El uso perverso de las palabras

La escritura no nació ni para la poesía ni para la ciencia ni para las cartas de amor. Como decía el antropólogo Claude Lévi-Strauss, “la función principal de la escritura antigua era facilitar la esclavización de otros seres humanos”. Al igual que otras tecnologías, la bendita palabra escrita se inventó como una herramienta de dominación: como un instrumento al servicio de los reyes y sacerdotes sumerios, que usaban a sus escribas para cobrar impuestos, contar esclavos, sacos de trigo y cabras, y administrar un imperio en expansión.

El arte y el conocimiento llegaron a los libros mucho después. Pero los usos perversos del lenguaje como palanca para el control social aún siguen ahí, aunque ahora el más preocupante es otro: la propaganda. Cualquier manipulación empieza siempre en el diccionario. Por eso llaman “gasto” al dinero invertido en guarderías, o en salud, o en pensiones, pero califican como “inversión” a cualquier presupuesto empleado en infraestructuras, aunque sean tan inútiles como esos trenes AVE que hasta hace nada circulaban casi vacíos entre Toledo y Albacete.

La última de esas trampas en la lengua aún no está en el diccionario de la RAE, pero ya es de uso común: el “copago”. Nombran así a un modelo de sanidad pública como el que ahora estrenará Italia: 25 euros por cada visita a urgencias, otros 10 por cada cita con el especialista. Lo llaman copago y no lo es: la palabra correcta sería “repago” porque la sanidad ya la pagamos a través de los impuestos. El llamado copago consiste, para entendernos, en que paguen más por la sanidad los enfermos, y no los que más ganen. Es un impuesto indirecto que grava a la enfermedad y a la vejez.

Ignacio Escolar

Público

http://www.escolar.net/MT/archives/2011/07/el-uso-perverso-de-las-palabras.html

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Golpe de Estado también en los medios de comunicación

La confusa tormenta en torno a RTVE por el control sobre sus servicios informativos no se hubiera producido si el gobierno de Zapatero hubiera cumplido su promesa de constituir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), incluido en la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Es competencia del CEMA «garantizar la independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio y televisión». Y la ley de la radio y de la televisión de titularidad estatal obliga a los miembros del Consejo de Administración de RTVE a «cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la autoridad audiovisual». Sin el CEMA, no hay supervisión de las decisiones del Consejo de Administración de RTVE como tampoco sobre las empresas comerciales de radio y de televisión porque también es competencia del CEMA «garantizar la transparencia y el pluralismo del sector de los medios de comunicación audiovisual».

El gobierno de Zapatero anunció en junio que iba a iniciar los contactos con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para la elección inmediata del presidente, el vicepresidente y los siete consejeros del CEMA. El PSOE justifica la paralización de la formación del CEMA por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PP que quiere cambiar la ley para eliminar la autoridad audiovisual independiente. No es cierto. Para constituir el CEMA es necesaria una mayoría de tres quintos pero, para evitar el bloqueo, la ley establece que, pasados dos meses sin acuerdo, se puede formar por mayoría absoluta. El gobierno de Zapatero tenía esa mayoría en el Congreso.

El CEMA no existe porque Zapatero no quiso enfrentarse ni al PP ni a los empresarios de la radio y de la televisión que tampoco quieren una autoridad audiovisual independiente que supervise sus negocios.

Con la mayoría parlamentaria que se supone que conseguirá el 20 de noviembre, un gobierno del PP eliminaría la posibilidad del CEMA, institución con la que cuentan los países más importantes de la UE. El CEMA es (¿era?) lo único positivo de la Ley General Audiovisual, tal y como se está aplicando.

Impunidad de los negocios, reducción del servicio público y bloqueo de las iniciativas sociales

En 1949, Einstein denunciaba «una oligarquía del capital privado cuyo inmenso poder controla, de forma directa o indirecta, las principales fuentes de información, lo que hace tremendamente difícil para el ciudadano particular, y en muchos casos realmente imposible, llegar a conclusiones objetivas y usar inteligentemente sus derechos políticos». Así estamos ahora en España. La democratización de los medios de comunicación es el complemento imprescindible de la reforma de la legislación electoral para que cada voz y cada voto valgan lo mismo.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual no garantiza lo que anuncia y se convierte de hecho en un código comercial que ampara la impunidad empresarial e informativa del duopolio Tele 5 / Antena 3 que, bajo control financiero internacional, se está apropiando de las audiencias y de la publicidad.

La ley anuncia un reparto equitativo de las licencias entre los negocios audiovisuales, el servicio público y las iniciativas sociales, mal llamadas comunitarias. Pero impone una modificación fundamental: de la anterior definición de la radio y la televisión como «un servicio público esencial» pasa a su consideración como «un servicio de interés económico». Y su articulado favorece la ausencia de control sobre los negocios audiovisuales (¡impunidad absoluta si el PP elimina el CEMA!), la reducción del servicio público y el bloqueo de las iniciativas sociales.

La ley limita lo público a un 30%, entrega el 70% de las licencias a los negocios y recluye en la dimensión municipal a las radios y a las televisiones de iniciativa social, con tremendas limitaciones además para su alcance y financiación. Además de que el PP quiere reducir en un 25% el presupuesto de RTVE, hay en la ley dos trampas contra el servicio público y las iniciativas sociales. Dos disposiciones transitorias. Una que permite con su eliminación (lo que hará el PP con mayoría parlamentaria) que los gobiernos de las comunidades autónomas puedan cerrar, privatizar o entregar a la gestión comercial sus canales de radio y de televisión. Y la segunda que permite imponer por decreto ley la regulación de las iniciativas comunitarias. Si se vuelve a reducir el tamaño y la capacidad de producción de RTVE, se elimina el carácter de servicio público de las autonómicas y se impide la creación de radios y televisiones de iniciativa social, el sistema de medios audiovisuales quedará definitivamente dominado por los negocios de Antena 3 y Telecinco.

