domingo, 21 de diciembre de 2008

Salud. Bayer pagará 75,2 millones para cerrar una investigación por sobornos a distribuidores

La investigación de la división de diabetes de Bayer, Diabetes Care, comenzó en el año 2003 y estudiaba si la farmacéutica presuntamente había pagado sobornos a distribuidores para que éstos empleasen sus productos, según informaba a finales de noviembre la agencia Europa Press. La compra del ‘silencio’ por parte de las empresas farmacéuticas cuando puede producirse un escándalo no debe extrañar a nadie; es una práctica, aunque carente de ética, habitual. La ocultación de datos y documentos es una actividad no ajena a Bayer, una multinacional que creció al amparo del régimen nazi de Adolf Hitler durante el siglo pasado y que nunca ha indemnizado a las personas que utilizó como mano de obra esclava en los campos de concentración. No es la primera vez que Bayer paga para comprar silencio. Ya ocurrió con su fármaco anticolesterol Lipobay. Desde agosto de 2001, cuando la casa alemana retiró el producto tras conocer los primeros fallecimientos que provocó, no ha sido posible saber cuántas personas han muerto a consecuencia de su ingesta. En enero de 2002, la Asociación el Defensor del Paciente (ADEPA) calculaba que eran 19 el número de fallecidos sólo en el Estado español, muertas por colapso renal como consecuencia de la destrucción de tejido muscular o rabdomiólisis. En la denuncia que posteriormente puso un grupo de abogados de diferentes lugares de la geografía española, en representación de las víctimas del fármaco Lipobay, la cifra de afectados era de unas 60 personas.

Ocultar información
El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid instruyó las diligencias previas contra el Ministerio de Sanidad por permitir, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que se comercializase Lipobay “sin haberse realizado los debidos ensayos clínicos. Las pruebas se concibieron en Inglaterra pero no se utilizaron las personas necesarias para comprobar su eficacia y seguridad, y con el tiempo se demostró que los verdaderos estudios se hicieron sobre la marcha, con la venta del producto en las farmacias”, explicó en su momento Antonio Navarro, abogado que coordinó la demanda multitudinaria contra la Administración sanitaria española. La Audiencia Provincial madrileña archivó el caso al considerar que no existía delito de imprudencia.

En España no hemos podido conocer si Bayer sabía de antemano los gravísimos efectos de su producto antes de comercializarlo. Ni si la AEMPS permitió su venta con dichos datos en la mano. Los responsables de la Agencia no entregaron la documentación sobre los ensayos epidemiológicos que Bayer tuvo que realizar para que su medicamento cumpliera con los controles de dicha institución, encargada de velar por la salud pública. La AEMPS obvió las preguntas de la oposición en el Parlamento y los requerimientos de los tribunales. Actuó así, como en tantas ocasiones, como garante de los intereses de las farmacéuticas.

En Alemania sin embargo, el Ejecutivo teutón acusó a Bayer de ocultar los riesgos del fármaco: el secretario de Estado de Sanidad, Theo Schroeder, afirmó que “la empresa ya sabía el 15 de junio [de 2001] que el medicamento contra el colesterol era ‘especialmente peligroso’, pero no lo avisó hasta el 10 de agosto, dos días después de retirar el producto del mercado [vinculado a 52 muertes en aquel país]”. Tras la muerte de un número incalculable de pacientes relacionados con Lipobay, Bayer ha intentado frenar los cientos de demandas que le esperaban con acuerdos ‘amistosos’ más baratos que enfrentar las multas o las demandas de los abogados de los afectados.

Precedentes
Pero ha habido otros casos similares. El laboratorio Baxter dio 24.040.400 euros a cambio de que 1.350 familias de hemofílicos fallecidos en España por la contaminación de su sangre con VIH/sida y hepatitis, el 96% del total, firmaran un acuerdo de compensación para evitar la demanda caso por caso, mucho más costosa para la compañía. Laboratorios y autoridades sanitarias españolas conocían la contaminación del plasma sanguíneo y aún así permitieron su aplicación.

Merck, fabricante del medicamento Vioxx para la artrosis, pagó, por su parte, 3.300 millones de euros a los 26.000 demandantes que sufrieron daños certificados tras consumir su medicamento en EE UU. Merck había ocultado a las autoridades sanitarias estadounidenses que Vioxx podía causar infartos cerebrales y de corazón.

Y para cerrar con otro de los casos del largo historial de Bayer, hay que recordar las denuncias de Alfredo Pequito, ex delegado de Información de Bayer en Portugal, que condujeron a la Inspección General de Salud de dicho país a investigar la supuesta corrupción de médicos portugueses al recetar fármacos a cambio de viajes a congresos. El resultado: la condena de cuatro médicos, el proceso de otros 23 y la apertura de expedientes a 83 más.

ATROPELLOS FARMACÉUTICOS

Lipobay
Este fármaco anticolesterol de Bayer fue retirado en 2001. Con la demanda de 60 afectados, se reconocen, al menos, 19 fallecimientos sólo en España por colapso renal a causa de su consumo.

Bayer en Portugal
La Inspección General de Salud en Portugal investigó a Bayer por la supuesta corrupción de médicos portugueses al recetar fármacos a cambio de viajes a congresos. El resultado: cuatro médicos condenados, 23 procesados y otros 83 doctores a los que se abrió expediente.

Contagio de sangre
El laboratorio Baxter pagó 24.040.400 euros a cambio de que 1.350 familias de hemofílicos fallecidos en España por la contaminación de su sangre con VIH/sida y hepatitis firmaran un acuerdo para evitar las demandas caso por caso.

Merck y Vioxx
Merck, fabricante del medicamento Vioxx para la artrosis, pagó 3.300 millones de euros a los 26.000 demandantes que sufrieron daños certificados tras consumir su medicamento en EE UU.

Miguel Jara. Diagonal

viernes, 19 de diciembre de 2008

Bolonia merece un debate

Los estudiantes reunidos en asamblea en diversas universidades de España han solicitado una moratoria de la aplicación del Plan Bolonia y la apertura de un gran debate nacional sobre el modelo de universidad pública que queremos. Esta demanda no sólo es razonable, sino que en la actual coyuntura político-económica es la única razonable

En efecto, el llamado Plan Bolonia–y en concreto las transformaciones pedagógicas y gerenciales a que ha dado lugar– es la expresión de unas políticas neoliberales iniciadas hace casi 30 años por la sra. Thatcher en el Reino Unido y que, en este momento histórico, han quebrado en todos los sentidos. Como siempre, en España (y las autonomías que tienen competencias de educación transferidas siguen la corriente) se están aplicando estas políticas tarde y cuando en otros ámbitos de la sociedad han demostrado su fracaso más o menos estrepitoso. Mientras el modelo empresarial neoliberal necesita la ayuda del Estado porque no sabe gestionar bien los recursos, los responsables de los diversos ministerios de Educación y universidades nos dicen que la universidad tiene que ser gestionada como una empresa. Cuando el Estado inyecta millones de euros para salvar de su monstruosa falta de liquidez a los bancos, se afea públicamente el déficit presupuestario de las universidades y se las incita a adoptar un modelo empresarial.

En los últimos años, la universidad española ha adquirido una mentalidad empresarial forzada por las políticas neoliberales de retraimiento del gasto público. Los problemas a los que se enfrenta son el déficit financiero, la falta de productividad y calidad del producto, la competitividad, etc. En definitiva, cuestiones de gestión y de competencia empresarial. Lo que podría llamarse la “cultura empresarial” de esta empresa que ahora es la universidad ha abandonado, como si fuera un lastre de maquinaria obsoleta, toda una serie de valores, de responsabilidades y obligaciones mutuas que sustentaban la cohesión social de la comunidad universitaria. El discurso hegemónico –del Ministerio de Ciencia e Innovación, de la Conselle-ria d’Innovació, Universitat i Empresa, de los órganos de Gobierno de las universidades y de la mayoría de los medios de comunicación– es que ya era hora de que la universidad se enterara de cuál es su cometido: producir un producto de calidad que esté de acuerdo con una demanda social (en realidad se entiende empresarial; no hay más que mirar quiénes componen los Consejos sociales de las universidades) al menor coste posible. Como organismo público, la universidad ocupa cada vez más ese espacio en el que lo público se pone al servicio de la empresa privada y de los diseños y designios de la política económica de unos gobiernos marcados por la hegemonía neoliberal.

En los años ochenta del siglo pasado, cuando Margaret Thatcher inició su reforma del sistema universitario británico, realizó varias transformaciones, entre las cuales se incluyó la conversión de las antiguas Polytechnics (centros superiores de enseñanza de carreras técnicas) en universidades propiamente dichas. Esto causó una viva polémica, pero fue justificado por los responsables del cambio como una “promoción” de las carreras de formación técnica y eminentemente instrumental a la categoría plena de centros de producción de conocimiento superior, incorporando aspectos teóricos a los meramente eficientes. En realidad, este proceso resultó ser una asimilación de todas las carreras (incluidas las ciencias puras, las humanidades y las ciencias sociales) a los objetivos directamente ligados a las necesidades industriales y empresariales que impulsaban a las antiguas Polytechnics.

