La sanidad pública
española se enfrenta a un riesgo real de
deterioro y privatización dependiendo del resultado de las elecciones. El
triunfo del Partido Popular puede supone la generalización de las políticas que
este partido ha venido aplicando sistemáticamente allí donde gobierna: Recorte
de recursos públicos y potenciación de los conciertos con el sector privado, endeudamiento inasumible a medio y largo
plazo al recurrir al sector privado para la financiación y gestión de los nuevos centros,
cesión la asistencia de grupos de población a empresas multinacionales, eliminación de áreas sanitarias
como espacios para la planificación y asignación de los recursos para favorecer
la creaciones de mercados, marginación de la Atención Primaria, potenciación de
la privatización y utilización excesiva y no justificada de la alta tecnología,
abandono de los servicios de salud pública, deterioro de las condiciones
laborales de los profesionales y de la
políticas de personal incentivadora, potenciación de la competencia frente a la
colaboración e integración de los recursos, fragmentación del sistema en
múltiples servicios independientes trasformando el Consejo Interterritorial en
un órgano de confrontación partidista en detrimento de su función integradora
del sistema, o la eliminación de los
servicios de salud pública.
El resumen de todo
ello es que nos enfrentamos –lamentablemente como parte de una estrategia
global- a un proceso consciente y deliberado de suprimir el Estado del
Bienestar y más en concreto de su principal pilar, la Sanidad Pública. Todas
estas estrategias y algunas otras convergen en la dirección de privatizar la
asistencia sanitaria por la puerta trasera intentando sortear la previsible
oposición que originaria un ataque mas frontal. Es preciso decir muy claro que se trata de desintegrar la Sanidad
Pública utilizando la crisis como una coartada para convertir la atención
sanitaria en un objeto de consumo.
Frente a estos
riesgos que supondrán el fin del Sistema Nacional de Salud establecido por la
Ley General de Sanidad, los partidos progresistas tendrían que aparecer ante
los ciudadanos como la única garantía
política frente a la privatización y la
oportunidad para su mejora
La política sanitaria de lOS PARTIDOS PROGRESISTAS debería basar su oferta
a los ciudadanos en ocho estrategias:
1.- Garantizar
sostenibilidad de la sanidad pública mejorando su financiación (un
punto más de PIB para equipararnos a los países europeos) y el carácter
finalista de los fondos destinados a sanidad frente a las políticas
neoliberales de recorte, financiación privada, medicalización de la vida y el
uso intensivo no justificado de los recursos sanitarios.
2.- Profundizar
en la integralidad del sistema frente a la fragmentación del mismo en 17
sistemas de salud autonómicos independientes enfrentados entre sí por relaciones de competencia.
-
Potenciar el papel del Consejo
Interterritorial como órgano de colaboración de los servicios de salud
autonómicos y del Ministerio de Sanidad
-
Recuperar el Plan Integrado de Salud
contemplado en la Ley General de Sanidad
que permita planificar los recursos en todo el estado en función de las
necesidades y problemas de salud de la población y que garantice la adecuación,
suficiencia y equidad en la distribución
de los recursos
-
Reforzar los fondos de cohesión y
garantizar su distribución en función de los objetivos del Plan Integrado de
Salud consensuado en el Consejo Interterritorial, para evitar situaciones de
desigualdad o de insuficiencia de recursos
-
Incluir las prestaciones sanitarias de
MUFACE en el Sistema Nacional de Salud.
3.- Garantizar
el carácter público de los recursos sanitarios (titularidad,
financiación y gestión) frente a la política de privatización de los centros
sanitarios y su cesión a empresas multinacionales y de capital riesgo,
manteniendo el carácter complementario de los recursos privados.
4.- Incrementar
la racionalidad y la eficiencia del sistema y de los centros sanitarios
-
Potenciar la Atención Primaria como eje del
sistema para
-
Garantizar la accesibilidad de los
ciudadanos a los servicios en condiciones de equidad.
-
Combatir
la medicalización, el elevado coste y los riesgos para la
salud de una sanidad basada en el uso intensivo de las tecnologías y los
medicamentos en contraposición a la
promoción de estilos de vida saludables y prevención de la salud, apoyándose en
la extensión de la cultura de la salud y del autocuidado.
-
Incrementar
su capacidad resolutiva con un impulso decidido de la Estrategia
AP 21 (consensuada con todos los profesionales del nivel) que contempla la
mejora en el equipamiento y el acceso de
los centros de salud a los recursos diagnósticos para cerrar en este nivel gran
parte de los procesos asistenciales que son derivados actualmente los hospitales con la consiguiente retraso en la atención,
las listas de espera, incremento del gasto y la incomodidad de los pacientes.
