La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, FADSP ( http://www.nodo50.org/fadsp/) acaba de publicar un primer “Informe sobre los Recortes Sanitarios en las Comunidades Autónomas”.
En promedio, el presupuesto sanitario por habitante desde 2010 ha
disminuido en 140,13 € (el 10,4% en Euros “corrientes”, es decir sin
tener en cuenta la devaluación del dinero debida a la inflación). Sin
embargo, este promedio esconde enormes diferencias entre las Comunidades
Autónomas (CCAA), ya que algunas como Baleares han sufrido ya un
recorte de casi el 18 % en el trienio 2008-2010. En Madrid y Andalucía
el presupuesto se ha mantenido prácticamente estable, frente a CCAA
donde la disminución ha sido mayor del 13% (Cataluña y Comunidad
Valenciana), hasta llegar al 26,7 % de Castilla La Mancha. Persisten
también enormes diferencias en gasto por habitante entre las CCAA, desde
los 1557,8 € del País Vasco y los 1495,9 € de Asturias, hasta los menos
de mil euros por habitante en la Comunidad Valenciana y en Castilla La
Mancha.
A la disminución de prestaciones debida directamente a los recortes
presupuestarios se añaden intervenciones de tipo administrativo que de
hecho merman el acceso de la ciudadanía a la sanidad pública. El informe
de la FADSP analiza en particular:
· La disminución de las plantillas, a través del aumento del
horario de los trabajadores del sistema sanitario públicos (2,5 horas
en Baleares, Madrid, Castilla la Mancha y Valencia); la reducción de los
días de asuntos propios y la eliminación de los días adicionales por
antigüedad (Valencia y Castilla la Mancha); la disminución de conceptos
ligados a las retribuciones (Galicia, Baleares, Valencia y Castilla La
Mancha) la disminución de interinidades y contratos eventuales; la
cobertura de solo el 10% de las vacantes por jubilación (Galicia); y la
reducción del presupuesto de acción social (Baleares).
· La introducción de tasas y copagos, como la tasa para la
renovación de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) en Baleares o por
extravío en Galicia. En Galicia destaca la decisión de no otorgar la TSI
a las personas que no lleven por lo menos 6 meses empadronadas en la
Comunidad, así como el retiro de las prestaciones sanitarias a las
personas que pierden el derecho a las prestaciones de la seguridad
social por paro prolongado. Una propuesta para introducir un copago de 1
€ en las recetas sanitarias se encuentra en discusión en el Parlament de Cataluña.
· La reducción de prestaciones, como el cierre de los
quirófanos de tarde (Galicia, Canarias, Valencia), la disminución de la
atención radiológica y del servicio de ambulancias (Galicia), el impago a
centros privados que realizan abortos (Castilla La Mancha), o el pago
anticipado por la misma prestación (Baleares).
El objetivo ideológico fundamental (el desmantelamiento de la sanidad
pública utilizando el pretexto de la crisis) que hay detrás de estas
medidas queda patente por el hecho de que, al mismo tiempo, muchas CCAA
están fomentando la privatización de los servicios sanitarios, a pesar
de la evidencia que la privatización supone un aumento de los costes
para las administraciones y los usuarios, además de una reducción en la
calidad de la atención sanitaria. Se incrementan los conciertos y las
externalizaciones al sector privado (Canarias), se propician iniciativas
de financiación privada para la construcción de centros sanitarios
(Galicia, Madrid, Baleares), se ponen en marcha Entidades de Base
Asociativa en los centros de salud (Valencia), o –sencillamente y
llanamente– se privatizan hospitales hasta ahora públicos (Castilla La
Mancha) o servicios administrativos (Galicia). En Cataluña la
fragmentación del Instituto Catalán de la Salud en varias empresas
autónomas se interpreta como paso previo a su privatización. En Baleares
los consorcios de empresas constructoras y bancos son los propietarios
de los hospitales de referencia de Mallorca y del futuro en Ibiza, así
como los gestores de todos los servicios no-clínicos, por los que
cobrarán un alquiler a la sanidad pública durante 30 años además de la
hipoteca de los edificios.
Más allá de la disparidad en las políticas llevadas a cabo por las
diferentes CCAA se identifica un hilo común: apostar por la
insuficiencia económica del sector público frente a la eficiencia en el
uso de sus recursos; por la medicalización frente a la promoción de la
salud y las políticas de prevención; se abandonan las políticas de
incentivación del personal; se privatizan las partes más rentables del
sistema sanitario y se introducen barreras de acceso a los servicios
asistenciales que merman directamente el principio constitucional del
acceso universal.
“Esto es solo el comienzo del comienzo”, ha amenazado la Vicepresidenta primera del Gobierno.
Matteo Guainazzi – Observatorio Servicios Públicos ATTAC España
Attac España
No hay comentarios:
Publicar un comentario