Derecho de acceso

La eliminación del CEMA significa también el bloqueo definitivo del derecho de acceso que establece la Constitución y que obliga a todas las radios y televisiones de servicio público a repartir espacios de libre disposición entre los partidos más pequeños,los sindicatos y las organizaciones sociales.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual encarga precisamente al CEMA que garantice la aplicación del derecho de acceso, bloqueado por el PSOE y el PP. Como ahora no hay CEMA, no se puede reclamar su amparo para conseguir ese derecho. Si el PP modifica la ley para eliminar el CEMA, nunca habrá derecho de acceso.

Sin derecho de acceso, con un servicio público de tamaño bonsái y bloqueadas las iniciativas sociales audiovisuales, la información quedará dominada por los negocios en complicidad con el bipartidismo. Una estrategia que forma parte del golpe de Estado contra la democracia para someter la voluntad popular y la soberanía nacional bajo los intereses de los bancos y de las grandes empresas.

J.M.Martín Medem

Crónica Popular

http://www.cronicapopular.es/?p=1164

Servicios Públicos. Enseñanza pública y democracia

En un artículo sobre la insensatez de unas políticas de austeridad que en lugar de remediar la crisis lo que hacen es perpetuarla, Paul Krugman señalaba que la parte fundamental de los recortes en gasto público recae sobre la educación, aunque “dejar sin trabajo a cientos de miles de maestros no parece el mejor modo de conquistar el futuro”.

Lo más grave es que estos recortes se nos presentan como una medida transitoria, como una consecuencia obligada de la crisis, superada la cual todo volverá a ser como antes, cuando en realidad hay motivos fundados para sospechar que de lo que se trata es de aprovechar la crisis para realizar una “reforma de la educación” en la que sólo se mantenga como gratuita una enseñanza destinada a formar peonaje, mientras la formación superior se reservará a quienes puedan costearse las elevadas tasas que habrán de exigir unas universidades que recibirán cada vez menos recursos públicos.

Esto se ha podido ver con claridad en el caso de Estados Unidos, donde el movimiento de “reforma” comenzó mucho antes de la crisis, con el objetivo declarado de reemplazar la educación pública por la concertada. Como ha declarado Teri Adams: “Nuestro objetivo final es cerrar las escuelas públicas y dejar tan solo escuelas privadas, devolviendo la responsabilidad por el pago a los padres y a organizaciones privadas de beneficencia”.

Estas “organizaciones privadas” son fundaciones “benéficas” como la Bill and Melinda Gates Foundation, que figura en primera línea en la lucha contra la escuela pública y a favor de escuelas gestionadas con criterios empresariales, donde los profesores, sometidos a unas condiciones de contratación precarias, están destinados a la tarea de comunicar unos contenidos previamente fijados, en una enseñanza que aspira tan solo a transmitir conocimientos puntuales, cuya adquisición pueda controlarse con exámenes y pruebas. Muchas de estas escuelas concertadas confían a empresas especializadas las tareas de contratar al profesorado, desarrollar los programas de estudio y mantener la disciplina.

Con programas semejantes actúan la Walton Family Foundation (de los propietarios de los almacenes Wal-Mart, la mayor empresa privada del mundo por el número de sus empleados, que se ha distinguido siempre por su oposición a los sindicatos), la Broad Foundation (ligada a AIG) o la Dick and Betsy DeVos Foundation (de los propietarios de Amway; Betsy DeVos es hermana de Erik Prince, el fundador de la empresa militar Blackwater, responsable de numerosos crímenes en Irak y Afganistán).

Que el propósito de la “reforma de la educación” sea desarrollar un sistema eficaz de adoctrinamiento de valores resulta todavía más visible en la universidad, donde la escasez creciente de los recursos públicos favorece la actuación de fundaciones empeñadas en realizar el programa, que la Universidad de Cervera defendía ya en 1827, de combatir contra “la peligrosa novedad de discurrir”.

En este terreno destaca la actuación de Charles Koch, propietario de una de las mayores fortunas de Estados Unidos, que rechazó la sugerencia de Warren Buffett de que los ricos pagasen más impuestos, porque prefiere emplear su dinero en actividades como las de financiar candidatos de derechas en las elecciones o influir en la enseñanza superior de la economía y en combatir desde la universidad los estudios acerca del cambio climático, para evitar que se implanten unos controles ambientales que perjudicarían a sus industrias, que figuran entre las más contaminantes de Estados Unidos.

Se ha dicho que controla en la práctica la George Mason University, donde el vicepresidente ejecutivo de Koch Industries, Richard Fink, enseña en la facultad de Economía, y se sabe que financia proyectos y becas en otras muchas. En Troy University, por ejemplo, participó en una donación de 3,6 millones de dólares destinada a crear un centro de economía dedicado a combatir la idea de que las crisis económicas se pueden evitar regulando los mercados.

En el caso de la Florida State University consta que la Fundación Charles Koch ofreció millones de dólares para el departamento de Economía, a condición de que los candidatos contratados para enseñar debían ser aprobados por un comité designado por la fundación (que rechazó a un 60% de los sugeridos por la universidad) y de que podría retirar los fondos si no estaba de acuerdo con los resultados alcanzados.

A lo que conduce una evolución semejante de la enseñanza se puede advertir en lo ocurrido en Chile, donde la privatización realizada por Pinochet, que los gobiernos de la Concertación dejaron sin enmienda, ha dado lugar a que lo que empezó como una protesta de los estudiantes, quejosos de una educación que “se sigue reduciendo al entrenamiento de habilidades funcionales para el mundo laboral y debilita la formación de personas que puedan convertirse en ciudadanos y ciudadanas activos y críticos”, ha acabado transformándose en un conflicto social de gran amplitud.