Es en ese momento cuando aparece el tema de la “profesionalización” de las carreras universitarias, como si ese fuera el único objetivo legítimo de la producción y transmisión del saber en la institución universitaria. Muchos medios de comunicación, los gobiernos de uno u otro signo y los ciudadanos en general asumen esa idea finisecular productivista de que la universidad existe para formar profesionales, personas técnicamente preparadas para cubrir las necesidades de la sociedad (léase del mercado) y que, por tanto, es la sociedad la que debe orientar estas industrias del conocimiento para que elaboren unos productos idóneos que puedan ser consumidos productivamente por esta. De ahí la degradación de los conocimientos y la capacidad crítica a competencias y habilidades implementadas con sistemas tecnológicamente avanzados, que tan alegremente propugna un grupo hegemónico de pedagogos y psicólogos que pretenden taylorizar el saber universitario.

Desgraciadamente, como está demostrando esta crisis, el modelo empresarial neoliberal hace aguas por todas partes, lo que además resulta obvio por las contradictorias declaraciones de los diversos expertos económicos de más alto nivel, así como por los bandazos de las políticas económicas de los países económicamente más poderosos, que no tienen ni la menor idea de cómo van a salir de este atolladero económico que tiene muchos visos de transformarse en un atolladero social (paro, crisis de subsistencia, violencia).

Parece claro que el anterior modelo neoliberal ya no sirve. Es imperativo pensar en otro paradigma, inventar otro modelo a partir de los conocimientos históricos y del análisis de situaciones de crisis anteriores. Pero ¿cuánta gente tiene la capacidad crítica y los conocimientos necesarios para desprenderse de fórmulas y modelos fallidos (pero, ¡ay!, tan reconfortantes)? Todavía quedan unas cuántas personas, pero si triunfase el modelo de universidad que se agazapa bajo el Plan Bolonia, pronto no quedaría nadie. En definitiva, nos encontramos en un cambio de coyuntura político-económica, probablemente orientada hacia algún tipo de neokeynesianismo; por tanto, no parece una buena idea seguir adelante con un Plan que expresa un proyecto neoliberal ya obsoleto. La moratoria es una necesidad y el debate es una responsabilidad social. Los estudiantes tienen razón.

Susana Narotzky es Catedrática de Antropología Social de la Universidad de Barcelona

Diario Público



miércoles, 17 de diciembre de 2008

Sanidad. El copago es pagar 2 veces, una con impuestos, otra cuando se va al médico

Ventanas del Falcón
Hace un mes Esperanza Aguirre decía que “Nada de la sanidad en Madrid es privado” a pesar de que los 8 nuevos hospitales tienen ya gestión privada. Ayer su consejero de Sanidad, Juan José Güemes, dio un paso más hacia la privatización de la sanidad. Proclamó que había que abrir el debate sobre el copago, una fórmula de financiación sanitaria por la que los enfermos pagan una cantidad a cambio del servicio sanitario.

Güemes afirma, con toda la cara, que no se pone en entredicho la equidad con el copago. Claro que perjudica el copago a la equidad del derecho a la protección de la salud, puesto que aquellos que tienen más se inhibirán menos de utilizar las prestaciones sanitarias porque pueden pagarlas, mientras que los que menos tienen, dejarán de utilizar las prestaciones incluso en aquellos casos en los que sería necesario su utilización.

En el fondo, se producirá un aumento de las contrataciones de los seguros privados, ya que si tengo que pagar por los públicos, mejor utilizo los privados y no me someto a las listas de esperas.

La eliminación de impuestos es lo que trae

Güemes plantea el copago sanitario para pagar los excesos del Gobierno regional que ha realizado grandes regalos a través de la eliminación de los impuestos, lo que ha reducido los ingresos. Esto ha llevado al Gobierno regional a embarcarse en la externalización de las prestaciones sanitarias hacia entidades privadas, que están siendo muy costosas y de dudosa eficacia.

Es inadmisible que ahora plantee que la sanidad no sólo no es gratuita, sino que nos cuesta más de lo que podemos pagar y por eso ahora los ciudadanos tienen que pagar dos veces por la prestación sanitaria, una con sus impuestos, y otra cuando la vayan a necesitar. Si queremos mantener el sistema de salud, necesitamos más ingresos y debería venir de las administraciones estatal y autonómicas.

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Sean cuales sean los argumentos utilizados, proponer la introducción de un pago en la sanidad pública me parece aberrante. ¿Exagerado? En absoluto y lo explicaré a continuación.


1.- Las falacias de fondo

Se ha difundido socialmente una imagen de uso del sistema de salud que retrata a los españoles como personas inmaduras, que acuden a los servicios sanitarios de manera recurrente, que acumulan vorazmente medicinas y que no han descubierto aun que una gripe no justifica una visita al servicio de urgencias. El retratar a las persona como inmaduras o extraviadas es un elemento recurrente en nuestra escena social (pensemos en todos esos discursos sociales sobre la juventud y su pérdida de valores, por ejemplo), pero realmente, tales afirmaciones suelen ser mentiras o verdades a medias, que en este caso son utilizadas para justificar medidas como el copago y para desdibujar la triste realidad de la sanidad pública en España.


Cierto es que el uso de los servicios sanitarios en España no es todo lo responsable que debería de ser, pero no cabe duda de que hacer de esto el retrato de la sanidad, es tomar la parte por el todo. La verdad es que la gente acude al médico, de forma inmensamente mayoritaria, cuando se siente enferma y esa simple razón, en reconocimiento de nuestro derecho a la salud, nos hace merecedores de un examen o un diagnóstico. A partir de ahí es el sistema sanitario el que ha de crear una red de servicios de atención, en la que se combinen servicios de atención en infraestructuras hospitalarias y servicios domiciliarios lo bastante eficaces como para evitar la masificación de los servicios de urgencia hospitalarios u otros centros.


Porque, ¿acaso existe bastante personal sanitario en las grandes ciudades que acuda con una rapidez aceptable a visitar a un enfermo que solicita atención sanitaria? En absoluto, a pesar de que el tiempo transcurrido desde que aquel realiza su llamada y su visita pueda ser determinante para su supervivencia: ciertamente no en la mayoría de los casos, pero tampoco tan raramente. Un dolor de barriga puede ser producido por una indigestión, una apendicitis o un aneurisma, lo que puede conducir a un desenlace muy distinto según cual sea la realidad del enfermo. Fallan, pues, las atenciones domiciliarias, pero también los centros médicos se colapsan con facilidad, tanto los de proximidad como los hospitales, pero ¿es por inconsciencia de los ciudadanos o por falta de personal y recursos? ¿Qué ha de hacer una persona que experimenta cualquier dolencia y que no recibe hora en su médico de cabecera hasta cuatro días más tarde? Obviamente arriesgarse o bien recurrir a un servicio de urgencias.


Lo cierto es, y los profesionales de la salud saben muy bien que el sistema sanitario tiene su principal endeblez en dos aspectos claves: insuficiencia de recursos económicos y mala gestión de los recursos sanitarios, la cual incluye, además, al bajo trabajo educativo realizado con los usuarios, a fin de mejorar sus hábitos de asistencia. Ahora bien, esta realidad podría justificar mejor que nada la introduccion de medidas de copago con finalidades financieras, así que pasemos a hablar de financiación.


2.- La financiación sanitaria: el verdadero debate

Nos reiteramos en que el sistema de salud está insuficientemente financiado: España es uno de los países que menos invierte en salud por habitante, del conjunto de la Unión Europea. Se nos presenta, pues, el copago como respuesta, ya no educativa de los usuarios, sino financiera, pero tal consideración tiene dos elementos enormemente endebles: la capacidad financiera del sistema de copago y la relación de dicha financiación con la principal fuente de recursos para la sanidad, que es el sistema impositivo.


En efecto, lo primero que cabe señalar es que el copago por atención sanitaria, como aportación financiera, resulta en extremo raquítico. Muchos son los expertos que coinciden con ello y que además apuntan el incremento de costes de gestión que supondría la implantación de dicho sistema, lo que disminuiría aun más su capacidad financiera. Para verlo más claramente, piénsese en un Centro de Atención Primaria: ¿cuántos usuarios serían atendidos diariamente y qué 'recaudación' realizaría el centro, pongamos que a euro por visita? Una cifra absolutamente ridícula. También se ha señalado, como efecto perverso del copago, que al cobrar al usuario este se vuelve más exigente e incrementa la presión sobre los profesionales de la sanidad, los cuales, a causa de lo insignificante de la medida, ni serán más, ni dispondrán de más recursos.


Pero me interesa más destacar sus conexiones sobre el sistema impositivo. Lanzo ahora mismo una propuesta alternativa: si la Sanidad está mal financiada, subamos los impuestos. ¡Ay, pero si eso no es posible, porque hay un dogma que dice que los impuestos han de bajar y bajar, aunque a la práctica suban cada año! ¿Pero por qué subirlos? Las ventajas son claras respecto al copago en varios sentidos. La primera y muy evidente, es que esa sí es una medida de fondo para mejorar la financiación de la sanidad. La segunda, que una medida como ésta, tomada en nuestro sistema impositivo, traslada la financiación desde los usuarios directos, que son los que pagarían con el copago, al conjunto de la sociedad, como por otra parte es lógico, ya que se supone que al sistema sanitario cada uno contribuye en función de sus rentas y su riqueza y recibe a cambio según sus necesidades, lo que hace del sistema sanitario un sistema muy inclusivo. Lo raro es que esa mejora de la financiación no se plantee por las vías impositivas habituales, ¿alguien tiene la respuesta?


