El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que
sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a
los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que
llegó al cargo viene diciendo que en “Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer”).
Veamos qué hay de verdad en ello.
En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el
sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno
de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas
economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la
OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o
19% en Finlandia.
En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en
comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan
mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro
Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es
aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el
72% de su media).
Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.
El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y
se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000
millones de euros anuales.
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima
que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones
empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en
2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas).
O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados
públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit
público de ese ejercicio.
Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de
funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en
pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se
gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes
fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía
menos a Hacienda.
Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un
dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin
ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de
miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia
organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de
privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios)
contribuya como los demás al progreso social.
La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino
defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y
dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier
otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la
administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que
sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene
que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España
es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar
contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y
más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy
distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir
llevando a cabo.
Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC.
Attac Andalucía
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