El innecesario gasto farmacéutico

El Estado español tiene uno de los mayores gastos farmacéuticos de la UE, con una fuerte injerencia de la industria.

Algunos datos resultan reveladores: España es el tercer país de la UE que mayor gasto farmacéutico realiza en porcentaje sobre el gasto sanitario total, tras Grecia y Portugal, con un escaso gasto en genéricos: un 14% frente al 35% de la UE o el 60% de EE UU. El consumo excesivo de medicamentos y los efectos adversos de los fármacos son dos de las principales responsables del elevado e innecesario gasto farmacéutico, además de un problema para la salud de los pacientes.

Demasiados medicamentos

Los mayores de 65 años consumen el 30% de los fármacos (4.000 millones de euros de gasto farmacéutico), la tercera parte de los cuales son innecesarios. La revisión de estos tratamientos podría suponer un ahorro de 1.200millones de euros, sin mencionar los efectos adversos e ingresos hospitalarios que se evitarían. Así, un 12% de los ingresos hospitalarios en España se debe a reacciones adversas a un medicamento. Se podría prevenir la mitad de estos ingresos, lo que supondría unas 2,5 millones de estancias hospitalarias menos con un coste medio de 336 euros, según un informe comparativo de precios y tarifas médicas y hospitalarias por país de la International Federation of Health Plans. El ahorro potencial sería de 840 millones de euros anuales.

Respecto a las comunidades autónomas, existe una gran variabilidad en el consumo de medicamentos genéricos. Si se igualara el gasto farmacéutico de todas las comunidades autónomas con aquellas de menor gasto, se ahorrarían 2.500millones de euros al año. Estrategias comerciales No obstante, hay que contar con las estrategias de la industria farmacéutica para mejorar su nivel de negocio en el Estado y la repercusión que esto tiene en el gasto farmacéutico.

La primera estrategia

Es influenciar a las sociedades médicas, los responsables de los servicios asistenciales y evaluadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) y a los partidos políticos. Sólo hay que consultar la Memoria anual de la industria farmacéutica 2010 para comprobar cómo realizan esta labor de lobby las compañías farmacéuticas y cómo el sistema de puertas giratorias entre la empresa privada y las instituciones públicas y partidos políticos en este sector es especialmente fuerte. Valgan demuestra algunos ejemplos.

El presidente de la fundación de la compañía farmacéutica Lilly en España es patrono de la fundación de los Centros Nacionales de Investigaciones Oncológicas y Cardiovasculares Carlos III y presidente de la Comisión de Estudios para la Sanidad del PP. En el Consejo asesor del Instituto Roche están los jefes de servicio y directivos de hospitales públicos y el director general de Investigación Biomédica de la Comisión Europea en Bruselas. En el Patronato de la Fundación Pfizer en España, encontramos al director general de un hospital público de Barcelona, el catedrático de Psiquiatría de una universidad madrileña, un exministro de sanidad del PSOE, el presidente de la Comisión Nacional de Especialidades Médicas y un concejal del Menor de un ayuntamiento madrileño, a su vez diputado en la Asamblea de Madrid por el PP. Por último, en el Consejo Asesor de Farmaindustria están políticos influyentes como Felipe González o Federico Mayor Zaragoza.

Control de la investigación

La segunda estrategia de la industria farmacéutica para aumentar sus ventas es mantener el control de la investigación y la formación continua de los médicos. Gran parte de los ensayos clínicos de las compañías se realizan en los centros públicos, con la participación de sus pacientes y sus profesionales, mientras que la formación continua de los médicos está promocionada por los laboratorios (cursos, congresos, etc.).

La tercera y bien conocida estrategia de la industria es promocionar enfermedades para vender medicamentos, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Otros casos serían la campaña para la detección temprana del alzheimer sin que exista la posibilidad de tratamiento curativo, la gripe A que disparó el gasto en Tamiflu o las vacunas innecesarias.

La mejora de la racionalidad y la transparencia en la atención sanitaria, acompañada de una política de control de la industria farmacéutica desde el Sistema Nacional de Salud, así como la potenciación de la investigación y dispensación públicas supondrían un gran ahorro económico y un importante impulso para el desarrollo de una nueva estrategia de I+Den el SNS.

La crisis económica está siendo utilizada para introducir serios recortes en los servicios sanitarios, que incrementan las listas de espera y deterioran la asistencia a los enfermos. La reducción del gasto farmacéutico innecesario supondría un gran ahorro que no reduciría la asistencia y evitaría riesgos innecesarios a los pacientes.

M.L. Lores y M. Martín García

FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública)

Diagonal

http://www.diagonalperiodico.net/El-innecesario-gasto-farmaceutico.html

Lo público en movimiento

Me invitan desde el IES Aldebarán de Alcobendas a una charla. Se van a encerrar la víspera de otra jornada de huelga general y han pensado realizar alguna actividad de debate. El público estará compuesto sobre todo de alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, unos cuantos profesores y también algunos padres. Acepto de muy buena gana, tengo mucho interés en conocer de primera mano la Marea Verde. Me proponen que hable de “lo público”. Apenas tengo tiempo para preparar nada, retomo algunas viejas lecturas de Cornelius Castoriadis y Hannah Arendt. Y me sale lo siguiente (sólo son notas para una intervención oral, no un artículo ni nada parecido, indulgencia).

 

Últimamente vemos mucho movimiento en las calles: manifestaciones, encierros, asambleas, protestas. Pienso especialmente en el 15-M que arrancó con la acampada en Sol (“¿lo conocéis?” Muchos chicos sí lo conocen) y la Marea Verde. Son movimientos que de diferentes maneras defienden lo público, el derecho a la sanidad, a la educación, etc. ¿Qué significa esto? Defender lo público es defender el derecho de cualquiera a ser educado, a ser curado, a poder desplazarse, independientemente de su condición, del dinero que tenga, de su origen social o de cualquier otro discriminante.

Pero a mí me gustaría hoy hablar de otro sentido de lo público, lo que voy a llamar “lo público en movimiento”. Es decir, que entiendo que el 15-M o la Marea Verde no sólo son movimientos que defienden lo público, sino que son ellos mismos lo público, que dan vida y lugar a lo público. ¿En qué sentido digo esto? El 15-M y la Marea Verde abren espacios donde hacernos preguntas sobre cómo queremos vivir juntos, espacios y preguntas que nos conciernen de alguna forma a todos. Espacios públicos. La educación por ejemplo no es sólo una cuestión de profesores y alumnos, sino una cuestión que nos afecta como sociedad: ¿cómo queremos educar y ser educados, qué queremos transmitir y aprender?

Los espacios públicos están en el corazón del nacimiento de la filosofía y la política (o democracia). Según cuenta el filósofo Cornelius Castoriadis, ambas nacen en la antigua Grecia en un movimiento simultáneo de reflexión y autocuestionamiento de la sociedad sobre sí misma: ¿qué debemos pensar, cómo queremos vivir? Es un movimiento insólito porque, por lo general y a lo largo de la historia, las sociedades y las personas no se hacen preguntas radicales sobre sí mismas, sino que repiten lo heredado, obedecen lo instituido, presentan sus normas como el mandato de algún ser superior. Filosofía y política son hermanas gemelas: cuestionamientos radicales de lo heredado y lo instituido en palabras y en actos.