De hecho hay varias respuestas. La primera, que medidas como el copago a menudo se proponen como una vía para mantener un mismo nivel de financiación y seguir promoviendo nuevas bajadas de impuestos, que sobre todo favorecen a las personas con mayores rentas y riquezas, así como a otras entidades. Ejemplos: total bonificación del impuesto sobre el patrimonio, bonificación del impuestos de sucesiones, reducciones de los tipos más elevados del IRPF, reducción del tipo del impuesto de sociedades... Aunque, de paso, algunos vean reducida su contribución al IRPF, lo que existe, sobre todo, es una disminución de la contribución de las clases altas a los ingresos públicos sobre los que se sostiene la sanidad, mientras que ello se compensa con medidas como el copago y no se atienden los grandes déficits financieros como la sanidad, pero también, por ejemplo, la educación. El dogma de estar siempre bajando los impuestos no sólo es perjudicial para la cohesión social, sino también la causa de la introducción de mecanismos que socaban el presente y el futuro del Estado del Bienestar. Por lo tanto, cuando algunos hablan de copago, no están realmente hablando de mejorar la financiación sanitaria sino de soñar con menos impuestos para las clases pudientes: téngase eso muy en cuenta porque es un elemento clave del debate.


3.- Por una sociedad de iguales en la salud y en la enfermedad

Aun hay algo más que no debe quedar en el tintero y es la constatación que el sistema de saludo es algo demasiado importante como para que deje de ser gratuito. Decir que es un pilar del Estado del Bienestar no es sólo una frase hecha. La salud es una condición necesaria para el desarrollo de los individuos y de una sociedad, por lo que lo primero que no podemos hacer es cobrar más por estar enfermo. En efecto, esa es la filosofía que respalda la visión "consumista" del sistema sanitario según la cual se propone el copago. Porque resulta que la enfermedad es incapacitante, impide el desarrollo normal de la vida laboral y por lo tanto la capacidad de los individuos, en primer lugar, de generar rentas y, en segundo lugar, de pagar impuestos que sigan reforzando el sistema. Es tétrico imaginar un sistema sanitario en que se cobra por día de ingreso hospitalario o por el consumo de menús en los hospitales, puesto que ello aun castiga más la economía de una familia azotada por una enfermedad, sea ésta cual sea. Ante todo, debemos preservar el principio de igualdad ante la enfermedad y ser capaces de proveer los recursos necesarios, que garanticen tanto la supervivencia económica de las familias, como el más rápido restablecimiento de los enfermos y su protección psicológica. Y el copago no va en absoluto en esta dirección, al cobrar por enfermar y al pretender establecer unas tasas sobre el uso de la salud entre individuos con diferentes niveles de ingresos y riquezas. Dicha solución tan solo puede seguir ampliando las brechas sociales y morales de nuestra sociedad.


Nos queda, sin embargo, un copago posible: el de la existencia de los sistemas privados de salud. La existencia de dichos sistemas alivian la financiación de la sanidad pública al retirar de la misma una parte de los usuarios potenciales, por lo que son deseables siempre y cuando sean de libre adhesión, tengan un carácter complementario y la sanidad pública atienda de forma amplia y suficiente las necesidades de salud del conjunto de la población que reside en el país, para lo cual, no es necesario el copago, sino el verdadero enemigo de algunos: la presión fiscal. Ello implicaría, por lo tanto, acabar con las listas de espera, con los retrasos en los diagnósticos y seguir ampliando de manera constructiva la cobertura sanitaria, no sólo mediante la introducción de servicios de salud no ofrecidos actualmente, sino también reduciendo el copago donde ya existe: en el acceso a los medicamentos.

lascosasdebranhunter.blogspot.com/


lunes, 8 de diciembre de 2008

"Unibersidad"

La historia de la Universidad española desde el ‘Trivium’ y el ‘Cuadrivium’ hasta la Declaración de Bolonia es la historia de una decadencia. Cada reforma de la Universidad ha empeorado la anterior con una tenacidad digna de admiración. La última de estas reformas, la que comenzó en 1991 con el proceso de Bolonia tiene sublevados a los estudiantes y a buena parte del profesorado. “Bolonia”, como se conoce entre los universitarios, es un compromiso de varios países para crear en 2010 un espacio común europeo de educación superior basado en la calidad, la movilidad, la diversidad y la competitividad. Sobre todo la competitividad. La obsesión de los políticos que han firmado Bolonia es que los estudiantes aprendan en la Universidad aquellos conocimientos que les permitan encontrar un puesto de trabajo. La formación, el desarrollo de la inteligencia crítica, el debate —pendiente— sobre lo que debe saber una persona culta en el siglo XXI, todo eso son paparruchas.

El contenido del saber lo deciden las leyes del mercado. Sólo vale lo que vale para encontrar trabajo. Quizás tengan razón y hoy día no tenga sentido seguir estudiando el ‘Quijote’ o las civilizaciones antiguas, salvo para montar otro Atapuerca, marca registrada. Seguro que los equivocados somos los profesores de Humanidades, que hemos consagrado nuestra vida a una disciplina del siglo XIX. ¿Cómo hacer rentables los estudios literarios, que consisten en leer y reflexionar? ¿Pidiéndole a la FNAC que elabore el temario de Filología? Microsoft o Telefónica acabarán desde luego diseñando el currículum de los ingenieros a los que luego contratarán. ¿Elaborará Paco El Pocero la carrera de Arquitectura?


Antonio Orejudo. Público



sábado, 6 de diciembre de 2008

La Directiva Bolkestein en la Legislación española

Recientemente (17/10/2008), el Ministerio de Economía y Hacienda ha hecho público un BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO Y EJERCICIO DE LAS ACTIVIDAEDES DE SERVICIOS , para definir el proceso de transposición a la legislación española de la tristemente famosa Directiva de Servicios de la UE (más conocida por el nombre de su impulsor, Directiva Bolkestein). Esta transposición debería realizarse antes del 28 de diciembre de 2009, según la normativa de la UE.
De momento, la mencionada propuesta, que aparece en la pagina web del Ministerio, ha sido presentada únicamente al Consejo Económico y Social (CES), para que esté emita su preceptivo dictamen, aunque es de esperar que otros agentes sociales sean también consultados y puedan dar su opinión sobre esta importante materia
EN el preámbulo del anteproyecto se destaca que el sector servicios es un importante motor del crecimiento y creación de empleo en España., siendo el de mayor importancia cuantitativa por su peso en el PIB (66,7%) y empleo total (66,2%), y de él dependen de manera decisiva el crecimiento y la competitividad del resto de ramas de actividad. En concreto, las actividades de servicios que se ven afectadas por el Anteproyecto suponen el 87 por 100 del valor añadido del sector servicios en España y representan más del 50 por 100 del empleo total de la economía española.
Se incluyen también las habituales alabanzas a la Directiva de Servicios como “ una de las piezas fundamentales de la estrategia comunitaria de impulso económico y de consolidación del mercado interior que se han instrumentado en el contexto de la agenda de Lisboa”, siendo “su objetivo alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre Estados miembros. La Directiva pretende, por tanto, reducir cargas administrativas y otorgar mayor seguridad jurídica a aquellos que desean prestar un servicio, a través de un establecimiento permanente (libertad de establecimiento) o sin recurrir a dicho establecimiento (libertad de prestación de servicios)”. Se recalca la necesidad de eliminar, por tanto, aquellas “regulaciones y requisitos no justificados, discriminatorios o desproporcionados que generan efectos negativos, como la segmentación de mercados, el insuficiente aprovechamiento de las economías de escala y de alcance, la limitada presión competitiva y los reducidos incentivos a la eficiencia, que se reflejan en tensiones inflacionistas, erosión de la competitividad y, en definitiva, un menor potencial de crecimiento y creación de empleo. ..”
Sin embargo, estudios económicos realizados sobre el impacto esperado que la aplicación de la Ley tendría para España, por la vía de creación de comercio adicional, estiman en un aumento del PIB en el entorno del 0,8% (1,2 para UE 25) y un aumento del 0,3% en el empleo (0,5 para UE 25),lo que supondría la creación de más de 60.000 nuevos puestos de trabajo .Parecen por tanto un poco exageradas las expectativas sobre los importantes resultados derivados de la aplicación de esta Ley
Consecuentemente, la Ley propuesta establece como principio general el de la libertad de acceso a las actividades de servicios y su libre ejercicio en todo el territorio español y regula como excepcionales los supuestos que permiten imponer restricciones a estas actividades; siendo, pues, su objeto, establecer las disposiciones y principios necesarios para garantizar el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios, realizadas en territorio español por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.
Es importante resaltar que la Ley se refiere únicamente a aquellos servicios que se realizan por una contrapartida económica. Los servicios no económicos de interés general, aquellos que se realizan en ausencia de dicha contrapartida económica, no están cubiertos por las disposiciones del Tratado de la Comunidad Europea relativas al mercado interior, por lo que no están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios y consiguientemente tampoco en el de la presente Ley.
Hay que destacar que el procedimiento seguido por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), responsable de la elaboración del anteproyecto para la incorporación al Derecho interno español de la Directiva de Servicios, ha sido doble:
- llevar a cabo, por un lado las necesarias adaptaciones normativas sectoriales, que incluyen tanto la aprobación de medidas específicas como la modificación de disposiciones vigentes
- Por otro, la adopción de una Ley horizontal de transposiciónque incorpore los principios generales de la Directiva y aporte un marco jurídico de referencia más allá del plazo de transposición.