Que las cosas se están planeando entre nosotros con las mismas intenciones lo revelan las palabras de Esperanza Aguirre, que anuncian un futuro en que, con crisis o sin ella, “no toda la enseñanza” va a ser gratuita.

Defender hoy la causa de la enseñanza pública contra una reforma disfrazada de austeridad es una condición necesaria para preservar mañana la democracia.

Josep Fontana. Historiador.
Público
http://blogs.publico.es/dominiopublico/4037/ensenanza-publica-y-democracia/http://blogs.publico.es/dominiopublico/4037/ensenanza-publica-y-democracia/

Educación. "La muerte de las universidades"

¿Están a punto de desaparecer las humanidades de nuestras universidades? La pregunta es absurda. Sería como preguntar si está a punto de desaparecer el alcohol de los pubs, o la egolatría de Hollywood. Igual que no puede haber un pub sin alcohol, tampoco puede existir una universidad sin humanidades. Si la historia, la filosofía y demás se desvanecen de la vida académica, lo que dejarán tras de sí serán instituciones de formación técnica o institutos de investigación empresarial. Pero no será una universidad en el sentido clásico del término, y sería engañoso denominarla así. 

Tampoco, empero, puede haber una universidad en el sentido pleno del término cuando las humanidades existen aisladamente de otras disciplinas. La manera más rápida de devaluar estas materias – aparte de deshacernos enteramente de ellas – estriba en reducirlas a un agradable complemento. Los hombres de verdad estudian Derecho e Ingeniería, mientras que las ideas y valores están para los mariquitas. Las humanidades deberían constituir el núcleo de cualquier universidad digna de ese nombre. El estudio de la historia y la filosofía, acompañado de cierto conocimiento del arte y la literatura, debería contar tanto para abogados e ingenieros como para quienes estudian en facultades de artes. Si las humanidades no se encuentran tan gravemente amenazadas en los Estados Unidos es, entre otras cosas, porque se contemplan como parte integral de la educación superior como tal.

Cuando surgieron en su actual configuración a finales del siglo XVIII, las llamadas disciplinas humanas tenían un papel social crucial, que consistía en nutrir y proteger la clase de valores para los que un orden social filisteo tenía poco de su precioso tiempo. Las humanidades modernas y el capitalismo industrial estuvieron más o menos emparejados al nacer. Para conservar un conjunto de valores e ideas asediados, hacían falta entre otras cosas instituciones conocidas como universidades, apartadas de algún modo de la vida social de todos los días. Ese apartamiento significaba que el estudio humano podía ser lamentablemente inútil. Pero permitía asimismo a las humanidades emprender la crítica del saber convencional.

De vez en cuando, como a finales de los años 60 y en estas últimas semanas en Gran Bretaña, esa crítica se lanza a la calle, y se dedica a confrontar cómo vivimos en realidad con como podríamos vivir.

De lo que hemos sido testigos en nuestro tiempo es de la muerte de las universidades como centros de crítica. Desde Margaret Thatcher, el papel de mundo académico ha consistido en servir al status quo, no en desafiarlo en nombre de la justicia, la tradición, la imaginación, el bienestar humano, el libre juego de la mente o las visiones alternativas de futuro. No cambiaremos esto simplemente con una mayor financiación de las humanidades por parte del Estado, por oposición a un recorte que las deje en nada. Lo cambiaremos insistiendo en que una reflexión crítica sobre los valores y principios debería ser central para cualquier cosa que acontezca en las universidades, y no sólo el estudio de Rembrandt o Rimbaud.

En última instancia, las humanidades sólo pueden defenderse poniendo de relieve cuán indispensables son; y esto significa insistir en su papel vital en el conjunto del aprendizaje académico, en lugar de protestar diciendo que, como a algún pariente pobre, cuesta poco alojarlas.

¿Cómo puede lograrse esto en la práctica? Financieramente hablando, no ha lugar. Los gobiernos están empeñados en reducir las humanidades, no en extenderlas.

¿Pudiera ser que invertir demasiado en enseñar a Shelley significase quedar rezagados respecto a nuestros competidores económicos? Pero no hay universidad sin indagación humana, lo que significa que las universidades y el capitalismo avanzado son fundamentalmente incompatibles. Y las implicaciones políticas que eso conlleva van bastante más allá de la cuestión de las tasas estudiantiles.

Terry Eagleton

http://www.guardian.co.uk // Rebelión

Fuente: http://salonkritik.net/10-11/2011/01/estan_a_punto_de_desaparecerla.php#more

La deuda asfixia a la educación europea

El acoso de los mercados y las crisis de la deuda han servido de pretexto para que numerosos Gobiernos europeos hayan decidido recortar la inversión en educación.

Las imposiciones de ajuste del déficit por parte del Banco Central Europeo se han cebado en los denominados por la prensa económica anglosajona PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España). Estos mandatos se han traducido en estos países, entre otras medidas, en dramáticas limitaciones de los presupuestos dedicados a la enseñanza.

Es la contradicción en la práctica con aquella idea de una economía europea basada en el conocimiento que entronizó el Tratado de Lisboa como factor diferencial para competir en el mercado mundial. Así, esta vez, no es sólo la educación superior la damnificada, como sucedió en las anteriores reformas.

Si en los últimos años se había acelerado el proceso de reconversión de los centros de educación superior en universidades-empresa, ahora se ha recortado la financiación en otros tramos de la educación. Las diferentes medidas han supuesto agresiones a la formación básica que van desde la disminución de docentes hasta la introducción, en Italia, de anuncios publicitarios en las aulas.