Castoriadis explica la distinción griega entre la physis (la naturaleza, lo que es así y no puede ser de otro modo) y el nomos (la ley humana, siempre arbitraria y convencional, sujeta a discusión y alteración). La política y la filosofía rompen con cualquier “así son las cosas” y se preguntan más bien “cómo queremos que sean”, “cómo sería justo que fuesen” y “qué es lo justo”.

Política y filosofía son movimientos colectivos. En Grecia, la filosofía se practicaba en las calles. Los filósofos no son sabios ni profetas, sino ciudadanos y cada ciudadano, en la medida en que se hace preguntas sobre su vida y sobre la vida en común, es también un filósofo. Frente a la apropiación privada de la palabra, la política se practica en el ágora abierta a todos los ciudadanos (siglos más tarde, ahondando en el mismo movimiento de autocuestionamiento y reflexión, otras voces y otros temas lograron abrirse paso en el espacio público: las mujeres, los esclavos, la vida doméstica, el trabajo, etc.).

Yo pienso que cuando nos juntamos para pensar cómo queremos vivir, cuando nos organizamos colectivamente para construir el mundo en la dirección que deseamos, estamos haciendo política y filosofía (filosofía en acción). Ninguna de las dos es patrimonio de un grupo de especialistas: políticos o filósofos. Diría más: la política de los políticos ha secuestrado la capacidad de la gente para deliberar y decidir sobre su destino. Votar cada cuatro años es escoger entre opciones dadas, no poder cuestionar y alterar las reglas de juego. Por eso gritamos “lo llaman democracia y no lo es”.

Hannah Arendt afirma que “los seres humanos son libres -es decir, algo más que poseedores del don de la libertad- mientras actúan, ni antes ni después, porque ser libre y actuar es la misma cosa”. Y añade que actuando podemos experimentar cierto tipo de alegría y de gozo que no conocemos de ningún otro modo: la felicidad pública. Actuar es juntarse con otros para preguntarse por la vida que vivimos y empezar entre todos algo nuevo, nunca visto. Es lo contrario a obedecer, lo contrario a repetir. El que se pregunta y cambia las cosas es lo contrario de un “espectador”: el espectador no entra en acción, no se reúne con otros para pensar y empezar algo nuevo. Con el 15-M y la Marea Verde estamos dejando de ser espectadores. Quizá es eso a lo que se refiere la famosa consigna del 15-M: “dormíamos, despertamos”. Ya no sufrimos o padecemos las decisiones de otros, sino que nos rebelamos. Ya no estamos solos o en competencia con los demás, sino que nos buscamos para actuar.

Cuando nos juntamos, somos capaces de cuestionar y rebelarnos contra lo Inevitable. La filosofía y la política son gestos de rebelión contra el poder de lo Inevitable. Los que nos cuentan el mundo nos hablan día a día de lo que es Inevitable: son inevitables los recortes, son inevitables los sacrificios de la salud o la educación, es inevitable que los que menos tienen paguen la crisis para rescatar a los que más tienen, etc. Cuando somos espectadores, cuando estamos aislados, el poder de lo Inevitable parece invencible. Sólo queda agachar la cabeza, mirar para otro lado, escaquearse como uno pueda, buscar la salvación individual. Pero cuando nos juntamos lo Inevitable tiembla y ya no parece tan Inevitable. Se revela como una decisión humana: no del orden de la physis, sino del nomos. Quizá no tengamos la suficiente fuerza como para hacerlo caer, pero ahora sabemos que no tiene porqué ser así, que lo sostiene la pura violencia.

El 15-M o la Marea Verde defienden lo público, el derecho de todos a la educación o la salud. Pero también son lo público en movimiento: apertura de espacios donde pensar juntos y hacer con otros. Creo que la defensa de lo público se seca por dentro sin lo público en movimiento, sin el ejercicio constante de autocuestionamiento, pregunta y reflexión: ¿cómo queremos gobernarnos, decidir? ¿aprender qué, para qué? ¿Qué significa la salud, estar sano? Es tan importante el movimiento (lo público en movimiento) como los objetivos (la defensa de lo público).

En lo público en movimiento nos descubrimos como compañeros de una interrogación o de una acción, descubrimos el placer de estar en la calle con otros y desafiar lo Inevitable. La política es una acción de redescubrimiento/invención del mundo y me encantaría preguntaros ahora sobre eso. Cómo veis el mundo tras el “despertar” de la acción. De qué os sentís ahora capaces. Qué habéis aprendido en estas semanas de movilización tan intensas. Si ha cambiado vuestra relación con los medios de comunicación, la calle y la escuela o entre vosotros mismos, por ejemplo como profesores/alumnos.

Gracias a Chus por la invitación. Gracias a los padres, los profes y sobre todo a los chicos por el debate y la conversación dentro y fuera del aula.

El martes 25 hemos invitado a los chicos a hablarnos de su experiencia en la Marea Verde en el programa de radio Una Línea sobre el Mar, de 20.00 a 21.00 en el 100.4 de la FM. 

  

Amador Fernández-Savater

Público

http://blogs.publico.es/fueradelugar/1113/lo-publico-en-movimiento

En qué consiste y porqué es posible la privatización de la Sanidad

En qué consiste y porqué es posible la privatización de la Sanidad

http://casmadrid.org/docStatic/privatizacion.pdf

6 puntos en defensa de la salud pública

Lo llaman “ahorros”, “remodelaciones”. Para los que gobiernan no existen los recortes. Buscan coartada en la “productividad” (como si los CAP y los hospitales fueran una fábrica que produce en cadena y las personas poco menos que simples piezas) y han llegado a afirmar que el incremento de las listas de espera son inocuas y no perjudican la salud. En su enorme desfachatez nos quieren vender que troceando el servicio público de salud y subastándolo al mejor postor privado, “mejoran su eficiencia” y, a medio plazo, aseguran su supervivencia…. Será la supervivencia de una lápida en el cementerio de lo público, porque si se lo permitimos, tendremos que seguir siendo quienes pagamos más impuestos y, además, REPAGAR por la educación y la sanidad –nuestra y de las generaciones que nos sucederán– mientras nos escamotean estos y otros servicios esenciales y derechos humanos y constitucionales.

Pero conviene no sólo ponerse en pie, sino levantar la vista y analizar lo que está sucediendo en el mundo para darnos cuenta de que no estamos solos en la voluntad de un cambio global. Quizás estas breves notas ayuden a no sentir que la lucha por una sanidad mejor es una lucha aislada, sino que cobra sentido en una dinámica global, integrada y cada día más fuerte, en todo el planeta, por otro mundo posible:

1 .- La precarización de la salud pública es global, no se limita a un solo país, afecta a toda la civilización y en especial a los países más afectados por la crisis, por la deuda o por la marginación. Cualquier análisis y valoración de la situación sanitaria debería incluir el deterioro de los determinantes de salud en tiempos de estafa social como los que vivimos, y valorar su dimensión en intensidad y en los distintos países y territorios para intentar responder a la pregunta de qué debemos y podemos hacer para colaborar y conseguir una globalización solidaria y en positivo de la salud.