Lo que resulta del todo punto sorprendente, es que, como reconoce la propia CDGAE, “… este anteproyecto de Ley no reproduce literalmente lo dispuesto en la norma comunitaria, sino que, con objeto de maximizar los efectos económicos de la Directiva e impulsar una dinamización más profunda del sector servicios, promueve una adaptación ambiciosa, a través de un ámbito de aplicación más amplio y una incorporación de los principios fuerza de la Directiva con menos restricciones”.

O sea, que tomando como base una Directiva cuyos inconvenientes y perjuicios han sido ya de sobra analizados y han motivado protestas masivas en el ámbito sindical y altermundista por la amenaza que suponen para el mantenimiento y mejora de los servicios públicos y los derechos sociales y laborales, el Gobierno español decide “hacer méritos” ante sus colegas europeos y, siendo “más papista que el Papa”, aprovecha la obligada transposición no para proteger de la Directiva y de las leyes de la competencia del mercado interior de la UE los servicios públicos esenciales (para lo cual estaba facultado, bastando con clasificarlos como “servicios no económicos de interés general”, como reclamaba ATTAC ), sino que amplia todavía más el ya ambicioso ámbito de aplicación de la Directiva y disminuye las ya de por sí escasas restricciones existentes en la misma que constituyen el último refugio para que las Administraciones Públicas puedan controlar de algún modo la prestación de servicios.
En este mismo sentido, la excusa que se alega para no incluir los servicios económicos de interés general - que se reconocen como de competencia exclusiva de las AAPP en lo relativo a su financiación, prestación y control - en el articulado de la Ley raya en el cinismo, al afirmar que no se ha hecho mención explícita de los mismos, que sí figuran como excepción a la libre prestación en el texto final de la Directiva, porque “… dada la ausencia de una definición a nivel comunitario de los servicios económicos de interés general, incluir este concepto puede dar lugar a una excepción ambigua y abierta que, además de reducir excesivamente el ámbito de aplicación del principio de libre prestación, generaría incertidumbre… “. De nuevo aquí, el gobierno español va más allá en su tendencia neoliberal que la propia Comisión Europea,y , en lugar de trabajar en la necesaria definición de estos servicios, decide eliminarlos de un plumazo
Un aspecto muy importante es la adaptación de la normativa vigente a las disposiciones de esta Ley, por lo que ”… las Comunidades Autónomas comunicarán a la Administración General del Estado, antes de 26 de diciembre de 2009, las disposiciones legales y reglamentarias de su competencia que hubieran modificado para adaptar su contenido a lo establecido en la Directiva y en la presente Ley. La obligación prevista en el apartado anterior será asimismo de aplicación a las Entidades Locales, Colegios Profesionales y a cualquier autoridad pública, respecto de las disposiciones de su competencia, que se vean afectadas por la presente Ley…”. De nuevo hay que resaltar que la Directiva, y la correspondiente transposición, afectan a todas las AAPP, tanto de carácter local, como regional, autonómico o central, que deberán revisar toda su normativas y legislación para adaptarlas , lo cual representa un trabajo ímprobo para tenerlo realizado antes del fin del 2009.
Así, la propia CDGAE, estima alrededor de 7.000 normas y/o procedimientos potencialmente afectados por la Directiva. De ellos, alrededor del 15 por 100 corresponden a la Administración General del Estado (80 tienen rango de Ley y aproximadamente 370 son Reales Decretos) Además, resultarían afectadas alrededor de 500 leyes autonómicas y cerca de 1700 decretos autonómicos. Por lo que se refiere a las áreas con mayor volumen de normas a “adaptar”, áreas tan importantes como medio ambiente, agricultura, comercio y salud representan casi la mitad .
No abordaremos aquí los capítulos de la Ley que trasladan las correspondientes materias de la Directiva, por entender que ésta ya es de sobra conocida, aunque si es interesante resaltar que en el dictamen elaborado por la CES (20- nov-2008) sobre el anteproyecto de Ley, se incluyen una serie de recomendaciones y advertencias, entre las que destacan
· a la redacción del anteproyecto le falta coherencia entre el propósito y los fines de la norma, por lo que pide que se ajuste más el texto de la ley al de la directiva comunitaria.
· la necesaria prudencia a la hora de aplicar una derogación de las normas existentes en las diferentes administraciones públicas. Es por esto que el CES considera que sería pertinente poner un plazo en el anteproyecto de la directiva para el cumplimiento de la obligación de las administraciones públicas de revisar los procedimientos y trámites aplicables
· el esfuerzo de “intensificación” de los criterios de aplicación de la Directiva que se menciona en la exposición de motivos podría transformarse, en muchos de los casos, en una posible alteración de los contenidos de la norma europea en el ordenamiento jurídico español
· aunque la Ley no pretende afectar a las condiciones de empleo y de trabajo contenidas en la legislación laboral, tanto en lo que respecta a los derechos individuales como colectivos, incluidos los convenios colectivos, no parece suficiente que este aspecto aparezca recogido en la exposición de motivos pero no en el texto del articulado
· el Anteproyecto debería respetar al máximo la formulación del artículo primero de la Directiva e incluir, junto con la delimitación positiva del objeto de la norma, la delimitación negativa que ésta recoge, donde explicita que no afectará a la liberalización de servicios de interés económico general, a la privatización de entidades públicas prestadores de servicios, a la abolición de monopolios, a las ayudas estatales amparadas por la normativa comunitaria, a la normativa estatal relativa a la definición de los servicios de interés económico general, al fomento de la diversidad cultural y lingüística o a la pluralidad de los medios de comunicación, ni tampoco a la legislación nacional en materia penal, laboral -incluida la negociación colectiva y la acción sindical-, de seguridad social, ni al derecho al ejercicio de los derechos fundamentales.
· En lo relativo a los trabajadores autónomos, el CES entienden que, en aras de una mayor seguridad jurídica, se debe recoger estrictamente lo dispuesto en la Directiva.
En resumidas cuentas, el anteproyecto de Ley peca de ambicioso, incoherente e inexacto, y viene a suponer un paso más en la “real politik” seguida por un gobierno que se reclama socialdemócrata pero que se comporta como socioliberal. Esperemos que los agentes sociales, especialmente los sindicatos mayoritarios que acogieron con agrado la Directiva, lleven a cabo las movilizaciones necesarias para la radical reforma de este anteproyecto, en las cuales siempre contarán con el apoyo de ATTAC.
Carlos Ruiz Escudero, Observatorio de Servicios Públicos, ATTAC

lunes, 1 de diciembre de 2008

La autonomía universitaria y sus enemigos

Reproducimos a continuación el texto de una charla de Antoni Domènech para los estudiantes en huelga de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona el pasado jueves, 27 de nov:
Si esta huelga estudiantil ha de ser efectivamente activa, una de las cosas que podemos hacer hoy, en vez de suspender cómodamente la clase e irse cada quién por su lado, es reflexionar juntos sobre la actual situación de la universidad pública europea. Lo haré, según me habéis propuesto, desde un punto de vista filosófico-político, es decir, de manera congrua con la asignatura de segundo ciclo en la que estáis matriculados ["Filosofía y metodología de las Ciencias Sociales"].

Como en tantas cosas de la vida y de la discusión política actual, también en materia de política universitaria se observa un regreso a posiciones que, no hace tanto, se creían superadas para siempre después del final de la II Guerra Mundial y de la victoria política y militar de las fuerzas de la democracia sobre las fuerzas de la reacción, el oscurantismo y el fascismo.

El 2 de agosto de 1932, en plena discusión parlamentaria sobre la concesión de autonomía a nuestra Universidad, la de Barcelona, José María Gil Robles, el conspirador monárquico y líder de la extrema derecha católica en las Cortes republicanas, se expresaba así sobre su ideal de "autonomía universitaria":

"Yo pediría la autonomía no para la Universidad de Barcelona, que me parecería muy poco, sino para todas las Universidades españolas; una libertad de movimientos, una autonomía docente, pedagógica, administrativa, que no solamente sirviera para que se desplegaran ampliamente las actividades universitarias, sino para que la sociedad, y aquí está, señores, lo interesante, le prestara a la Universidad el calor, el apoyo y la asistencia que hoy le niega, porque no llega a las entrañas ni al corazón del pueblo. A esto es a lo que aspiramos nosotros para la Universidad: la creación de Universidades que puedan competir con las del Estado; yo defiendo este principio, a pesar de que soy catedrático universitario y perteneciente a un escalafón del Estado." (1)

Para Gil Robles, pues, una genuina autonomía universitaria pasaba por poner la enseñanza superior al servicio de los intereses –y los negocios— privados de la "sociedad" (la tontita retórica actual de la "sociedad civil" aún no estaba en boga). "Autonomía" significaba, pues, para Gil Robles, independencia respecto del interés público tutelado u organizado por el Estado republicano, y al revés, sumisión de la vida universitaria al juego de intereses particulares, desigualmente organizados, de la "sociedad". Y también, claro es: recuperación por parte de la Iglesia católica de las competencias que le habían sido arrebatadas por el Estado republicano; asalto en toda regla a la promesa de laicidad universalista de la II República española.