La tendencia a recortar en educación no es nueva, aunque se ha agudizado con la coyuntura actual. Tampoco es exclusiva de los denominados PIIGS, Lituania recortó en un 48% su presupuesto universitario en 2009 y otro 18% en 2010. Estonia, Irlanda, Croacia, la República Checa, Macedonia, Polonia, Serbia y Rumanía están haciendo ajustes severos de entre un 5% y un 10% en su inversión educativa, tal y como señala el informe publicado a principios de año por la Asociación de Universidades Europea (EUA).

Mientras que el Banco Central Europeo (BCE) imponía la austeridad, Androulla Vassiliou, comisaria de Educación de la UE, alertara en febrero de los peligros de recortar la inversión educativa. Estas advertencias, contradictorias con los imperativos del BCE de reducir la inversión social del Estado, no han impedido que en este 2011 se hagan recortes de 700 millones en la enseñanza secundaria italiana o casi 200 millones en la escuela portuguesa.

Italia e Irlanda, los pioneros

El caso de Italia es paradigmático por la rapidez con la que se ha producido el ajuste, y porque la enseñanza italiana ya había sufrido dos grandes recortes en los años anteriores. La primera Ley Gelmini , conocida así por ser impulsada por la ministra de Educación Maria Estella Gelmini, en 2008, supuso un recorte en los presupuestos educativos de 8.000 millones de euros y unos 130.000 despidos entre docentes y funcionarios universitarios. La segunda reforma Gelmini, aprobada en el otoño de 2010 , puso el acento del recorte en las becas a estudiantes y en profesores investigadores. Además, también supuso la introducción de un 40% de miembros de empresas privadas en el Consejo de Administración (máximo órgano de la universidad).

La dotación pública para la financiación de las becas disminuyó de 246 millones de euros a 25,7 millones, lo que supuso que el 80% de los estudiantes que tenían derecho a beca se quedará sin ella. Esta asignación en 2012 se rebajará hasta los 13 millones y las tasas en cinco años subirán más del 38%. La reforma rebaja en más del 20% los fondos destinados a la investigación académica en Italia. Afecta a los que llevan gran peso de la docencia, los investigadores: quienes después de seis años no hayan logrado un contrato abandonarán la universidad. Se va a reducir el número de profesores con el llamado turn over (de cada cinco personas que se jubilan, sólo se oferta una plaza).

En la enseñanza primaria, el esperpento llegó del consejo provincial de Barletyta, Andria y Trani (sur de Italia) que decidió abrir el melón de la financiación privada ofreciendo poner anuncios publicitarios en las aulas de las escuelas. Las empresas que paguen 69,80 euros más IVA pueden comprar una placa que se pondrá en bancos y sillas de los institutos.

Irlanda, otrora presentada como modelo, ha sido otra economía intervenida a instancias de la UE y el FMI. Nuevamente, los ajustes se han realizado sobre el sector público, incluyendo la educación. Así, entre otras medidas, el Gobierno irlandés recortó un 9,4% su presupuesto destinado a educación. Al mismo tiempo, las tasas universitarias se han llegado a multiplicar por cuatro, pasando de estar en una media de 500 euros anuales a rondar los 2.000.

Los ajustes de Grecia y Portugal

Grecia y Portugal, pioneros en el formato de rescates económicos auspiciados por la UE bajo control alemán, son buen ejemplo de cómo la inyección de liquidez en estas economías se hace a cambio de auténticos planes de choque sobre sus servicios públicos. A través de la coartada de la necesidad de controlar la deuda y el déficit público, la UE ha comprometido las “ayudas” a ambas economías a cambio de draconianos recortes en sus sistemas educativos.

En el caso de Portugal, la reducción de la inversión pública en educación se ha cifrado en 195 millones de euros, lo que ya significa una reducción del 8,5% del presupuesto estatal dedicado a educación. De éstos, 95 millones serán detraídos de los fondos destinados a la educación superior, lo que supone un 12,4% menos del presupuesto del año anterior.

Por otro lado, los recortes también están afectando a la contratación de personal. En el caso portugués, 37.000 profesores interinos quedarán fuera de sus plazas. De la misma manera, los recortes también van a afectar a las ayudas directas al alumnado en forma de reducción del programa de bolsas de estudio. Durante este curso, esta partida será recibida por 64.000 alumnos (12.000 menos que el curso anterior) y han sido rechazadas el 37,5% de las solicitudes (alrededor de 30.000).

En Grecia, sometida ya a un doble plan de rescate, el Gobierno del PASOK ha presentado a finales de julio un proyecto de reforma educativa en el marco del plan de austeridad más general destinado a cumplir con las obligaciones financieras impuestas por BCE, FMI y Comisión Europea. Este proyecto afecta a diferentes cuestiones del sistema educativo, especialmente del ámbito universitario. En su mayoría van dirigidas a tratar de “racionalizar” la estructura administrativa y de Gobierno de las universidades griegas (muy en línea con los planteamientos ministeriales en el Estado español recogidos en la Estrategia Universidad 2015).

Estas propuestas ya han sido criticadas por la Campaña Universidad Pública, que las considera destinadas a reemplazar los órganos académicos por “consejos de administración”. Pero el proyecto también viene a consolidar los recortes en los presupuestos para la universidad, que en 2010 descendieron en un 30% y en 2011 lo han hecho en otro 30%. Los recortes, además, afectarán de manera aguda al profesorado. Así, según denuncia también la Campaña Universidad Pública, “los nuevos nombramientos de personal docente seguirán a una ratio de uno por cada diez jubilaciones”. En cuanto a la financiación, el proyecto vuelve a introducir una cuestión central en la universidad griega, caballo de Troya en el pasado para el movimiento estudiantil: la financiación.