2 .- Cualquier ataque a la salud representa un ataque paralelo a la autonomía de las personas y a la calidad de la democracia. Vale la pena considerar que el derecho a la SALUD Y la AUTONOMÍA son también necesidades básicas, universales, que las políticas económicas, a todos los niveles, deben atender. Y un Gobierno que defraude en el cumplimiento de este cometido, comete de hecho fraude contra la ciudadanía.

3 .- La salud se sitúa en uno de los epicentros de la lucha entre economía y política, entre las instrucciones del neoliberalismo y los derechos y necesidades de las personas. Esto significa que su defensa supera –al tiempo que las integra– las reivindicaciones laborales, sindicales o de usuarios. Desde Dempeus per la Salut Pública entendimos desde el principìo que es importante que la participación y la lucha ciudadanas acompañen y sean parte integrante de la acción social y política a todos los niveles.

4 .- Hay que aunar pues todas las voluntades posibles y detener cuanto antes las políticas de privatizaciones, recortes, externalizaciones de los servicios. No sólo suponen un serio deterioro en la equidad para quienes trabajan en el sector y para la ciudadanía en su conjunto, sino que intervenir en este campo es también una tarea civilizadora, una tarea que permite que la humanidad avance en una manera de vivir más humana y más digna.

5. Hay que mirar los países del entorno para entender el futuro que nos espera si no actuamos, aunque un buen avance ya lo tenemos en las salas de urgencias de muchos hospitales de nuestro país. La U.E. (y Grecia es un buen ejemplo) es un territorio donde las desigualdades se incrementan, al tiempo que desde Bruselas se preconizan los recortes en los servicios públicos de países que deberían ser soberanos a fin de “salvar” las instituciones crediticias privadas y una moneda (el euro) que desde su inicio supuso graves amenazas para los trabajadores y trabajadoras de todos los países que lo adoptaran, a excepción, naturalmente, de Alemania. Desde la problemática de la sanidad pública y los recortes deberíamos pues, replantearnos un retorno a la Europa partisana de la democracia, del protagonismo recuperado, en poder y palabra, de la ciudadanía.

6 .- La salud no es una mercancía. Hay que denunciar los negocios escabrosos y casi delictivos que se hacen para intentar convertirla en un bien de consumo en lugar del derecho que es y debe seguir siendo. (En Europa, el derecho a la salud, como el Estado del Bienestar que lo acompaña, se consiguió después de luchas, una guerra injusta y demasiados sacrificios por parte de la mayoría de la población: no es, como nos quieren hacer creer, un regalo de un capitalismo magnánimo, ni una alocada época de despilfarro en servicios públicos que con la crisis “conviene” y “es sensato” revertir).

Es URGENTE, también, la necesidad del CAMBIO DE POLITICA ECONOMICA en temas sanitarios y de salud. Naturalmente, no votes a los partidos que nos han defraudado, pero sobre todo denuncia sus mentiras, piérdeles el miedo, riéte de su absurda pomposidad, no les creas… y denúncialos, en sus maniobras y sus fraudes, porque sus políticas en beneficio de unos pocos están poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida.

Angels M. Castell

Punts de Vista

http://puntsdevista.wordpress.com/2011/10/21/6-puntos-en-defensa-de-la-salud-publica/

Escuela Pública de tod@s y para tod@s

 Escuela Pública de tod@s y para tod@s

La educación es un derecho no un negocio

Viñeta: Forges (El País)

A cuestas con la salud

En España asistimos a una bochornosa situación, el recorte en los presupuestos generales del Estado destinados a sanidad. El problema se llama externalización, eufemismo para negar que asistimos a una privatización de recursos fiscales. Financiamiento público para lucro privado. Ese es el misterio. Hacerlo posible supuso crear una ley ex profeso, conocida como ley 15/1997, aprobada por el PSOE y el PP, y la complicidad de la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego. Dicha ley autoriza la gestión y administración de la salud a cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho; ese es el quid de la cuestión, facilitar la provisión de servicios sanitarios a cualquier empresa privada.

Cabría esperar vergüenza torera cuando el objetivo apunta a desmantelar la sanidad pública. Pero se regodean, siendo habitual escuchar a los dirigentes de los grandes partidos políticos declarar con la boca chica que la sanidad pública no está en peligro, mientras a espaldas de la ciudadanía abren las puertas a entidades financieras y empresas constructoras, que espantadas de la crisis prefieren invertir sobre seguro en el área de la salud.Varias son las formas utilizadas para legitimar el desembarco de los especuladores en sanidad. La primera, una tríada, señalar el colapso, la ineficacia y la insostenibilidad del actual modelo de salud pública, obliga a una reforma en profundidad si se quiere gozar de un sistema eficiente y seguro. Una vez introducido el tridente argumentativo, se habla del despilfarro y el gasto compulsivo fruto de una mala gestión. Lo mejor es racionalizar los recursos. palabra mágica. Lo dicho justifica cerrar los centros “menos rentables” y vender las instalaciones para recaudar fondos y aminorar el déficit público. Edificios, centros de salud, laboratorios, incluso hospitales son rematados o alquilados. Sólo en Cataluña se han clausurado las urgencias nocturnas en más 40 centros de asistencia primaria, todos ellos en barrios populares.

Se despiden médicos, enfermeras y personal auxiliar o bien no se convocan nuevas plazas. Muchos galenos y enfermeras emigran. Alemania, Gran Bretaña y Suecia son destinos preferentes. El deterioro provocado de la Sanidad Pública se explica por la anteriormente citada ley 15/1997, que incorpora el concepto beneficios privados en la gestión y administración de la salud. La ecuación ya no tiene secretos. La incógnita se despeja fácilmente. Una sociedad enferma es rentable para los empresarios.

Un informe elaborado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública (CAS) descubre qué empresas invierten en salud, y no son otras que Dragados-ACS, SACYR, Accciona, Begar-Plader, FCC-Madrid, Hispania y Apax-Partners. Antes de la crisis lo hacían en instalaciones deportivas, carreteras, torres de apartamentos, complejos turísticos, campos de golf; hoy sus ganancias provienen de la gestión y explotación de la sanidad pública. El negocio es redondo. Las cifras cantan. En Majadahonda, un pueblo de Madrid, el coste de construcción más equipamiento de un hospital con capacidad para 615 camas suma la cantidad de 221 millones de euros. La Comunidad de Madrid pagará durante 30 años a sus constructores, Dragados, un alquiler anual de 45 millones. Finalizado el periodo, Dragados se habrá embolsado la suma de mil 350 millones de euros, sin contar los beneficios por explotación de servicios complementarios, cafetería, aparcamiento, lavandería y otros. En siete años, los inversores recuperan costes y los otros 27 representan beneficios brutos. Pero nadie repara en la corrupción. El costo económico del proyecto ha superado en cuatro veces el valor real de haber sido construido por la comunidad. Y lo más grave, su puesta en funcionamiento, coincide con el cierre de otros servicios y camas en hospitales públicos aledaños, con lo cual no hay una mejora de atención para la ciudadanía y los pacientes.