-
Garantizar los cuidados y el acceso a la asistencia en sus domicilios a las
personas en situación de dependencia con enfermedades crónicas y degenerativas
-Incrementar para
ello las plazas de enfermería.
-
Promover la utilización plena de los hospitales y de sus recursos en
jornadas de mañana y tarde.
-
Articular y potenciar los centros de
referencia supracomunitarios al nivel estatal y entre Comunidades Autónomas
para evitar el derroche innecesario de recursos y garantizar la calidad de la
atención más especializada.
-
Crear una Agencia Única de Evolución de Tecnología para asignar de manera
racional estos recursos y evitar costes innecesarios
-
Potenciar la Agencia Única de Compras para equipamiento sanitario con la
participación de todos los Servicios de salud Autonómicos y coordinada por el
Consejo Interterritorial de Sanidad.
-
Crear una Red de Centros para la Atención de Enfermos Crónicos, más adecuada
para hacer frente a la mayor demanda de esta atención por el envejecimiento de
la población y de menor coste que los centros de agudos.
-
Culminar
el despliegue de las áreas sanitarias –frente
al desorden tras su desaparición deliberada- como espacios para la
planificación y asignación equitativa y adaptada a las necesidades de la
población, para la gestión integral e
integrada de todos los recursos sanitarios y la participación ciudadana.
-
Coordinar
las redes asistenciales con
los servicios de atención a la
dependencia para mejorar la calidad de la atención y la duplicación de
actuaciones
-
Profundizar
la política de reducción del gasto farmacéutico aplicando medidas
que no supongan restricciones de derechos o el acceso de los ciudadanos a los
medicamentos (precios de referencia, prescripción por principio activo o
potenciación de los medicamentos genéricos)
-
Continuar con los esfuerzos de desarrollo
de la atención integrada de salud continuando los esfuerzos para
establecer de guías clínicas, protocolos y vías clínicas para los procesos
asistenciales más importantes basados en pruebas científicamente comprobadas y la colaboración entre los
servicios de atención primaria y especializada)
-
Potenciar
los servicios de Salud Pública para promover la salud y hacer
frente a los riesgos medioambientales y a las nuevas epidemias vinculadas a la
globalización
-
Desarrollar una política
de personal sanitario incentivadora
que potencie el desarrollo de las la Carreras Profesionales (eliminadas en
algunas CCAA por el PP), los incentivos económicos que estimulen la dedicación
y la calidad de la atención (eliminados por CiU y el PP en las CCAA donde
gobiernan para ahorrar gastos), la
estabilidad en el empleo y una remuneración justa
-
Potenciar la investigación en salud pública y biomedicina
6.-Promover
la economía de escala en todos los ámbitos:
Además
de las compras farmacéuticas, extenderlo a las vacunas, fungibles, tecnología y
también a las políticas de comunicación y a las campañas sanitarias dando
unidad a las ahora descoordinadas y caras que promueven las CCAA.
7.-Incrementrar
la trasparencia del sistema sanitario
o
Publicitar las listas de espera aplicado
criterios y estándares homogéneos en todas las Comunidades Autónomas que
incluyan los criterios de priorización, posición de los pacientes en las mismas
y la eliminación de las listas ocultas de pacientes (listas estructurales)
o
Establecer un Sistema de Información
Sanitaria con indicadores homogéneos en todos los servicios de salud
autonómicos que permitan conocer la situación de salud , a nivel global y en
cada CCAA, evaluar las actuaciones de los
diferentes servicios y detectar y corregir las situaciones de desigualdad)
o
Desarrollar los órganos de participación y
control social del sistema actualizando la LGS, para garantizar la calidad de
los procesos asistenciales y su adecuación a las necesidades reales de los
ciudadanos.
8.- Garantizar y
consolidar derechos ciudadanos en el ámbito de la salud
o
Interrupción voluntaria del embarazo en la
red pública
o
Derecho a cuidados paliativos y a una
muerte digna y sin dolor
Invitamos a los
partidos progresistas a sumarse a las propuestas aquí expuestas, y a participar
con la FADSP y con otras organizaciones afines en un gran movimiento ciudadano
que anime la participación electoral. Porque pensamos que los ciudadanos sí
saben valorar en su justa medida las conquistas sociales y los beneficios de un
Estado basado en la justicia social, y porque tenemos confianza en el efecto
movilizador de las propuestas que promueven una sociedad más equitativa basada
en la educación y la sanidad públicas y en la protección al desempleado, al
pensionista y a las personas con dependencia.
Federación de
Asociaciones para la Defensa de la SanidadPública
Octubre de 2011
http://www.fadsp.org/
http://www.fadsp.org/
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