El pasado 27 de enero, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, daba más detalles sobre el proceso de incorporación de la gestión público-privada en Castilla-La Mancha en una entrevista concedida a Sanidad Privada, una publicación del grupo Sanitaria 2000.
En la misma, adelantaba que van a “utilizar distintos
sistemas”, en concreto el modelo PPP (Public Private Inciative) y PFI
(Private Finance Iniciative), para mejorar la eficiencia en la gestión
de 7 u 8 hospitales de la región, sin concretar cuáles.
¿Por qué PPP y PFI?
La Unión Europea, en su tratado fundacional, establece una serie de
artículos en referencia al control presupuestario y estabilidad del
euro, implantando un techo de déficit presupuestario del 3% sobre el PIB, lo que significa que los gobiernos no pueden “deber” en un año más del 3% de lo que producen.
Paralelamente, se establecen nuevos modelos para la provisión de
servicios públicos que esquivan este tipo de limitación. El sector
privado asume la iniciativa de construcción y gestión de determinados
servicios públicos por un periodo de tiempo estipulado (PFI) o,
directamente, se le adjudica la gestión y provisión de servicios a
cambio del pago por parte de la administración de una cantidad variable
estipulada mediante contrato (PPP). Por último, la deuda
contraída entre administración y empresa privada no forma parte del
cómputo para el cálculo del déficit, por lo que no afecta al techo de
gasto del 3% que comentábamos.
¿Qué condiciones se establecen para que no compute como deuda?
El Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas
es el modelo de cálculo que utiliza la Unión Europea para el
cuantificar la deuda y el déficit público, de modo que vela porque los
contratos PFI/PPP obedezcan a criterios que garanticen la viabilidad
presupuestaria del proyecto. Para ello es necesario que:
- El socio privado asuma los riesgos de construcción.
- El socio privado asuma los riesgos de demanda o disponibilidad,
es decir, que se atenga a los precios convenidos con la administración
pública por la provisión de servicios y población atendida.
Así, otra de las supuestas ventajas de este modelo es que permite una
previsión más ajustada de los gastos al transferir los riesgos de
inversión a la empresa privada. Por otro lado, como ya comentamos, sería
posible asumir grandes proyectos en infraestructuras y servicios sin
comprometer los topes de deuda.
¿Qué ocurre con la sanidad?
El modelo de implantación sanitaria PPP/PFI se puede establecer,
grosso modo, como un continuo basado en la concesión cada vez mayor de
servicios sanitarios a cambio de la construcción de infraestructuras
sanitarias o su gestión:
Así, se procedería al pago anual de una cantidad fija que vendría a
responder a los costes de construcción y cada uno de los servicios extra
que se le concede al capital privado.
La Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, fueron las
pioneras en este tipo de modelo, pero, ¿cuál es la experiencia previa?
La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo dos Planes de Infraestructuras (04-07 y 07-11)
que significan una gran reforma en sanidad. Ambos suman la
construcción de 12 hospitales y más de 50 centros de salud mediante
colaboración público-privada.
Sin embargo, aludiendo a un plano estrictamente económico, el
modelo PFI/PPP supone retrasar el pago de la deuda asumiendo un interés
variable en función de los costes y, además, riesgos derivados de la
infraestimación de los beneficios por parte de la empresa privada Ejemplo
de ello fue la carta que la “Asociación de Empresas Constructoras de
Ámbito Nacional” envió el pasado mes de abril a la Consejería de Madrid exigiendo el pago de 80 millones de € en sobrecostes de construcción y explotación de los nuevos hospitales). (1)
En términos generales, la construcción de hospitales PFI/PPP
en Madrid supone un pago 7 veces superior al que habría asumido la
Comunidad si no hubiera recurrido a dicho modelo.
Fuente:
Informe sobre la Sanidad en la Comunidad de Madrid. FADSP (2009) y
elaboración propia a partir de datos oficiales de la Comunidad de
Madrid. Véase notas al pie.
Así, se procedería al pago anual de una cantidad fija que
vendría a responder a los costes de construcción y cada uno de los
servicios extra que se le concede al capital privado.
La Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, fueron las
pioneras en este tipo de modelo, pero, ¿cuál es la experiencia previa?
La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo dos Planes de Infraestructuras (04-07 y 07-11)
que significan una gran reforma en sanidad. Ambos suman la
construcción de 12 hospitales y más de 50 centros de salud mediante
colaboración público-privada.