Así, el proyecto del Gobierno prevé introducir fórmulas de financiación privada y garantizar las matrículas gratis sólo los tres primeros años de universidad, abriendo las tasas a partir de ese año. Por último, la enseñanza obligatoria también se verá afectada por el tijeretazo. La reestructuración del sistema va a conducir a la fusión entre sí de casi 2.000 escuelas, lo que llevará al cierre de casi mil de ellas. Y, a su vez, se calcula que entre 3.500 y 4.000 profesores perderán su trabajo de forma directa por esta medida.

Los recortes en educación se propagan por los países europeos

Inglaterra sube sus tasas de forma espectacular

Hasta 9.000 libras (unos 10.500 euros) pueden llegar a pagar los estudiantes ingleses por un año de matrícula en las universidades públicas. La cuantía total de los recortes asciende a la espectacular cifra de 93.000 millones de euros. Miles de estudiantes tomaron al asalto la sede del partido conservador en la oleada de protestas por la reforma.

Letonia sufre el más draconiano de los recortes

En el 2009, las universidades públicas letonas tuvieron que hacer frente a una reducción del 48% de su presupuesto, a la que siguió, en 2010, otra reducción del 18%. Los profesores han visto reducidos los salarios, se han congelado las contrataciones y se han reducido las becas y servicios para estudiantes, también en los programas deportivos.

Estonia y Lituania se suben a la ola de tijeretazos

Los países bálticos han recibido recomendaciones de los organismos económicos internacionales para que disminuyan su inversión en educación. En Estonia la inversión cayó un 10% en 2010, continuación del 7% que ya había disminuido en 2009. En Lituania encadenan dos años consecutivos recortando el 8% de su presupuesto educativo.

Rumanía, Hungría y Bulgaria también recortan

En Rumanía, el recorte asciende a un 10% y se ha cebado principalmente con el salario de los profesores, que pasarán a cobrar 230 euros mensuales en lugar de 360. En Bulgaria, las tasas para los estudiantes universitarios han aumentado un 20%. En Hungría, se ha recortado la inversión prevista para las universidades en un 15%.

Los recortes balcánicos y la República Checa

La República Checa ha recortado un 5% de su presupuesto en 2011, pero en 2010 fue un 10%, esto se ha traducido en sueldos más bajos para los profesores y menos alumnos en las universidades. En los países balcánicos, los menos afectados, los porcentajes de ahorro oscilan en torno al 5%.

Joseba Fernández y Tomás Muñoz

Diagonal

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-deuda-asfixia-a-la-educacion.html

En defensa de la Sanidad Pública. Manifiesto

Manifiesto en defensa de la Sanidad Pública
(FADSP. Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública)

La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, pues supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están enfermos.

En los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio.

Esta tendencia internacional hacia el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos afecta a todos los países en mayor o menor medida. En España se observan intentos por avanzar en la privatización de un sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional, precisamente por su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo.

Sin embargo, la privatización no se realiza de la misma manera en todas las CCAA, porque depende, en gran medida, tanto de la voluntad política de los gobiernos autonómicos como de la capacidad de los ciudadanos y de las fuerzas sociales para evitarlo. Son las CCAA gobernadas por el PP donde se han producido ataques más serios contra la Sanidad Pública , como sucede en Madrid o Valencia, por citar solo las más significativas.

En esta campaña privatizadora juega un papel fundamental la estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público, cuando son los neoconservadores y neoliberales los principales responsables de esta situación mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, que con la disculpa de innovar, lo que en realidad buscan es poner por delante el ahorro, olvidando la calidad de la atención sanitaria.

Además, la introducción de formulas de gestión empresarial facilita la privatización de los centros, manteniendo la financiación con dinero público y olvidando que estas nuevas formas de gestión son modelos ya ensayados en el Reino Unido, donde han conseguido encarecer la construcción y puesta en marcha de los nuevos hospitales cuatro o cinco veces más que los del modelo tradicional. El funcionamiento de los mismos, con dos empresas distintas coexistiendo en el mismo centro, y el aumento de los gastos administrativos que supone el incremento de la burocracia, ha demostrado deficiencias importantes en cuanto al cuidado de la salud de los pacientes y un encarecimiento de los costes y problemas con la gestión, tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud.

Los grandes perdedores de estos cambios que se avecinan serán los ciudadanos, porque la calidad de los servicios sanitarios empeorará, y porque los modelos privatizados tienen unos costes muy superiores. Los ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales y, a la postre, una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se verá excluida de los sistemas sanitario. Recordemos el ejemplo de EEUU, donde 47 millones de personas no tienen derecho a ninguna atención sanitaria a pesar de ser el país del mundo que tiene un mayor gasto sanitario.

La falta de interés político por la Sanidad Pública se concreta en la masificación y en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, para las consultas de los especialistas, las pruebas diagnósticas y, mas recientemente, para los médicos generales y pediatras. Todo ello desde una política de premeditado descrédito de la Sanidad Pública , pues está claro que este es el primer paso para conseguir un apoyo ciudadano a su privatización.

Y se trata solo de los primeros pasos, puesto que hay una estrategia de avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficiencia.

Todavía estamos a tiempo de salvar un Sistema Sanitario que esta valorado entre los mejores del mundo, por la calidad de sus servicios y sobre todo por su carácter universal, gratuito y solidario. Por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y profesionales de la salud a movilizarnos en su defensa. No podemos permitir que la Sanidad Pública se convierta en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa de la salud de todos.

 Para adherirse al manifiesto :http://fadsp.com/manifiesto.htm

Servicios Públicos. "A cuestas con la Sanidad"

En España asistimos a una bochornosa situación, el recorte en los presupuestos generales del Estado destinados a sanidad. El problema se llama externalización, eufemismo para negar que asistimos a una privatización de recursos fiscales. Financiamiento público para lucro privado. Ese es el misterio. Hacerlo posible supuso crear una ley ex profeso, conocida como ley 15/1997, aprobada por el PSOE y el PP, y la complicidad de la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego. Dicha ley autoriza la gestión y administración de la salud a cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho; ese es el quid de la cuestión, facilitar la provisión de servicios sanitarios a cualquier empresa privada. 

