Hace tiempo que la sanidad pública está en la mira del capital. No
en vano el gasto sanitario constituye una importante partida económica,
y por tanto fuente potencial de negocio. La prueba es que una parte
del gasto sanitario llena las arcas de las empresas farmacéuticas y
proveedoras de equipamiento sanitario, que suelen encontrarse entre los
negocios más rentables del planeta. No en vano también allí donde la
gestión sanitaria privada está más extendida, los EE.UU., el peso del
negocio sanitario constituye la partida más importante del PIB, algo
que tiene poco que ver con el nivel de eficiencia del modelo sanitario
si se toman como referencia indicadores de esperanza de vida o de
desigualdad en el acceso a la asistencia sanitaria.
Hace ya tiempo que algunas Comunidades Autónomas, especialmente
Madrid y la Comunidad Valenciana, adoptaron un modelo de
externalización de la gestión sanitaria cuyos efectos sobre el
bienestar de la población y las condiciones de trabajo del personal
merecen ser evaluados. Hace unos meses una evaluación de la calidad de
los sistemas sanitarios en base a 19 indicadores sitúo a ambas
comunidades en la categoría de “deficientes” (junto con Canarias y
Galicia, siendo la Comunidad Valenciana la peor calificada. (El País, 2
septiembre 2010).
También en Catalunya ha existido desde siempre un sistema mixto de
gestión sanitaria, en parte heredado del modelo sanitario anterior al
establecimiento de la seguridad social. Un sistema sanitario donde se
combinan hospitales públicos con una extensa red de centros
semipúblicos, en manos de patronatos con presencia de instituciones
locales, Iglesia Católica y grupos privados. CiU, en su largo mandato
en la Comunidad, reforzó este modelo y le dio estructura, algo bastante
parecido al doble circuito educativo. El Triparto fue incapaz de
cambiarlo y aunque incrementó el gasto sanitario también llevó a cabo
una reforma estatutaria del Institut Català de la Salut (el propietario
de la parte pública del sistema) que apostaba por una gestión más
liberal. La excusa siempre es el alto y creciente coste sanitario y la
necesidad de modernizar la gestión. Un alto coste que es difícil de
argumentar cuando se contrasta el gasto sanitario español con el de
países de la UE (tanto en términos de PIB como de gasto per cápita),
como el catalán respecto al resto de España (según el informe citado el
gasto per cápita catalán solo está 4 euros por encima del gasto medio y
se sitúa en la mitad de la tabla.
El nuevo gobierno de CiU, con el ínclito conseller Boi Ruiz a la
cabeza, no ha dudado sin embargo en lanzar una auténtica cruzada en pos
de la demolición del sector público sanitario. La política de ajuste
presupuestario ha sido la excusa para ello. El cierre de camas y
quirófanos hospitalarios, de urgencias en los ambulatorios
(especialmente grave en zonas semirrurales donde los hospitales están
distantes) han generado cabreo y sentimiento de deterioro, Tras las
elecciones, CiU se siente con músculo para seguir su política
privatizadora, ya visible en uno de los múltiples apartados de la “ley
omnibus” donde se contempla la posibilidad que los hospitales públicos
alquilen a operadores privados sus plantas cerradas y sus quirófanos,
que han dejado de operar por la tarde. Un regalo al sector privado que
podrá ofrecer a quien tenga dinero la alta calidad de la asistencia
pública sin tener que pasar por las engorrosas (y al menos
democráticas) listas de espera. Ahora se propone otra vuelta de tuerca,
primero en forma de un nuevo copago por receta médica (como no se
puede cambiar la realidad se crea el neolenguaje y se le llama ticket
moderador) y después con la propuesta del siempre contundente Boi Ruiz a
favor de crear un seguro privado obligatorio para la gente con
recursos y dejar el servicio público para los pobres (aunque al paso
que vamos con el paro y los recortes salariales la categoría “pobre” va
camino de ser universal).
No deja de ser insólito que en Catalunya se defienda la gestión de
las mutuas privadas como una muestra de eficiencia y buen hacer cuando
en el pasado la Generalitat dedicó importantes recursos al salvamento
de gestiones fallidas y fraudulentas (Hospital General de Catalunya,
Mutua l’Aliança) y otras importantes instituciones han entrado en
barrena (Agrupació Mútua) o han estado salpicadas por importantes casos
de corrupción (Mutua Universal). Si de algo puede presumir el sector
privado catalán es de fracasos continuados de gestión.
La propuesta, de ir adelante, significa bastante más que una mera
privatización. Significa la ruptura del propio concepto de ciudadanía y
de solidaridad social por cuanto se rompe el continuo entre los que
pueden pagar y los que no. Si el problema es meramente financiero, y se
supone que hay una parte de la población con recursos, bastaría subir
los impuestos a esta parte de la población para cubrir el aumento del
gasto. Propugnar un doble circuito es sin embargo optar por un modelo
dual, uno “de pago” (aunque todo el mundo sabe que al final las mutuas
privadas practican todo tipo de discriminaciones para reducir sus
costes) y otro para pobres. Una nueva oportunidad para fomentar una
cultura de la insolidaridad e incultura fiscal de las clases medias y
un desprecio frente a los pobres que se salvan del seguro privado. En un
país con elevados índices de evasión fiscal, con un elevado porcentaje
de población inmigrante pobre, este modelo es una verdadera invitación
a la iniquidad y la xenofobia. Ruiz no es solo un privatizador sino un
verdadero agente promotor de la fragmentación social. Algo en lo que
se muestra tozudo, pues ya antes de hacer esta propuesta atribuyó los
problemas de salud a la genética y los hábitos individuales (otra forma
de mentalizar a la población de que la gente enferma lo es por culpa
propia, de separar buenos y malos ciudadanos, aunque entre los factores
de malos hábitos nunca suelan incluir el del uso intensivo de los
vehículos que generan contaminación y accidentes, ni el de las malas
condiciones de trabajo).
Boi Ruiz, lo que representa, no es solo un peligro para la sanidad
sino también para el mismo sentido de sociedad. No solo promueve
negocio sino también división social, clasismo. No es por desgracia el
único. Ahí están también los responsables de la sanidad gallega y
balear desactivando ilegalmente tarjetas sanitarias a gente
desamparada. Hay que pararles los pies: está en juego nuestra salud y
nuestro sentido de sociedad.
Alberto Recio, Consejo Científico de ATTAC España
Mientra Tanto-e
No hay comentarios:
Publicar un comentario