La decisión política de privatizar se centra en una frase: no hay dinero público para obras de infraestructura sanitaria. Sin embargo, otro informe señala la falsedad del argumento. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, gastó 620 millones de euros en publicidad institucional entre 2008 y 2011. Cifra equivalente al costo global de los ocho hospitales que se han levantado durante su mandato, recurriendo a la “iniciativa privada”. En definitiva ha entregado la hacienda pública para ser esquilmada por constructores sedientos de dinero. En los hechos, el pueblo madrileño pagará cinco veces el valor real de las instalaciones.

Hacer de la salud un negocio ha llevado a introducir criterios perversos como el copago. Además de los impuestos que todo ciudadano paga en su declaración de la renta, se cobra una tasa cada vez que se acude al médico, sea general o especialista. Los verdaderos beneficiados de este sistema son las compañías privadas de seguros médicos. El argumento es pueril: es preferible pagar a una empresa privada y garantizarse la cobertura total y no depender de un sistema público colapsado e ineficiente. Para el capitalismo todo puede calcularse en términos de costes y beneficios. Si la salud da dividendos, debe ser privatizada. Por esta razón y no otra, altruista o de compromiso social, los dueños del dinero invierten en la construcción de hospitales, su gestión y administración.

En España, desde hace más de una década, se ha apoderado de la sanidad pública un grupo de 10 constructoras privadas. Saben dónde está el dinero y entran a saco. Años atrás su fuente de ingresos provenía de la construcción de autopistas de peaje, aeropuertos y viviendas de lujo. Hoy son megaproyectos y las inversiones en sanidad lo que les ofrece pingües beneficios. El resultado de privatizar la sanidad es nefasto. Las desigualdades se amplían, y la brecha entre ricos y pobres se profundiza. Así, pasamos de un Estado del bienestar con servicios de salud de amplia cobertura a un Estado de beneficencia con salud para ricos y pobres. Unos podrán pagar y acceder a mejores servicios y la mayoría de las clases populares deberán conformarse con una sanidad degrada por voluntad política. La sociedad será injusta, enferma y débil. Pero ese no es un problema para los coyotes de la sanidad, al contrario, es la solución perfecta para seguir ganando dinero, esta vez a costa de la salud.

Marcos Roitman

http://misaludnoesunnegocio.net/

Fuente: http://madrilonia.org/?p=5445

¿Sanidad Pública o Privada? Se acelera la privatización de la sanidad

Creemos necesario que se divulgue la siguiente información referente al modelo de privatización del sistema sanitario que se propone en Catañua y posteriomente podría aplicarse a todo el terriotorio estatal (referencia a artículo de El País)

Todos los ciudadanos deben de saber cuál es la realidad de las propuestas que se están haciendo y las consecuencias negativas que tendrá estos y otros recortes para nuestra salud.

En el actual sistema sanitario español prima la salud del paciente, ya que el médico no recibe ni beneficio ni perjuicio económico por los tratamientos o diagnósticos que realiza. Su objetivo es el bieniestar del paciente y no la “rentabilidad económica” de cuidar la salud de éste.

La Generalitat ha propuesto un nuevo modelo de gestión en el que los centros sanitarios serán empresas privados y obtendrán beneficios o pérdidas. Asimismo los médicos ya no serían trabajadores del estado sino que “se convierten en empresarios del sector“, es decir, también recibirán un plus economico si “ingresan más para el hospital de lo que gastan para el hospita” en pruebas y tratamientos.

Aunque el informe afirma que este cambio no afectará a los pacientes esto es falso. 

Con este nuevo modelo tanto hospitales como médicos se verán afectados por los “resultados económicos” de las pruebas y tratamientos.

La prioridad de los hospitales a partir de entonces será maximizar el beneficio económico (como toda empresa privada, al menos eso sostiene la economía).

En otra palabras: hasta ahora la prioridad de los sanitarios era lo que resultaba beneficioso para la salud del paciente. A partir de ahora lo prioritario será lo que resulte beneficioso para las cuentas del hospital, independientemente de si es aconsejable para el paciente o no. Se preferería un tratamiento que “ingresa menos de lo que cuesto” y no su efectividad en la salud, en nuestra salud.

Este modelo que se propone para Cataluña, podría ser adoptado por otras CCAA. Estos modelos ni otros recortes de la sanidad, no están orientados al paciente (como muestra el reciente cierre de 85 centros de salud, o el sistema propuesto de puntos para el diagnóstico.

La sanidad pública de nuestro país está experimentando una privatización impuesta tanto desde los mercados, el FMI como desde la UE (a través del Pacto del Euro, firmado por nuestros políticos) con una reducción del gasto social, el cuál es uno de los menores de la UE.

Se quiere para favorecer la sanidad privada falsamente publicitada como más eficiente en detrimento de una sanidad pública.

Contrariamente a lo que se nos quiere hacer creer de que el sistema está en quiebra, obsoleto, etc. El sistema español es uno de los mejores del mundo a la par que de los menos costosos.

Nuestro sistema está entre los mejores del mundo:  en el año 2000 fue catalogado como el 7º mejor del mundo por la OMS, en 2010 clasificado como el 3º mejor del mundo junto con Suecia, así como puesto como modelo a seguir por estudios de EEUU, por su gran calidad y eficiciencia.

Asimismo es uno de los que más baratos para el bolsillo del ciudadano (vía impuestos): el Estado destina menor porcentaje de PIB destina al gasto sanitario que la mayoría de países desarrollados, países que poseen peor calidad, que no cubren a todos los ciudadanos ni servicios mientras suponen mucho más dinero de Gobiernos y ciudadano.

Por todo ello rechazamos completamente esta propuesta de modelo, pues el único beneficio será económico para las empresas privadas que participarán en estos organismos bien en forma de gestión o de capital mientras perjudicará a los ciudadanos tanto en la calidad de la asistencia que recibiremos como en el precio más elevado que tendremos que pagar por una sanidad de peor trato y más ineficiente. Por ejemplo, muchos tratamientos de enfermedades degenerativas o según qué tipos de cánceres no nos serían dados porque aunque efectivos no son “rentables” puramente en términos económico

Estos hospitales fueron financiados con dinero público para el beneficio de la salud de los ciudadanos, no de los bolsillos de empresas privadas. El gasto sanitario va orientado a una necesidad primaria: todos enfermamos y todos tenemos derecho a una asistencia sanitaria de calidad. No admitimos que se pongan reparos a destinar recursos a nuestra salud mientras se destinan cantidades muy superiores a falsos rescates, inyecciones a la banca, etc.