Cabría esperar vergüenza torera cuando el objetivo apunta a desmantelar la sanidad pública. Pero se regodean, siendo habitual escuchar a los dirigentes de los grandes partidos políticos declarar con la boca chica que la sanidad pública no está en peligro, mientras a espaldas de la ciudadanía abren las puertas a entidades financieras y empresas constructoras, que espantadas de la crisis prefieren invertir sobre seguro en el área de la salud.

Varias son las formas utilizadas para legitimar el desembarco de los especuladores en sanidad. La primera, una tríada, señalar el colapso, la ineficacia y la insostenibilidad del actual modelo de salud pública, obliga a una reforma en profundidad si se quiere gozar de un sistema eficiente y seguro. Una vez introducido el tridente argumentativo, se habla del despilfarro y el gasto compulsivo fruto de una mala gestión. Lo mejor es racionalizar los recursos. palabra mágica. Lo dicho justifica cerrar los centros menos rentables y vender las instalaciones para recaudar fondos y aminorar el déficit público. Edificios, centros de salud, laboratorios, incluso hospitales son rematados o alquilados. Sólo en Cataluña se han clausurado las urgencias nocturnas en más 40 centros de asistencia primaria, todos ellos en barrios populares.

Se despiden médicos, enfermeras y personal auxiliar o bien no se convocan nuevas plazas. Muchos galenos y enfermeras emigran. Alemania, Gran Bretaña y Suecia son destinos preferentes. El deterioro provocado de la Sanidad Pública se explica por la anteriormente citada ley 15/1997, que incorpora el concepto beneficios privados en la gestión y administración de la salud. La ecuación ya no tiene secretos. La incógnita se despeja fácilmente. Una sociedad enferma es rentable para los empresarios.

Un informe elaborado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública (CAS) descubre qué empresas invierten en salud, y no son otras que Dragados-ACS, SACYR, Accciona, Begar-Plader, FCC-Madrid, Hispania y Apax-Partners. Antes de la crisis lo hacían en instalaciones deportivas, carreteras, torres de apartamentos, complejos turísticos, campos de golf; hoy sus ganancias provienen de la gestión y explotación de la sanidad pública. El negocio es redondo. Las cifras cantan. En Majadahonda, un pueblo de Madrid, el coste de construcción más equipamiento de un hospital con capacidad para 615 camas suma la cantidad de 221 millones de euros. La Comunidad de Madrid pagará durante 30 años a sus constructores, Dragados, un alquiler anual de 45 millones. Finalizado el periodo, Dragados se habrá embolsado la suma de mil 350 millones de euros, sin contar los beneficios por explotación de servicios complementarios, cafetería, aparcamiento, lavandería y otros. En siete años, los inversores recuperan costes y los otros 27 representan beneficios brutos. Pero nadie repara en la corrupción. El costo económico del proyecto ha superado en cuatro veces el valor real de haber sido construido por la comunidad. Y lo más grave, su puesta en funcionamiento, coincide con el cierre de otros servicios y camas en hospitales públicos aledaños, con lo cual no hay una mejora de atención para la ciudadanía y los pacientes.

La decisión política de privatizar se centra en una frase: no hay dinero público para obras de infraestructura sanitaria. Sin embargo, otro informe señala la falsedad del argumento. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, gastó 620 millones de euros en publicidad institucional entre 2008 y 2011. Cifra equivalente al costo global de los ocho hospitales que se han levantado durante su mandato, recurriendo a la iniciativa privada. En definitiva ha entregado la hacienda pública para ser esquilmada por constructores sedientos de dinero. En los hechos, el pueblo madrileño pagará cinco veces el valor real de las instalaciones.

Hacer de la salud un negocio ha llevado a introducir criterios perversos como el copago. Además de los impuestos que todo ciudadano paga en su declaración de la renta, se cobra una tasa cada vez que se acude al médico, sea general o especialista. Los verdaderos beneficiados de este sistema son las compañías privadas de seguros médicos. El argumento es pueril: es preferible pagar a una empresa privada y garantizarse la cobertura total y no depender de un sistema público colapsado e ineficiente. Para el capitalismo todo puede calcularse en términos de costes y beneficios. Si la salud da dividendos, debe ser privatizada. Por esta razón y no otra, altruista o de compromiso social, los dueños del dinero invierten en la construcción de hospitales, su gestión y administración.

En España, desde hace más de una década, se ha apoderado de la sanidad pública un grupo de 10 constructoras privadas. Saben dónde está el dinero y entran a saco. Años atrás su fuente de ingresos provenía de la construcción de autopistas de peaje, aeropuertos y viviendas de lujo. Hoy son megaproyectos y las inversiones en sanidad lo que les ofrece pingües beneficios. El resultado de privatizar la sanidad es nefasto. Las desigualdades se amplían, y la brecha entre ricos y pobres se profundiza. Así, pasamos de un Estado del bienestar con servicios de salud de amplia cobertura a un Estado de beneficencia con salud para ricos y pobres. Unos podrán pagar y acceder a mejores servicios y la mayoría de las clases populares deberán conformarse con una sanidad degrada por voluntad política. La sociedad será injusta, enferma y débil. Pero ese no es un problema para los coyotes de la sanidad, al contrario, es la solución perfecta para seguir ganando dinero, esta vez a costa de la salud.

