En España asistimos a una bochornosa situación, el recorte en los
presupuestos generales del Estado destinados a sanidad. El problema se
llama externalización, eufemismo para negar que asistimos a una
privatización de recursos fiscales. Financiamiento público para lucro
privado. Ese es el misterio. Hacerlo posible supuso crear una ley ex
profeso, conocida como ley 15/1997, aprobada por el PSOE y el PP, y la
complicidad de la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto
Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego. Dicha ley autoriza la
gestión y administración de la salud a cualesquiera entidades de
naturaleza o titularidad pública admitida en derecho; ese es el quid de
la cuestión, facilitar la provisión de servicios sanitarios a cualquier
empresa privada.
Cabría esperar vergüenza torera cuando el objetivo
apunta a desmantelar la sanidad pública. Pero se regodean, siendo
habitual escuchar a los dirigentes de los grandes partidos políticos
declarar con la boca chica que la sanidad pública no está en peligro,
mientras a espaldas de la ciudadanía abren las puertas a entidades
financieras y empresas constructoras, que espantadas de la crisis
prefieren invertir sobre seguro en el área de la salud.
Varias
son las formas utilizadas para legitimar el desembarco de los
especuladores en sanidad. La primera, una tríada, señalar el colapso, la
ineficacia y la insostenibilidad del actual modelo de salud pública,
obliga a una reforma en profundidad si se quiere gozar de un sistema
eficiente y seguro. Una vez introducido el tridente argumentativo, se
habla del despilfarro y el gasto compulsivo fruto de una mala gestión.
Lo mejor es racionalizar los recursos. palabra mágica. Lo dicho
justifica cerrar los centros
menos rentablesy vender las instalaciones para recaudar fondos y aminorar el déficit público. Edificios, centros de salud, laboratorios, incluso hospitales son rematados o alquilados. Sólo en Cataluña se han clausurado las urgencias nocturnas en más 40 centros de asistencia primaria, todos ellos en barrios populares.
Se despiden médicos, enfermeras y personal
auxiliar o bien no se convocan nuevas plazas. Muchos galenos y
enfermeras emigran. Alemania, Gran Bretaña y Suecia son destinos
preferentes. El deterioro provocado de la Sanidad Pública se explica por
la anteriormente citada ley 15/1997, que incorpora el concepto
beneficios privados en la gestión y administración de la salud. La
ecuación ya no tiene secretos. La incógnita se despeja fácilmente. Una
sociedad enferma es rentable para los empresarios.
Un informe
elaborado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública
(CAS) descubre qué empresas invierten en salud, y no son otras que
Dragados-ACS, SACYR, Accciona, Begar-Plader, FCC-Madrid, Hispania y
Apax-Partners. Antes de la crisis lo hacían en instalaciones deportivas,
carreteras, torres de apartamentos, complejos turísticos, campos de
golf; hoy sus ganancias provienen de la gestión y explotación de la
sanidad pública. El negocio es redondo. Las cifras cantan. En
Majadahonda, un pueblo de Madrid, el coste de construcción más
equipamiento de un hospital con capacidad para 615 camas suma la
cantidad de 221 millones de euros. La Comunidad de Madrid pagará durante
30 años a sus constructores, Dragados, un alquiler anual de 45
millones. Finalizado el periodo, Dragados se habrá embolsado la suma de
mil 350 millones de euros, sin contar los beneficios por explotación de
servicios complementarios, cafetería, aparcamiento, lavandería y otros.
En siete años, los inversores recuperan costes y los otros 27
representan beneficios brutos. Pero nadie repara en la corrupción. El
costo económico del proyecto ha superado en cuatro veces el valor real
de haber sido construido por la comunidad. Y lo más grave, su puesta en
funcionamiento, coincide con el cierre de otros servicios y camas en
hospitales públicos aledaños, con lo cual no hay una mejora de atención
para la ciudadanía y los pacientes.
La decisión política de
privatizar se centra en una frase: no hay dinero público para obras de
infraestructura sanitaria. Sin embargo, otro informe señala la falsedad
del argumento. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid,
gastó 620 millones de euros en publicidad institucional entre 2008 y
2011. Cifra equivalente al costo global de los ocho hospitales que se
han levantado durante su mandato, recurriendo a la
iniciativa privada. En definitiva ha entregado la hacienda pública para ser esquilmada por constructores sedientos de dinero. En los hechos, el pueblo madrileño pagará cinco veces el valor real de las instalaciones.
Hacer de
la salud un negocio ha llevado a introducir criterios perversos como el
copago. Además de los impuestos que todo ciudadano paga en su
declaración de la renta, se cobra una tasa cada vez que se acude al
médico, sea general o especialista. Los verdaderos beneficiados de este
sistema son las compañías privadas de seguros médicos. El argumento es
pueril: es preferible pagar a una empresa privada y garantizarse la
cobertura total y no depender de un sistema público colapsado e
ineficiente. Para el capitalismo todo puede calcularse en términos de
costes y beneficios. Si la salud da dividendos, debe ser privatizada.
Por esta razón y no otra, altruista o de compromiso social, los dueños
del dinero invierten en la construcción de hospitales, su gestión y
administración.
En España, desde hace más de una década, se ha
apoderado de la sanidad pública un grupo de 10 constructoras privadas.
Saben dónde está el dinero y entran a saco. Años atrás su fuente de
ingresos provenía de la construcción de autopistas de peaje, aeropuertos
y viviendas de lujo. Hoy son megaproyectos y las inversiones en sanidad
lo que les ofrece pingües beneficios. El resultado de privatizar la
sanidad es nefasto. Las desigualdades se amplían, y la brecha entre
ricos y pobres se profundiza. Así, pasamos de un Estado del bienestar
con servicios de salud de amplia cobertura a un Estado de beneficencia
con salud para ricos y pobres. Unos podrán pagar y acceder a mejores
servicios y la mayoría de las clases populares deberán conformarse con
una sanidad degrada por voluntad política. La sociedad será injusta,
enferma y débil. Pero ese no es un problema para los coyotes de la
sanidad, al contrario, es la solución perfecta para seguir ganando
dinero, esta vez a costa de la salud.
Marcos Roitman Rosenmann
La Jornada
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