La salud de las personas no puede ser una variable con la que “jugar” para incrementar los beneficios y plusvalías de unos pocos, en detrimento de la calidad de la asistencia sanitaria.

¡La salud no está en venta!

¡Es un derecho mínimo y está garantizado por la Constitución!

¡No es una mercancía!

Información en detalle en el Contrainforme sobre la privatizacion de la sanidad

Fuente: A + R (Acción + Reacción) 

http://accionmasreaccion.wordpress.com/2011/10/20/%C2%BFsanidad-publica-o-privada-se-acelera-la-privatizacion-de-la-sanidad/

El porqué del subdesarrollo social

El Estado del bienestar español, que incluye las transferencias públicas (como las pensiones y ayudas a las familias) y los servicios públicos de carácter social (tales como sanidad, educación, servicios sociales, servicios de ayuda a las personas con dependencia, escuelas de infancia, vivienda social y prevención de la exclusión social, entre otros), es el menos financiado de la Europa de los 15 (UE-15), el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro. El gasto público social (que financia tales transferencias y servicios públicos) por habitante, así como el gasto público social como porcentaje del PIB, son los más bajos de la UE-15.

Esta subfinanciación explica que España sea también el país que tiene un porcentaje menor de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del bienestar. Sólo una persona adulta de cada diez trabaja en tales servicios públicos, en comparación con uno de cada cuatro que lo hace en Suecia. No es cierto, por lo tanto, lo que constantemente se reproduce en los medios de información próximos a la banca y a la gran patronal de que el sector público, incluyendo el ámbito social, esté hipertrofiado en España. Los datos muestran precisamente lo contrario. España está a la cola de la Europa social, y los recortes sustanciales que se están llevando a cabo empeorarán todavía más esta situación.

Las causas de este subdesarrollo social no son, como frecuentemente aducen economistas y políticos neoliberales, la menor riqueza de España frente al promedio de la UE-15. En realidad, el nivel de riqueza de España, medido por el PIB per cápita, es ya el 94% del promedio de la UE-15. En cambio, el gasto público social es sólo un 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94%, España se gastaría en su Estado del bienestar 66.000 millones de euros más.

¿Por qué este bajo gasto público social? La respuesta depende de la sensibilidad política de quien responda. Así, los nacionalistas conservadores-liberales que gobiernan la Generalitat de Catalunya atribuyen la subfinanciación del Estado del bienestar en Catalunya a lo que llaman “el expolio de Catalunya por parte de España”, argumento que utilizan frecuentemente durante el periodo electoral, como hemos visto recientemente en las declaraciones de Duran i Lleida. Este es, por cierto, un argumento generalizado en los medios de información en Catalunya, incluyendo los de propiedad pública de la Generalitat.

Los datos (incluso los proveídos por el propio partido gobernante de la Generalitat) no apoyan, sin embargo, tales tesis. Según los portavoces del partido nacionalista conservador-liberal, el supuesto “expolio” representa el 9% del PIB catalán. Puesto que tal partido político acepta que para pagar al Estado central (para cubrir los servicios comunes provistos por el Estado y los gastos de solidaridad con otras partes de España) el Gobierno de la Generalitat está dispuesto a aportar un 4% del PIB, esto implica que el “expolio” neto sería un 5% del PIB (nueve menos cuatro). Ahora bien, Catalunya, por el nivel de riqueza que tiene (su PIB per cápita es el 110% del promedio de la UE-15), debiera gastarse en su Estado del bienestar un 29,8% del PIB, es decir, 12 puntos más de los que se gasta ahora (17,8%). La eliminación del supuesto “expolio” eliminaría menos de la mitad (5 puntos) de tal déficit de gasto público social. Catalunya continuaría en la cola de la Europa social aunque se eliminara el supuesto “expolio” nacional.

El subdesarrollo social de Catalunya y de España no se debe primordialmente a los temas nacionales que acaparan la atención política y mediática del país y que siempre se movilizan en tiempos electorales. En tales tiempos, los nacionalismos periféricos se oponen al nacionalismo español, que no se define así mismo como tal, pero que es el más poderoso y excluyente. La falta de sensibilidad que caracteriza al nacionalismo español que niega la plurinacionalidad de España es el mejor aliado de los secesionismos periféricos. La no aprobación de la totalidad del Estatut refrendado por el pueblo catalán por parte del Tribunal Constitucional ha sido una causa clave del crecimiento del secesionismo. No hay nada más próximo a este que el jacobismo imperante en sectores del Estado español. De ahí que el nacionalismo catalán encuentre un campo fértil para movilizar a la población en Catalunya.

A pesar de este aparente antagonismo, estos nacionalismos –central y periférico– se alimentan y se necesitan el uno al otro. Tales nacionalismos se centran en el tema nacional para ocultar la causa real del subdesarrollo social de Catalunya y de España y que no es el “expolio nacional”, sino el “expolio de clase”. El primero se utiliza deliberadamente para ocultar el segundo, lo cual explica las alianzas constantes entre los nacionalismos centrales y periféricos al día siguiente de las elecciones. El PP, que explota el anticatalanismo en el resto de España, es el mejor aliado de CiU en Catalunya y, en caso de ganar el PP en España, CiU apoyará, como ya lo hizo antes, los políticas de clase responsables del subdesarrollo del Estado del bienestar, que se basa en los escasos ingresos al Estado (sólo un 34% del PIB, frente al 44% en la UE-15 y un 54% en Suecia), y que es consecuencia de que las rentas superiores y del capital tributan mucho menos de lo que lo hacen sus homólogos en la UE-15. El trabajador de la manufactura paga un 74% de lo que paga su homólogo en Suecia. El 1% de renta superior paga sólo el 20%. Y es más que probable que el porcentaje real sea incluso mucho menor. Tanto el Estado español como la Generalitat de Catalunya podrían resolver esta situación. Ambos tienen capacidad fiscal y las herramientas para hacerlo, pero no lo hacen y, mientras, utilizan las banderas en tiempo electoral para ocultar esta realidad.

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Público
http://blogs.publico.es/dominiopublico/4145/el-porque-del-subdesarrollo-social/

Conferencia-debate: "Mejora y sostenibilidad del sistema sanitario público". Murcia

Conferencia-Debate: 

"Mejora y sostenibilidad del sistema sanitario público" 

Dr. Marciano Sánchez Bayle.  FADSP

(Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública)

http://www.fadsp.org/

 Jueves, 20 octubre 2011, 18 horas
Edif Rector Sabater (en Ronda de Levante) de la Universidad de Murcia

Organiza: Comisión Sanidad 15-M 

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

http://fadsp.com/manifiesto.htm

Esa antigualla de Montesquieu

La división de poderes no parece que le guste demasiado a nuestros políticos. Posiblemente piensen que como Montesquieu murió en 1775, su teoría no sirve hoy día para atender las necesidades del pueblo, por el que tanto se desviven, siendo suficiente con celebrar elecciones libres periódicamente. Por eso, aprueban siempre que pueden leyes que, retorciendo el significado de la Constitución, les permitan socavar la independencia del Poder Judicial. Sin duda, la más importante de ellas es la forma de elección de los 12 magistrados del Consejo General del Poder Judicial que, si a principios de la década de 1980 eran elegidos por los propios jueces (con un injusto sistema mayoritario, por cierto), desde 1985 son elegidos por las Cortes. Así que, primero, los designan entre el PSOE y el PP y después se reúnen Zapatero y Rajoy para consensuar el nombre del presidente del Consejo. Bien mirado, no deja de ser una forma de dividirse el poder.