Marcos Roitman Rosenmann

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2011/09/17/opinion/022a1mun

Argumentos para combatir el tópico de la insostenibilidad del Sistema Nacional de Salud

El Observatorio Sanitario de Madrid (OSM), de la Asociación para la defensa de la Sanidad Pública de Madrid, ha publicado un argumentario para combatir el tópico de la insostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En su web dicen lo siguiente:

“Desde hace meses arrecian los mensajes interesados en la construcción de un tópico: “La Sanidad Pública resulta tan costosa que no podemos sostenerla”. Recortes en las prestaciones, copagos y privatizaciones son las recetas propuestas por los corifeos de las empresas de seguros, de tecnologías sanitarias y por los partidos de derechas, que desearían poder repartir como beneficios parte de los miles de millones que mueve la financiación, contratación y provisión de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).”

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18-S. En defensa de los Servicios Públicos. Comunicado de Attac Murcia

 18-S.

En defensa de los Servicios Públicos.

Comunicado de Attac Murcia

Los servicios públicos se establecieron para satisfacer las necesidades de las personas, no para la especulación y el beneficio económico y no pueden regirse por criterios de rentabilidad sino de interés social. De acceso universal, mantenidos por una fiscalidad solidaria, representan uno de los derechos sociales más significativos  alcanzados por la ciudadanía a lo largo de la historia y son indispensables para luchar contra las desigualdades sociales y territoriales.

La provisión de los servicios públicos se desarrolla en base a las necesidades sociales del ciudadano y no en su capacidad de pago, según las leyes del mercado. Por su propia naturaleza de bien público, no deben ser liberalizados ni privatizados.

El sector de los servicios (sanidad, educación, turismo, etcétera) es el mayor y de más rápido crecimiento de la economía mundial. Aporta el 60 por ciento del producto total y genera altos porcentajes de empleo.

En base a estos principios, defendiendo que los Servicios Públicos son un derecho y no un negocio, Attac Murcia se opone radicalmente a cualquier intento de recorte ó privatización y por  tanto al deterioro de la calidad y condiciones básicas de vida de la ciudadanía. Attac Murcia quiere manifestar públicamente su apoyo y adhesión a la movilización /manifestación en defensa de los Servicios Públicos que tendrá lugar el próximo domingo en Cartagena convocada por diferentes colectivos y organizaciones.

Attac Murcia

http://www.attacmurcia.blogspot.com/

attacmurcia@gmail.com

 

Manifestación 18 septiembre.
19h Alameda San Antón .Cartagena  
No a la privatización. Servicios públicos y de calidad.
Convocatoria 15-M Región de Murcia

El valor de la educación

Cada vez está más claro que nuestra riqueza nacional obtenida en los largos años dorados del boom inmobiliario no fue a parar a la educación. La educación, como podemos comprobar un día sí y otro también, no es una de nuestras glorias nacionales, a diferencia, por ejemplo, del fútbol o, hasta no hace mucho, de los toros. Y aunque los políticos suelen hablar de la educación, la mayoría de ellos no sienten ninguna devoción hacia ella y prefieren, por el contrario, estimular la ignorancia, la burricie y la estupidez.

Es un privilegio que no puede dejarse en manos de burócratas que desprecian a los profesores

La educación en España provoca mucho ruido y poco debate. En términos generales, nuestros políticos sienten atracción por el poder, la comunicación, es decir, salir mucho en los medios, y por sus votantes, aunque solo por los más fieles. Como para lograr todo eso no necesitan estudiar, sentir el amor por el conocimiento, la educación les trae sin cuidado. Hablan, eso sí, de formación, pero, en realidad, quieren decir preparación, adquirir crédito profesional a través de un título, ganar dinero fácil y con rapidez. La formación es otra cosa.

Como ocurre con casi todo en la vida, no hay una única y simple verdad sobre la educación, pero hay un acuerdo bastante básico entre los especialistas en señalar que la educación significa el desarrollo integral de los individuos más allá de la preparación profesional, algo que incluye necesariamente comprender la naturaleza de las cosas y el mundo que nos rodea. La educación es una guía imprescindible para captar los entresijos de la sociedad tan compleja que hemos creado. Conocimiento, respeto por las personas y ambición por ampliar los estrechos horizontes de la pequeña comunidad de vecinos, familia y amigos en la que cada uno habitamos. Esas son tres cualidades básicas de la educación.

Con el trasfondo de la cruda crisis económica y de las altas tasas de paro que padecemos, a muchos les gusta repetir hasta la saciedad que nunca ha habido una generación tan bien formada como los jóvenes en la actualidad, lo cual, vista la historia de España de la mayor parte del siglo XX, no significa gran cosa. Ese tópico, un lugar común bastante generalizado también en los medios de comunicación, en las tertulias y en la calle, es el resultado, por un lado, de la confusión entre preparación profesional, aunque sea chapucera, y formación; y por otro, de un desconocimiento agudo y preocupante de lo que significa la educación.

Una persona educada debe ser capaz de pensar y escribir con claridad, comunicar con precisión y pensar críticamente, algo que debería ser un requisito imprescindible para los estudiantes universitarios. No hace falta conocer mucho las universidades españolas ni ser un especialista en educación para comprobar lo lejos que estamos de esa primera y fundamental premisa.

Una buena educación, además, debe proporcionar una apreciación crítica de las formas en que obtenemos el conocimiento y la comprensión de la sociedad, conocimientos básicos de los métodos experimentales de las ciencias, de los logros sociales, artísticos y literarios del pasado, de las principales concepciones religiosas y filosóficas que han guiado la evolución de la humanidad. No se puede ser provinciano, solo del pueblo o ciudad donde uno ha nacido, sin aspirar a aprender de verdad otros idiomas, ignorando a las otras culturas o los hechos históricos que han contribuido a configurar el presente. La educación debería servir también, por supuesto, para adquirir especialización o formación profesional en algún campo de conocimiento. De una persona educada, en fin, se espera que tenga algún conocimiento sobre los problemas éticos y morales, en constante cambio, que pueda ayudarle a formarse un juicio sólido y elegir entre las diferentes opciones.

