En España asistimos a una bochornosa situación,
el recorte en los presupuestos generales del Estado destinados a sanidad. El
problema se llama externalización, eufemismo para negar que asistimos a una
privatización de recursos fiscales. Financiamiento público para lucro privado.
Ese es el misterio. Hacerlo posible supuso crear una ley ex profeso, conocida
como ley 15/1997, aprobada por el PSOE y el PP, y la complicidad de la mayoría
de los grupos parlamentarios, excepto Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista
Gallego. Dicha ley autoriza la gestión y administración de la salud a
cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho;
ese es el quid de la cuestión, facilitar la provisión de servicios sanitarios a
cualquier empresa privada.
Cabría esperar vergüenza torera cuando el
objetivo apunta a desmantelar la sanidad pública. Pero se regodean, siendo
habitual escuchar a los dirigentes de los grandes partidos políticos declarar
con la boca chica que la sanidad pública no está en peligro, mientras a
espaldas de la ciudadanía abren las puertas a entidades financieras y empresas
constructoras, que espantadas de la crisis prefieren invertir sobre seguro en
el área de la salud.Varias son las formas utilizadas para legitimar el
desembarco de los especuladores en sanidad. La primera, una tríada, señalar el
colapso, la ineficacia y la insostenibilidad del actual modelo de salud
pública, obliga a una reforma en profundidad si se quiere gozar de un sistema
eficiente y seguro. Una vez introducido el tridente argumentativo, se habla del
despilfarro y el gasto compulsivo fruto de una mala gestión. Lo mejor es
racionalizar los recursos. palabra mágica. Lo dicho justifica cerrar los
centros “menos rentables” y vender las instalaciones para recaudar fondos y
aminorar el déficit público. Edificios, centros de salud, laboratorios, incluso
hospitales son rematados o alquilados. Sólo en Cataluña se han clausurado las
urgencias nocturnas en más 40 centros de asistencia primaria, todos ellos en
barrios populares.
Se despiden médicos, enfermeras y personal
auxiliar o bien no se convocan nuevas plazas. Muchos galenos y enfermeras
emigran. Alemania, Gran Bretaña y Suecia son destinos preferentes. El deterioro
provocado de la
Sanidad Pública se explica por la anteriormente citada ley
15/1997, que incorpora el concepto beneficios privados en la gestión y
administración de la salud. La ecuación ya no tiene secretos. La incógnita se
despeja fácilmente. Una sociedad enferma es rentable para los empresarios.
Un informe elaborado por la Coordinadora
Antiprivatización de la Sanidad Pública
(CAS) descubre qué empresas invierten en salud, y no son otras que
Dragados-ACS, SACYR, Accciona, Begar-Plader, FCC-Madrid, Hispania y
Apax-Partners. Antes de la crisis lo hacían en instalaciones deportivas,
carreteras, torres de apartamentos, complejos turísticos, campos de golf; hoy
sus ganancias provienen de la gestión y explotación de la sanidad pública. El
negocio es redondo. Las cifras cantan. En Majadahonda, un pueblo de Madrid, el
coste de construcción más equipamiento de un hospital con capacidad para 615
camas suma la cantidad de 221 millones de euros. La Comunidad de Madrid
pagará durante 30 años a sus constructores, Dragados, un alquiler anual de 45
millones. Finalizado el periodo, Dragados se habrá embolsado la suma de mil 350
millones de euros, sin contar los beneficios por explotación de servicios
complementarios, cafetería, aparcamiento, lavandería y otros. En siete años, los
inversores recuperan costes y los otros 27 representan beneficios brutos. Pero
nadie repara en la corrupción. El costo económico del proyecto ha superado en
cuatro veces el valor real de haber sido construido por la comunidad. Y lo más
grave, su puesta en funcionamiento, coincide con el cierre de otros servicios y
camas en hospitales públicos aledaños, con lo cual no hay una mejora de
atención para la ciudadanía y los pacientes.
La decisión política de privatizar se centra en
una frase: no hay dinero público para obras de infraestructura sanitaria. Sin
embargo, otro informe señala la falsedad del argumento. Esperanza Aguirre,
presidenta de la Comunidad
de Madrid, gastó 620 millones de euros en publicidad institucional entre 2008 y
2011. Cifra equivalente al costo global de los ocho hospitales que se han
levantado durante su mandato, recurriendo a la “iniciativa privada”. En
definitiva ha entregado la hacienda pública para ser esquilmada por
constructores sedientos de dinero. En los hechos, el pueblo madrileño pagará
cinco veces el valor real de las instalaciones.
Hacer de la salud un negocio ha llevado a
introducir criterios perversos como el copago. Además de los impuestos que todo
ciudadano paga en su declaración de la renta, se cobra una tasa cada vez que se
acude al médico, sea general o especialista. Los verdaderos beneficiados de
este sistema son las compañías privadas de seguros médicos. El argumento es
pueril: es preferible pagar a una empresa privada y garantizarse la cobertura
total y no depender de un sistema público colapsado e ineficiente. Para el
capitalismo todo puede calcularse en términos de costes y beneficios. Si la
salud da dividendos, debe ser privatizada. Por esta razón y no otra, altruista
o de compromiso social, los dueños del dinero invierten en la construcción de
hospitales, su gestión y administración.
En España, desde hace más de una década, se ha
apoderado de la sanidad pública un grupo de 10 constructoras privadas. Saben
dónde está el dinero y entran a saco. Años atrás su fuente de ingresos provenía
de la construcción de autopistas de peaje, aeropuertos y viviendas de lujo. Hoy
son megaproyectos y las inversiones en sanidad lo que les ofrece pingües
beneficios. El resultado de privatizar la sanidad es nefasto. Las desigualdades
se amplían, y la brecha entre ricos y pobres se profundiza. Así, pasamos de un
Estado del bienestar con servicios de salud de amplia cobertura a un Estado de
beneficencia con salud para ricos y pobres. Unos podrán pagar y acceder a
mejores servicios y la mayoría de las clases populares deberán conformarse con
una sanidad degrada por voluntad política. La sociedad será injusta, enferma y
débil. Pero ese no es un problema para los coyotes de la sanidad, al contrario,
es la solución perfecta para seguir ganando dinero, esta vez a costa de la
salud.
Marcos Roitman
Fuente: http://madrilonia.org/?p=5445
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