Pero los buenos políticos siempre encuentran oportunidades de echarle una paletada de tierra a Montesquieu, como en este final de legislatura: aprovechando que la ley de agilización procesal pasaba por el Senado, han modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que los jueces que ocupen cargos políticos pasen a la situación administrativa de servicios especiales, que es tanto como decir que cuando se van a la política se les guarda la plaza que tuvieran y que cuando retornan se les cuentan los años que han estado fuera como si hubieran estado en activo, así que ni se retrasan en el escalafón ni pierden trienios. Las asociaciones de jueces han criticado con dureza esta reforma alegando que deteriora la independencia de la justicia y su imagen de imparcialidad.

Jueces para la Democracia ha señalado agudamente que se trata de una reforma "inexplicable", tanto que la LO 12/2011, de 22 de septiembre, no contiene exposición de motivos. Por mi cuenta, añado que esa falta de explicación está en todo el procedimiento legislativo: el proyecto de ley de agilización procesal entró en el Pleno del Senado el 13 de septiembre (es decir, en el último momento de un proceso que empezó en el Congreso el 11 de marzo de 2011) sin llevar una sola referencia a la reforma de la LOPJ y cuando salió el 14 ya tenía una disposición final en que se le añadía la nueva redacción del artículo 351 de la LOPJ y una disposición transitoria para darle efectos retroactivos.

¿Cómo lo consiguieron sus excelencias? Lo hicieron aprovechando que el artículo 125 del Reglamento del Senado permite que, de común acuerdo, todos los grupos del Senado puedan introducir "modificaciones" (es decir, pequeños cambios inferiores a una enmienda) a una ley. Y como todos estaban de acuerdo, pues todos tienen jueces en sus filas, no hubo necesidad de debate; de tal forma que el único rastro que se encuentra en el Diario de Sesiones es la aprobación por asentimiento de unas crípticas "propuestas de modificación con números de registro 68730 y 68731".

Su contenido no se supo hasta que se publicó en el Boletín del Congreso del 20 de septiembre, donde apareció sin el correspondiente "mensaje motivado" del Senado que exige el artículo 90 de la Constitución. Tampoco mereció una sola referencia en el Pleno del Congreso del 22 de septiembre; 343 votos a favor, una abstención, ninguna explicación. ¿Pero por qué hay que explicar lo evidente y entretener al pueblo con temas abstrusos?, diría alguno de los muchos políticos que han considerado que el 15-M no estaba falto de razón en sus críticas a la opacidad de la política. Con el mismo desparpajo podría zafarse de la pregunta, ¿pero modificar una ley orgánica en el último segundo, aprovechando una ley ordinaria, no contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exige que haya una conexión material entre las enmiendas y la ley (STC 119/2011)? Hombre, diría nuestro político, me extraña que no vea la conexión entre una ley de agilización procesal y la nueva forma de agilizar el paso de la política a la judicatura.

La Ley Orgánica 12/2011 es inconstitucional por la forma en que se ha tramitado y, además, también lo es por su contenido, ya que viola las prohibiciones que la Constitución establece para los jueces de desempeñar cargos públicos, pertenecer a partidos y presentarse a las elecciones mientras estén en activo (artículos 127 y 70) porque la finalidad de esas prohibiciones es impedir que los jueces participen en política. Y ahora pueden hacerlo igual que los demás funcionarios, sin más limitación que el requisito formal de no tener el carnet de militante.

Un régimen legal de los jueces respetuoso con la Constitución debería ser igual que el establecido para los militares, pues tienen similares prohibiciones constitucionales: si los militares tienen que colgar sus uniformes para entrar en política, los jueces deberían de colgar sus togas. Sin embargo, la ley dice lo contrario: que cuelguen las togas, pero sin miedo, que no solo se las vamos a guardar, sino que las lavaremos y plancharemos para que cuando vuelvan no se note que llevan años sin usarlas.

Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional y profesor visitante en el University College de Dublín.

El País

http://www.elpais.com/articulo/opinion/antigualla/Montesquieu/elpepuopi/20111011elpepiopi_5/Tes

Propuestas para la defensa de la Sanidad Pública. FADSP

ANALISIS DE SITUACIÓN 

La sanidad pública española se enfrenta a  un riesgo real de deterioro y privatización dependiendo del resultado de las elecciones. El triunfo del Partido Popular puede supone la generalización de las políticas que este partido ha venido aplicando sistemáticamente allí donde gobierna: Recorte de recursos públicos y potenciación de los conciertos con el sector privado,   endeudamiento inasumible a medio y largo plazo al recurrir al sector privado para la  financiación y gestión de los nuevos centros, cesión la asistencia de grupos de población a empresas  multinacionales, eliminación de áreas sanitarias como espacios para la planificación y asignación de los recursos para favorecer la creaciones de mercados, marginación de la Atención Primaria, potenciación de la privatización y utilización excesiva y no justificada de la alta tecnología, abandono de los servicios de salud pública, deterioro de las condiciones laborales de los profesionales y  de la políticas de personal incentivadora, potenciación de la competencia frente a la colaboración e integración de los recursos, fragmentación del sistema en múltiples servicios independientes trasformando el Consejo Interterritorial en un órgano de confrontación partidista en detrimento de su función integradora del sistema, o la  eliminación de los servicios de salud pública. 

 

El resumen de todo ello es que nos enfrentamos –lamentablemente como parte de una estrategia global- a un proceso consciente y deliberado de suprimir el Estado del Bienestar y más en concreto de su  principal pilar, la Sanidad Pública. Todas estas estrategias y algunas otras convergen en la dirección de privatizar la asistencia sanitaria por la puerta trasera intentando sortear la previsible oposición que originaria un ataque mas frontal. Es preciso decir muy claro que se trata de desintegrar la Sanidad Pública utilizando la crisis como una coartada para convertir la atención sanitaria en un objeto de consumo.

Frente a estos riesgos que supondrán el fin del Sistema Nacional de Salud establecido por la Ley General de Sanidad, los partidos progresistas tendrían que aparecer ante los ciudadanos como la  única garantía política frente a la privatización y  la oportunidad para su mejora

La política sanitaria de lOS  PARTIDOS PROGRESISTAS debería basar su oferta a los ciudadanos en  ocho  estrategias:  

1.- Garantizar sostenibilidad de la sanidad pública mejorando su financiación (un punto más de PIB para equipararnos a los países europeos) y el carácter finalista de los fondos destinados a sanidad frente a las políticas neoliberales de recorte, financiación privada, medicalización de la vida y el uso intensivo no justificado de los recursos sanitarios.