El salto de la mera preparación, de un conocimiento informado, a una apreciación crítica de las cosas, a la formación profunda, puede resultar una ambición inalcanzable, pero hay que perseguirla con ahínco a través del estudio continuo, del estímulo del hábito de la atención, del arte de la expresión y del pensamiento crítico. Desarrollar los poderes del razonamiento y del análisis no es algo que se estimule mucho entre nosotros, dominados como estamos por la mentalidad de los tecnócratas y de los corredores de Bolsa, que animan a obtener beneficios inmediatos, con un desconocimiento supino de lo que significa organizar la enseñanza a largo plazo.

La educación es un privilegio que no puede dejarse en manos de los burócratas, de los amantes de las estadísticas y del currículo, de quienes desprecian a los profesores y limitan su autoridad ante los alumnos, los padres y la sociedad en general. En los tiempos en que vivimos, rodeados de ordenadores y tecnología moderna, la información puede adquirirse sin demasiada dificultad. La educación necesita mucho más, aunque en España todavía no nos hayamos enterado.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

El País

http://www.elpais.com/articulo/opinion/valor/educacion/elpepuopi/20110915elpepiopi_5/Tes

Educación. "No somos delincuentes. ¿Y ellos?"

Soy profesora de Secundaria. Funcionaria. Y no me arrepiento de ello. Tampoco tengo sentimientos de culpa. Es más, no estoy escribiendo esta carta con la intención de justificarme ni de dar explicaciones acerca de mi jornada laboral, las tareas que realizo o el sueldo que gano. Quien esté interesado acerca de esos detalles, que consulte los boletines oficiales. Lo digo más que nada para ir ahorrando tiempo y que quien guste de seguir la moda imperante de condenar a la hoguera a todo aquel que se dedique a la enseñanza no pierda unos preciosos minutos buscando argumentos y contra argumentos en este escrito. 

Soy una trabajadora como otra cualquiera. Accedí al puesto que ocupo tras un considerable esfuerzo e inversión. A cambio, tengo un trabajo para toda la vida. No pido perdón por ello (siento decepcionarles de nuevo). Por el contrario, un trabajo estable es lo que considero que debería tener todo el mundo. También tengo exigencias y desventajas que no tienen otros trabajadores. Al respecto, he luchado desde que tengo uso de razón y seguiré luchando para que esas condiciones, así como las condiciones laborales de cualquier otro trabajador, mejoren. 

Como trabajadora, cumplo con mis funciones y recibo un salario a cambio. No quiero no dar más horas de clase, quiero dar menos. Quiero que en los centros de enseñanza públicos haya mucho personal, muchos recursos, grupos pequeños, profesores que no atiendan a más de 50 alumnos diferentes... Quiero que mi jornada laboral sea razonable, entendiendo por razonable no que se me exprima al máximo posible, sino que me permita, además de trabajar, atender adecuadamente a mi familia, cuidar y educar a mis hijos, estudiar, viajar, ser más culta, descansar... Quiero tener dos meses de vacaciones como mínimo, yo y todos los demás trabajadores. Y que todos podamos disponer de residencias de tiempo libre públicas, de centros de formación públicos, de bibliotecas y ludotecas públicas en las que ocupar nuestro tiempo y crecer como personas. Públicas, digo, no gratis. Pagadas por todos y para todos, como es lo público. 

No quiero que no me bajen el sueldo otra vez. Quiero que me lo suban. A mí y a todos los trabajadores. Quiero que se repartan el trabajo y la riqueza. Que los padres y las madres no exijan que los colegios abran de siete de la mañana a nueve de la noche para que sus niños estén recogidos mientras ellos agotan sus vidas en jornadas laborales interminables. Quiero que su exigencia y su derecho sean los de trabajar cinco horas diarias como máximo y poder ser ellos los que pasen con sus hijos el resto del día. 

Hay riqueza para todo eso. Es mentira que no la haya. La riqueza de un país es su gente, sus recursos, su capacidad de crear, de construir, de organizar, de decidir y de compartir. Pero no hay riqueza para repartir si el juego consiste en que todo esté en manos de unos pocos. Me da igual que los diputados hagan públicas sus inversiones millonarias. Lo importante no es que las publiquen, sino que las hagan. Porque nadie debería tener un millón de euros, de la misma manera que nadie debe vivir con menos de, pongamos, dos mil euros al mes. Y me trae sin cuidado igualmente lo que opinen los mercados, esos ante los cuales al parecer tenemos que seguir sacrificando víctimas sin descanso. El único mercado en el que creo es la plaza de abastos que debe existir en cada pueblo y en cada barrio. Que el dinero se multiplique a sí mismo es algo tan absurdo y perverso que en las facultades de economía deberían suspender a todo aquel que se lo acabe creyendo. 

Soy profesora de Secundaria. Es mi forma de ganarme la vida, simplemente. No soy la culpable de todos los males de la humanidad. Igual que no lo son los inmigrantes, ni los pensionistas, ni los controladores aéreos, ni los liberados sindicales... Los culpables son los que nos criminalizan para ser ellos cada vez más ricos y nosotros cada vez más pobres, los que se rinden a sus pies y los que les jalean cada vez que eligen un nuevo colectivo para el sacrificio. Si ahora nosotros estamos en el ojo del huracán es únicamente porque somos un escollo más para que ellos alcancen sus dos principales objetivos: eliminar cualquier rastro de servicio público de calidad como derecho universal y precarizar al máximo el trabajo asalariado. No hay más. El resto no es más que circo... porque pan, lo que es pan, cada vez nos van a dar menos. 

Julia Rodríguez Pérez

Rebelión

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=135663&titular=no-somos-delincuentes.-%BFy-ellos?-