Unos meses después del discurso parlamentario de Gil Robles, y en la Alemania inmediatamente posterior a la investidura de Hitler como canciller, Martin Heidegger pronunciaba un celebérrimo discurso, "La autoafirmación de la Universidad alemana" (27 de mayo de 1933), dando alas intelectuales al ataque nacionalsocialista a la autonomía de la universidad alemana. En efecto, en su de toma de posesión como Rector de la Universidad de Friburgo, el filósofo Heidegger se empleó a fondo para desacreditar la vieja y veneranda idea de la autonomía universitaria.

El núcleo pretendidamente filosófico del ataque a la autonomía universitaria era la crítica a la idea de que la ciencia, la investigación científica básica, tiene el fin en sí misma.

Nada nuevo en él: antes de su paso al nazismo políticamente activo –y también después de su "desnazificación" por los tribunales militares aliados— ya había dejado claro Heidegger que no le gustaba nada eso de que los científicos modernos pusieran el fin de la ciencia en la ciencia misma, colocando la búsqueda de conocimiento bajo la sola y para él frívola tutela del capricho de satisfacer la curiosidad. En una célebre ocasión, el filósofo de la Selva Negra presentó a Galileo como el prototipo de ese extravío: como el verdadero iniciador de la escisión moderna entre la ciencia especializada y el mundo de la vida o la existencia. Heidegger opuso a eso un auténtico saber, que era auténtico para él, como es de sobra conocido, en la medida en que estaba –instrumentalmente— orientado a un fin: el fin de desvelar el sentido de la existencia del hombre. Un fin en apariencia tan noble, como indeterminado.

Lo nuevo de su discurso como rector era la concreta determinación que hizo en 1933 de aquel fin un tanto misterioso, al que la aspiración al saber debía servir instrumentalmente. Esa nueva determinación traía consigo la demolición de la "muy celebrada libertad académica", en cuyo fundamento filosófico veía muy bien Heidegger que está la idea de que el conocimiento básico –no, claro es, el aplicado— se busca por sí mismo, es autotélico, por usar jerga aristotélica. En su discurso rectoral, Heidegger oponía a eso el ideal de una universidad en la que la ciencia, lejos de tener el fin en sí misma, se convirtiera en una "íntima necesidad de la existencia", pasando así a constituirse "en el acaecer básico de nuestra existencia espiritual como pueblo".

Y eso ¿qué quería decir en román paladín?

Quería decir que la Universidad alemana, lejos de seguir siendo una torre de marfil que gozaba de una autonomía protegida por la "libertad académica" en la que, idealmente al menos, era posible buscar el conocimiento por sí mismo con independencia de cuáles fueran los resultados, debía tener tres vínculos finalistas o instrumentales:

- Un vínculo con la "comunidad del pueblo". Ese vínculo significaba para él que los estudiantes debían prestar un servicio laboral que les obligara a trabajar con los no-académicos.

- Un segundo vínculo con "el honor y el destino de la Nación". Eso significaba el servicio militar como parte de la existencia del estudiante, que debía ser instruido militarmente.

- El tercer vínculo afirmado por Heidegger era "con la tarea espiritual del pueblo alemán". Es urgente –declaraba— formar a los estudiantes para que sean capaces de prestar un tercer servicio, el "servicio epistémico" (Wissensdienst), para el bien del pueblo.

Heidegger resumió sus propuestas diciendo que la Universidad alemana tenía que orientarse al fin de formar a "los futuros caudillos y custodios de los destinos del pueblo alemán" ("zukunftige Führer und Hüter des Schicksals des deutschen Volkes"). Las propuestas de Heidegger no tuvieron mucho éxito, afortunadamente, en su parte constructiva o afirmativa. Pero como todo el mundo sabe, sí en su parte destructiva: el nazismo destruyó por completo la vida académica alemana –acaso la más fértil del siglo XX—, una aniquilación de la que nunca más se ha recobrado.

En contra de lo que dice una tradición filosóficamente ignara –en buena parte inaugurada por Heidegger—, la ciencia básica es siempre de una utilidad práctica incierta: la teoría científica más famosa del siglo XX, la teoría general de la relatividad, no sirve absolutamente para nada: ninguna tecnología operativa se funda en ella; no ha tenido el menor uso industrial o tecnológico hasta muy recientemente, en que, inopinadamente, ha "servido" para fundar la tecnología de la localización GPS. Ese es el motivo principal de que la investigación científica básica, que, con el gran arte plástico, con la gran música o con la gran literatura comparte al menos el rasgo de su perfecta inutilidad ex ante, no se haya financiado nunca a través del mercado y de la inversión privada que persigue el beneficio: se ha financiado o a través de la universidad pública (como en la mejor tradición europea) o a través del mecenazgo privado más o menos altruista (como en las grandes universidades privadas norteamericanas).

La razón filosófica de que la investigación básica no pueda sujetarse a un cálculo instrumental coste/beneficio es sencilla de entender. La investigación básica persigue un bien –la remoción de las restricciones informativas estructurales a que está sometida la acción humana— al que, precisamente, no puede aplicarse ningún cálculo coste/beneficio. Pues, por definición, no puedo estimar el valor –en términos de utilidad, o de dinero, o de lo que sea— de la información X, mientras no la poseo; los costes de la actividad encaminada a conseguir la información X, pues, son costes que, aun si calculables a priori, no pueden contrastarse nunca a priori con el posible beneficio dimanante de poseer esa información. La cultura filosófica ha reconocido perfectamente ese problema desde, al menos, la rotunda afirmación de Aristóteles, según la cual el único motivo de la búsqueda de conocimiento nuevo es la necesidad, característicamente humana, de satisfacer la curiosidad, razón por la cual la investigación básica no puede sino proceder, en lo fundamental, en el aspecto motivacional, gratis et amore. La autonomía universitaria presupone el reconocimiento institucional de esta verdad filosófica elemental.

Es verdad que, ex post (aunque no siempre, ni siquiera frecuentemente), los resultados de teorías científicas básicas permiten fundar tecnologías poderosas. Es más, sólo en los resultados de una buena investigación básica perseguida por sí misma pueden fundarse tecnologías de gran capacidad instrumental. Ortega, que conocía muy bien el ambiente irracionalista-instrumentalista alemán del que salieron luego construcciones filosóficas como la de Heidegger, dejó estupendamente descrita esa peculiar relación entre ciencia básica y ciencia aplicada o técnica:

"la técnica es consubstancialmente ciencia, y la ciencia no existe si no se interesa en su pureza y por ella misma, y no puede interesar si las gentes no continúan entusiasmadas con los principios generales de la cultura. Si se embota ese fervor –como parece ocurrir—, la técnica sólo puede pervivir un rato, el que dure la inercia del impulso cultural que la creó". (2)

La actual mercantilización en curso de la Universidad pública europea significa la destrucción de la motivación "pura" de la investigación y de la búsqueda organizada de conocimiento; no puede entenderse sino como el intento de ponerlos al servicio de fines y valores instrumentales, y por lo mismo, como el ataque a la autonomía universitaria –propiamente entendida— más decidido y consecuente registrado desde los años 30. Como el que se registró en los años 30, el actual proceso de instrumentalización finalista de la investigación básica y la educación superior se basa en la ilusoria creencia de que aquella "inercia" de que habló Ortega puede durar para siempre.

El asalto a la autonomía universitaria que experimentamos en Europa ahora mismo tiene un paralelo en el sistema universitario norteamericano, que, como se dejó antes dicho, fundaba tradicionalmente esa autonomía, no en la organización público-estatal de la investigación, sino en su organización a través de la donación altruista privada, público-fiscalmente incentivada. Un ejemplo bastará para iluminarlo. La universidad de Harvard, la número 1 del ranking mundial, se ha convertido en los últimos años en una empresa especuladora en los mercados financieros. Es la segunda institución privada más rica de los EEUU, con un patrimonio de 37 mil millones de dólares (procedentes de donaciones que permiten a las grandes fortunas buenas desgravaciones fiscales). Pues bien: el año pasado gastó menos del 5% por ciento de su patrimonio en tareas propiamente académicas (que es lo que exige la ley norteamericana a las organizaciones sin ánimo de lucro), mientras que las remuneraciones de los ejecutivos de su fondo de administración de donaciones (¡que han tenido en la última década una tasa de retorno de inversiones del 23%!) se acercaban en 2005 a los 80 millones de dólares. (3) La necesidad de entrar en los mercados financieros especulativos se ha hecho más imperiosa bajo la Administración Bush, pues los espectaculares recortes fiscales a los estratos más ricos de la población han tenido como uno de sus efectos perversos el de que ya no salieran a cuenta, fiscalmente hablando, las donaciones a las grandes Universidades como Harvard. A pesar del secreto que rodea a las inversiones de los fondos financieros constituidos por Harvard o Yale, es evidente que esos fondos han tenido que experimentar en los últimos meses pérdidas catastróficas, como todas esas instituciones financieras. (4)

Se os dirá que la Universidad actual, mucho más democratizada y abierta a las clases populares que las universidades elitistas de honoratiores –desnudamente clasistas— anteriores a la II Guerra Mundial, es muy distinta de la universidad alemana que Heidegger se proponía reestructurar. Y se os dirá, con no menos razón, que el de ahora es un intento de instrumentalizar la vida académica también muy distinto del de los nazis.