Sin embargo, aludiendo a un plano estrictamente económico, el
modelo PFI/PPP supone retrasar el pago de la deuda asumiendo un interés
variable en función de los costes y, además, riesgos derivados de la
infraestimación de los beneficios por parte de la empresa privada Ejemplo
de ello fue la carta que la “Asociación de Empresas Constructoras de
Ámbito Nacional” envió el pasado mes de abril a la Consejería de Madrid exigiendo el pago de 80 millones de € en sobrecostes de construcción y explotación de los nuevos hospitales). (1)
En términos generales, la construcción de hospitales PFI/PPP
en Madrid supone un pago 7 veces superior al que habría asumido la
Comunidad si no hubiera recurrido a dicho modelo.
Además, los costes se multiplican en el nuevo Plan 07-11
entre dos y tres veces con respecto al periodo anterior, Hospitales de
Móstoles, Torrejón y Collado Villalba.
La Comunidad Valenciana, por su parte, llevó a cabo proyectos
PPP que, hoy por hoy, dan cobertura en sanidad al 20% de su población
total (2); es lo que popularmente se ha dado en conocer como “Modelo Alzira”.
En éste, conocido internacionalmente por los ventajosos beneficios
que aporta a la inversión privada (3,4), se otorga una cantidad fija
“per capita” a un grupo de empresas (UTE) que se encarga de la
construcción, gestión y provisión de servicios sanitarios a toda un área
de salud. Sin embargo, las pérdidas en los primeros años (1
millón de euros el primero, 900.000 el segundo, 450.000 el tercero y
2,27 millones el cuarto) obligaron a la UTE a renegociar los contratos
con la Comunidad Valenciana, aumentando el valor de la capitación e
incluyendo, también, la gestión y servicios de Atención Primaria (5). El
esquema paradigmático lo constituye el hospital de Alzira, cuyos
contratos vendrían a estar resumidos en la siguiente figura:
Fuente: elaboración propia a partir de informes de Ribera Salud.
Como se puede apreciar, antes de que expirase el primer
contrato (y finalizara la inversión acordada de 61 millones de €) se
firmó un segundo que incrementaba el precio base per capita un 53,82%
más, privatizaba la atención primaria del área correspondiente y, por
otro lado, aumentaba la concesión en otros 20 años. Esto supuso un claro
revés para las previsiones de la comunidad y supuso el fracaso de un
primer modelo, que no encontraría una solución aceptable en el segundo.
Los resultados que ofrece la UTE (Ribera Salud) dicen ahorrar más de
un 25% el gasto sanitario per capita (3). Sin embargo, obvian incluir
que se excluyen del contrato el gasto farmacéutico ambulatorio, las
prótesis, el transporte sanitario y la oxigenoterapia (6), por lo que el
gasto sanitario per capita anunciado es claramente superior al que
muestra en sus estudios:
Fuente:
elaboración propia a partir de resultados ofrecidos por Ribera Salud e
Instituto Valenciano de Estadística. Véase notas al pie.
¿Una respuesta para Castilla-La Mancha?
La gestión público-privada es más cara: lo ha
demostrado la experiencia previa en otras comunidades como Madrid y
Valencia. La motivación del déficit y la deuda regional, el cumplimiento
de los criterios de estabilidad fijados en el tratado de Maastricht o
la reciente reforma de la constitución, no son argumentos de peso que
justifiquen su implantación.
Por otro lado, el emprender proyectos que reconvierten la
deuda pública (fruto de la inversión en servicios de carácter social) en
privada, sólo favorece el pender de financiadores privados sujetos al
mercado, con lo que el pago a los acreedores queda sujeto a fluctuaciones en los tipos de interés, encareciendo el coste en tiempos de crisis.
Como comentábamos en un post anterior, el pago de la deuda por el
modelo PFI en Reino Unido significó que los contribuyentes pagaran 1
billón de libras extra (7).
Asimismo, el modelo PFI/PPP no ha demostrado una reducción clara de las listas de espera, ni aumentar la satisfacción de los pacientes.
Este resultado es similar si comparamos los índices de salud de la
población atendida mediante este tipo de concesiones, si bien esto será
motivo de próximos artículos.
En definitiva, la gestión público-privada no es más barata que la
pública, endeuda al Estado a largo plazo y encarece los costes. El
ahorro en sanidad beberá de las fuentes de recortes laborales y de
servicios, recortes que influirán directamente en la calidad asistencial
e impacto en salud de la población. La falta de información y de un
adecuado estudio previo demuestran otra vez los intereses partidistas de
un derecho fundamental, la salud.
Madrilonia
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