2.- Profundizar en la integralidad del sistema frente a la fragmentación del mismo en 17 sistemas de salud autonómicos independientes  enfrentados entre sí  por relaciones de competencia. 

-         Potenciar el papel del Consejo Interterritorial como órgano de colaboración de los servicios de salud autonómicos y del Ministerio de Sanidad 

-         Recuperar el Plan Integrado de Salud contemplado en la Ley General de Sanidad  que permita planificar los recursos en todo el estado en función de las necesidades y problemas de salud de la población y que garantice la adecuación, suficiencia y  equidad en la distribución de los recursos 

-         Reforzar los fondos de cohesión y garantizar su distribución en función de los objetivos del Plan Integrado de Salud  consensuado en el Consejo  Interterritorial, para evitar situaciones de desigualdad o de insuficiencia de recursos 

-         Incluir las prestaciones sanitarias de MUFACE en el Sistema Nacional de Salud.

3.- Garantizar el carácter público de los recursos sanitarios (titularidad, financiación y gestión) frente a la política de privatización de los centros sanitarios y su cesión a empresas multinacionales y de capital riesgo, manteniendo el carácter complementario de los recursos privados. 

4.- Incrementar la racionalidad y la eficiencia del sistema y de los centros sanitarios

 

-          Potenciar la Atención Primaria como eje del sistema  para

-         Garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios en condiciones de equidad.

-         Combatir la medicalización, el elevado coste y los riesgos para la salud de una sanidad basada en el uso intensivo de las tecnologías y los medicamentos en contraposición a  la promoción de estilos de vida saludables y prevención de la salud, apoyándose en la extensión de la cultura de la salud y del autocuidado. 

-         Incrementar su capacidad resolutiva con un impulso decidido de la Estrategia AP 21 (consensuada con todos los profesionales del nivel) que contempla la mejora en el equipamiento  y el acceso de los centros de salud a los recursos diagnósticos para cerrar en este nivel gran parte de los procesos asistenciales que son derivados actualmente  los hospitales  con la consiguiente retraso en la atención, las listas de espera, incremento del gasto y la incomodidad de los pacientes. 

-         Garantizar los cuidados y el acceso a la asistencia en sus domicilios a las personas en situación de dependencia con enfermedades crónicas y degenerativas 

-Incrementar para ello las plazas de enfermería.

-          Promover la utilización plena de los hospitales y de sus recursos en jornadas de mañana y tarde.

-          Articular y potenciar los centros de referencia supracomunitarios al nivel estatal y entre Comunidades Autónomas para evitar el derroche innecesario de recursos y garantizar la calidad de la atención más especializada.

-          Crear una Agencia Única de Evolución de Tecnología para asignar de manera racional estos recursos y evitar costes innecesarios

-          Potenciar la Agencia Única de Compras para equipamiento sanitario con la participación de todos los Servicios de salud Autonómicos y coordinada por el Consejo Interterritorial de Sanidad.

-          Crear una Red de Centros para la Atención de Enfermos Crónicos, más adecuada para hacer frente a la mayor demanda de esta atención por el envejecimiento de la población y de menor coste que los centros de agudos.

-          Culminar el  despliegue de las áreas sanitarias –frente al desorden tras su desaparición deliberada- como espacios para la planificación y asignación equitativa y adaptada a las necesidades de la población, para la  gestión integral e integrada de todos los recursos sanitarios y la participación ciudadana.

-          Coordinar las redes  asistenciales con los servicios de atención a la dependencia para mejorar la calidad de la atención y la duplicación de actuaciones

-          Profundizar la política de reducción del gasto farmacéutico aplicando medidas que no supongan restricciones de derechos o el acceso de los ciudadanos a los medicamentos (precios de referencia, prescripción por principio activo o potenciación de los medicamentos genéricos)

-          Continuar con los esfuerzos de desarrollo de la atención integrada  de salud continuando los esfuerzos para establecer de guías clínicas, protocolos y vías clínicas para los procesos asistenciales más importantes basados en pruebas científicamente  comprobadas y la colaboración entre los servicios de atención primaria y especializada)

-          Potenciar los servicios de Salud Pública para promover la salud y hacer frente a los riesgos medioambientales y a las nuevas epidemias vinculadas a la globalización

-          Desarrollar una política de personal sanitario  incentivadora que potencie el desarrollo de las la Carreras Profesionales (eliminadas en algunas CCAA por el PP), los incentivos económicos que estimulen la dedicación y la calidad de la atención (eliminados por CiU y el PP en las CCAA donde gobiernan para ahorrar gastos),  la estabilidad en el empleo y una remuneración justa

-          Potenciar la investigación en salud pública y biomedicina

6.-Promover la economía de escala en todos los ámbitos:

Además de las compras farmacéuticas, extenderlo a las vacunas, fungibles, tecnología y también a las políticas de comunicación y a las campañas sanitarias dando unidad a las ahora descoordinadas y caras que promueven las CCAA.

7.-Incrementrar la  trasparencia del sistema sanitario       

o       Publicitar las listas de espera aplicado criterios y estándares homogéneos en todas las Comunidades Autónomas que incluyan los criterios de priorización, posición de los pacientes en las mismas y la eliminación de las listas ocultas de pacientes (listas estructurales)  

o       Establecer un Sistema de Información Sanitaria con indicadores homogéneos en todos los servicios de salud autonómicos que permitan conocer la situación de salud , a nivel global y en cada CCAA,  evaluar las actuaciones de los diferentes servicios y detectar y corregir las situaciones de desigualdad) 

o       Desarrollar los órganos de participación y control social del sistema actualizando la LGS, para garantizar la calidad de los procesos asistenciales y su adecuación a las necesidades reales de los ciudadanos. 

8.- Garantizar y consolidar derechos ciudadanos en el ámbito de la salud

o       Interrupción voluntaria del embarazo en la red pública

o       Derecho a cuidados paliativos y a una muerte digna y sin dolor 

Invitamos a los partidos progresistas a sumarse a las propuestas aquí expuestas, y a participar con la FADSP y con otras organizaciones afines en un gran movimiento ciudadano que anime la participación electoral. Porque pensamos que los ciudadanos sí saben valorar en su justa medida las conquistas sociales y los beneficios de un Estado basado en la justicia social, y porque tenemos confianza en el efecto movilizador de las propuestas que promueven una sociedad más equitativa basada en la educación y la sanidad públicas y en la protección al desempleado, al pensionista y a las personas con dependencia.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la SanidadPública

Octubre de 2011
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Privatizaciones: el monstruo se hace más fuerte

Uno de los atributos identitarios del neoliberalismo es la organización económica de tal forma que se encauza gran parte de la renta hacia las personas, familias y empresas más ricas de una sociedad.