Triste consuelo, si consuelo es, porque en el actual ataque a la libertad y a la autonomía académicas no sólo puede adivinarse un inconfundible programa contrarreformador, es decir, desdemocratizador de la enseñanza superior, sino que pueden verse también inquietantes paralelos con el programa de "servicios" finalistas propuesto por el rector Heidegger.

También a los estudiantes europeos de ahora, como a los alemanes de 1933, se os exige un "servicio laboral" en forma de contratos de trabajo precarios, cuando no puros meritoriajes ad honorem en las empresas, o la solicitud de créditos bancarios, a devolver luego con el sueldo de trabajos basura.

También a los estudiantes europeos se os exige ahora, no ciertamente un vínculo finalista con el honor y el destino o con la "tarea espiritual" de la nación, pero sí un vínculo finalista con la coyuntura de un mercado de trabajo crecientemente desregulado y "flexibilizado". Grotescamente, en el slang de muchos gestores y burócratas académicos, ya se empieza a llamar a los estudiantes "clientes".

Y también ahora se quiere formar a "caudillos y custodios" del orden social establecido, sólo que esa tarea guardiana parece querer reservarse a las instituciones académicas privatizadas con ánimo de lucro (aquellas en las que el Gil Robles de 1932 fiaba su bastardo concepto de "autonomía universitaria"), dejando tendencialmente para las públicas, cuando mucho, la mera función de instruir a unos "clientes" –vosotros— destinados de por vida a la subalternidad económica e intelectual.

NOTAS: (1) Gil Robles ("La enseñanza en el Estatuto de Autonomía", Diario de Sesiones de las Cortes, 2 de agosto de 1932). Esta tesis del discurso de Gil Robles, tan actual, proseguía de forma no menos actual: "no es para nadie un secreto que esa Universidad bilingüe que hoy se va a conceder a Cataluña, o que la Universidad autónoma que, en otra hipótesis, pudiera constituirse, no serán más que un instrumento de catalanización, mejor podríamos decir de desespañolización, que acabaría con todo germen de cultura española dentro del ámbito a que alcanzara la actividad de la Universidad catalana". (2) La rebelión de las masas, Planeta, Barcelona, 1981, pág. 102. La insatisfacción de Ortega con la visión instrumental de la ciencia que se había abierto paso en la cultura filosófica de habla alemana del primer tercio del siglo XX tiene un sorprendente paralelo en la insatisfacción expresada por Bertrand Russell con la visión instrumental de la ciencia que ser había abierto paso en la cultura filosófica de habla inglesa del primer tercio del siglo XX: "En el desarrollo de la ciencia, el impulso-poder ha prevalecido cada vez más sobre el impulso-amor. El impulso-poder está representado por la industria y por la técnica gubernamental. Está también representado por las conocidas filosofías del pragmatismo y el instrumentalismo. Cada una de estas filosofías sostiene que nuestras creencias sobre cualquier objeto son verdaderas siempre que nos hagan capaces de manipularlo con ventaja para nosotros". (La perspectiva científica [1949], Barcelona, Ariel, 1969, pág. 214.) (3) Cfr. Geraldine Fabrikant, "Fund Chief at Harvard Will Depart", The New York Times, 12 septiembre 2007. (4) Esta misma semana, un analista tan poco sospechoso como el que se sirve del heterónimo "Spengler" en el Asia Times (un ex alto funcionario de la Reagan) consideraba muy posible (AT, 25 Noviembre 2008) de que los fondos de inversión financiera especulativa de Harvard y Yale hayan tenido en los últimos meses pérdidas rayanas en el 87%. Al lado de eso, ¡el supuesto déficit de100 millones de euros de nuestra pública Universidad de Barcelona es un grano de anís!

Antoni Domènech es catedrático de Filosofía de las Ciencias Sociales y Morales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona. Su último libro es El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista, Barcelona, Crítica, 2004. Es el editor general de SINPERMISO.


miércoles, 26 de noviembre de 2008

Por la recuperación de Repsol

En estos días esta surgiendo una fuerte controversia, acerca de la supuesta -y yo añadiría más que supuesta- españolidad de REPSOL, alarmados y alarmadas ante un histérico “Que vienen los Rusos”, puesto que la derecha ha dado la voz de alerta ante el peligro bolchevique, que en modo alguno representa una empresa cuajada de mafiosos.

No son el problema los rusos, o la estrategia de la Federación Rusa de hacerse con la energía del planeta, que se disputa con otras potencias, incluidos los EE.UU. No, CREO QUE EL PROBLEMA ES OTRO.

Tampoco los cantos de sirena al libre mercado de algunas y algunos dirigentes gubernamentales son, digamos, muy comprensibles. Si algo no es libre, es el mercado y si hablamos del energético, menos.

El problema es que REPSOL fue indecentemente privatizada. Que alguien regaló al mercado, es decir a accionariado internacional privado, una de las empresas públicas punteras españolas, estratégica donde las hubiere. Creo que fue Aznar.

El sector público español fue privatizado con nocturnidad y alevosía. Tuvo fundamentalmente dos padres intelectuales en Carlos Solchaga y Rodrigo Rato, en diferentes etapas, siendo Solbes colaborador necesario y Felipe González y Aznar, presidentes del Gobierno.

Se privatizó el sector público bancario. Recordemos ahora Argentaria, anteriormente Banco de Crédito Local, el Banco Exterior de España, y también toda la red del Banco Hipotecario. Ahora se dispondría de un elemento político de primer orden para apoyar con eficacia y efectividad a PYMES, familias, nuevos hogares y Ayuntamientos y además no ceder a chantajes del poderoso lobby bancario. También CAMPSA, REPSOL y toda la comercialización de hidrocarburos en el territorio del estado español.

Fueron igualmente privatizadas muchas industrias y desmantelado un poderoso sector industrial público, contribuyendo también a que China sea la fábrica del mundo, desde el mismísimo Estado.

Ahora es el momento de empezar de nuevo. Si se quiere que REPSOL sea española, pues que se compre por parte del Estado, al menos la parte en venta.

Habrá que volver a reconstruir la banca pública y habrá de extraer consecuencias acerca de las prácticas políticas neoliberales en España, que se dieron y se siguen dando.

El neoliberalismo aquí también nos ha hecho mucho daño, y sus actuaciones privatizadoras han desmontado y dejado inerme al Estado, al menos con menor capacidad de maniobra, lo que quiere decir sin capacidad de intervención democrática en la economía. Si bien habría que afirmar que, a pesar de todo, si existiera la voluntad política de intervenir más y con más valentía, el gobierno podría hacerlo. Además, se sigue apoyando en España con los ojos cerrados las políticas de la UE, que estando como está de forma abrumadora en manos de gobiernos conservadores y liberales, solo impone más desregulación y más privatizaciones.

Resulta curioso como los liberales y democristianos europeos en el poder, han hecho trizas las medidas liberalizadoras de la UE, saltándose a la torera el Pacto de Estabilidad, e intervenido en todo lo que desean, al objeto de defender sus intereses nacionales, que en realidad son los intereses de las clases poseedoras y burguesas.

Si todas estas privatizaciones no se hubieran producido en España, ahora estaríamos mejor preparados ante la crisis financiera. La sistémica, esa ya es otra cosa más profunda y que por supuesto desde el poder nadie se atreve a abordar. Pero lo cierto es que volver a aplicar recetas liberales para paliar la crisis solo será otro fracaso.

Comencemos pues al menos por recuperar a REPSOL, dándole de paso un componente ético y público del que carece, y por crear la Banca Pública.

Carlos Martínez García - Presidente de ATTAC España

jueves, 20 de noviembre de 2008

En defensa de la escuela pública

Manifestaciones de profesores y estudiantes en Portugal, en Italia, en Francia, en España: la privatización del saber es moneda corriente en esta Europa. Por ello, conviene recuperar de la memoria este discurso de Piero Calamandrei -jurista antifascista, uno de los padres de la Constitución italiana- en el que se revela meridianamente la razón última de esta medida.


Discurso pronunciado en el III Congreso en defensa de la Escuela Nacional. Roma, 11 de febrero de 1950.


Que existan escuelas de partido o escuelas de iglesia. Pero el Estado debe vigilar, debe regularlas; las debe mantener dentro de unos límites y debe conseguir funcionar mejor que ellas. La escuela estatal ha de ser una garantía para que no se caiga en algo que supondría el fin de la escuela, y acaso el fin de la democracia y la libertad; a saber: en la escuela de partido.

¿Cómo puede instaurarse en un país la escuela de partido? Se puede hacer de dos maneras. Una es el totalitarismo abierto, confesado. Mal que nos pese, ya lo probamos. Creo que todos los aquí presentes os acordáis de ello, pero resulta que hay mucha gente que ya no lo recuerda. Lo probamos bajo el fascismo. Todas las escuelas se convierten en escuelas estatales: la escuela privada no está permitida, pero el Estado se convierte en un partido, y así, todas las escuelas son escuelas estatales, y por ende, también escuelas de partido.

Pero hay otra manera de llegar a transformar la escuela estatal en escuela de partido o de secta. El totalitarismo solapado, indirecto, flojo, como ciertas pulmonías flojas que se presentan sin fiebre, pero que son peligrosísimas… Pensemos abstractamente en la hipótesis de que haya un partido en el poder, un partido dominante que formalmente quiere respetar la Constitución, que no la quiere violar en sustancia.

