Privatizar es «transferir una empresa o actividad pública al
sector privado» (RAE). Externalizar no es un vocablo recogido en la RAE, sino que es una
adaptación al español del concepto “outsourcing” [1], el
proceso económico en el que una empresa subcontrata algunas tareas propias a
otra empresa externa mediante un contrato, para obtener ventajas
competitivas como menores costes salariales mediante la
contratación de servicios para la empresa en el exterior de la misma.
En definitiva, consiste
en movilizar recursos hacia una empresa externa a través de un contrato.
De esta forma, la compañía subcontratada desarrollará actividades en nombre de
la primera. Esto provoca precariedad laboral de los subcontratados y la destrucción de puestos de empleo de calidad en la
economía nacional de la empresa contratante[2].
Este invento nació en Estados Unidos en 1989, como un intento, de las
empresas para reducir sus costes fijos consiguiendo al mismo tiempo flexibilizar
su estructura productiva y optimizar el uso de recursos (efecto Kodak).
El problema está en que la empresa contratada no comparte la
cultura de la empresa, no conoce a los trabajadores, ni la forma de trabajo y,
además, no hay un compromiso moral de un trabajo bien hecho, dado que es una subcontratación,
es decir, no forman parte de la empresa[3].
Si esto es en sí mismo un
serio problema, cuando la externalización se produce entre el sector público y
el privado se presenta un serio conflicto de valores éticos y no hay que
olvidar que estos son los que acompañan en cada actuación que se hace en el trabajo
y permiten orientar, no dictar o imponer, el comportamiento de los empleados[4]
(recomiendo la lectura de este artículo).
La administración pública
genera valor público al proteger nuestras fronteras, mantener limpias las
calles, y al brindar educación y salud a sus ciudadanos. Los directivos del
sector público crean valor público en la medida que logran satisfacer los
deseos de sus ciudadanos, mientras que la misión primordial para el sector
privado es generar utilidades (valor privado) para la empresa en que trabaja[5].
Los primeros buscan alcanzar sus objetivos mediante la protección social y la
redistribución de recursos mientras que la privada se interesa en el ánimo de
lucro buscando la rentabilidad económica[6].
Una idea básica: privatizar
es dejar de prestar un servicio público y externalizar es contratar ese servicio
con proveedores privados; en este caso, la administración pública está obligada
al control del servicio contratado. Un ejemplo: la endodoncia, ortodoncia o los
implantes son prestaciones privadas que cualquier odontólogo titulado puede aplicar
en su consulta privado, el Estado normaliza la prestación pero el SNS no la
ofrece en su cartera de servicios. Es una prestación privada sin más control de
calidad que el establecido por el código deontológico de Colegio Oficial de Médicos
y la legislación general. En cambio, cuando a un paciente del SNS se le
practica una RMN con contraste en un centro concertado, es obligatorio que se
cumpla con la normativa del consentimiento informado del SNS, ha de ser vigilada
por un médico y cumplir con los controles de calidad establecidos en el
contrato del concierto. La administración pública tiene la obligación y
responsabilidad de tutelar el proceso.
Con estas premisas podemos
acercarnos al problema de las externalizaciones en la sanidad pública española
con los últimos datos publicados por el msps (24 de enero 2012)
Desde el 25,45% de Cataluña
al 3,66% de Castilla- La Mancha
hay todo un abismo que obliga a plantearnos si pertenecen al mismo sistema
sanitario, máxime si la media española es del 9,04% pero, si exceptuamos a
Cataluña, la media nacional baja al 6,3%.
Si se cruza el gasto
sanitario público territorializado por habitante con el porcentaje del gasto
que se dedica a los conciertos, obtenemos que, de cada ciudadano de Cataluña,
el sector sanitario privado obtiene del erario público 368,89 €, por lo que
multiplicado por los 7.288.070 de habitantes de Cataluña, la cantidad de gasto
sanitario público que se dedica a conciertos con el sector sanitario privado
asciende a 2.757.627.568,42 €
Aplicando los mismos
cálculos, obtenemos esta tabla.
|
|
Población total
|
GSP por habitante protegido
|
% GSP en conciertos
|
GSP-conciertos por habitante
|
€públicos en sector privado
|
|
Andalucía
|
8.177.350
|
1.310,47
|
4,72
|
61,85
|
505.803.311,53
|
|
Aragón
|
1.318.920
|
1.610,84
|
3,88
|
62,50
|
82.433.280,80
|
|
Asturias
|
1.057.140
|
1.661,82
|
6,68
|
111,01
|
117.352.663,17
|
|
Baleares
|
1.074.950
|
1.301,10
|
4,75
|
61,80
|
66.434.328,64
|
|
Canarias
|
2.085.980
|
1.494,26
|
9,6
|
143,45
|
299.231.661,58
|
|
Cantabria
|
577.880
|
1.406,97
|
3,78
|
53,18
|
30.733.661,33
|
|
Castilla y León
|
2.510.630
|
1.472,07
|
3,95
|
58,15
|
145.985.012,61
|
|
Castilla - La Mancha
|
2.037.760
|
1.506,74
|
3,66
|
55,15
|
112.375.706,79
|
|
Cataluña
|
7.288.070
|
1.449,48
|
25,45
|
368,89
|
2.688.515.528,57
|
|
Comunidad Valenciana
|
5.019.140
|
1.353,29
|
5,84
|
79,03
|
396.673.355,08
|
|
Extremadura
|
1.081.010
|
1.694,99
|
3,96
|
67,12
|
72.559.125,14
|
|
Galicia
|
2.737.030
|
1.507,11
|
5,63
|
84,85
|
232.237.797,45
|
|
Madrid
|
6.300.460
|
1.335,03
|
7,57
|
101,06
|
636.735.645,71
|
|
Murcia
|
1.452.150
|
1.646,19
|
7,07
|
116,39
|
169.009.396,96
|
|
Navarra
|
616.900
|
1.633,59
|
6,46
|
105,53
|
65.101.403,95
|
|
País Vasco
|
2.134.700
|
1.692,06
|
7,12
|
120,47
|
257.177.282,32
|
|
La Rioja
|
316.340
|
1.514,98
|
6,99
|
105,90
|
33.499.489,25
|
|
Ceuta
|
72.600
|
1.565,16
|
5,95
|
93,13
|
6.761.021,65
|
|
Melilla
|
70.450
|
1.723,66
|
5,31
|
91,53
|
6.448.031,08
|
|
España
|
45.929.500
|
1.364,24
|
9,04
|
123,33
|
5.664.361.041,63
|
En definitiva, España dedicó
en 2009 más de 5.664 millones de Euros a
conciertos con el sector sanitario privado pero el 47,46% de los mismos se ha
gastado exclusivamente en Cataluña (368,89 Euros por habitante protegido). En
cambio, Aragón, Comunidad Autónoma limítrofe, apenas gasta 82,43 millones de
Euros (62,5 Euros por habitante protegido). Ambas comunidades tienen resultados
similares en cuanto a Esperanza de vida al nacer (Cataluña 82,2; Aragón 82,3) o
Mortalidad General ajustada por edad (487 y 482,5 respectivamente)
José Martínez López
Apuntes para la reflexión sanitaria
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