausencia de control sobre los negocios
audiovisuales (¡impunidad absoluta si el PP elimina el CEMA!), la
reducción del servicio público y el bloqueo de las iniciativas sociales.
La
ley limita lo público a un 30%, entrega el 70% de las licencias a los
negocios y recluye en la dimensión municipal a las radios y a las
televisiones de iniciativa social, con tremendas limitaciones además
para su alcance y financiación. Además de que el PP quiere reducir en un
25% el presupuesto de RTVE, hay en la ley dos trampas contra el
servicio público y las iniciativas sociales. Dos disposiciones
transitorias. Una que permite con su eliminación (lo que hará el PP con
mayoría parlamentaria) que los gobiernos de las comunidades autónomas
puedan cerrar, privatizar o entregar a la gestión comercial sus canales
de radio y de televisión. Y la segunda que permite imponer por decreto
ley la regulación de las iniciativas comunitarias. Si se vuelve a
reducir el tamaño y la capacidad de producción de RTVE, se elimina el
carácter de servicio público de las autonómicas y se impide la creación
de radios y televisiones de iniciativa social, el sistema de medios
audiovisuales quedará definitivamente dominado por los negocios de
Antena 3 y Telecinco.
Derecho de acceso
La eliminación del
CEMA significa también el bloqueo definitivo del derecho de acceso que
establece la Constitución y que obliga a todas las radios y televisiones
de servicio público a repartir espacios de libre disposición entre los
partidos más pequeños,los sindicatos y las organizaciones sociales.
La
Ley General de la Comunicación Audiovisual encarga precisamente al CEMA
que garantice la aplicación del derecho de acceso, bloqueado por el
PSOE y el PP. Como ahora no hay CEMA, no se puede reclamar su amparo
para conseguir ese derecho. Si el PP modifica la ley para eliminar el
CEMA, nunca habrá derecho de acceso.
Sin derecho de acceso, con
un servicio público de tamaño bonsái y bloqueadas las iniciativas
sociales audiovisuales, la información quedará dominada por los negocios
en complicidad con el bipartidismo. Una estrategia que forma parte del
golpe de Estado contra la democracia para someter la voluntad popular y
la soberanía nacional bajo los intereses de los bancos y de las grandes
empresas.
J.M.Martín Medem
Crónica Popular
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