No quiere hacer la marcha sobre Roma ni transformar el Parlamento en un reducto de fascistas: lo que quiere es instaurar, sin que lo parezca, una dictadura en ciernes. Entonces, ¿qué ha de hacer para apropiarse de las escuelas y transformar las escuelas estatales en escuelas de partido? Se da cuenta de que las escuelas estatales tienen el defecto de ser imparciales. Oponen cierta resistencia: en esas escuelas la ha habido siempre, incluso bajo el fascismo. Así pues, el partido dominante elige otro camino (entendámonos: es una pura hipótesis técnica). Empieza a descuidar las escuelas públicas, a desacreditarlas, a empobrecerlas. Deja que les entre una anemia y empieza a favorecer las escuelas privadas. No todas las escuelas privadas. Las escuelas de su partido, de ese partido.

Luego, se empieza a dispensar todas las atenciones a estas escuelas privadas. Atenciones de dinero y de privilegios. Incluso se empieza a aconsejar a los chicos que vayan a estas escuelas, pues en el fondo son mejores -se dice- que las estatales. Tal vez se dan premios, como diré a continuación, o se propone que se den premios a aquellos ciudadanos dispuestos a mandar a sus hijos a las escuelas privadas en vez de a las públicas. A “esas” escuelas privadas. Los exámenes son más fáciles, se estudia menos y se obtienen más éxitos. De este modo la escuela privada se vuelve una escuela privilegiada. El partido dominante, al no poder transformar abiertamente las escuelas estatales en escuelas de partido, hunde en la miseria la escuela de Estado para dar prioridad a las escuelas privadas. Cuidado, amigos, en este convenio es éste el punto sobre el que hay que discutir. Cuidado: ésta es la receta.

Hay que vigilar a los cocineros de esta baja cocina. La operación se lleva a cabo de tres maneras; ya os lo he dicho: arruinar las escuelas estatales. Dejar que se suman en la miseria. Empobrecer sus presupuestos. Ignorar sus necesidades. Atenuar la vigilancia y el control en las escuelas privadas. No comprobar su seriedad. Dejar que enseñen profesores que carecen de los títulos mínimos para enseñar. Dejar que los exámenes sean bromitas. Dar dinero público a las escuelas privadas. Ésta es la cuestión. Dar a las escuelas privadas dinero público.


Rebelión. Traducción Gorka Larrabeiti



martes, 30 de septiembre de 2008

Construir la movilización contra la privatización de la sanidad es indispensable

Análisis de la experiencia de la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública de Madrid contra la Privatización.