Para ello, son muy importantes las reformas de las condiciones de trabajo, pues en las relaciones de trabajo se reparte una gran proporción de la riqueza que produce la sociedad. Aumentando el tiempo de trabajo, disminuyendo los salarios, abaratando la indemnización del despido, debilitando la posición del trabajador en la negociación con el empresario (debilitando la negociación colectiva), permitiendo mil forma de fraude en la contratación (la temporalidad, las becas, los falsos autónomos), las condiciones de trabajo (jornadas largas más allá de la ley, horas extraordinarias no retribuidas, vacaciones impedidas, sin seguridad o higiene, sin seguridad social) o el despido, … la renta absorbida por la gran empresa aumenta.

La tolerancia de la indefensión de proveedores con el oligopolio de la demanda (oligopsonio) o de consumidores con el oligopolio de la oferta, igualmente facilita que la cuenta de resultados crezca.

La reforma del sistema de impuestos es clave, pues los impuestos podrían recabar excedentes de renta de personas, familias y empresas que han obtenido volúmenes desproporcionados en los circuitos primarios de reparto: salarios de ejecutivos, intereses, dividendos, alquileres. La acción de igualación por la intervención social se completaría con la función redistributiva del gasto: como pensiones contributivas, ayudas o servicios públicos (educación, sanidad, atención social). Por eso, uno de los esmeros de la acción política del neoliberalismo es la reforma de los impuestos, reduciendo impuestos a los ricos, que consiguen otro plano de concentración de riqueza.

La gran excusa para transitar este sendero de regresividad fiscal es el miedo a las evasiones fiscal. Pese a los esfuerzo para que los dineros estén cómodos en cada país, con un trato deferente hacia las rentas del ahorro, los grandes dineros de deportistas (los mismos deportistas que son muy nacionales cuando se trata de recaudar aplausos por sus gestas), artistas, empresarios, rentistas, banqueros siguen escapando a paraísos fiscales o a residencias fiscales con menor presión fiscal o secreto bancario.

La aminoración de ingresos repercute en la reducción de los gastos y la inversión, más si machaconamente los mismos que han disminuido los ingresos nos meten en los oídos el raca-raca de que no podemos gastar más de lo que ingresamos. Con ello, vienen los recortes sociales en educación, sanidad, dependencia, que cada uno de los dos partidos del bipartidismo imperante, y consolidante de la tendencia viciosa, le atribuyen al otro en la estrategia del “Y tú más”.

A veces, este agujero se tapa con ingresos extraordinarios. Uno de esos ingresos extraordinarios llenó las arcas públicas mientras se inflaba la burbuja inmobiliaria. La gran actividad económica, sobre todo constructiva y especulativa con el precio de la vivienda, provocaba un pago de impuestos excepcional. Con esa cantidad coyuntural un país como España consiguió sostener su precario Estado del Bienestar, mejorarlo apenas, hacer más reformas tributarias a favor de las grandes rentas, rebajar la deuda pública y lograr superavit. El precio era un sobreendeudamiento privado y exterior, que provocó un colapso de la financiación de la construcción y compra de vivienda a precios en aumento y una crisis integral.

Otra forma de ingresos extraordinarios son las privatizaciones. El Estado no puede cubrir el déficit con impuestos y vende el patrimonio heredado por generaciones. En los últimos treinta años el patrimonio público, de todos, no ha tenido grandes incorporaciones, algunas líneas de tren de alta velocidad construídas seguramente con un criterio más centrado en el interés particular de constructores que en le interés general. Sin embargo, hemos visto como se ha vendido grandísimas empresas del sector público. Se consiguen así unos ingresos que no se obtienen de cobrar impuestos a quienes acumulan grandes riquezas y se venden grandes empresas con grandes beneficios posiblemente a quienes ya se han enriquecido con las reformas laborales y fiscales.

En el periodo 1984-2011 se han vendido empresas y grandes empresas por un valor de unos45.000 millones de euros. En el siguiente cuadro pueden ver las empresas que cotizan el IBEX-35.Verán como entre las primeras destacan empresas que fueron privatizadas.

Empresas del IBEX-35 por valor bursátil,en millones de euros. Fuente: EL ECONOMISTA. Elaboración propia.

Telefónica (1), parte del BBVA (Argentaria) (4), Repsol (6), Acerlor (Aceralia) (7), Endesa (8), INDRA, parte de Gas Natural. Además de grandes empresas que no cotizan en el IBEX35 como SEAT, vendida a Volkswagen, como IBERIA, como Marsans. El patrimonio vendido por 43.200 millones hoy, incluso en un momento de suelo bursátil por la crisis, casi se triplica. Por lo que se refiere a los beneficios, sólo Telefónica superó en 2010 los 10 mil millones; Endesa, los 4 mil; Repsol, los 4 mil quinientos. En total, más de 20 mil millones en años de crisis.

A juzgar por esos datos no parece que las privatizaciones hayan sido un buen negocio para el Estado: no reduce mucho la deuda (45 mil millones representan poco menos del 10% de toda la deuda), pierde unos ingresos patrimoniales nada desdeñables, se vende un patrimonio a un precio insuficiente a juzgar por la revalorización experimentada (el 20% de Telefónica se vendió en 1997 por 4 mil millones y ahora tiene un valor de 24 mil millones), se cede el control sobre sectores estratégico, se crean unas empresas tan grandes que luego presionan al Estado debilitado para que se comporte a su beneficio, se cae en el riesgo de que el capital inicialmente español caiga en el control de capitales nacionales (lo que suele doler a los responsables de las privatizaciones, como se ve en el caso de la alianza entre Sacyr y Pemex en Repsol).

Por lo tanto, lo que en principio se diseña como una estrategia para cubrir el déficit estructural provocado por la disminución de los ingresos procedentes de la clase social de rentas altas acaba potenciando el negocio de esa clase social. Un circulo virtuoso para ellas, en paralelo con un círculo vicioso para las clases trabajadoras y populares.

La propiedad pública de las empresas estratégicas era un elemento fundamental de la socialdemocracia, como la progresividad fiscal o el estado del bienestar. En la secuencia histórica de estos treinta años hemos visto como el PSOE ha cambiado esos principios por los del neoliberalismo. En medio de la burbuja, el gobierno de Zapatero no se vio obligado a hacer privatizaciones visibles, aunque vendiera pequeñas empresas y participaciones marginales de grandes empresas. Sin embargo, con la llegada de las vacas flojas el esquema financiero que han implantado el PP y el PSOE le ha obligado a privatizar Aeropuertos y Loterías. Con ello, continúa la tendencia de un sector público cada vez más debiliado, frente a un sector privado (en su mayor parte procedente de la inversión colectiva y comprado a precio de saldo) que cada vez se pavonea más de la fuerza acumulada. Su sed ilimitada de negocio intentará convertir en mercancia todo aquello que se les ponga por delante, educación, sanidad y pensiones incluídas. Sabemos que con los partidos del bipartidismo tendrán el camino allanado.

Invertir esta tendencia histórica que se ha acelerado en los años de la crisis-excusa no será fácil. Requerirá el nacimiento y crecimiento de un nuevo actor capaz de devolver la cordura y la generosidad a las sociedades.

Samuel García Arencibia, autor del blog sagara1977.wordpress.com

Fuente: Rebelión