Los hechos
El 23 de septiembre, en la concentración frente al Hotel Ritz donde tenía lugar un acto dirigido a empresas privadas e instituciones financieras en el que la Consejería de Sanidad presentaba las oportunidades de negocio que les ofrece la sanidad pública, con una inversión inicial de 1000 millones de euros1, se inauguraba una nueva forma de movilización y de lucha contra la privatización de la sanidad.
Una concentración de 8.000 personas, cifra calculada estrictamente en función del espacio ocupado por los asistentes, convocadas por la recién creada 2 Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública de Madrid contra la Privatización y por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM).
La novedad con respecto a movilizaciones anteriores es la aparición en escena de la citada Coordinadora, una nueva organización que surge ante el silencio clamoroso del autodenominado "sindicalismo de clase" y de la izquierda política, y la percepción de que se está produciendo un rapidísimo y demoledor proceso de liquidación de la sanidad pública.
En Madrid no se ha producido ningún tipo – no ya de movilización contra la privatización – sino de la información más elemental por parte de estas organizaciones, mientras entraban en funcionamiento los nuevos hospitales en condiciones penosas con falta de personal y de recursos con graves repercusiones para la salud y la vida de los usuarios. Las convocatorias a finales de mayo y mediados de junio por parte de CC.OO. y UGT de algunas manifestaciones en la calle, con un seguimiento mucho mayor al esperable en función de los escasos recursos destinados a la propaganda de las mismas por parte de estos sindicatos– se enviaban por fax a los centros el día anterior – se centraron en reivindicaciones económicas o laborales marginales. Las decenas miles de personas, trabajadores y usuarios,que se manifestaron, hicieron caso omiso de los objetivos de los convocantes, y en sus consignas ampliamente coreadas, se centraron en la denuncia de la avalancha privatizadora.
La Coordinadora de Trabajadores asume directamente el objetivo de organizar a las trabajadoras y trabajadores de la sanidad desde la base y de construir la organización y el poder de movilización suficiente para, junto a las organizaciones sociales, parar la privatización, conseguir que se derogue la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión y las leyes regionales que amparan la privatización, y reconstruir una sanidad pública que excluya cualquier forma de negocio privado y tenga por objetivo satisfacer las necesidades de salud de toda la población. La Coordinadora se organiza mediante la creación de comisiones en cada centro de trabajo, adoptando la forma asamblearia para la toma de decisiones y publicando un Boletín Informativo quincenal muy sencillo y fácil de reproducir (un folio por las dos caras), que llega por correo electrónico a la totalidad de los centros y hospitales, con información rigurosa de las decisiones que la Consejería va adoptando y de sus repercusiones para trabjador@s y usuari@s – consciente de que la opacidad informativa es vital para extender la sensación de impotencia e impedir cualquier tipo de respuesta. Obvio es decir que los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial están hurtando la información que poseen tanto a sus afiliados como al resto de los trabajadores y a la población afectada.
Ante el riesgo que entraña una organización que no se subordina a los grandes poderes políticos y económicos decididos a degradar un servicio público esencial como la sanidad - tanto como exijan los objetivos de lucro de las empresas financiadas con dinero público - , que denuncia tanto al gobierno del PP que ejecuta la privatización, como al PSOE que gobierna el Estado y que votó a favor de la Ley 15/97 que permite la privatización, y que no se somete a la maraña de complicidades económicas y de pequeñas o grandes corruptelas que corroen a las burocracias sindicales, se han alertado todas las alarmas.
La última muestra ha sido que ante la receptividad de la convocatoria del día 23, decida en asamblea por la Coordinadora en el mes de julio, extendida sin medio económico alguno, pero reproducida por correo electrónico y difundida por los medios que cada mailto:trabajad@rtenía a su alcance a mailto:l@scompañer@s de trabajo y a usuarios y boicoteada por las organizaciones sindicales mayoritarias en la sanidad, el día antes de la concentración CC.OO. y UGT convocaron una rueda de prensa apropiándose de la convocatoria, sin mencionar a la Coordinadora 3 .
La "información" difundida en los grandes medios de comunicación fue que 1.500 personas se concentra ante el Hotel Ritz, convocadas por CC.OO y UGT. La Coordinadora emitió un comunicado de prensa 4 con video y fotos que, obviamente, no ha sido reproducido en los medios citados.
Los miles de personas que allí estuvieron, que comprobaron la fuerza, la combatividad e incluso la violencia contenida y el odio de algunas personas mayores que pretendían entrar como fuera a gritarles " carroñeros y ladrones" a los políticos y empresarios allí reunidos, y que coreaban consignas como: "Ley 15/97, derogación" y "El PP privatiza, el PSOE autoriza", comprobaron el papel de los medios de comunicación en un doble sentido: minimizar las movilizaciones que escapan a los objetivos del poder y atribuirlas a organizaciones controladas por el mismo.
El objetivo de este artículo es poner a disposición de compañer@s y colectivos una experiencia de organización y de lucha que les puede ser útil. mailto:L@smailto:trabajador@sde la sanidad, como mailto:l@sde cualquier otro sector, no somos gentes que pasivamente asistamos impasibles a lo que sucede con nuestras condiciones de trabajo. Percibimos – como trabajadores y usuarios – las dimensiones de la liquidación de un sector que trabaja directamente con algo tan trascendente como la salud y la enfermedad de la población. Eso es lo que nos quieren hacer creer organizaciones sindicales y políticas, supuestamente de izquierda, que para justificar su pasividad, dicen que " mailto:l@smailto:trabajador@spasan" y que la población asiste apática a la liquidación de sus derechos. La verdad es que esos argumentos apenas sirven para ocultar las vergüenzas de quienes han renunciado, en función de intereses personales y de complicidades injustificables, a cumplir la función de representación de mailto:l@smailto:trabajador@s
.
Es preciso reinventar formas de organización y de lucha. La experiencia de la Coordinadora de Madrid muestra que es posible organizar la movilización. La percepción de mailto:l@strabajadores y usuarios de las consecuencias concretas para el mantenimiento de sus puestos de trabajos, de sus condiciones laborales y, sobre todo, de su derecho a una sanidad pública y de calidad, son el terreno abonado para construir formas de organización y de lucha capaces de enfrentar la barbarie privatizadora.
La privatización de la sanidad es un proceso general, que viene de lejos
En todas las CC.AA del Estado se está produciendo un proceso, con velocidades e intensidad variables, de transferencia a las empresas privadas – constructoras, empresas financieras y aseguradoras privadas – de la gestión y la prestación de la asistencia sanitaria.
Es un asalto a un servicio público de primera necesidad por parte del capital privado que, en una situación de grave crisis económica, se refugia en la garantía que ofrece el dinero público y una clientela asegurada; cautiva, mas bien. El "riesgo y ventura" que el capitalismo aduce como justificación para la apropiación de beneficios se reduce aquí a cero.
Es la versión bis del escándalo de la transferencia de dinero público a bancos y aseguradoras en crisis que reedita a gran escala y con intensidad inédita el gran negocio del gran capital: privatización de beneficios y socialización de las pérdidas.
En el caso de la sanidad la obtención de beneficios privados a partir de la financiación pública ofrecida generosamente por los respectivos gobiernos regionales, independientemente de su composición política, se realiza de la única forma posible:
  • Mediante la reducción de pruebas diagnósticas, de remisiones a especialistas, altas hospitalarias precoces, disminución del gasto farmaceútico, etc
  • Reducciones de la cantidad y de la cualificación del personal sanitario
  • Seleccionando pacientes, es decir, deshaciéndose como sea de los no rentables: enfermos crónicos, personas mayores con patologías múltiples y pobres en general, en los que las necesidades sociales y sanitarias se multiplican
El "modelo" privado, de atención individual a la demanda que se generaliza implica el abandono de todas las actividades preventivas y de salud pública, precisamente las más eficaces para intervenir sobre las principales causas de enfermedad y de muerte y justo aquéllas consideradas no rentables para la gran mafia de la industria farmacéutica y de las aseguradoras privadas. Hay que añadir que no existe estudio alguno que acredite – por que es imposible – que la privatización ahorre gasto, manteniendo la calidad. Más bien todo lo contrario. Valgan algunos ejemplos absolutamente contrastados en multitud de países:
  • Los programas de actividades preventivas y de educación para la salud son capaces de intervenir disminuyendo significativamente la morbilidad y mortalidad por las principales patologías crónicas (infecciones. diabetes, hipertensión, cáncer, etc) y de reducir el consumo innecesario de medicamentos
  • La sanidad privada o las diversas fórmulas de gestión sanitaria con ánimo de lucro, multiplican por cuatro las intervenciones quirúrgicas consideradas de "dudosa indicación"
  • Las reducciones de personal y el alargamiento de jornadas tienen como consecuencias el aumento de la mortalidad, mayores índices de infecciones hospitalarias, más complicaciones, etc.
Pese a que todo ello es bien conocido por los políticos de turno y por la pléyade de gerentes y altos cargos de la sanidad , la privatización se generaliza. Los Ayuntamientos, independientemente del partido que les gobierne – el concepto de izquierda y derecha ha pasado a no significar absolutamente nada – ceden suelo público a empresas que se encargan de la construcción de nuevos hospitales y centros de salud y que os gestionan con evidente ánimo de lucro.
El modelo que se extiende es el de PFI (Iniciativa de Financiación Privada) mediante el cual las empresas que construyen nuevos hospitales – que no tienen otra justificación que detraer pacientes de hospitales públicos que se devalúan - reciben un canon calculado en función de la población atendida, financiado con dinero público durante 30 años, que supondrá recibir cuatro veces el gasto de la construcción, que se encargan de la gestión de toda la actividad "no sanitaria" - por ejemplo la esterilización se considera "no sanitaria" - que se subcontrata a otras empresas, y la explotación del espacio en el que se construyen aparcamientos, restaurantes, tiendas, etc.
A todo ello hay que añadir que no existe control de calidad que merezca tal nombre, ni por parte de las CC.AA, ni por el Ministerio de Sanidad, quien conserva las competencias de Alta Inspección y que , sobre todo, que si tuviera voluntad política, que no es el caso, debería intervenir para poner freno a tanta aberración
.
La pregunta es, ¿todo esto es legal, es constitucional?
Este interrogante se generaliza para trabajadores de la sanidad, que ven degradarse hasta límites insospechados sus condiciones de trabajo, las reducciones de plantilla vía despidos o no renovaciones de contrato a la gran cantidad de mailto:trabajdor@smailto:precari@sque existen en la sanidad y a mailto:usuari@sque asisten, uno a uno - cuando les toca – a la degradación de la calidad que viven con consecuencias dramáticas.
La respuesta es clara. La Constitución, que asegura el Derecho a la Propiedad Privada y a la Libre Empresa otorgando toda la protección del Estado y la posibilidad de reclamar esos derechos directamente ante los Tribunales de Justicia, establece que el Derecho a la Sanidad Pública, al igual que el Derecho al Trabajo , a la Vivienda, etc, son meros principios de política social y económica, interpretables por los gobiernos de turno. Es decir, papel mojado.
El proceso de preparación para la privatización, anterior a las transferencias a las CC.AA., fue ejecutado por el Gobierno PSOE. Tal y como planteaba el Informe Abril Martorell, se cambió la gestión económica y organizativa para identificar el coste por proceso – el gasto por cada actividad sanitaria - de forma que pudiera ser vendido a la empresa privada, la gestión por objetivos asistenciales no por resultados en salud, etc.. Los mecanismos de control de calidad nunca fueron aplicados.
La clave de bóveda de todo el proceso de privatización es la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión, que permite la entrada masiva de la empresa privada en la gestión y en la prestación de la asistencia sanitaria. Fue propuesta por el PP ante el Congreso de los Diputados en 1997, gobernando en minoría. La aprobación de esa Ley, piedra angular de la privatización sanitaria, requirió, y obtuvo, el voto del PSOE y de las derechas nacionalistas, con el único voto en contra de IU y el BNG.
Ante la presión popular creciente exigiendo la derogación de la Ley 15/97, que llevó a que militantes de PSOE plantearan enmiendas a los documentos de sus recientes Congresos, su dirección estatal ha elaborado un "argumentario" en el que intenta devaluar el alcance de esa Ley – y su responsabilidad directa en su aprobación - con el objetivo evidente de conseguir réditos electorales de la movilización ciudadana y señalando al PP como único responsable de la privatización 5.
¿Qué hacer?
Obvio es decir que nada de esto podría haberse llevado a cabo sin la complicidad de CC.OO, UGT (además del resto de sindicatos corporativos de la sanidad). Ambos sindicatos, que se llaman "de clase", si se hubieran comportado como tales deberían haber movilizado a los trabajadores de la sanidad, al conjunto de la clase obrera y al pueblo en general, ante un auténtico proceso de demolición de conquistas históricas del movimiento obrero y de las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad.
Nada se puede esperar de estas cúpulas sindicales. Las evidencias de sus vinculaciones económicas y corruptelas con los gobiernos de turno, sea cual sea su color, cada vez son más patentes. Ello no quiere decir que debamos prescindir de la experiencia, la conciencia de clase y la voluntad de trabajo de militantes honestos de estas organizaciones. Lo que es evidente es que el desprestigio ante la mayoría de mailto:l@smailto:trabjador@s, ganado a pulso de las burocracias sindicales exige construir formas nuevas, en las que – desde el principio – la democracia, la voluntad de lucha y la búsqueda de unidad desde la base, reconstruyan el poder real que tenemos, organizados y unidos, los trabajadores.
En cada CC.AA. las condiciones y las peculiaridades de los procesos de privatización son diferentes. En función de la experiencia vivida hay que afirmar que las transferencias sanitarias han sido otra enorme estafa y que, lejos de acercar la gestión a las necesidades de la ciudadanía, han servido para crear más burocracias al servicio de mafias locales vinculadas a los poderes políticos de turno y facilitar la desmembración de la sanidad y su privatización.
Frente a ellos, trabajadores y trabajadoras de la sanidad, la clase obrera en su conjunto y los usuarios, tenemos dos tareas complementarias:
  1. A nivel de Comunidad Autónoma, provincia, pueblo, barrio y centro sanitario: crear organizaciones de base de mailto:l@smailto:trabaadr@sfrente a los despidos, a la precarización progresiva de la sanidad pública, a la degradación y la violencia profesional que supone supeditar la atención sanitaria a los objetivos de lucro privado, y de los usuarios que sufren directamente las consecuencias de la subordinación de la calidad y la seguridad de la asistencia al negocio de las empresas.
  2. En el conjunto del Estado: sobre la base de la construcción de formas de organización y de lucha de mailto:trabajador@sy mailto:usuari@sen cada Comunidad Autónoma, articular una Plataforma Estatal contra la privatización, para exigir la derogación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, que ampara y legaliza todo el proceso de privatización y por la construcción de un sistema sanitario, y de salud pública, de financiación, gestión y provisión de servicios estrictamente público, con participación democrática de trabajadores y usuarios en la toma de decisiones, y que responda a las necesidades de salud de la población.
Madrid, 28 de septiembre de 2008
2Dicha Coordinadora se constituyó el 12 de junio de 2008 en una asamblea a la que asistieron 140 trabajadores y trabajadoras, sanitarios y no sanitarios, de la práctica totalidad de hospitales – grandes y pequeños de la Comunidad de Madrid, de numerosos centros de salud, de salud mental, de centros de la Consejería de Sanidad, etc. Los principios de funcionamiento y objetivos por los que la Coordinadora se constituye pueden consultarse en: http://misaludnoesunnegocio.net/blog7.php/2008/06/15/nace-en-madrid-la-coordinadora-de-trabaj-1

5 Casmadrid ha elaborado recientemente un documento en el que se desmonta con claridad meridiana todo el "argumentario" del PSOE. Puede verse en http://www.casmadrid.org/ en la sección de documentos.

Ángeles Maestro, Rebelión